La Fiscalía General de la Nación pidió nuevamente este lunes la preclusión de la investigación contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.El ente investigador anunció que, como respuesta de una tutela, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, quien asumió el caso, radicó una nueva solicitud de preclusión de la investigación que seguía su curso."La Fiscalía vuelve a solicitar la preclusión en el caso Uribe. La cobardía de una institución decadente. Volveremos a derrotarlos", señaló al respecto el abogado Miguel del Río, quien asumió este año como representante de víctimas en el caso contra el exmandatario.Con relación a la investigación que se sigue contra Uribe Vélez fueron practicados los actos de investigación sugeridos por la juez 28 penal del circuito de Bogotá, quien negó la solicitud de preclusión de la investigación solicitada previamente.Le puede interesar:En el proceso del despacho a cargo del caso se tomaron 14 declaraciones, se efectuó un interrogatorio a Uribe, se ejecutaron siete inspecciones a diferentes autoridades.Además, se hizo una búsqueda selectiva en base de datos con práctica de pruebas técnicas y análisis forenses en fotografía y video, acústica, informática forense y extracción de información de teléfono celular, entre otras.Sin embargo, como respuesta de una tutela, el fiscal Cárdenas radicó una nueva solicitud de preclusión de la investigación que se adelanta al exjefe de Estado, la cual tendrá que resolverse en los estrados.
El presidente Iván Duque premió con una medalla "al mérito" al fiscal Gabriel Jaimes, en quien recayó el caso del expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y soborno de testigos y que decidió, en vez de procesarlo, pedir la preclusión, lo que un juzgado rechazó este año.Duque, junto al fiscal general, Francisco Barbosa, le entregó este miércoles a Jaimes la condecoración Enrique Low Murtra, que se da en reconocimiento a las virtudes y servicios de los funcionarios y empleados de la Fiscalía, en un acto en el que se conmemoraba el trigésimo aniversario de la institución.A Jaimes, quien es coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, le han sido reconocido "los años de servicio que ha dedicado a la Fiscalía General de la Nación" y "su consagración al trabajo y aportes en beneficio de la entidad que han contribuido con el compromiso de administrar justicia en el país".También fueron condecorados la actual vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, y el director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Alberto Acevedo.Jaimes, designado por Barbosa, quien es un cercano a Duque, fue el encargado de recibir el caso por el que actualmente está imputado Uribe cuando este decidió dejar su curul en el Senado, por lo que dejó de estar aforado y su caso pasó a manos de la Fiscalía.EL CASO URIBEEl caso de Uribe comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia del exmandatario contra el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, decidió no abrir investigación contra el senador de izquierdas y, en cambio, inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos.Más adelante, a mediados de 2018, la Corte llamó a Uribe a indagatoria por fraude procesal y soborno, pues las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban a que el expresidente, a través de terceros como el abogado Diego Cadena, al parecer intentó manipular las versiones de varios exparamilitares para que declararan contra Cepeda.Uno de los puntos más álgidos del proceso fue el 4 de agosto de 2020, cuando la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó la detención domiciliaria del expresidente, que permaneció 67 días en detención domiciliaria en su finca de El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba Uribe renunció el 18 de agosto de ese año a su escaño en el Senado perdiendo su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia, donde decía que no tenía garantías, perdió su competencia en el caso, que pasó a la Fiscalía, que lo delegó en Jaimes.Jaimes, junto con la Procuraduría y la defensa del expresidente, solicitaron a la jueza ordinaria precluir el proceso al considerar que las pruebas no demostraban que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra Cepeda.Sin embargo, finalmente el 27 de abril de este año, la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, anunció su decisión de no precluir el proceso y ordenó a la Fiscalía, en una decisión que decidieron no apelar, que Uribe vaya a juicio.
