Álvaro Hernán Prada, exrepresentante a la Cámara por el departamento del Huila, deberá ir a juicio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de soborno y fraude procesal.En la acusación formal, la Corte tiene evidencias que Prada buscó al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en el caso del expresidente de la República, Álvaro Uribe, para que cambiara su versión.La idea era, según la investigación del alto tribunal, que Monsalve modificara su testimonio y favoreciera a Uribe, y hablara sobre la presión que el exparamilitar tenía para declarar en su contra por parte del senador Iván Cepeda.Le puede interesar:Al parecer, el abogado del exmandatario, Diego Cadena, también fue a varias cárceles a pedirles a los testigos contra el expresidente cambiar su versión, a cambio de supuestas ayudas humanitarias a su favor.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo, aparentemente, se debió repartir bastante mermelada para convencer a los partidos de votar por Carlos Hernán Rodríguez a contralor:
La tutela que la semana pasada negó por una mayoría ajustada la Corte Constitucional al expresidente Álvaro Uribe, dejó profundas heridas entre los magistrados de uno de los tribunales con mayor reputación entre los colombianos.El ambiente se vio enrarecido por tres cosas: la filtración en tiempo real de la discusión en Sala Plena, algo que según la ley está sometido a reserva, las versiones sobre llamadas de altos funcionarios e incluso expresidentes a magistrados y a sus auxiliares para presionar votos a favor o en contra de Uribe y la inusual dureza de los salvamentos de voto de algunos magistrados que estuvieron en contra de la decisión mayoritaria.Sobre la filtración, el presidente de la Corte Antonio José Lizarazo decidió citar a sala plena presencial sin teléfonos celulares y sin computadores, a la vieja usanza, decisión que podría aplicarse de nuevo esta semana cuando se definan dos demandas que pretenden la despenalización plena del aborto en el país. Sin embargo, se generó un creciente sentimiento de desconfianza entre los magistrados.Aunque es normal que las decisiones de la Corte no sean unánimes y los magistrados derrotados publiquen sus salvamentos de voto, esta vez llamó la atención lo que expresaron juristas como Alberto Rojas Ríos y Jorge Enrique Ibañez, quienes no solamente afirmaron que el fallo que determina que Alvaro Uribe sigue como imputado por soborno y fraude procesal pese a haber renunciado a su fuero de congresista, no solamente vulnera los derechos del expresidente, sino que, según Rojas, borró de un plumazo el debido proceso y fractura lo que aún nos queda de la construcción de la democracia moderna.Pero lo que más ha enrarecido el ambiente en los últimos días han sido las afirmaciones del magistrado ponente del fallo en el caso Uribe, Alejandro Linares, quien afirmó en una entrevista que algunos de sus colegas recibieron llamadas de los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, en los días previos a la decisión final del caso.Aunque las versiones sobre posibles llamadas de expresidentes e incluso de actuales altos funcionarios son crecientes y han sido retomadas por el periódico El Espectador citando a varias fuentes en la propia Corte Constitucional, este fin de semana hubo un inusual comunicado de las magistradas Diana Fajardo y Cristina Pardo, en el que aclaran que ellas no recibieron llamadas de ningún expresidente de la República en medio de las discusiones de la tutela con la que Uribe pretendía tumbar el proceso en su contra.La pregunta ahora es: ¿los otros siete magistrados de la Corte Constitucional podrán salir a afirmar, como lo hicieron sus colegas Fajardo y Pardo, que no recibieron llamadas de prestantes políticos o fueron presionados en medio de la discusión?Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:Siga y escuche la Intérprete en Spotify:
El Consejo de Estado negó la tutela que pedía ordenar al presidente de la República, Iván Duque, no hablar sobre el proceso judicial que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, tras dar declaraciones acerca de la medida de detención domiciliaria que le había impuesto la Corte Suprema al excongresista.El 10 de agosto, el ciudadano Juan Felipe Rodríguez, presentó una tutela en la que planteaba que, supuestamente, el mandatario vulneraba los derechos al debido proceso y a la igualdad por haber opinado sobre la detención que ordenó la Sala de Instrucción contra Uribe.Por eso pidió “que en un término no superior a las 48 horas siguientes a la notificación del fallo tutelar, se emita un comunicado por las redes sociales oficiales de la Presidencia y medios masivos de comunicación, donde se comprometa en adelante a no pronunciarse ni emitir juicio de valor alguno, sobre los procesos penales en contra del exsenador Álvaro Uribe Vélez”.Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el recurso que fue impugnado.El accionante decía que se le vulneraban los derecho a “quienes votaron por Iván Cepeda”, víctima en el proceso de manipulación de testigos que se sigue contra Uribe, porque el presidente “puso como absoluta su presunción de inocencia del investigado, se solidarizó con uno de los extremos procesales y actuó como su defensor de oficio al sugerir la acción de tutela como una vía jurídica para obtener la libertad”.El Consejo de Estado respondió que Rodríguez confunde la representación política con la representación judicial y que solo podían reclamar las partes del proceso y, que no está probada su calidad de víctima.“Por no existir una afectación de derechos fundamentales y porque los invocados no le pertenecen al accionante, la Sala confirma la sentencia de primera instancia”, sentenció el Alto Tribunal.
