Las redes sociales siguen “encendidas” desde el viernes pasado, cuando se confirmó lo que era un secreto a voces, es decir, que la Fiscalía pidió que se archive la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.Durante el fin de semana, seguidores y detractores de Uribe posicionaron tendencias en Twitter: desde #UnGiGanteHonorable pasando por Álvaro Uribe Vélez, demuestran que principalmente el uribismo tenía preparada una estrategia de comunicaciones para intentar limpiar la imagen del expresidente, en un proceso muy largo y al que todavía le falta un largo trecho por recorrer.La hora de la verdad en este caso la tendremos el día de la audiencia en la que el fiscal jefe de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán, exponga ante la juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, y ante las demás partes intervinientes, por qué llegó a una conclusión diametralmente opuesta a la que había alcanzado la máxima instancia de la justicia en el país, cuando su Sala De Instrucción, de manera unánime había dictado medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe como presunto determinador de los delitos de soborno y fraude procesal.En esa audiencia, que podría ser citada en un plazo que va entre los próximos 15 días y un mes y medio después, la juez decidirá si avala o no la petición de preclusión del caso, en donde a propósito la Fiscalía concluye que sí hubo delitos, pero afirma que Uribe no tuvo participación ni conocimiento de ellos.Si la juez avala la petición de la Fiscalía, las víctimas, entre ellas el senador Iván Cepeda apelarán a la segunda instancia que es el Tribunal Superior de Bogotá, que deliberará en una sala de tres magistrados y dará el veredicto.Si la juez no avala la petición de la Fiscalía y determina que sí hay méritos para acusar al expresidente Uribe de los delitos por los que hoy permanece imputado, su defensa le pedirá al Tribunal Superior de Bogotá que revoque esa determinación.En cualquier caso, falta también la definición de la suerte del abogado Diego Cadena, defensor de Álvaro Uribe hoy detenido por delitos relacionados con la presunta compra de testigos a favor del expresidente y también se debe definir muy pronto por parte de la Corte Suprema si llama o no a juicio al representante a la Cámara huilense Álvaro Hernán Prada, también investigado por los mismos hechos.El panorama no está para que el uribismo lance las campanas al vuelo, pues todavía falta camino por recorrer en este largo y complejo capítulo judicial. Lo más importante es garantizar que la justicia actúe de forma correcta y le cuente al país la verdad sobre este episodio y sobre el trasfondo que tiene.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Este domingo en Sala De Prensa BLU, el abogado Hernando Herrera y Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, hablaron sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe después de que la Fiscalía solicitará preclusión de investigación contra Uribe por soborno de testigos.“El caso es interesante porque vincula a un expresidente de la República que no fue investigado por la Comisión de Acusación si no por esta otra justicia. Eventualmente hay un choque de trenes entre lo que concluyó esa Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y lo que ahora concluye la Fiscalía General de la Nación”, comentó Herrera.El abogado también se refirió a las pruebas recolectadas en el caso, donde se incluyen llamadas telefónicas y cuadernos de informes.“Para algunos se interceptó indebidamente al antes senador Uribe y eso es lo que el fiscal Jaimes tendrá que explicar, si él dentro de ese alcance está quitándole esa valoración a ese elemento probatorio por considerarlo, a diferencia de lo que señala la Corte, que no es un aprueba recaudada de manera licita”, agregó.Por su parte, Jaime Arrubla dijo que para el caso del expresidente Uribe la audiencia es una parte del proceso importante.“El juez de conocimiento va a señalar fecha para atender la audiencia, allá oirá al fiscal, al Ministerio Público, que todavía no sabemos su posición, y también a las víctimas y sus apoderados. El juez formará una convicción y va a tomar una decisión”, explicó.Explicó Arrubla que en este caso “en un sentido u otro, es sujeto de un recurso de apelación, lo que podría durar meses, por eso es difícil hablar de tiempos en estos procesos”.
La juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, será la encargada de decidir si acepta o no la solicitud de la Fiscalía de precluir la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno y fraude procesal.Después de escuchar a las partes y revisar las pruebas que se presenten en la diligencia, la funcionaria judicial deberá dar su veredicto.Aún no se conoce cuál será la postura, pero se sabe que si la juez acepta la preclusión, las víctimas interpondrán un recurso de apelación, con el cual, el proceso llegaría a una segunda instancia, es decir, quedaría en manos del Tribunal Superior de Bogotá.Según el documento qué presentó la Fiscalía para solicitar la preclusión, los dos argumentos principales de su petición son: atipicidad del hecho investigado y ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.La Fiscalía pidió archivar el caso contra Álvaro Uribe Vélez porque Juan Guillermo Monsalve no quiso declarar ante el ente investigador.Monsalve sí lo había hecho ante la Corte Suprema de Justicia cuyas declaraciones sirvieron para que se adelantara este juicio contra Uribe por soborno y fraude procesal.
