Álvaro Hernán Prada, exrepresentante a la Cámara por el departamento del Huila, deberá ir a juicio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de soborno y fraude procesal.En la acusación formal, la Corte tiene evidencias que Prada buscó al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en el caso del expresidente de la República, Álvaro Uribe, para que cambiara su versión.La idea era, según la investigación del alto tribunal, que Monsalve modificara su testimonio y favoreciera a Uribe, y hablara sobre la presión que el exparamilitar tenía para declarar en su contra por parte del senador Iván Cepeda.Le puede interesar:Al parecer, el abogado del exmandatario, Diego Cadena, también fue a varias cárceles a pedirles a los testigos contra el expresidente cambiar su versión, a cambio de supuestas ayudas humanitarias a su favor.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo, aparentemente, se debió repartir bastante mermelada para convencer a los partidos de votar por Carlos Hernán Rodríguez a contralor:
La tutela que la semana pasada negó por una mayoría ajustada la Corte Constitucional al expresidente Álvaro Uribe, dejó profundas heridas entre los magistrados de uno de los tribunales con mayor reputación entre los colombianos.El ambiente se vio enrarecido por tres cosas: la filtración en tiempo real de la discusión en Sala Plena, algo que según la ley está sometido a reserva, las versiones sobre llamadas de altos funcionarios e incluso expresidentes a magistrados y a sus auxiliares para presionar votos a favor o en contra de Uribe y la inusual dureza de los salvamentos de voto de algunos magistrados que estuvieron en contra de la decisión mayoritaria.Sobre la filtración, el presidente de la Corte Antonio José Lizarazo decidió citar a sala plena presencial sin teléfonos celulares y sin computadores, a la vieja usanza, decisión que podría aplicarse de nuevo esta semana cuando se definan dos demandas que pretenden la despenalización plena del aborto en el país. Sin embargo, se generó un creciente sentimiento de desconfianza entre los magistrados.Aunque es normal que las decisiones de la Corte no sean unánimes y los magistrados derrotados publiquen sus salvamentos de voto, esta vez llamó la atención lo que expresaron juristas como Alberto Rojas Ríos y Jorge Enrique Ibañez, quienes no solamente afirmaron que el fallo que determina que Alvaro Uribe sigue como imputado por soborno y fraude procesal pese a haber renunciado a su fuero de congresista, no solamente vulnera los derechos del expresidente, sino que, según Rojas, borró de un plumazo el debido proceso y fractura lo que aún nos queda de la construcción de la democracia moderna.Pero lo que más ha enrarecido el ambiente en los últimos días han sido las afirmaciones del magistrado ponente del fallo en el caso Uribe, Alejandro Linares, quien afirmó en una entrevista que algunos de sus colegas recibieron llamadas de los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, en los días previos a la decisión final del caso.Aunque las versiones sobre posibles llamadas de expresidentes e incluso de actuales altos funcionarios son crecientes y han sido retomadas por el periódico El Espectador citando a varias fuentes en la propia Corte Constitucional, este fin de semana hubo un inusual comunicado de las magistradas Diana Fajardo y Cristina Pardo, en el que aclaran que ellas no recibieron llamadas de ningún expresidente de la República en medio de las discusiones de la tutela con la que Uribe pretendía tumbar el proceso en su contra.La pregunta ahora es: ¿los otros siete magistrados de la Corte Constitucional podrán salir a afirmar, como lo hicieron sus colegas Fajardo y Pardo, que no recibieron llamadas de prestantes políticos o fueron presionados en medio de la discusión?Escuche el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:Siga y escuche la Intérprete en Spotify:
El Consejo de Estado negó la tutela que pedía ordenar al presidente de la República, Iván Duque, no hablar sobre el proceso judicial que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, tras dar declaraciones acerca de la medida de detención domiciliaria que le había impuesto la Corte Suprema al excongresista.El 10 de agosto, el ciudadano Juan Felipe Rodríguez, presentó una tutela en la que planteaba que, supuestamente, el mandatario vulneraba los derechos al debido proceso y a la igualdad por haber opinado sobre la detención que ordenó la Sala de Instrucción contra Uribe.Por eso pidió “que en un término no superior a las 48 horas siguientes a la notificación del fallo tutelar, se emita un comunicado por las redes sociales oficiales de la Presidencia y medios masivos de comunicación, donde se comprometa en adelante a no pronunciarse ni emitir juicio de valor alguno, sobre los procesos penales en contra del exsenador Álvaro Uribe Vélez”.Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el recurso que fue impugnado.El accionante decía que se le vulneraban los derecho a “quienes votaron por Iván Cepeda”, víctima en el proceso de manipulación de testigos que se sigue contra Uribe, porque el presidente “puso como absoluta su presunción de inocencia del investigado, se solidarizó con uno de los extremos procesales y actuó como su defensor de oficio al sugerir la acción de tutela como una vía jurídica para obtener la libertad”.El Consejo de Estado respondió que Rodríguez confunde la representación política con la representación judicial y que solo podían reclamar las partes del proceso y, que no está probada su calidad de víctima.“Por no existir una afectación de derechos fundamentales y porque los invocados no le pertenecen al accionante, la Sala confirma la sentencia de primera instancia”, sentenció el Alto Tribunal.