El director del Servicio Informativo de BLU Radio, Ricardo Ospina, analizó en detalle el fallo que le concedió la libertad a Álvaro Uribe Vélez, las razones que tuvo la jueza para su decisión, qué sigue en el proceso contra él y qué significa que vaya a ser tramitado bajo la Ley 906 de 2004 del nuevo sistema penal acusatorio.Este sábado, en una audiencia pública digital, la juez 30 penal, Ximena Salcedo, decidió que el expresidente Álvaro Uribe Vélez podrá afrontar en libertad su proceso por presunta compra de testigos.El fallo significa, además, que el fiscal del caso podrá iniciar el proceso de nuevo, solicitando pruebas e indagaciones, muy atrás del avance que ya traía en la Corte Suprema de Justicia.Durante la audiencia estuvo presente el exsenador Uribe y sus abogados Jaime Lombana y Jaime Granados Peña. Mientras que en la contraparte, estuvo el senador Iván Cepeda y el exfiscal Luis Eduardo Montealegre.
BLU Radio habló con expertos penalistas, quienes afirmaron que la juez 30 Penal, Ximena Salcedo, tiene dos caminos y que lo más coherente sería el que le de libertad al expresidente Álvaro Uribe. Luego de que el Ministerio Público pidiera su libertad y las garantías procesales.Por su parte, el abogado Iván Durango fue tajante en asegurar que el único camino para brindarle el derecho fundamental, es darle la libertad.“Es importante entender que el Ministerio Público apoya la decisión de la Fiscalía en cuanto a que se le garantice al señor expresidente Álvaro Uribe su defensa, pero en libertad”, señaló Durango.Según los expertos, la otra opción de la juez y que se considera la menos probable, tiene que ver con validar la actuación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, lo que significaría que estaría asimilando la indagatoria del exsenador Uribe con la audiencia de imputación. Así, también tendría validez la medida de aseguramiento.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia determinó que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos deberá seguir por la Ley 906.Aunque en la ponencia del magistrado Gerson Chaverra se establecía que se debía tener en cuenta todo lo actuado en el proceso que llevaba la Sala de Instrucción, que remitió el caso a la Fiscalía porque el expresidente renunció al Senado, la corte no se pronunció sobre en qué etapa debe seguir el proceso.El alto tribunal se limitó a responder la pregunta de la juez 30 penal, quien elevó la consulta sobre la ley por la que debe ser tramitado el proceso por presunta manipulación de testigos.Hay que tener en cuenta que el expresidente tiene una medida de aseguramiento que en su momento emitió la corte. El abogado Iván Cancino explicó que, en ese caso, la defensa de Uribe debería presentar una solicitud de revocatoria de la medida, que debe resolver la juez de garantías, y también podría solicitar una revocatoria de todo lo actuado por el alto tribunal.La corte también explicó que el expediente se devuelve para la juez 30 penal y que decidirá sobre si mantiene lo actuado por el alto tribunal.Escuche detalles de esta noticia en Meridiano BLU:
BLU Radio conoció en primicia que la Sala Plena de la Corte Suprema se reunirá este viernes para definir si caso Uribe por falsos testigos sigue por sistema antiguo o sistema acusatorio.Habrá Sala Plena extraordinaria de la Corte con el fin de definir el futuro del expresidente.Entre la noche de este jueves y la mañana del viernes, se entregará a cada uno de los 23 magistrados el documento con la ponencia.En la Sala Plena se definirá bajo qué sistema seguirá el proceso por soborno y fraude procesal la Fiscalía: si bajo el antiguo o si por la Ley 906, el sistema penal acusatorio.Todo parece indicar que la corte podría decidir que se avance bajo el sistema penal acusatorio.De otro lado, podría haber novedad en cuanto a la decisión de si el caso inicia desde ceros, como lo pide la defensa del expresidente en la Fiscalía, o si arranca a partir de lo que ya ha recaudado durante más de un año y medio la Corte.
