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La Fiscalía judicializó a tres presuntos integrantes de una red de tráfico de migrantes que gestionaba registros civiles y documentos de identificación para extranjeros, con el fin de hacerlos pasar como colombianos y facilitar su paso a Estados Unidos.
Se trata de Katerin Villar Pedrozo y Gerson Puentes Sining, a quienes una fiscal les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público.
También está implicado un funcionario de la Registraduría en El Carmen de Bolívar (Bolívar). Esta persona fue identificada como José María Romero Ortega, imputado por los delitos de tráfico de migrantes agravado y acceso abusivo a un sistema informático agravado. Al parecer, utilizaba su usuario y clave personal para ingresar a las bases de datos de la Registraduría, consignar información falsa y darle apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos.
Según la Fiscalía, entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, estas personas habrían contactado a ciudadanos de República Dominicana para tramitarles los documentos necesarios que los hicieran figurar como nacidos en Colombia, permitiéndoles así movilizarse libremente por el país y viajar como nacionales a destinos internacionales.
La intermediación ilícita, al parecer, se realizaba ante registradurías y otras entidades en Cartagena, Valledupar, Montería, Sincelejo y Leticia.
Investigan a funcionario de Migración Colombia por tráfico de migrantes en el Darién
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Didier Orlando Palacios Pinilla, oficial de Migración Colombia, que prestaba sus servicios en la zona del Tapón del Darién.
De acuerdo con la investigación adelantada por el Ministerio Público, este funcionario, asignado al puesto de control marítimo del corregimiento de Capurganá, municipio de Acandí, Chocó, habría utilizado de manera indebida sellos oficiales y habría falsificado documentos para facilitar la entrada al país de ciudadanos extranjeros, y luego su salida irregular hacia Panamá y Estados Unidos.
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En el documento que contiene el auto de cargos se detalla que “el oficial utilizó su posición y cargo para permitir la salida irregular de personas vulnerables, facilitando así las operaciones de una red trasnacional de tráfico de migrantes, en la cual habría participado”.
Por primera vez la Procuraduría General de la Nación formula cargos disciplinarios por “tráfico de migrantes”. De comprobarse los cargos, se trataría de una violación grave de derechos humanos. La conducta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo. El proceso sigue ahora su etapa de juzgamiento.
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