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Cuatro personas condenadas por usar dinero de la salud para campaña política en La Guajira

Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira fue condenada a cinco años y 10 meses de prisión; mientras que los demás recibieron penas de cuatro años de cárcel.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía
Fiscalía General de la Nación.
Foto: Fiscalía

Luego de la celebración de un contrato entre la alcaldía de Albania, La Guajira y el Hospital San Rafael por 18.900 millones de pesos en 2011, cuyo objeto era desarrollar un programa de salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes quedó en evidencia cómo desviaban estos recursos para financiar campañas políticas en La Guajira.

El centro asistencial no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con las obligaciones, por lo que subcontrató a 10 profesionales de distintas áreas de la salud para dar la apariencia de desarrollar el proyecto de salud.

Sin embargo, estas personas se dedicaron a vincular mediante contratos fachada a 1.459 ciudadanos para que realizaran las consultas, tratamientos y valoraciones, al igual que las visitas de campo a las comunidades afectadas por falta de alimento, agua y medicamentos.

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“Se evidenció de los beneficiarios de los múltiples contratos debían cumplir tres requisitos: Tener inscrita la cédula de ciudadanía para votar en Albania (La Guajira), ser seguidores de la candidata a la gobernación del momento y aceptar un pago menor al establecido en las órdenes de prestación de servicios”, señala la Fiscalía General de la Nación.

Aunque la mayoría de las personas no cumplieron con estas actividades, cobraron sus honorarios a través de cheques. Los dineros fueron cambiados por efectivo y, posteriormente, guardados en bolsas de basura y entregados a la campaña de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira.

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Los sentenciados son:
• Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira, quien firmó seis contratos para el subprograma de lactancia por valor de 1.130 millones de pesos y dispuso de la contratación de 133 personas.
• Emel Antonio Rodríguez Amaya, señalado de contratar 672 personas para el subprograma de salud mental por un valor superior a 1.230 millones de pesos.
• Mayerlis Soto Carrillo, involucrada en la celebración de seis contratos con el Hospital de Albania por 1.269 millones de pesos. A su vez, subcontrató a 244 ciudadanos.
• Yira Patricia Montaño Manjarrez, quien contrató 244 personas y cobró 1.203 millones de pesos.

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