El senador Iván Cepeda se pronunció ante la decisión que tomó la juez de elevar una consulta a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que defina la competencia del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Proceso en el que Cepeda fue declarado como víctima.Entre tanto, algunos miembros de la colectividad del Centro Democrático señalaron que están a la espera que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia defina si es por ley 600 o 906 para definir la libertad del exmandatario Álvaro Uribe.“Me parece que la decisión es en derecho, el proceso debe adelantarse por la Ley 906 y esperaremos la determinación de la justicia”, señaló el senador Ciro Ramírez.El representante Edward Rodríguez dijo que hay un vacío jurídico que demostró la juez al enviar el caso de nuevo a la Corte y por consiguiente debe quedar en libertad.“Hay que destacar que se tenía la razón respecto a la ley 906. La juez procede a enviarlo a la Corte Suprema de Justicia para que ratifique la decisión por ella tomada. Como quiera que hay un vacío jurídico, en mi criterio, Álvaro Uribe debe quedar de inmediato en libertad, de no ser así, existiría una prolongación ilícita de la detención”, añadió.Por el momento, los abogados del expresidente están a la espera de que se decida quién define la libertad para realizar la petición.
BLU Radio puedo establecer que el próximo miércoles 16 de septiembre, el caso del expresidente Álvaro Uribe por falsos testigos vuelve los estrados judiciales. En el complejo de Paloquemao se llevará a cabo una audiencia en la que se estudiará la libertad del expresidente.Uribe tendría que ser trasladado, según fuentes consultadas por BLU Radio, a Bogotá por parte del Inpec, pues permanece bajo medida de detención domiciliaria en su finca, luego de la orden que en su momento le dictó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación por presunta manipulación de testigos. Lo anterior con ponencia del magistrado César Reyes.La audiencia podría definir la libertad del expresidente, cuya investigación está en manos de la Fiscalía a través de una revocatoria de medida aseguramiento o de sustitución de medida aseguramiento.BLU Radio intentó comunicarse con la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no fue posible establecer una respuesta sobre la citación.
La defensa de Álvaro Uribe pidió en una carta dirigida al fiscal Francisco Barbosa que se derogue la orden de la Corte Suprema de Justicia que el 4 de agosto ordenó la detención domiciliaria del expresidente, ahora que el caso pasó al ente acusador."Acudo, de forma respetuosa, ante su Honorable Despacho a fin de solicitar la adecuación de la investigación al procedimiento establecido en la ley 906 de 2004, así como la libertad inmediata de mi prohijado", dice la comunicación dirigida por el abogado Jaime Granados.Vea también: Defensa de Álvaro Uribe pedirá a Fiscalía la libertad del expresidente "La detención preventiva ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no tiene cabida, desde el punto de vista constitucional, en un proceso que se debe regir por la ley 906 de 2004, siendo necesario, en garantía de los derechos del doctor Álvaro Uribe Vélez, corregir la actuación, ordenando su libertad", agregó la misiva.La decisión de la Corte de dejar en manos de la Fiscalía el proceso contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos fue consecuencia de la renuncia del expresidente a su escaño en el Senado, con lo cual perdió el fuero y sus actuaciones pasan a ser competencia de la Justicia ordinaria.Tras dicho trámite, confirmado este martes por la Sala Especial de Instrucción de la Corte, Granados argumentó que "si no media una imputación y si no media una decisión judicial hecha por un fiscal", como es el caso de Uribe, "no puede estar una persona privada de la libertad".Uribe, contra quien la Corte ordenó de manera preventiva la detención domiciliaria, permanece en "El Ubérrimo", una vasta hacienda de su propiedad situada en el departamento de