Para el juez de segunda instancia la indagatoria hecha al expresidente Álvaro Uribe , por parte de la Corte Suprema de Justicia en ley 600, es equiparable a la imputación de cargos en la ley 906, por lo que definió que el expresidente adquiere la calidad de imputado, pero podrá continuar su proceso en libertad.
“Permiten adecuar la primera a la segunda (indagatoria a imputación) se tiene que se presentan de forma plena en la indagatoria del exsenador Uribe Vélez, el 8 de octubre del 2019, bastan los primeros 33 minutos para verificar: se le identificó en debida forma, que se le puso de presente núcleo fáctico de la acusación, que se le expuso la calificación jurídica provisional de los delitos por los cuales se vinculaba a la actuación, que se le pusieron de presente derechos como procesado vinculado, que se le interrogó de cara a verificar la plena comprensión de lo antes enunciado, que se informó prohibición de enajenar bienes sujetos a registro, se le interrogó sobre su deseo de renunciar al derecho de guardar silencio para el desarrollo de la diligencia, que se le interrogó sobre el ejercicio de la defensa técnica y acerca de si su decisión de declarar era libre, consciente y voluntaria”, dijo el juez.
Sin embargo, no tuvo la misma postura sobre la medida de aseguramiento y, al igual que la juez de garantías, permitió que el expresidente permanezca en libertad.
“Así, pretender que la medida de aseguramiento impuesta bajo la ley 600 de 2000 extienda legítimamente sus efectos en actuaciones de la ley 906 comporta una violación al debido proceso en su principio estructural de contradicción, que se agrava teniendo en cuenta que el principio la contradicción en la ley 906 es doble frente a la ley 600, ya que en aquella la defensa se puede oponer a la medida y de ser acogida dicha petición aún puede echar mano de los recursos de ley contra la decisión que al respecto adopte el juez de garantías. Por contrario, en la ley 600 al carecer de escenario de oposición la única alternativa de ejercer contradicción es vía interposición de recursos contra la medida de aseguramiento adoptada”, concluyó el juez.
Así las cosas, el expresidente Uribe, a partir del día de hoy, queda imputado como presunto responsable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos y podrá continuar vinculado al proceso en libertad. Por su parte, la Fiscalía podrá solicitar con posterioridad una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, si así lo considera.
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Finalmente, la etapa procesal que continúa es que la Fiscalía llame al expresidente a juicio a través de una audiencia de acusación o que, por el contrario, precluya el proceso.