El director del Servicio Informativo de BLU Radio, Ricardo Ospina, analizó en detalle el fallo que le concedió la libertad a Álvaro Uribe Vélez, las razones que tuvo la jueza para su decisión, qué sigue en el proceso contra él y qué significa que vaya a ser tramitado bajo la Ley 906 de 2004 del nuevo sistema penal acusatorio.Este sábado, en una audiencia pública digital, la juez 30 penal, Ximena Salcedo, decidió que el expresidente Álvaro Uribe Vélez podrá afrontar en libertad su proceso por presunta compra de testigos.El fallo significa, además, que el fiscal del caso podrá iniciar el proceso de nuevo, solicitando pruebas e indagaciones, muy atrás del avance que ya traía en la Corte Suprema de Justicia.Durante la audiencia estuvo presente el exsenador Uribe y sus abogados Jaime Lombana y Jaime Granados Peña. Mientras que en la contraparte, estuvo el senador Iván Cepeda y el exfiscal Luis Eduardo Montealegre.
BLU Radio habló con expertos penalistas, quienes afirmaron que la juez 30 Penal, Ximena Salcedo, tiene dos caminos y que lo más coherente sería el que le de libertad al expresidente Álvaro Uribe. Luego de que el Ministerio Público pidiera su libertad y las garantías procesales.Por su parte, el abogado Iván Durango fue tajante en asegurar que el único camino para brindarle el derecho fundamental, es darle la libertad.“Es importante entender que el Ministerio Público apoya la decisión de la Fiscalía en cuanto a que se le garantice al señor expresidente Álvaro Uribe su defensa, pero en libertad”, señaló Durango.Según los expertos, la otra opción de la juez y que se considera la menos probable, tiene que ver con validar la actuación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, lo que significaría que estaría asimilando la indagatoria del exsenador Uribe con la audiencia de imputación. Así, también tendría validez la medida de aseguramiento.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia determinó que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos deberá seguir por la Ley 906.Aunque en la ponencia del magistrado Gerson Chaverra se establecía que se debía tener en cuenta todo lo actuado en el proceso que llevaba la Sala de Instrucción, que remitió el caso a la Fiscalía porque el expresidente renunció al Senado, la corte no se pronunció sobre en qué etapa debe seguir el proceso.El alto tribunal se limitó a responder la pregunta de la juez 30 penal, quien elevó la consulta sobre la ley por la que debe ser tramitado el proceso por presunta manipulación de testigos.Hay que tener en cuenta que el expresidente tiene una medida de aseguramiento que en su momento emitió la corte. El abogado Iván Cancino explicó que, en ese caso, la defensa de Uribe debería presentar una solicitud de revocatoria de la medida, que debe resolver la juez de garantías, y también podría solicitar una revocatoria de todo lo actuado por el alto tribunal.La corte también explicó que el expediente se devuelve para la juez 30 penal y que decidirá sobre si mantiene lo actuado por el alto tribunal.Escuche detalles de esta noticia en Meridiano BLU:
BLU Radio conoció en primicia que la Sala Plena de la Corte Suprema se reunirá este viernes para definir si caso Uribe por falsos testigos sigue por sistema antiguo o sistema acusatorio.Habrá Sala Plena extraordinaria de la Corte con el fin de definir el futuro del expresidente.Entre la noche de este jueves y la mañana del viernes, se entregará a cada uno de los 23 magistrados el documento con la ponencia.En la Sala Plena se definirá bajo qué sistema seguirá el proceso por soborno y fraude procesal la Fiscalía: si bajo el antiguo o si por la Ley 906, el sistema penal acusatorio.Todo parece indicar que la corte podría decidir que se avance bajo el sistema penal acusatorio.De otro lado, podría haber novedad en cuanto a la decisión de si el caso inicia desde ceros, como lo pide la defensa del expresidente en la Fiscalía, o si arranca a partir de lo que ya ha recaudado durante más de un año y medio la Corte.
