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Un fuerte choque quedó planteado en las últimas horas entre las cabezas de los órganos de control del Estado, por cuenta de uno de los más sonados escándalos de corrupción de los últimos años en Colombia.
Todo esto ocurrió por cuenta del acuerdo que avaló la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero que había sido negociado, para algunos, de manera benévola y permisiva por parte de la Fiscalía, para que Lyons, testigo clave en el caso del "cartel de la toga", pagara una baja condena en Colombia y una aún menor devolución del dinero que se robó.
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Lyons solamente pagará cinco años de cárcel, lo que en la práctica significa que podría salir en aproximadamente un año de la prisión, y además se comprometió a devolver cuatro mil millones de pesos.
Ese escenario, fabuloso para los intereses de Lyons, es el que ha generado una gran controversia, porque a pesar de que el exgobernador de Córdoba será testigo clave en los procesos por corrupción en su departamento y en el sórdido caso del cartel de la toga, la sociedad podría recibir un mal mensaje de este tipo de acuerdos.
Precisamente anoche, el Contralor Edgardo Maya y el Procurador Fernando Carrillo emitieron un inusual comunicado conjunto criticando el acuerdo con Alejandro Lyons, con palabras muy duras:
"Significa que aquí se puede delinquir, ¿cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron", dijeron los funcionarios, al recordar además que Lyons se habría robado 115 mil millones de pesos del erario y que tiene en su contra investigaciones disciplinarias y fiscales en curso.
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Valdría la pena preguntarle a la Fiscalía si realmente este acuerdo es bueno para alcanzar el máximo de justicia en casos como el de corrupción en Córdoba o el cartel de la toga a cambio de cierta dosis de impunidad y cierta dosis de indulgencia con los corruptos.
Otro botón de muestra fue el preacuerdo que había alcanzado la misma Fiscalía con el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, quien iba a quedar libre de ir a la cárcel a cambio de pagar apenas 14 mil millones de pesos y su testimonio en casos que se adelanten en Colombia.
Ese preacuerdo, finalmente, fue tumbado por la juez sexta de control de garantías quien advirtió que afectaba severamente los derechos de las víctimas.
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