En cualquier momento el Centro de Servicios de Paloquemao deberá designar un juez de conocimiento para que lleve la audiencia de solicitud de preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal. Dicha solicitud presentada por la Fiscalía, según el documento conocido por BLU Radio, cuenta con dos argumentos: atipicidad del hecho investigado y ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.Sobre esa primera audiencia, el penalista Camilo Burbano explicó el escenario que vendría.“En la audiencia de preclusión, el juez va a estudiar de fondo los argumentos de la Fiscalía en donde, además, el ente acusador presentará las pruebas que fundamentan la solicitud de preclusión. Lo mismo podrán hacer las víctimas, presentar pruebas para estar en contra de la solicitud de la Fiscalía", dijo Burbano."Es una especie de juicio pequeño en el cual tendrá que definir si acepta la solicitud o no. De todas formas, la decisión del juez podrá ser apelada por las partes y esta decisión irá al Tribunal Superior de Bogotá, quien tendrá la última palabra sobre si acepta o no la solicitud de preclusión, es decir, el juez deberá estudiar los argumentos y pruebas presentadas por todas las partes", enfatizó Burbano.En el escenario de que el juez acepte la preclusión, que es lo que normalmente ocurre, teniendo en cuenta que el líder de la acción penal, es decir, el fiscal del caso, es quien la está solicitando y que hay una alta posibilidad de que el Ministerio Público respalde la misma, las partes interpondrán un recurso de apelación para que sea el Tribunal Superior de Bogotá el que defina el futuro del proceso.En este punto, según expertos penalistas, puede pasar que confirme la decisión de precluir la investigación o la rechace y, entonces, la Fiscalía tendría dos alternativas: volver a presentar mejor sustentada esa solicitud de preclusión o cambiar de opinión y presentar escrito de acusación.Sin embargo, la batalla jurídica es aún más larga, según el penalista Francisco Bernate. Cuando la decisión del tribunal quede en firme, las partes podrían interponer recursos contra la misma como tutelas o recurso de revisión.“El único escenario en el que el proceso regrese a la Corte Suprema de Justicia es que una de las partes interponga una acción de tutela cuando la decisión quede en firme. El asunto es que el proceso del expresidente Uribe estuvo en la Sala de Instrucción y Juzgamiento de la Corte. Esta tutela se interpondría ante la Sala de Casación Penal de la Corte, de manera que no hay ningún escenario en el que el proceso del senador Uribe vaya a la Sala de Instrucción y Juzgamiento o, si se negara la preclusión, se presentara una acusación, se tramitara un juicio y se emitiera una condena en sede de Casación de la Corte podría terminar el caso”, dijo el togado.El abogado Iván Cancino estuvo de acuerdo con que podría radicarse una tutela, pero que el recurso de revisión es casi improbable que suceda.“Solamente la tutela y la revisión sería casi improbable, porque se necesitaría un elemento nuevo y un elemento nuevo en el proceso es casi imposible que aparezca”, explicó.La batalla judicial será larga porque el exfiscal Eduardo Montealegre, víctima en el proceso, anunció en los micrófonos de BLU Radio que ya tienen pensada una tutela o irse a instancias internacionales si se confirma la preclusión."La batalla jurídica para lograr que los crimines de Álvaro Uribe no queden en la impunidad es larga. Si los jueces declaran la preclusión, interpondremos tutela ante la Corte Suprema de Justicia para proteger los derechos de las víctimas a verdad justicia y reparación", afirmó el exfiscal."Si es del caso, acudiremos a instancias internacionales para que estos crímenes no queden en la impunidad. Los colombianos deben tener la certeza de que llevaremos este caso hasta las últimas consecuencias, en búsqueda de la verdad, no vamos a desfallecer en la lucha por el derecho”, finalizó Montealegre.
En su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía de solicitar la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por el caso falsos testigos.La funcionaria criticó que en el caso, según dijo, "haya abuso de poder para garantizar impunidad”.“No hay mucho de que sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas”, escribió la alcaldesa.El pronunciamiento se dio luego de que la Fiscalía anunciara que pidió a un juez que archive la investigación penal contra el expresidente y excongresista por presunta manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda.El fiscal Gabriel Jaimes concluyó que "varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito", señaló su despacho en un comunicado este viernes.Según su dictamen, si bien dentro del proceso encontró presuntas violaciones a la ley no "se le pueden atribuir" al exmandatario "como autor o partícipe".