El senador Iván Cepeda se pronunció ante la decisión que tomó la juez de elevar una consulta a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que defina la competencia del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Proceso en el que Cepeda fue declarado como víctima.Entre tanto, algunos miembros de la colectividad del Centro Democrático señalaron que están a la espera que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia defina si es por ley 600 o 906 para definir la libertad del exmandatario Álvaro Uribe.“Me parece que la decisión es en derecho, el proceso debe adelantarse por la Ley 906 y esperaremos la determinación de la justicia”, señaló el senador Ciro Ramírez.El representante Edward Rodríguez dijo que hay un vacío jurídico que demostró la juez al enviar el caso de nuevo a la Corte y por consiguiente debe quedar en libertad.“Hay que destacar que se tenía la razón respecto a la ley 906. La juez procede a enviarlo a la Corte Suprema de Justicia para que ratifique la decisión por ella tomada. Como quiera que hay un vacío jurídico, en mi criterio, Álvaro Uribe debe quedar de inmediato en libertad, de no ser así, existiría una prolongación ilícita de la detención”, añadió.Por el momento, los abogados del expresidente están a la espera de que se decida quién define la libertad para realizar la petición.
BLU Radio puedo establecer que el próximo miércoles 16 de septiembre, el caso del expresidente Álvaro Uribe por falsos testigos vuelve los estrados judiciales. En el complejo de Paloquemao se llevará a cabo una audiencia en la que se estudiará la libertad del expresidente.Uribe tendría que ser trasladado, según fuentes consultadas por BLU Radio, a Bogotá por parte del Inpec, pues permanece bajo medida de detención domiciliaria en su finca, luego de la orden que en su momento le dictó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación por presunta manipulación de testigos. Lo anterior con ponencia del magistrado César Reyes.La audiencia podría definir la libertad del expresidente, cuya investigación está en manos de la Fiscalía a través de una revocatoria de medida aseguramiento o de sustitución de medida aseguramiento.BLU Radio intentó comunicarse con la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no fue posible establecer una respuesta sobre la citación.
La defensa de Álvaro Uribe pidió en una carta dirigida al fiscal Francisco Barbosa que se derogue la orden de la Corte Suprema de Justicia que el 4 de agosto ordenó la detención domiciliaria del expresidente, ahora que el caso pasó al ente acusador."Acudo, de forma respetuosa, ante su Honorable Despacho a fin de solicitar la adecuación de la investigación al procedimiento establecido en la ley 906 de 2004, así como la libertad inmediata de mi prohijado", dice la comunicación dirigida por el abogado Jaime Granados.Vea también: Defensa de Álvaro Uribe pedirá a Fiscalía la libertad del expresidente "La detención preventiva ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no tiene cabida, desde el punto de vista constitucional, en un proceso que se debe regir por la ley 906 de 2004, siendo necesario, en garantía de los derechos del doctor Álvaro Uribe Vélez, corregir la actuación, ordenando su libertad", agregó la misiva.La decisión de la Corte de dejar en manos de la Fiscalía el proceso contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos fue consecuencia de la renuncia del expresidente a su escaño en el Senado, con lo cual perdió el fuero y sus actuaciones pasan a ser competencia de la Justicia ordinaria.Tras dicho trámite, confirmado este martes por la Sala Especial de Instrucción de la Corte, Granados argumentó que "si no media una imputación y si no media una decisión judicial hecha por un fiscal", como es el caso de Uribe, "no puede estar una persona privada de la libertad".Uribe, contra quien la Corte ordenó de manera preventiva la detención domiciliaria, permanece en "El Ubérrimo", una vasta hacienda de su propiedad situada en el departamento de Córdoba.Según Granados, Uribe "se presume inocente; recordemos que tiene una serie de garantías que el sistema penal acusatorio le da a él y a cualquier otra persona en su lugar y recordemos que hay que cumplir con la estructura básica del procedimiento", señaló el letrado.El proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.Conozca más: Las razones de la Corte Suprema para enviar a Fiscalía el caso falsos testigos de Uribe Cepeda anunció este martes que recusará al fiscal general Francisco Barbosa para llevar el caso y solicitará uno ad hoc porque considera probable un conflicto de intereses ya que Barbosa es amigo del presidente colombiano, Iván Duque, quien en varias ocasiones ha defendido públicamente a Uribe, y en su opinión eso no da garantías de un proceso transparente.Conozca el comunicado del abogado Jaime Granados:
León XIV inició este domingo 8 de noviembre una visita histórica a Argentina, la primera de un papa en casi 40 años, y en su primer discurso reclamó para este país justicia social y apoyo a la educación y la investigación, así como la necesidad de proteger a los jubilados y las personas discapacitadas, precisamente los sectores más afectados por la ‘motosierra’ de Javier Milei.“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", dijo el papa ante el propio Milei, quien escuchó sentado a su lado en el auditorio del antiguo Centro Cultural Kirchner (CCK), rebautizado como Palacio Libertad.Milei llegó a la Presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de imponer equilibrio fiscal y reducir la inflación. Para ello, puso en marcha políticas públicas encaminadas a reducir el Estado, los programas sociales, las pensiones y la financiación de la educación y salud públicas. Lo que él mismo llamó, con orgullo, la “motosierra”.Desde entonces, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.En definitiva, la clase media argentina ha sido la más golpeada por las políticas de ajuste, que han impactado en programas de derechos humanos, mujeres, jubilados, educación, infancias y colectivos vulnerables, como las personas discapacitadas.El contundente discurso del pontífice puso precisamente el acento en esos aspectos: "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aún trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar".Y reclamó “especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", así como a “la medicina, la educación, la producción y la investigación”.Advertencia anterioresEl arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien ocupa el cargo que en su día tuvo el papa Francisco, antecesor de León XIV, ya había cuestionado al gobierno de Milei por la situación de los jubilados, que se manifiestan cada miércoles ante el Congreso y con frecuencia son reprimidos por la policía, y las personas discapacitadas.El llamado del papa a cuidar a las personas se completó con otro sobre la defensa de la tierra, en respuesta a la reforma de la ley de glaciares propuesta por el Gobierno argentino para que se puedan explotar recursos mineros en zonas aledañas a las masas de hielo."Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo", dijo el papa, al añadir "una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas”.El papa León XIV llegó a Buenos Aires procedente de Uruguay, donde inició el viernes una gira sudamericana que también lo llevará a Perú, donde vivió y ejerció como sacerdote y obispo durante casi 20 años, la segunda patria del papa estadounidense.Estas primeras palabras del papa en Argentina, ante un Milei amilanado tras las derrotas electorales de sus aliados en Estados Unidos y Brasil, así como por la destitución y detención del ya expresidente de Paraguay Santiago Peña (por su responsabilidad en la quiebra del Ueno Bank), le han llevado a ofrecer un mensaje moderado el que ha resaltado la figura del papa Francisco como un “ser excepcional” y “el argentino más importante de la historia”.También defendió la fe católica tras haber abrazado el judaísmo en los últimos años, considerar a Israel un socio político fundamental y tras inaugurar recientemente un gran templo evangélico en Argentina.Milei recibió a León XIV a su llegada a Argentina y luego se reunieron en privado en la Casa Rosada durante 40 minutos. Entre medias, el pontífice rindió homenaje, con una ofrenda floral, al monumento de José de San Martín, prócer de la independencia sudamericana, y recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires.El papa presidirá mañana una misa que se espera multitudinaria en Buenos Aires, el martes viajará a la ciudad de Córdoba y el miércoles lo hará a Luján, donde se encuentra la basílica que acoge a la patrona de Argentina.
El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura" tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en las que su partido perdió las mayorías del Congreso, según una entrevista con la cadena CBS publicada este domingo.El corresponsal del programa '60 Minutes' Ross Douthat preguntó a Trump, en la primera entrevista televisiva del mandatario tras las elecciones, si consideraba que su política de deportaciones fue demasiado lejos. "Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí", expresó el mandatario, según un fragmento de la entrevista que se transmite en su totalidad horas más tarde.Sus declaraciones se producen tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a votantes, en particular a electores latinos.A pesar de estos resultados y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que "las deportaciones continuarán" en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.
