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La Corte Constitucional protegió los derechos de un interno del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón que presentó una tutela reclamando el acceso a los elementos necesarios para terminar su tesis de grado, haciendo un llamado al Estado colombiano para que garantice los elementos que contribuyan a la resocialización.
Además, la corte le hizo un llamado al establecimiento penitenciario de Girón para que continúe con el suministro permanente y oportuno del equipo de cómputo y la conexión a internet que necesita uno de los internos para poder culminar sus estudios de pregrado universitario a distancia.
El fallo se dio luego de que el recluso presentó una tutela en la que aseguró que el Inpec obstaculizó su proceso educativo por la falta de acceso a los medios necesarios para desarrollar su trabajo de grado, requisito indispensable para obtener el título en Ingeniería de Sistemas.
Según el demandante, en noviembre de 2020 le fue retirado el portátil que se le había entregado como medida para reducir el riesgo de contagio por COVID-19, pero no se le brindó una medida alternativa para continuar con el desarrollo de su trabajo.
Cuando el caso llegó a la Corte Constitucional, el despacho de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado reiteró que “las actividades educativas son una de las principales formas para lograr la resocialización de las personas privadas de la libertad, por lo que el Estado debe implementar en los establecimientos penitenciarios programas de educación que les permita a los internos adquirir una formación que al recuperar la libertad les sea útil para incorporarse a la sociedad y aportarle a esta”.
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