La decisión ratifica la pena de 168 meses de cárcel, al concluir que las interceptaciones telefónicas, los testimonios y la evidencia digital demostraron su papel como jefe de una estructura que ejercía control territorial mediante amenazas, cobros extorsivos y difusión de panfletos.
La condena se da en medio de su designación como gestor de paz. Mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, la Presidencia de la República lo incluyó dentro del grupo de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) autorizados para apoyar procesos de diálogo en el marco de la política de Paz Total.
En el documento se señala que la designación tiene como propósito que los nombrados contribuyan con su conocimiento y experiencia a la construcción de paz y a las garantías de no repetición.
Sin embargo, la misma resolución aclara que ese reconocimiento no modifica la situación jurídica de los designados ni implica beneficios judiciales.
El término de esa designación fue fijado hasta el 6 de agosto de 2026 y su participación debía desarrollarse bajo condiciones excepcionales, temporales y territoriales definidas por el Gobierno.
En la sentencia, el Tribunal reiteró que no proceden beneficios como la suspensión condicional de la pena ni la prisión domiciliaria, debido a la gravedad de los delitos y al tiempo de condena.
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