La Contraloría expresó su preocupación por los retrasos significativos en el proceso de contratación que está llevando a cabo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la atención de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Más de 780.000 niños menores de 5 años se encuentran actualmente sin acceso a los servicios que anteriormente brindaba el ICBF, lo que representa un grave problema para una de las poblaciones más vulnerables de Colombia.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría ha anunciado un seguimiento especial a este proceso de contratación, identificando que el mismo no cumple con los principios de planeación y responsabilidad que deben regir en la contratación estatal. Este seguimiento se hace ante el serio retraso que se evidencia en la atención de casi 785.905 niños de 0 a 5 años.
El proceso de contratación, identificado como CV-PC-008-2023SEN, inició el 28 de diciembre de 2023 con el objetivo de atender a los niños en 1.326 zonas en todo el territorio nacional, con un presupuesto asignado de $3.033.038.286.259 y una duración de 330 días. Sin embargo, hasta la fecha, se han presentado numerosas reclamaciones, denuncias y recursos que han demorado el proceso.
Aunque se han recibido 1.417 ofertas y se publicaron los primeros informes de evaluación en febrero de 2024, aproximadamente 690 reclamaciones y denuncias, algunas de ellas con implicaciones penales, han retrasado aún más el proceso. Los seleccionados deben suscribir los contratos en un plazo de tres días posteriores a la publicación del informe de elegibilidad, lo que debería haber ocurrido los días 21, 22 y 23 de febrero de 2024.
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Sin embargo, diversas etapas necesarias previas a la firma de los contratos, como la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, la comunicación a los oferentes sobre las zonas adjudicadas y la elaboración de contratos, han prolongado aún más el proceso. Esto implica que el tiempo efectivo de contratación podría ser inferior a los 330 días originalmente planificados, lo que representa un perjuicio para la población beneficiaria.
La Diari seguirá de cerca el proceso, especialmente monitoreando los centros zonales a través de la base de datos RAM (Reporte de Atención Mensual), para identificar aquellas entidades prestadoras del servicio que no estén cumpliendo con los cupos establecidos en sus contratos. La prolongación de esta situación podría afectar aún más a los niños y niñas que necesitan urgentemente estos servicios.
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“Fácilmente la emergencia se podría prolongar, desde hoy 26 de febrero 2024 por unos 7 u 8 días hábiles siguientes, teniendo en cuenta que hay actividades que se deben cumplir y que no dependen de la voluntad de la administración del ICBF, como es la expedición de la póliza que en muchos casos es demorada por la aprobación que las aseguradoras requieren de su oficina principal para expedirlas por los montos de las mismas”, informó la Contraloría.
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