Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko Gómez’, exgobernador de La Guajira, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, en medio de las preocupaciones de autoridades judiciales por presuntas amenazas relacionadas con el proceso que terminó con la condena del exmandatario regional.
El traslado se produjo luego de una inspección realizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la celda que Gómez ocupaba anteriormente en una cárcel de La Dorada, Caldas. Durante el procedimiento fue encontrado, al menos, un teléfono celular, situación que habría motivado la decisión de trasladarlo a otro centro penitenciario.
La medida también se da en un contexto de preocupación entre magistrados y funcionarios de la Procuraduría que estuvieron relacionados con el proceso judicial contra el exgobernador. En los últimos días se conocieron hechos que encendieron las alarmas sobre la seguridad de algunos funcionarios, entre ellos el hallazgo de un impacto de bala en una oficina de la Procuraduría General de la Nación.
La oficina pertenece al procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia Pedro Luis Bonilla, quien ha tenido participación en procesos de la Sala Penal, entre ellos el relacionado con Gómez Cerchar. Posteriormente, según una comunicación conocida por las autoridades, también se reportaron daños en ventanas y evidencias de disparos en las instalaciones donde trabaja el funcionario.
El magistrado José Joaquín Urbano Martínez manifestó su preocupación por estos hechos en una comunicación dirigida al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano Garavito. En la carta señaló que varios funcionarios judiciales vinculados al proceso contra Gómez habían expresado temor por su seguridad y la de sus familias.
La situación llevó al presidente Abelardo De La Espriella a ordenar el refuerzo de las medidas de seguridad para los magistrados y funcionarios involucrados. El mandatario aseguró que la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibieron instrucciones para fortalecer los esquemas de protección.
Publicidad
“Sea quien sea que esté detrás de estas amenazas -Kiko Gómez o cualquier otro- será identificado, perseguido y llevado ante la justicia”, manifestó el jefe de Estado, al tiempo que advirtió que su Gobierno no permitirá intimidaciones contra jueces y magistrados.
Sin embargo, la defensa del exgobernador rechazó cualquier vínculo entre Gómez y las amenazas denunciadas. Gustavo Moreno, abogado del condenado, pidió al presidente respetar la presunción de inocencia de su cliente y cuestionó que el hallazgo de un celular pueda ser utilizado para atribuirle responsabilidad en otros hechos.
“Un celular hallado en su celda no prueba su responsabilidad ni debe convertirlo en chivo expiatorio”, sostuvo Moreno, quien además negó que su representado tenga relación con las amenazas contra procuradores delegados y magistrados que participaron en el proceso judicial.
Publicidad
Gómez Cerchar cumple una condena de 55 años de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Su traslado a La Picaleña, en Ibagué, ocurre ahora mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer quién estaría detrás de las amenazas y de los hechos de violencia reportados contra funcionarios relacionados con su caso.