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La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliegos de cargos disciplinarios contra la defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Karina Vélez Valverde, a quién se le acusa por no remitir el proceso de restablecimiento de derechos de una menor de edad a un juez de familia, lo que lleva a una demora en la atención del caso.
Según investigaciones, la funcionaria habría mantenido la historia de atención de la menor durante un año y tres meses, un tiempo donde vencieron los términos para brindar las medidas necesarias. La Regional de Instrucción del Valle decidió llamarla a juicio disciplinario por esta presunta negligencia.
La entidad sostuvo que Vélez Valverde pudo haber infringido un deber legal, al ignorar la remisión del caso al juez de familia, además pasar por alto una declaratoria de situación de vulnerabilidad emitida en un fallo de 2011.
La procuraduría ve esta conducta como violatoria de los principios de celeridad y eficacia, y más por tratarse de derechos de niñas, niños y adolescentes, esto lo denominan como falta grave cometida a título de culpa gravísima, se espera que se lleva a cabo el juicio correspondiente para determinar la responsabilidad y las posibles sanciones.
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