La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderada por el abogado penalista Jaime Granados, calificó de "irregular" y "políticamente motivado" el reciente llamado a indagatoria proferido por la Fiscalía General de la Nación contra el exmandatario por las masacres de El Aro y La Granja ocurridas en 1996 y 1997, cuando era gobernador de Antioquia. La citación, que vincula a Uribe con hechos ocurridos en la década de los 90, ha sido duramente cuestionada por la defensa, que advierte una coincidencia sospechosa con la inminente jornada electoral.
Denuncias de irregularidades procesales
Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, con Néstor Morales, el abogado Jaime Granados señaló que el proceso, tramitado bajo la Ley 600 (sistema inquisitivo), presenta vicios de procedimiento que vulneran las garantías de su defendido. Según el jurista, la Fiscalía había decretado la práctica de una serie de pruebas fundamentales para esclarecer la verdad, las cuales fueron solicitadas oportunamente por la defensa y cuentan con el respaldo de la misma entidad.
"Sorprende realmente que, sin que se hayan evacuado las pruebas oportunamente pedidas por la defensa, decretadas por la fiscalía y prorrogadas a petición de la fiscalía, vengan ahora sin que se hayan podido completar a llamar a indagatoria", afirmó Granados. El abogado enfatizó que, incluso, la fiscal Gloria Marcela Abadía había concedido recientemente una prórroga para agotar esta etapa probatoria, la cual no ha llegado a su vencimiento.
"El único afán es electoral"
Para la defensa del exjefe de Estado, el momento elegido por la Fiscalía para oficializar este llamado no es casual. A tan solo tres días de la segunda vuelta presidencial, Granados sostiene que la celeridad inusitada en este caso busca influir en el panorama político nacional. "El único afán es que tenemos elecciones el domingo, segunda vuelta. Y claramente aquí mostró ya su cara real la fiscal que lleva este caso", sentenció el penalista. Según Granados, la intención detrás del anuncio es generar un impacto negativo sobre la figura de Uribe y, por extensión, sobre las posturas políticas que este ha respaldado en la actual contienda electoral. "Es increíble que una resolución de la fiscalía se equivoque hasta con el nombre de sus testigos. No fija fecha porque dice que lo hará oportunamente. Es decir, no hay ningún afán para que se realice la indagatoria. El único afán es que se sepa que estamos tomando esa decisión a puertas de las elecciones", agregó.
El trasfondo del caso: Ituango y derechos humanos
La investigación que mantiene al expresidente bajo la lupa judicial se centra en hechos de violencia ocurridos en Antioquia a finales de los años 90. Específicamente, se indaga por las masacres de El Aro y La Granja, así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Aunque la Fiscalía ha planteado una hipótesis sobre una presunta coordinación entre autoridades y grupos paramilitares, la defensa sostiene que los elementos probatorios recaudados en años anteriores —incluyendo los periodos en los que el caso estuvo bajo la competencia de la Corte Suprema de Justicia— resultan "ampliamente favorables" al exmandatario. Granados insistió en que, debido a la reserva del sumario, no puede revelar detalles específicos del acervo probatorio, pero subrayó que "el sistema inquisitivo no puede ser una herramienta para asaltar deslealmente a una defensa".
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