La Fiscalía General de la Nación citó a declarar al testigo Juan Guillermo Monsalve y su expareja Deyanira Gómez por la investigación que se adelanta en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de presunto fraude procesal y soborno.La citación para declarar quedó para el próximo martes, 28 de junio, y viernes, 1 de julio, al testigo clave por el proceso que se adelanta en contra de Uribe por presunta manipulación de testigos.Sin embargo, la defensa de Juan Guillermo Monsalve, el abogado Miguel Ángel del Río, anunció que no asistirán por falta de garantías: “Sea lo primero advertir la sorpresa de su comunicación, cuando en múltiples ocasiones se le ha advertido al despacho fiscal con suficiencia la negativa de asistir a las diligencias precitadas por falta de garantías para las víctimas”.También advirtió de posibles ataques del fiscal delegado y los problemas que han presentado con la representación de las víctimas.“Ahora bien, dirá su despacho que no era usted el titular de las mismas para el momento de su requerimiento y le cabe razón, sin embargo, la institución que usted representa -un vasto cuerpo débil -es la misma que ha perseguido y satanizado el papel de las víctimas en la presente actuación. Basta escuchar los ataques del fiscal delegado Gabriel Jaimes en contra de Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez en las audiencias de solicitud de preclusión para advertir dicha conducta, incluyendo una temeraria compulsa de copias en contra de ellos. Es que la representación de víctimas en este expediente ha fungido para la Fiscalía como acusados y el imputado como víctima en un ejercicio deteriorado del poder punitivo”, señaló la defensa de Monsalve.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela del senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre contra la Fiscalía y le dio un ultimátum al ente acusador para que defina si acusa o precluye la investigación en el caso por presunta manipulación de testigos.“Exhortar a la Fiscalía General de la Nación para que en un plazo no mayor a noventa días contados desde que el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema recibió el caso determine si solicitará preclusión o radicará acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez”, se lee en el fallo de la tutela.Tras la decisión del tribunal, el senador Iván Cepeda anunció que impugnará la decisión porque, según él, se intenta que las víctimas en el proceso deban someterse a nuevas dilaciones de la Fiscalía.“Anuncio que impugnaremos la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en la que se intenta que las víctimas en el proceso que se adelanta debamos someternos a nuevas dilaciones de la Fiscalía; que continúen eludiendo el llamado a juicio del imputado Álvaro Uribe”, publicó Cepeda en su cuenta de Twitter.
La Fiscalía citará a interrogatorio a Álvaro Uribe Vélez, a entrevista a 26 personas y realizará siete inspecciones judiciales, lo anterior en medio de la investigación en contra del expresidente por los delitos de soborno y de fraude judicial.El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas, reactivó las actividades investigativas del proceso pues tiene 90 días para practicar pruebas y decidir si lleva o no a juicio a Uribe.La semana pasada, la juez 28 de conocimiento de Bogotá concluyó que existe una posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya incurrido en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por eso rechazó la solicitud de la Fiscalía y no precluyó la investigación.Según la funcionaria judicial, el expresidente no era ajeno a los acercamientos y ofrecimientos hechos a los testigos para que estos declararan a su favor. Para la juez, la Fiscalía no logró probar sus hipótesis para la solicitud de preclusión: la atipicidad del hecho investigado, es decir, que lo que se investigó no se enmarca en un delito y la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, es decir, que Uribe no participó en los hechos.Las sugerencias de la juezLa juez 28 de conocimiento de Bogotá, quien tomó la decisión de no precluir el proceso, dijo, por ejemplo, que en el caso faltó practicar declaraciones juramentadas, lo anterior tiene que ver con el episodio de la reunión que el abogado Diego Cadena ocultó, inicialmente, a la Corte Suprema de Justicia y en la cual estuvieron el coronel (r) Germán Rodrigo Ricaurte, exdirector de la cárcel de Cómbita, la abogada Ángela López y Fabián Rojas, exmiembro de la UTL del exsenador Uribe.La mencionada reunión en la que se habló de recoger varios testimonios de exparamilitares que habían sido consultados