El senador Iván Cepeda, considerado víctima en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, reaccionó a la decisión de la Fiscalía que pidió audiencia de preclusión del proceso al considerar que las conductas con las que se le vinculó "no tienen la característica de delito".El congresista anunció que demandará al fiscal Gabriel Jaimes por, en su parecer, haber omitido el cumplimiento de sus funciones.“No ha cumplido lo que ordena la Constitución y la Ley, aseguró Cepeda.“La función del fiscal es investigar al imputado, no desechar olímpicamente las miles de pruebas que hay en su contra y practicar unas supuestas nuevas pruebas contra el testigo principal y las víctimas”, agregó.De acuerdo con Cepeda, Jaimes en vez de dedicarse a estudiar lo que la Corte Suprema recopiló en el expediente, optó por omitir sus funciones.Cepeda también se refirió al duro mensaje que publicó en contra de Álvaro Uribe en el que aseguró que no hallará luz al final del túnel.“Un señor como Álvaro Uribe termina su política de manera triste, es una historia rodeada de falsedades”, agregó.Escuche al senador Iván Cepeda en Mañanas BLU:
El senador Iván Cepeda, considerado víctima en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, reaccionó a la decisión de la Fiscalía que pidió audiencia de preclusión del proceso al considerar que las conductas con las que se le vinculó "no tienen la característica de delito".“El país sabe de su culpabilidad, la juventud conoce su verdadero rostro”, le dijo Cepeda a Uribe en Twitter.“Para usted no habrá luz al final del túnel”, agregó.Cepeda aseguró, además, que la decisión del fiscal Jaimes se veía venir y que fue previamente ambientada para hacer parecer que fue "algo legal"."Eso es un atropello grosero contra la justicia y contra un proceso en el cual hay un inmenso acervo probatorio no solo desde el punto de vista de la solidez de las pruebas que recaudó la Corte Suprema sino también de lo voluminoso que es el expediente, de 1.550 páginas, que elaboró la Sala de Instrucción para pedir la medida de aseguramiento (prisión) contra Uribe", dijo el congresista tras conocer la decisión.Añadió que en los próximos días sus abogados apelarán la decisión ante la instancia pertinente ante el Tribunal Superior de Bogotá, que es el que "tiene la última palabra".El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en ese entonces preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.El proceso se volvió en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema de Justicia, porque no solo lo archivó, sino que decidió abrir una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos.Escuche el análisis de esta noticia en Mañanas BLU:
La Fiscalía solicitó este viernes la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal.“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, argumenta el organismo.Minutos más tarde, Uribe reaccionó al anuncio, al cual calificó como un “paso positivo”.“Gracias a Dios por este paso positivo. Gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad”, escribió el expresidente.
El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe en el proceso por presunta manipulación de testigos, habló con Mañanas BLU acerca del caso judicial que este viernes tuvo una jornada crucial, puesto que la Fiscalía radicó petición de audiencia de preclusión en el caso que investigó inicialmente la Corte Suprema de Justicia."Para la defensa lo que importa es la verdad y esa es nuestra visión, si la Fiscalía ha coincidido con su trabajo autónomo e independiente, por supuesto vemos que se está abriendo camino la verdad y la justicia", declaró el juristaSegún Granados, el ente investigador debe contar con los argumentos para solicitar la preclusión."Es la conclusión que la defensa ha prohijado, ha abanderado y apoyado. Es nuestra tesis del caso. La Fiscalía tendrá argumentos para fundamentarla", afirmó."El momento culminante no es hoy, sino será durante la audiencia, de una manera pública y contradictoria, que un juez sea quien tenga la última palabra", añadió.Escuche al abogado Jaime Granados en entrevista con Mañanas BLU:
La Fiscalía informó que el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, quien lidera la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tomó la decisión de radicar ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, solicitud de audiencia de preclusión del proceso que se le llevaba como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal. La solicitud será radicada a las 10 de la mañana, de manera virtual.De acuerdo con la Fiscalía, varias conductas por las cuales se vinculó al exmandatario al proceso por falsos testigos no pueden ser consideradas delitos. Aunque aclara que en el caso pudo haber actuaciones delictivas, el organismo acusador manifiesta que no hay elementos para determinar que el exsenador haya sido coautor o partícipe de estas.