Cae nueva red de corrupción que pretendía apropiarse de los dineros de la paz
En esta nueva fase fueron capturados tres alcaldes de Nariño, contratistas y particulares.
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Esta es la segunda fase de investigación en contra de redes ilegales que pretendían quedarse con los recursos de la paz, a través de la adjudicación irregular de contratos para ejecutar proyectos productivos.
En la primera fase cayó Marlon Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’, extraditado por narcotráfico a Estados Unidos. En esta nueva fase fueron capturados tres alcaldes de Nariño, contratistas y particulares.
Según el fiscal (e) Fabio Espitia tienen pruebas de que existió un presunto acuerdo ilícito de voluntades, del que harían parte funcionarios y particulares que fungían como contratistas, financiadores, técnicos o intermediarios.
“Las investigaciones advirtieron que, desde 2017, este grupo de personas presuntamente gestionó de manera irregular contratos ante diferentes entidades del Estado y municipios priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), algunos de ellos ubicados en Nariño como La Tola, El Charco y Mosquera”, dijo el fiscal.
Al igual que en la primera fase, las propuestas eran presentadas por los contratistas y tramitadas, supuestamente, de manera ilícita por los funcionarios, estaban destinadas a proyectos productivos y planes de atención a las poblaciones.
Por estos hechos fueron capturados los alcaldes: Milton Cuero Tejada, alcalde de El Charco (Nariño), detenido en Palmira (Valle del Cauca); Johan Velásquez Moreno, alcalde de Mosquera (Nariño), detenido en Pasto, y Federman Riascos Lerma, alcalde de La Tola (Nariño), capturado en Pasto.
También fueron capturados: José Ramón Correa Martínez, presunto cerebro del esquema de corrupción. Fue detenido en Bogotá; Eduardo Alfredo Ghisays Vitola, supuesto financiador, capturado en Montería (Córdoba); Cristóbal Ortiz Barahona, consejero de paz de La Tola (Nariño).
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Mauricio Alexander Quintero Bonilla, ingeniero contratista de la Alcaldía de El Charco (Nariño); Wilmar Caicedo Campaz, contratista; Javier Castro Garcés, arquitecto, contratista.
Todos ya fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
El fiscal también reveló que las investigaciones continúan porque buscan establecer la posible participación de más personas y funcionarios, así́ como otros frentes de contratación y presunta financiación de campañas políticas.
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