por el senador Iván Cepeda en la cárcel de Cómbita. Sobre este punto, dijo la juez, les quedó faltando entrevistar al coronel Ricaurte.En ese mismo proceso, según la justicia, quien ayudó a gestionar los testimonios de los exparamilitares de Cómbita Máximo Cuesta, Johany Cadavid y Elmo Mármol Torregrosa, fue Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias ‘Cesarín’, y por eso le causó extrañeza que no presentaran su testimonio.Pero no fue el único caso. Añadió que, sobre el caso del exparamilitar Juan Carlos Sierra alias ‘Tuso Sierra’, quien en su momento dijo que el exfiscal Eduardo Montealegre y el exmagistrado Iván Velásquez le ofrecieron dádivas para que hablara en contra del expresidente Uribe, dijo que era necesario tener su testimonio.“La Fiscalía no recibió declaraciones de Pablo Hernán Sierra, o las del magistrado Iván Velásquez y del periodista Juan Carlos Giraldo. El periodista Giraldo o el magistrado Velásquez habrían podido confirmar si lo dicho por Juan Carlos Sierra era cierto o no. Tal vez en este caso habría sido más relevante contrastar la declaración de los testigos con el hecho mismo de que la Corte Suprema no pudo escuchar en declaración a Sierra Ramírez”, puntualizó.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Horas después de que los jueces de conocimiento enviaran un comunicado de prensa en el que se solidarizaban con la juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, por supuestos ataques sistemáticos en su contra, los abogados del expresidente Álvaro Uribe se pronunciaron y dijeron que respetan la decisión de la jueza de rechazar la decisión de precluir la investigación, así no la compartan.Los Jueces Penales del Circuito de Bogotá dijeron en el comunicado que rechazan los ataques sistemáticos y señalamientos en su contra, en virtud de las decisiones adoptadas.“No desconocemos el mandato del artículo 20 de la Carta Política que consagra la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opinión. Derecho que tiene sus límites a la luz de lo señalado por nuestra Corte Constitucional, pero dicha garantía, no significa que las opiniones puedan ser inspiradas en una intención desproporcionada, difamatoria, calumniosa o injuriante respecto del hecho que se quiere comunicar (…) Por lo anterior y en solidaridad con nuestra compañera, hacemos un llamado para que se respete la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado Social de Derecho”, expresaron los jueces.Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana dijeron que respetan y acatan la decisión de la juez, a pesar de no compartirla y que sus opiniones no son ataques a la independencia judicial.“Las manifestaciones públicas, sobre la decisión, realizadas recientemente por la defensa y por el doctor Álvaro Uribe Vélez, lejos están de constituir difamación, ataque, calumnia o injuria ni buscan socavar la independencia de los jueces (…) Así como un desacato de una decisión judicial sería inaceptable, lo es también que la opinión y el disenso respetuoso sea descalificado como ataque, señalamiento o irrespeto a la independencia judicial”, dice el comunicado.
A través de un comunicado, los jueces penales del circuito con función de conocimiento de Bogotá mostraron su respaldo a la juez 28 Penal con función de conocimiento, que recordemos estaba al frente del caso del expresidente Uribe, quien no dio por terminado el proceso en contra del exmandatario, el cual debe continuar.El comunicado señala que rechazan los ataques sistemáticos y señalamientos de los que estaría siendo víctima la juez y añaden que "todas las decisiones judiciales deben ajustarse al debido proceso; a eso estamos llamados todos los jueces de la República; si se discrepa de las mismas, el propio ordenamiento jurídico ha previsto los instrumentos legales para contradecirlas, ante las instancias establecidas".Lo anterior, se da en "solidaridad con nuestra compañera, hacemos un llamado para que se respete la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado Social de Derecho".Le puede interesar: escuche el podcast El Consultorio