“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, dice un comunicado de la Fiscalía.El organismo acusador manifiesta que la investigación para realizar la solicitud, que se formalizará este viernes, se realizó en el marco del ordenamiento jurídico.“Estas conclusiones responden a la aplicación de los parámetros fijados en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio) y serán expuestas en diligencia pública ante el juez Penal del Circuito que disponga el sistema de reparto. Las mismas podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados”, indica la Fiscalía en el comunicado.Finalmente, la entidad hizo una invitación para seguir la audiencia de preclusión que será fijada por parte de la judicatura. En la diligencia, se conocerán detalles los argumentos de la decisión que para la Fiscalía son trascendentales para que la ciudadanía forme “un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos”.Esta es la cronología del caso:En casi cinco años, una denuncia interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe contra el senador Iván Cepeda, por supuestamente fabricar testigos para que declararan en su contra vinculándolo con el paramilitarismo, dio un giro de 180 grados y llevó a que, en el 2018, la Corte Suprema de Justicia, dijera que no había mérito para investigar a Cepeda y por el contrario, abriera una investigación contra el expresidente por la presunta compra, fabricación y manipulación de falsos testigos.“Sorprendentemente evidenciaron una realidad muy diferente a la denunciada, y, por lo mismo, a esta sala no le quedará alternativa distinta a la de compulsar copias para que se adelanten las correspondientes pesquisas y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar”, explicó la Corte en su momento.En octubre del 2019, durante siete horas el expresidente rindió indagatoria en el despacho del magistrado César Augusto Reyes, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Al finalizar la diligencia, el expresidente quedó formalmente vinculado al caso por los por los delitos de fraude procesal y soborno. La Corte le dictó medida de aseguramiento domiciliaria. Después de la diligencia, Uribe dijo que nunca supo de pagos a testigos.“Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, 10 meses después de una declaración de un testigo Carlos Enrique Vélez, le dio 2 millones de pesos que por razones humanitarias, fue a decírmelo a la oficina, le dije hombre doctor Cadena si me consultado le digo que de ninguna manera, terminantemente no. Después apareció en las diligencias que eran 7 millones y entonces, el señor dijo que lo habían comprado para que dijera una mentira en favor del Álvaro Uribe”, dijo el expresidente.En agosto del año pasado, el expresidente Uribe renunció al senado calculando que en la Fiscalía le iría mejor, según él, la falta de garantías en la corte lo llevaría a una condena injusta.“Por la falta de garantías, ese encarcelamientos mío, esa providencia era el anticipo de una condena injusta por rabia política”, explicó el exmandatario Uribe.Y así fue. En octubre del año pasado, la juez 30 de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, le concedió la libertad al exsenador Álvaro Uribe Vélez, y dijo que no era posible, constitucionalmente, ni admisible, equiparar la indagatoria a la imputación de cargos por lo que el proceso debía iniciar desde cero en la fiscalía.“La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la petición elevada por la defensa, apoyada por la Fiscalía y el Ministerio público y en ese orden se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez”, dijo la funcionaria judicial.Con las apelaciones, el caso llegó a un juez de segunda instancia que resolvió que la indagatoria que había rendido Uribe en la corte era equiparable a una imputación de cargos, es decir, lo dejó en calidad de imputado como presunto responsable de soborno y fraude procesal pero lo dejó continuar en libertad.“Revocar parcialmente la decisión de primera instancia, en punto de reconocer la adecuación procesal demandada por los recurrentes hasta la formulación de imputación y en consecuencia, la validez de lo actuado bajo los preceptos de la ley 600 de 2000 a excepción de la medida de aseguramiento impuesta al procesado”, concluyó el juez 4 de conocimiento de Bogotá.Luego, en enero de este año, se vino otra pelea jurídica. La defensa del expresidente Uribe interpuso una tutela ante el tribunal superior de Bogotá con la que buscaba tumbar la imputación de cargos en su contra. A pesar de que el fiscal del caso, Gabriel Ramón Jaimes, apoyó la decisión, el tribunal la rechazó por improcedente y el proceso quedó en la misma etapa: el expresidente en libertad, pero vinculado al proceso. Es decir, el siguiente paso era si la Fiscalía presentaba un escrito de acusación en su contra o llamado a juicio o si por el contrario o recluía el proceso o alguno de los delitos en su contra.