El hotel La Luna, en Cali, ubicado en el sur de la ciudad, y que quedó gravemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, en las últimas horas registró un desprendimiento de escombros asociado a un movimiento en su estructura. La situación obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en el sector para evitar que alguna persona resultara afectada.De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas. Sin embargo, debido a las condiciones de la edificación, se amplió el perímetro de seguridad alrededor del inmueble."Se presentaron movimientos estructurales en lo que es el edificio, la estructura denominada Hotel La Luna, para lo cual hubo movimientos en el punto de inflexión de la mitad, donde el edificio colapsó. No tenemos víctimas fatales ni heridos.", dijo Peñuela.El funcionario también explicó que la estructura ya cuenta con la aprobación del Consejo Distrital para adelantar su demolición, un procedimiento que estará a cargo de los propietarios del hotel."Tenemos la protección de la vida restringida, como lo pueden ver en cuanto a las personas que transitan por la vía, pero hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura. La próxima semana empezaremos con toda la demolición de esta estructura para eliminar o reducir el riesgo de colapso que tenemos en este sitio.", señaló el funcionario.Según indicó Peñuela, actualmente se desarrollan mesas técnicas para avanzar en los aspectos necesarios que permitan ejecutar la intervención y establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la demolición.
La Selección Colombia tendrá que modificar su nómina para los compromisos amistosos de noviembre de 2026. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, confirmó la salida de Jaminton Campaz debido a una lesión y anunció la convocatoria de Óscar Cortés para ocupar su lugar.La decisión se conoció luego de que Rosario Central, equipo al que pertenecía Campaz, notificara al cuerpo técnico sobre la situación física del futbolista. Ante esta novedad, el seleccionador decidió incorporar al atacante que actualmente juega en Huracán, del fútbol argentino.El cambio representa un ajuste en los planes de Lorenzo para la próxima fecha FIFA, en la que el combinado nacional se medirá con Chile en Cali y posteriomente en Santiago. La modificación también obliga al entrenador a reorganizar las alternativas ofensivas disponibles para estos encuentros.¿Por qué Jaminton Campaz salió de la convocatoria de Colombia?La baja del atacante se produjo por una lesión que le impide sumarce a la concentración de la Tricolor. La información sobre su estado físico fue comunicada por Rosario Central, situación que llevó a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico a gestionar su reemplazo.Campaz era uno de los nombres incluidos inicialmente en la lista de convocados por Lorenzo. Su ausencia representa una baja para el grupo que se prepara para los amistosos de noviembre, en una etapa en la que el entrenador busca consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar distintas alternativas de cara a las eliminartorias que arrancarían en septiembre del próximo año.¿Quién reemplazará a Jaminton Campaz en la Selección Colombia?El elegido para ocupar el lugar de Campaz es Óscar Cortés, delantero que milita en Huracán, de Argentina. Su convocatoria busca mirar las opciones disponibles en el frente de ataque de la Selección Colombia de cara a los compromisos internacionales.La doble jornada de amistosos de noviembre de 2026 tendrá dos compromisos frente a Chile: el primero se disputará en Cali y el segundo en Santiago. Estos encuentros representan una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe variantes tácticas, evalúe nuevos jugadores y continúe ajustando el funcionamiento del equipo nacional de cara a sus próximos retos oficiales.Con este movimiento, la Selección ajusta su lista de convocados y continúa con la preparación para cerrar el año futbolístico con resultados positivos.
