Conceden casa por cárcel al 'Zar del PAE' en el Atlántico
La Fiscalía y Procuraduría apelaron la decisión de concederles esta medida a Alejandro Hernández y a su sobrino, Chaheer Abau Hernández.
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Si bien reconoció que hubo una "afectación a la administración pública", la juez 14 con función de control de garantías de Barranquilla decidió concederles casa por cárcel a los contratistas Alejandro Hernández Vidal y a su sobrino, Chaheer Abau Hernández, investigados por presuntos hechos de corrupción con el PAE del Atlántico en el año 2016, en el que se habría presentado una defraudación de más de 12 mil millones de pesos.
La Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado cárcel para el llamado 'Zar del PAE', alegando que el procesado podría obstruir el trabajo de la justicia estando en libertad; sin embargo, la juez consideró que en detención domiciliaria ninguno de los dos afectaría la recolección de pruebas que tiene que hacer el ente acusador.
La juez también destacó la colaboración de Hernández Vidal y su sobrino con la justicia, teniendo en cuenta que ambos se entregaron a las autoridades, y argumentó, además, que ninguno de los dos presenta antecedentes judiciales.
La Fiscalía afirma que Alejandro Hernández "reducía las raciones alimenticias de los niños y adolescentes del Atlántico y presentaba facturas falsas para cobrar a la Gobernación recursos de insumos que nunca fueron adquiridos para preparar los alimentos".
Basado en esto, el ente acusador le imputó al 'Zar del PAE' los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, uso de documento falso y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, sin embargo, este último cargo fue desestimado por la juez.
Alejandro Hernández deberá cumplir su medida de detención domiciliaria en Barranquilla, mientras que su sobrino, Chaheer Abau, la acatará en Cartagena hasta que consiga arraigo en la capital del Atlántico.
La Fiscalía, no obstante, interpuso un recurso de reposición, pero fue negado por la juez. Luego, entonces, tanto el ente acusador como la Procuraduría apelaron la decisión al considerar que "esta medida no es suficiente, porque sí representan un peligro para la sociedad y sí pueden obstruir a la justicia". Dicha apelación será resuelta en segunda instancia.