En las últimas horas se conoció una carta firmada por más de 30 senadores, dirigida a las autoridades, en la que solicitan garantías procesales para 11 jóvenes capturados. Según las autoridades, los detenidos serían presuntos integrantes de la Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (PPP), banda desarticulada, de acuerdo con lo informado por el alcalde Carlos Fernando Galán el pasado 12 de diciembre.
En el documento, con fecha del 1 de diciembre, los congresistas manifiestan su preocupación por la criminalización de la juventud y cuestionan el uso de agentes encubiertos, así como lo que consideran una inflación punitiva en este tipo de procesos. Entre los firmantes se encuentra el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.
En diálogo con Blu Radio, el representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe Muñoz, explicó las razones que llevaron a varios congresistas a respaldar el comunicado. Señaló que, tras una serie de allanamientos y detenciones que coincidieron con el aniversario del estallido social, la comisión recibió información según la cual los jóvenes pertenecen a sectores populares, realizaban trabajo comunitario y denunciaban ser víctimas de persecución y posibles montajes judiciales.
“Lo que hicimos fue emitir un comunicado porque estos jóvenes son conocidos por distintos sectores populares y sociales. La intención era evitar imputaciones desproporcionadas, tal como lo han recomendado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y instancias de Naciones Unidas”, explicó Uribe.
El congresista recordó que esta comisión bicameral ha documentado miles de casos relacionados con la protesta social y presuntas irregularidades judiciales. Aclaró que el pronunciamiento no busca interferir en las investigaciones, sino garantizar el debido proceso, evitar cargos excesivos y respetar la presunción de inocencia.
No obstante, Uribe aseguró que al momento de firmar la carta no tenían conocimiento de que los jóvenes capturados hicieran parte de la PPP. Aun así, insistió en la necesidad de una investigación rigurosa e imparcial.
“Esperamos que se haga una investigación seria. Ya hemos visto casos de montajes judiciales, como el de quienes fueron condenados por el secuestro de Gloria Lara y años después el Estado tuvo que pedirles perdón. Los informes de Policía no son prueba definitiva; hay que esperar que avancen las investigaciones y se esclarezcan los hechos”, concluyó el representante.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.