Todo está listo para la realización de la Asamblea 61 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Barranquilla, del 16 al 21 de marzo, que contará con una agenda oficial y una paralela denominada 'Circuito Colombia'.Este lunes, en rueda de prensa virtual, fue presentado el evento por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo; la ministra de las TIC, Karen Abudinen, y el secretario general del BID, Martín Bés. El evento estaba programado para 2020, pero fue suspendido por la pandemia, por lo que este año los actos no contarán con público y serán virtuales.“A raíz de la pandemia este encuentro nos servirá para analizar, entre otros temas, el aprovechamiento de las tecnologías para lograr más inversión social”, explicó Martín Bés, quien dio a conocer la agenda de la Asamblea.Según el secretario general del BID, un grupo reducido del Banco vendrá a la ciudad para mostrar a Barranquilla ante el mundo. El presidente de la República, Iván Duque, y el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, también estarán en forma presencial, sin embargo, todas las conferencias serán virtuales.Uno de los anuncios de mayor relevancia será la publicación del Informe Macroeconómico Anual sobre América Latina y el Caribe, el cual será una de las herramientas para tener en cuenta para la definición de políticas por parte del BID.En esta oportunidad la agenda paralela del evento se ha denominado 'Agenda Circuito Colombia', en la que se tratarán temas relacionados con el país anfitrión, reunirá a grandes líderes de diversos sectores junto con otros invitados nacionales e internacionales, y será transmitida en directo por las distintas plataformas virtuales del evento.El cambio climático y la administración de justicia son algunas de las temáticas de esta agenda paralela."Este es un primer paso para la reactivación de las relaciones bilaterales. Desde Barranquilla se van a tomar decisiones muy importantes para el futuro del Banco y de Latinoamérica. Esta va a ser una Asamblea que nos permitirá llegar a consensos y así podremos trabajar más unidos como región, eso nos enseñó la pandemia, que somos una sola humanidad", dijo el alcalde Jaime Pumarejo.La ministra de las TIC, Karen Abudinen, se refirió a la importancia de las conferencias: “Con una agenda nutrida y virtual, los ciudadanos podrán participar y tener la oportunidad de escuchar a alcaldes de diferentes países compartiendo experiencias de desarrollo”.Conozca aquí la agenda:
Se destapó el choque que tuvieron el Gobierno colombiano y la Relatoría de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El organismo internacional pidió que no se reanudaran las fumigaciones aéreas con glifosato y el Gobierno emitió una muy dura respuesta rechazando la petición.La carta, firmada por los relatores, fue enviada al Gobierno en diciembre de 2020, pero se conoció dos meses después. La misiva expresó la preocupación de los relatores por las acciones del Gobierno para retomar la aspersión aérea con glifosato y asegura que el programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato representa un riesgo para los derechos humanos y para el medio ambiente.En carta enviada por la vicecanciller, Adriana Mejía a Beatriz Balbin, jefa de la Subdivisión de los Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, el Gobierno colombiano rechazó este llamamiento urgente de los relatores, “Dado que no cumple con los requisitos establecidos” que tienen que ver con dos aspectos: que el tema en cuestión ponga en peligro vidas humanas y que sean situaciones que no puedan ser tratadas por el código de conducta.“En este sentido, en nombre del Gobierno colombiano, me veo en la obligación de rechazar el llamamiento urgente que hacen los procedimientos especiales, dado que no cumple con los requisitos establecidos en el código de conducta que rige el desempeño de su mandato”, dice la carta.Agrega en la comunicación que las acciones de los relatores de la ONU prejuzgan sin base “cierta para ello” al decir que el Gobierno ha tomado decisiones que no cumplen con los requisitos de la Corte Constitucional para retomar esta práctica.“Por otra parte, y más importante aún, los procedimientos especiales prejuzgan, sin una base cierta para ello, cuando afirman que cualquier decisión del Gobierno de Colombia sobre este tema “no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia”, dice la misiva.“En virtud de lo anterior, y en el entendido que el Llamamiento Urgente no atiende lo establecido en el marco legal que rige el desempeño de los representantes de los procedimientos especiales, como me he permitido señalar, tengo a bien acusar recibo de la comunicación enviada por los Procedimientos Especiales, señalando que, en la presente oportunidad, el Estado se abstendrá de formular comentarios adicionales a los ya expuestos. Sea esta oportunidad propicia para renovar a la señora Jefe de Subdivisión de los Procedimientos Especiales las seguridades de mi más alta y distinguida consideración", agrega.