Córdoba.Según Granados, Uribe "se presume inocente; recordemos que tiene una serie de garantías que el sistema penal acusatorio le da a él y a cualquier otra persona en su lugar y recordemos que hay que cumplir con la estructura básica del procedimiento", señaló el letrado.El proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.Conozca más: Las razones de la Corte Suprema para enviar a Fiscalía el caso falsos testigos de Uribe Cepeda anunció este martes que recusará al fiscal general Francisco Barbosa para llevar el caso y solicitará uno ad hoc porque considera probable un conflicto de intereses ya que Barbosa es amigo del presidente colombiano, Iván Duque, quien en varias ocasiones ha defendido públicamente a Uribe, y en su opinión eso no da garantías de un proceso transparente.Conozca el comunicado del abogado Jaime Granados:
La ampliación del programa se produce días después de que la iniciativa fuera reconocida con el Premio Latam Digital 2026 en la categoría de Sostenibilidad Digital, que destaca proyectos con impacto en la inclusión tecnológica.El programa es liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social en alianza con ETB y busca facilitar el acceso a internet para familias en condición de vulnerabilidad, con el propósito de ampliar las oportunidades de educación, empleo, emprendimiento y acceso a servicios digitales.Mauricio García, gerente del proyecto por parte de ETB, habló sobre la expansión en el centro de la ciudad.“Lo que estamos haciendo es conectividad, ir cerrando la brecha digital de toda la población de Bogotá. Estamos cerrando esa brecha digital, y algo importante, estamos conectando con oportunidades. Esto es política de Cuarta generación. Estamos trayendo inclusión por medio de la tecnología”, agregó.Actualmente, Conexión Social tiene presencia en las localidades de Bosa, Suba, Kennedy, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Engativá y, ahora, Santa Fe.El programa está dirigido a hogares de estratos 1 y 2 clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén, siempre que cuenten con cobertura técnica de ETB. La inscripción es gratuita y se realiza únicamente a través de los canales oficiales de la estrategia.
Estos fueron los temas tratados este 9 de julio, en Recap Blu:Los primeros nombramientos y la paridad en el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella: Se analizan los preparativos para el cambio de mandato el 7 de agosto, destacando que aún quedan 7 ministerios por nombrar (entre ellos Salud, Minas y Trabajo) y que, por ley de paridad de 2024, al menos 6 de estos cargos deberán ser ocupados por mujeres.La alarmante crisis financiera y operativa de la Nueva EPS: La revelación de los estados financieros de 2023 y 2024 destapó pérdidas por 4.8 billones de pesos y pasivos superiores a los 22 billones. El gremio ACEMI advierte un deterioro inédito que golpea directamente a más de 10 millones de pacientes con demoras en citas y escasez de medicamentos.El nuevo y estricto modelo de vocería e información oficial: El gobierno entrante implementará un esquema de comunicación centralizado y exclusivo emulando el formato de la Casa Blanca, nombrando a Miller Soto y Carolina Gómez como los únicos portavoces oficiales autorizados para divulgar decisiones presidenciales y ministeriales.La propuesta de una histórica toma de posesión presidencial en Popayán: Abelardo de la Espriella planea romper la tradición y realizar su juramento del 7 de agosto dentro de una guarnición militar en Popayán para homenajear a la fuerza pública, lo que plantea un complejo reto logístico y legal que requiere la aprobación obligatoria de las plenarias del Congreso.El avance de Francia a semifinales y la previa de cuartos en el Mundial: En el ámbito deportivo, la selección francesa derrotó 2-0 a Marruecos y se convirtió en el primer semifinalista del torneo (por tercer mundial consecutivo), en una jornada marcada por la madura decisión de Kylian Mbappé de pedir el cambio tras sufrir un fuerte golpe en el tobillo.