La Fiscalía informó que el proceso que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, quedará en manos del fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez.La decisión, según el comunicado, la tomó la vicefiscal Martha Janeth Mancera, días después de que el coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, informara al fiscal general, Francisco Barbosa, que se le vencieron los términos para practicar los actos de investigación sugeridos por la juez 28 penal del circuito de conocimiento de Bogotá y que su criterio seguía siendo el de no llevarlo a juicio.“Considerando lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, ‘deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. En este evento el superior designará un nuevo fiscal’. Por lo tanto, la señora vicefiscal, con funciones del Despacho del Fiscal General de la Nación, dispuso variar la asignación especial del caso en mención para que sea asumido por el doctor Javier Fernando Cárdenas Pérez, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia”, dice el comunicado.Así las cosas, será el fiscal Cárdenas Pérez el que defina el futuro del proceso que se lleva en contra del expresidente, es decir, después de practicar nuevas pruebas, tendrá que decidir si lo llama o no a juicio. Para tomar la nueva decisión tendrá 90 días.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
BLU Radio conoció la carta de dos páginas que le envió el coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Ramón Jaimes, al fiscal general, Francisco Barbosa, y en la que deja a consideración reasignar el proceso a otro fiscal con dos argumentos: él no podría practicar más pruebas por vencimiento de términos y sigue creyendo que el caso debe precluir.En primer lugar, con base a la decisión de la juez 28 de conocimiento de negar la solicitud de preclusión hecha por la Fiscalía, el 5 de marzo del año pasado, el fiscal Jaimes dice que no tiene tiempo para practicar nuevas pruebas.“En razón de que la Fiscalía General de la Nación debe emprender la tarea establecida en el auto del 27 de abril de 2022 dentro de la radicación: 11001600010220200276, tal cometido no es posible ser atendido por el suscrito en razón al agotamiento de los términos previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal”, dice la misiva.Incluso, el fiscal delegado ante la Corte reitera que su criterio sigue siendo el mismo y que por eso no podría continuar con el caso.“No obstante que las argumentaciones de tal decisión en nada afectaron mi criterio jurídico sobre el caso, sí estimo razonable atender la determinación judicial aludida en cuanto al complemento de la investigación”, añade.Con esos argumentos, dice Jaimes, le deja sobre la mesa la decisión de reasignar el caso.“Conforme a todo lo anterior, y siguiendo lo establecido en el artículo 294 ibidem, debo informar a usted la situación acaecida, y dejar a su consideración la procedencia de la asignación de un nuevo fiscal para el conocimiento de la presente actuación en aras de una recta e imparcial administración de justicia”, concluye.El pasado 27 de abril, la juez 28 de conocimiento de Bogotá concluyó que existe una posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya incurrido en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por eso rechazó la solicitud de la Fiscalía y no precluyó la investigación.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Este fin de semana, el expresidente Álvaro Uribe criticó la decisión de la juez Carmen Helena Ortiz que se negó a archivar su caso por presunto soborno y manipulación de testigos y en cambio allanó el camino para enjuiciarlo. De manera paralela, 36 personas cercanas al exmandatario defendieron su honorabilidad y pusieron en duda la credibilidad de la justicia.En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, este lunes, abogados afines y críticos de Uribe analizaron si la justicia en Colombia está instrumentalizada o no por la política.“Hay un conjunto de violaciones sistemáticas contra el expresidente Uribe. El proceso tiene una razón de carácter político”, aseguró el abogado Rafael Nieto, ex precandidato a la Presidencia por el Centro Democrático."Yo creo que hay un sector de la rama que sí ha hecho persecución judicial. En Colombia se ha vuelto regla la judicialización de la política", agregó Nieto, quien aseguró que desde hace 15 años la justicia colombiana tiene entre ojos a Uribe.“A pesar del deterioro del estado de derecho durante el Gobierno Duque por la falta de independencia de los organismos de control en manos de personas cercanas al presidente, como el fiscal Barbosa, a pesar de eso, gracias a diseños institucionales y al propio coraje de jueces colombianos, subsiste la independencia judicial”, declaró Rodrigo Uprimy.“Puede haber decisiones equivocadas y casos de corrupción judicial, es cierto, nadie está diciendo que la justicia colombiana es perfecta, pero las tensiones del expresidente Uribe con la justicia vienen de lejos. No olvidemos que hubo seguimientos a magistrados de la Corte Suprema, lo cual es inconcebible en un estado de derecho”, agregó el jurista.