El sueño de seis jóvenes cuyo deseo era conocer el mar se estrelló contra la dura realidad del conflicto en Colombia. La Policía estableció que en el sector de Puerto Bélgica, en Puerto Valdivia, fueron abordados por ilegales que les prometieron pagarles un millón de pesos a cambio de que fueran a trabajar en una finca. La Policía de Antioquia confirmó que fue hallado con vida uno de los seis jóvenes desaparecidos en Puerto Valdivia, quienes pretendían viajar desde Anserma (Caldas) a la costa Atlántica para conocer el mar .El joven, de 21 años, fue hallado en una finca de Cáceres (Antioquia), supuestamente fue abandonado porque tenía unos problemas de discapacidad tras una operación de columna y no podía caminar al ritmo de los otros.Sobre el caso, habló en Mañanas BLU el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia. "Esta es una de las formas de reclutamiento ilícito. Son personas que no conocen las jurisdicción y son asaltados en su buena fue, es una de las hipótesis", declaró el oficial. "Lo que nos está indicando Mauricio hace parte de la reserva para poder dar con los otros muchachos", agregó el coronel Cabra. Otra hipótesis que tienen las autoridades es que uno de los jóvenes que iba en la expedición conocía el contacto y que dentro de los planes estaba permanecer con el grupo ilegal.Escuche esta noticia en Mañanas BLU:
En hechos ocurridos en un apartamento del barrio San Alonso en Bucaramanga, la Policía capturó en flagrancia a un hombre que agredía a su esposa de 21 años, quien se encuentra en estado de embarazo.La mujer grabó un video del momento de su captura, en el cual el agresor la intimida verbalmente con el propósito de evitar que la Policía se lo lleve esposado.“Tú me vas a denunciar y sabes que me van a meter preso, pero eso se paga”, asegura el hombre de 25 años en medio de las lágrimas mientras es sacado por dos policías del apartamento.La golpeada mujer le dice: “Yo portarme bien contigo no puedo, Dionisio”, mientras le advierte que no debió viajar a verla.El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Javier Martín, agradeció el llamado de los vecinos para que sus hombres llegaran a tiempo para impedir una mayor agresión y dijo que el hombre es un desalmado por atacar a la mujer con el agravante de su estado de gestación.
La Fiscalía citó a imputación de cargos a los exgobernadores Darío Vásquez Vásquez (2008-2011) y Alan Edmundo Jara Urzola (2012-2015), quienes, según la investigación, habrían permitido realizar construcciones en un área protegida de reserva forestal, sin licencia ambiental y desatendiendo las advertencias sobre el grave daño que ocasionaría el proyecto.Según las pesquisas, lideradas por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los dos exgobernadores de Meta y algunos de sus colaboradores estuvieron involucrados en la contratación y en permitir el avance de las obras de remodelación de un colegio internado en el Parque Nacional Natural Tinigua.Según la Fiscalía, el 29 de abril de 2011, el entonces gobernador Darío Vásquez Vásquez, suscribió el contrato N° 081 para el mejoramiento de la infraestructura del Internado Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena, sede Juan León, en la vereda Brisas del Guayabero, en La Macarena (Meta). El contrato superó los 4.100 millones de pesos y al parecer, se realizó sin exigir licencia ambiental ni permisos de aprovechamiento forestal.Después, en la administración de Alan Jara, las obras iniciaron, a pesar de que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales le advirtió al mandatario suspender cualquier proyecto de infraestructura y servicios en los Parques Nacionales Naturales del departamento. Dice la Fiscalía que Jara continuó la obra e hizo caso omiso a la solicitud.“Para la Fiscalía, los entonces funcionarios que participaron en las distintas fases del proyecto, al parecer, incumplieron las normas ambientales y de contratación vigentes. Además, habrían puesto en grave riesgo a la flora, fauna, suelo y agua del Parque Nacional Natural Tinigua; y en alto grado de vulnerabilidad a los estudiantes y planta de profesores”, dijo el ente acusador a través de un comunicado de prensa.Por los hechos, a los dos exgobernadores se les imputarán cargos como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daños en los recursos naturales agravado.Los otros ex funcionarios que deberán responder por los mismos hechos y los mismos delitos son: Gilberto Toro Franco, exgerente del Instituto de Desarrollo del Meta; Juan Carlos Medina González, exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de Desarrollo del Meta; Andrés Perea Mejía, ex subgerente técnico del Instituto de Desarrollo del Meta y a Javier Armando Castellanos Bohórquez, ex director operativo del Área de Estudios, Diseños y Proyectos, adscrito a la Sub Gerencia Técnica del Instituto de Desarrollo del Meta.