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Condenan a contratista por escándalo de 'Las Marionetas' en Tolima: pagó coimas por $140 millones

Esta condena se suma a la lista de sindicados por el entramado de corrupción que buscaba adquirir contratos de manera ilícita en varios municipios que presuntamente lideró el exsenador Mario Castaño.

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Economía
Foto: referencia, Blu Radio

Un juez de Lérida, Tolima, condenará a Ruth Piedad Echevarría Campuzano por su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho tras conocerse pruebas de que Echevarría entregó 140 millones de pesos a las autoridades locales de Armero - Guayabal para quedarse con la licitación de un parque de este municipio por 1.250 millones de pesos.

Según la investigación de la Fiscalía , este contrato hace parte del entramado de corrupción de 'Las Marionetas' que presuntamente lideró el exsenador Mario Castaño, pues de acuerdo a las pruebas que dio el ente investigador, Echeverría se reunió con el congresista y el alcalde municipal Medardo Ortega Fonseca para adjudicarse el contrato entregando una suma de 140 millones de pesos de manera irregular.

“La sentenciada hizo parte de una red delincuencial que se apoderó de la contratación pública en, al menos, una decena de municipios en el país. En virtud de un preacuerdo la mujer aceptó su responsabilidad en los hechos investigados y deberá pagar 28 meses de prisión. La pena la cumplirá en el establecimiento carcelario de Picaleña en Ibagué”, señaló la directora especializada contra la corrupción Martha Alejandra Parra Chavarro.

También se constató que no contaba con la capacidad financiera, técnica ni la experiencia para realizar dicha obra. En el fallo judicial se determina que la sentenciada pagué una multa equivalente a 66 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para el año 2020, y fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 34 meses.

Cabe mencionar que, en la mañana del 26 de agosto, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exsenador por el Partido Liberal Mario Castaño por presunta corrupción en la celebración de estos contratos en al menos tres departamentos del país.

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