Una serie de documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, revelarían presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con posibles operaciones de espionaje a expresidentes, intentos de interferir en procesos electorales y millonarias contrataciones de equipos que habrían presentado fallas o no pudieron utilizarse.Los hallazgos hacen parte de un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad. El documento contiene fotografías, reportes internos y señalamientos basados en información suministrada por funcionarios de la propia agencia.Uno de los asuntos más delicados tiene que ver con la presunta intención de instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República.Según el informe, el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual incorporó a la DNI entre las entidades encargadas de participar en la asignación de esos vehículos. El documento advierte que esta modificación podría haber buscado facilitar labores de inteligencia sobre las personas protegidas.Al respecto, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó que la entidad participara en estas funciones, pues, según explicó, estarían por fuera de sus competencias y de su campo de acción.Otros hallazgos sobre presuntas irregularidades en la DNIEl informe también menciona una supuesta estrategia para mantener personal cercano al gobierno Petro dentro de la entidad. De acuerdo con el documento, algunos funcionarios habrían sido declarados insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que posteriormente acudieran a instancias judiciales y consiguieran su reintegro.Otro de los señalamientos apunta a la existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según la fuente citada en el informe, el inmueble habría funcionado como una sede operativa no registrada oficialmente y fue desocupado después de las elecciones presidenciales. Además, se habría eliminado cualquier registro de su existencia en los archivos de la DNI.A esto se suma una alerta sobre posibles equipos tecnológicos entregados por Rusia a funcionarios de inteligencia colombianos. El documento señala que computadores y celulares habrían sido suministrados durante un viaje de agentes a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR. La sospecha es que los dispositivos podrían contener programas maliciosos para espiar los sistemas de la entidad y al siguiente gobierno.Un dron de $9.000 millones que habría presentado fallasEntre los hallazgos relacionados con contratación aparece la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones. Según las especificaciones del contrato, el equipo estaba destinado a recolectar información mediante imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.El aparato tendría un alcance máximo de 600 kilómetros, autonomía de vuelo de hasta seis horas, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos.Sin embargo, el informe señala que el equipo habría sido entregado con fallas en cuatro sistemas críticos: comunicación, combustible, caja de transmisión y motor. Incluso, un vuelo de prueba tuvo que cancelarse por razones de seguridad.La adquisición también estaría bajo un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas. A esto se suma que el 15 de marzo de 2026 el helicóptero sufrió un siniestro y, según los documentos conocidos, estaba asegurado únicamente por $900 millones, equivalentes al 10 % de su valor.Compras de equipos y vehículos bajo revisiónOtro informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026, detalla diferentes aspectos de la contratación de la entidad.Entre ellos aparece la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de las cuales habrían sido acondicionadas con equipos antidrones para la Casa de Nariño. La adquisición de tres de estos sistemas representó un gasto de $8.340 millones.El documento también señala que se está verificando la información entregada por un funcionario sobre la posible capacidad de estos vehículos para interceptar comunicaciones.Adicionalmente, la entidad se habría quedado sin una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia desde 2024, debido a que no se renovó el contrato con el proveedor. Esta situación, según el informe, estaría afectando el desarrollo y la supervisión de las operaciones.Las observaciones sobre contratación también incluyen un sistema de identificación biométrica, dactilar, facial y de iris adquirido en 2022 por $580 millones, que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.Asimismo, se reportaron problemas de calidad en 595 computadores comprados en 2024 por $1.314 millones. En otro contrato de enero de 2026, por $1.549 millones, aparecen compras de atriles por $14 millones cada uno y camas por $18 millones, destinadas a las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción presentaba un retraso del 12 %.Hacker de la DNI señalado de un posible ataque contra la RegistraduríaUno de los capítulos más delicados de la investigación está relacionado con Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos de la entidad, habría tenido participación en actividades informáticas y de contrainteligencia.El informe señala que Oyola habría liderado una red encargada de realizar acciones para alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. Según el documento, el ingeniero se encontraba en Madrid, España, junto con otros integrantes, desde donde presuntamente ejecutarían ataques contra la Registraduría.Un elemento que llama la atención es que, para ese momento, Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026. Además, los documentos indican que habría logrado escapar de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento utilizado como fachada de la DNI, horas antes de la primera vuelta presidencial. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.Los antecedentes del funcionario también fueron incluidos en la investigación. Según la información conocida, Oyola enfrentaba un proceso por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.La investigación señala que habría falsificado calificaciones para obtener títulos académicos. Además, documentos de la DNI lo relacionaban con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.Otro señalamiento tiene que ver con su participación en el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma destinada al registro de las operaciones de la entidad. Según el informe, Oyola no habría entregado el sistema y presuntamente habría sido víctima del robo del computador en el que trabajaba. Sobre este hecho, el documento advierte que no existiría una denuncia ante la Fiscalía.Finalmente, Noticias Caracol informó que Carlos Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el hackeo a la UNAD. Para ese momento, todavía figuraba como funcionario activo de la DNI.La investigación también señala que el medio consultó a varios expresidentes sobre las presuntas operaciones relacionadas con sus esquemas de seguridad, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. Asimismo, buscó respuestas de los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y de la fiscal general Luz Adriana Camargo, sin obtener respuesta.