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El caso por el que Corte Suprema de Justicia ordenó detención domiciliaria de Uribe

Uribe se convirtió en el primer expresidente que responde a un proceso penal en la Corte Suprema.

357272_Álvaro Uribe // Foto: Facebook Centro Democratico
Álvaro Uribe // Foto: Facebook Centro Democratico

El caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierda Iván Cepeda, que preparaba por esa época una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, proceso que acabó volviéndose en contra del expresidente.

En ese momento, la Corte Suprema dijo que “sorprendentemente evidenciaron una realidad muy diferente a la denunciada y, por lo mismo, a la Sala no le quedaría alternativa distinta a la de compulsar copias para que se adelanten las correspondientes pesquisas y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar”.

Casi de inmediato a esa decisión, el expresidente Uribe anunció a través de su cuenta de Twitter que renunciaría al Senado para adelantar su defensa. No obstante, la renuncia nunca llegó y, días después, Uribe se retractó.

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“He pedido al senador Ernesto Macías que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria", escribió.

El magistrado José Luis Barceló no solo archivó el caso, sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos contra el senador Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA) y uno de los más enconados críticos de Uribe.

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El 8 de octubre del año pasado, la Corte Suprema vinculó formalmente a Uribe a un proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

De esta forma, Uribe se convirtió en el primer expresidente que responde a un proceso penal en la Corte Suprema ya que por tener fuero de senador su caso queda fuera de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es la que se ocupa de los procesos a jefes de Estado y exmandatarios.

Uno de los implicados en el caso de Cepeda que compromete a Uribe es el controvertido abogado Diego Cadena, quien hasta hace pocas semanas fue uno de los defensores del expresidente.

"Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, 10 meses después de una declaración de un testigo Vélez, Carlos Enrique Vélez, le dio 2 millones de pesos que por razones humanitarias. Fue a decírmelo a la oficina y el hombre, doctor Vélez, si me hubiera consultado le digo que, de ninguna manera, terminantemente no", dijo en rueda de prensa Uribe.

La Fiscalía acusó la semana pasada a Cadena y al socio de este, Juan José Salazar, de sobornar testigos para obtener declaraciones favorables a Uribe, por lo que pidió prisión domiciliaria para ellos.

Según la Fiscalía, Cadena fue a la cárcel de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), el 18 de julio de 2017 para hablar con Carlos Enrique Vélez, condenado por paramilitarismo.

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Durante esa visita, añade la entidad, Cadena prometió a Vélez el pago de 200 millones de pesos (unos 54.000 dólares de hoy) con el fin de "que declarara falsamente ante la Corte Suprema, a la cual le debía cambiar su versión respecto a que el senador Iván Cepeda lo había abordado varias veces para que presentara una versión en contra de Álvaro Uribe Vélez".

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Antes de la audiencia Cadena aceptó que dio dinero a esos testigos, pero dijo que lo hizo como "ayuda humanitaria" y que el expresidente Uribe no sabía de esas entregas.

El defensor de Cadena, el abogado Iván Cancino, rechazó los cargos de la Fiscalía y anunció que presentará pruebas en favor de su cliente.

En el mismo proceso se investiga al representante Álvaro Hernán Prada quien, supuestamente, estaba siendo el puente para llegar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y al parecer, torcer sus declaraciones contra Uribe.

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