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Corte pide investigar magistrados que con periodos vencidos siguieron en la judicatura

El alto tribunal le pidió a la Fiscalía indagar sobre Pedro Alonso Sanabria y Julia Ema Garzón.

368751_Fallo Corte Suprema // Foto: Rama Judicial, imagen de referencia
Fallo Corte Suprema // Foto: Rama Judicial, imagen de referencia

La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía investigar las posibles responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón por permanecer en los cargos de magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aunque sus periodos vencieron en 2016.

La Corte tomó esta determinación luego de que llegara un correo de una tutela que habían resuelto los dos magistrados y por eso pide a la Fiscalía investigar. El periodo de un magistrado debe ser de 8 años, Garzón, Sanabria y otros funcionarios judiciales llevan 12 años en el mismo despacho.

La tutela tiene que ver con el levantamiento de medidas cautelares de unos predios de los hermanos Mejía Múnera.

La razón por la que los magistrados no han salido de sus puestos es porque la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura fue eliminada con la reforma de equilibrio de poderes en 2015, pero no había claridad de cómo operaría la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, supuestamente, reemplazaría a la sala del Consejo Superior.

Surge e irrebatible que los nombrados actualmente, no usted, está en la condición de magistrados de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
Añade la Corte

“Para la Sala es claro que se trata de los particulares que no ejercen, a la fecha, el cargo de magistrados, cuya participación en la deliberación y votación de la ponencia no concurre, ni puede concurrir, a la formación del quórum de liberatorio decisorio de la saliente sala disciplinaria”, añade el alto tribunal.

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El alto tribunal también dijo que el texto remitido a esta corporación no constituye providencia judicial y del mismo no puede derivarse ninguna orden, menos aún, de carácter vinculante”, agrega.

Es decir, no acepta la decisión de levantar las medidas cautelares en los predios que habían sido entregados por Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera para reparar a las víctimas del paramilitarismo.

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