Al menos 12 personas murieron en un incendio forestal cerca de Almería, en el sur de España, este jueves en la noche, informaron las autoridades regionales, mientras una ola de calor afectaba grandes extensiones del país.Las muertes se produjeron en la aldea de Bédar, indicó el gobierno regional en un comunicado, en el que señaló que algunas de las víctimas fueron encontradas en vehículos.Las autoridades habían informado inicialmente de seis fallecidos en el fuego, pero posteriormente elevaron la cifra a 12 "al confirmarse el fallecimiento de otras seis personas en la zona del incendio" de Los Gallardos.El responsable regional de emergencias, Antonio Sanz, calificó lo sucedido como "una tragedia sin precedentes" y añadió en el comunicado que "el dolor es inmenso".Unos 150 bomberos, apoyados por cinco camiones cisterna combatían el incendio declarado el jueves por la noche mientras las temperaturas se disparaban.El fuego causó heridas al menos a seis personas, entre ellas una mujer que sufrió quemaduras y otra persona intoxicada por inhalación de humo, que fueron trasladadas al hospital."Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves", precisaron las autoridades regionales de Andalucía.Testigos dijeron a las autoridades que el incendio pudo haberse iniciado tras la caída de una línea de tendido eléctrico, que encendió la vegetación seca antes de propagarse rápidamente por el bosque circundante.Las autoridades no han confirmado la causa del incendio. Ante el avance del fuego, permanecían cerradas varias carreteras y se evacuaron residentes del área. Más de 50 personas fueron alojadas en un centro cultural.La Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, que se despliega en grandes emergencias, ya fue movilizada."Una tragedia"El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en X su "enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería", y pidió "mucha precaución".En mayo dijo que España desplegaría este año el mayor dispositivo estival contra incendios forestales. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó el incendio mortal de "una tragedia".El incendio forestal se produce mientras España sufre una ola de calor, con temperaturas abrasadoras que han activado avisos meteorológicos naranjas —el segundo nivel más alto— en partes de Andalucía en los últimos días.España ha experimentado en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.El país registró su tercer año más cálido desde que hay registros en 2025, con 25 récords de temperatura diaria durante ese periodo, según informó el mes pasado la agencia meteorológica nacional AEMET.A principios de este mes, cientos de bomberos combatieron un incendio forestal cerca del popular destino turístico mediterráneo de la Costa Brava y obligó a confinar a miles de personas en sus hogares.Los fuertes vientos avivaron el fuego y llevaron a las autoridades regionales a pedir a los residentes de 10 municipios que permanecieran en sus casas, entre ellos el popular complejo de playa de Platja d’Aro.Los incendios forestales mortales arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.
Un nuevo ataque atribuido a la guerrilla del ELN se registró este jueves en el municipio de Tibú, Norte de Santander, luego de que explosivos lanzados desde un dron impactaran la sede administrativa del aeropuerto, ubicada en pleno corazón de la región del Catatumbo.La detonación causó daños en la infraestructura de las instalaciones y dejó tres funcionarios con heridas leves, quienes fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. De acuerdo con las autoridades, ninguno de los lesionados reviste gravedad.El atentado ocurrió a pocas horas de que se reanudara la conexión aérea y los vuelos comerciales entre Tibú y Cúcuta, programados para este 10 de julio con la aerolínea Satena. Tras lo sucedido, la empresa informó mediante un comunicado la suspensión de la reanudación de la operación aérea prevista para esa fecha.Por su parte, la Aeronáutica Civil rechazó el ataque y aseguró, a través de un comunicado, que trabaja de manera articulada con las autoridades competentes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y avanzar en las acciones correspondientes.Mientras tanto, unidades del Ejército Nacional mantienen asegurada la zona, donde se adelantan los actos urgentes de investigación y las labores de verificación para descartar la presencia de otros artefactos explosivos o la posibilidad de nuevos ataques en el sector.
Mientras que la justicia está por definir varios principios de oportunidad a los que se acogieron investigados por el escándalo de presunta corrupción en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, nuevos actores, cercanos al exalcalde Daniel Quintero, se siguen sumando al caso.La Fiscalía General anunció que radicó la solicitud de audiencia de imputación en contra de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exmandatario; el exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana, Álvaro Alonso Villada García; la contratista de la misma entidad, Vanesa Álvarez Restrepo; y el particular Sebastián de Jesús Ortega Durán.Esto, por cuenta de elementos probatorios en el proceso que indicarían para el ente acusador que participaron en la desviación de recursos públicos y cobrado comisiones en seis contratos investigados entre 2020 y 2021 que suman 17.654 millones de pesos y de los cuales habría existido una apropiación irregular de 2.481 millones.En las audiencias del caso por el que ya fueron imputados María Yaneth Rúa García, quien ejercía funciones de supervisión de los contratos y los exdirectivos de Bomberos de Itagüí Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús González, el fiscal ya había relacionado a los recientemente vinculados a partir de información de un testigo."Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas", dijo.Según detalló la Fiscalía, a la espera que la judicatura fije una fecha para la diligencia, será un fiscal de la Seccional Medellín quien imputará a Quintero, Villada, Álvarez y Ortega los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.En los contratos cuestionados se investigan sobrecostos, pagos por servicios no ejecutados, cuentas de cobro falsas, contratos simulados, desvío de recursos públicos y posible financiación irregular de actividades políticas.