La Corte Suprema de Justicia tomó las primeras decisiones tras las denuncias del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien aseguró que un grupo de 26 congresistas habrían intentado incidir en nombramientos dentro de la entidad, mientras estuvo en el cargo.
En un auto, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, resolvió finalmente inhibirse de abrir investigación formal contra los 26 congresistas y excongresistas mencionados en el expediente, al concluir que, tras la práctica de pruebas, no se configuraban los elementos del delito de tráfico de influencias.
Según el alto tribunal, aunque varios de los parlamentarios presentaron hojas de vida o recomendaron personas para cargos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, no se acreditó que hubieran utilizado indebidamente su investidura para obtener un beneficio personal o ilícito. La Corte subrayó que el simple acto de trasladar una recomendación no constituye, por sí mismo, un delito, si no va acompañado de un abuso real y probado del poder derivado del cargo.
Sin embargo, el panorama es distinto para Roy Barreras, el senador Jairo Castellanos y la representante Gloria Arizabaleta, teniendo en cuenta que frente a su caso, la Corte decidió continuar la investigación para establecer si existió o no un uso indebido de influencias derivadas del ejercicio de sus cargos en el Congreso de la República.
En el caso concreto de Roy Barreras, la Corte Suprema examinó declaraciones, registros de comunicaciones y listados internos elaborados durante la dirección de Reyes en la Dian, en los que se documentaban recomendaciones de aspirantes a cargos. Con esto, el alto tribunal busca determinar si, más allá de la sugerencia de nombres, hubo presión o instrumentalización de la función pública.
La Corte Suprema también resolvió compulsar copias a la Fiscalía para que investigue a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y a Gilberto Rondón, teniendo en cuenta que en estos dos casos no tiene competencia para pronunciarse de fondo.