La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes de una red de corrupción vinculada al Clan del Golfo, desmantelando un elaborado esquema para obtener datos estratégicos sobre operativos militares. Los acusados son Teresa Jaramillo Giraldo, alias 'La Tía'; su hijo, Luis Fernando Zapata Jaramillo; el cabo primero del Ejército Nacional, Juan David Caicedo Lucumí; el cantante de música popular y militar en retiro, Mauricio Capiz; y Daniel Henao Hernández.
La investigación reveló que, entre octubre de 2024 y enero de 2025, esta red se organizó para sobornar a soldados y oficiales con el fin de recabar información privilegiada sobre las operaciones en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar. El modus operandi consistía en ofrecer cuantiosas sumas de dinero a miembros de la fuerza pública para que facilitaran detalles sobre los movimientos y planes operativos destinados a combatir al Clan del Golfo.
En esta estructura se encuentra Teresa Jaramillo Giraldo, alias 'La Tía', identificada como la coordinadora principal del esquema. Su rol fue organizar y canalizar la información recabada hacia los mandos superiores del Clan, en particular a Arístides Mesa Páez, alias 'Chirimoya', quien encabeza la subestructura. Su capacidad para gestionar reuniones y distribuir los fondos fue crucial para que el operativo funcionara sin contratiempos.
El cabo primero Juan David Caicedo Lucumí aprovechó su posición en el Ejército Nacional para establecer contacto con un oficial, convenciéndolo de entregar datos reservados a cambio de una suma que superaba los 50 millones de pesos. Por su parte, Mauricio Capiz, figura reconocida en el ámbito musical y exmilitar, inició la cadena de transacciones al realizar una transferencia inicial de un millón de pesos, aportando credibilidad y legitimidad al proceso.
Luis Fernando Zapata Jaramillo, hijo de 'La Tía', tuvo un rol operativo esencial, coordinando encuentros directos con el oficial. En una reunión en el parqueadero de un restaurante en el barrio Laureles de Medellín, entregó 25 millones de pesos, facilitando el flujo de información. La operación se cerró con la intervención de Daniel Henao Hernández, quien completó la transacción con un pago adicional de 25 millones de pesos en el estacionamiento de un casino en la misma ciudad.
Los imputados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Al haberse negado a aceptar los cargos, deberán cumplir medidas de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.
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