La decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender, por ahora, las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), volvió a abrir el debate sobre la creación de las denominadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) previstas dentro de la política de paz total del Gobierno nacional.
El ente acusador determinó que las órdenes de captura permanecerán vigentes al menos hasta el 25 de junio de 2026, fecha fijada para el inicio de esas zonas. Además, condicionó cualquier eventual suspensión al cumplimiento de varios compromisos por parte de los integrantes de la estructura armada, entre ellos el cese de conductas que vulneren el Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores reclutados y el abandono de actividades económicas ilícitas.
La decisión generó reacciones de distintos sectores jurídicos y organizaciones civiles que han advertido riesgos frente a la implementación de estos espacios sin un marco legal claro. Uno de ellos fue el abogado Mauricio Pava, quien demandó este año ante el Consejo de Estado la resolución expedida por el Gobierno al considerar que las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) fueron implementadas sin una ley de sometimiento aprobada por el Congreso.
Según Pava, la Corte Constitucional ya había establecido condiciones jurídicas para avanzar en este tipo de mecanismos dentro de la política de paz total.
"La Corte Constitucional indicó que, para efectos de territorios que fueran entregados o zonas de ubicación temporal a grupos al margen de la ley, debía primero contarse con un marco jurídico y una ley de sometimiento", explicó el abogado.
A juicio del jurista, esos requisitos no se han cumplido, debido a que actualmente no existe una ley de sometimiento ni reglas claras sobre el funcionamiento de esas zonas. “Están eludiendo la decisión de la Corte Constitucional”, sostuvo.
Pava también advirtió sobre los riesgos históricos de entregar control territorial a estructuras criminales sin límites definidos ni presencia efectiva del Estado.
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“La historia nuestra y los procesos de paz demuestran que, cuando no hay reglas claras y previamente establecidas, entregarles territorios a las bandas criminales sale muy mal”, afirmó.
Según explicó, en esos escenarios las comunidades terminan dejando de vivir bajo las normas constitucionales para quedar sometidas a poderes de facto ejercidos por organizaciones armadas ilegales. El abogado aseguró que, en su concepto, esa situación ya estaría ocurriendo en algunos territorios del país.
En medio de la discusión también fueron mencionadas recientes alertas emitidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el deterioro de las condiciones humanitarias en varias regiones de Colombia. Entre las preocupaciones señaladas están el aumento de desplazamientos forzados, desapariciones y pérdida de control territorial por parte del Estado.
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Por su parte, la Fundación DILO Colombia aseguró que el pronunciamiento de la Fiscalía desmonta la tesis según la cual las Zonas de Ubicación Temporal podían funcionar anticipadamente como espacios de movilidad protegida para integrantes del Clan del Golfo sin control judicial suficiente.
La organización sostuvo que el comunicado del ente acusador evidencia que el Gobierno busca avanzar en un esquema “extremadamente delicado” sin claridad sobre aspectos fundamentales como la desarticulación armada, el cese de hostilidades, la entrega de menores reclutados y las condiciones reales de transición hacia la legalidad.
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