Este 9 de agosto se celebra el Día Internacional de Coworking, una tendencia que se analizó en Blu 4.0, de Blu Radio, con dos expertos para conocer su estado en Colombia.En conversación con Juan Pablo Villegas, director multipaís de Citrix en América Latina, y Laura Pulido, gerente de negocios WeWork, se puede concluir que esta forma de trabajo sigue ganando un importante terreno en el entorno laboral que se vio trastocado por la pandemia.Según la encuesta Regreso a la Oficina 2022, encargada por Citrix, en Colombia, el 35 % de los trabajadores utiliza un espacio de trabajo compartido y al menos 50 % asiste a estos establecimientos una vez a la semana.Entre las razones por las que los empleados acuden a estos lugares se destacan la posibilidad de establecer límites entre el trabajo y la vida hogareña (31 %), más concentración (21 %) y un mayor sentido de colaboración en comparación con el trabajo desde casa (17 %).“Yo creo que en algún momento muy cercano, llegaremos a tener una cifra del 95 % de uso de estos espacios en Colombia, lo que hará necesaria una regulación en las condiciones de trabajo que actualmente existen en el país con respecto al coworking”, afirmó Villegas.Por su parte, Pulido indicó que el impacto que tuvo el termino de la pandemia del COVID-19 sobre el uso de los espacios de coworking de WeWork fue importante, pero varios de sus clientes mantuvieron ese modelo de trabajo."Un gran porcentaje de sus clientes tuvieron la necesidad de mantener este servicio para sus colaboradores dada la negativa de volver a un modelo clásico de operación, lo que se complementó con la instalación de nuevos servicios y estrategias como la expansión de sus espacios en diferentes países, prácticas sostenibles y flexibilidad en su quehacer”, añadió.Por último, Villegas comentó que “cada generación implanta la forma en la que trabaja" y se ha asegurado al coworking como un lugar indispensable para el desarrollo profesional.
El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, participó en un evento en el que se refirió nuevamente al proceso de paz total que buscará impulsar el Gobierno de Gustavo Petro, reiteró que en la paz grande se contempla un diálogo con todos los grupos armados respetando su naturaleza e identidad."Acá hay de todo, hay la persona privada de la libertad condenada a 60 años y ven lo oportuno que significa salir o tener menos años de la privación de la libertad, también en esos seres humanos que han cometido y participado en crímenes de guerra y lesa humanidad, decisiones de aportar a la verdad para evitar que esto siga ocurriendo", explicó Rueda.Aseguró que con una manifestación pública de disposición de paz puede haber acercamientos para valorar la voluntad de paz de cada grupo y buscar una salida al conflicto, eso sí, dijo que no todos los grupos recibirán el mismo trato: "Distinguiendo a cada loro en su estaca".El propósito del Gobierno es estar en los territorios así haya cese unilateral al fuego o no, pues buscan asumir compromisos de cambio para lograr superar la marginación y desigualdad, por lo que la paz total implicaría además el reconocimiento de la violencia urbana."Esas violencias urbanas a veces tienen hilos invisibles con las violencias rurales, si logramos, por ejemplo, que las oficinas de Cali que presionaron y estaban ahí en medio del estallido social en los 13 puntos de la ciudad de Cali, visualizamos que es importante el diálogo social con los jóvenes, porque tenían la posibilidad de que las oficinas les suministraran armas, pero si resolvemos integralmente el conjunto de esas violencias, que invisiblemente interactúan y aparentemente no tienen connotación política, estamos pensando en que cesen la mayoría de las violencias armadas", dijo.Asimismo, hizo una invitación a la sociedad civil, pues explicó que, aunque el Gobierno debe articularse y dar respuestas eficaces al llamado de presencia en los territorios, también se pueden fortalecer los espacios de convergencia civil para lograr interlocuciones más eficaces."Tenemos un mapa grande de creatividad de la sociedad civil, pero es demasiado ineficaz estar escuchando, por distintas instancias de la sociedad civil, las mismas reclamaciones, cuando podrían ponerse de acuerdo y podríamos ganar en la eficacia de resultados, la idea es que el Gobierno sea desde los territorios, pero si las comunidades son escuchadas creo que todos ganamos", puntualizó.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La Superintendencia de Salud identificó más de 37 hallazgos en la ESE Metrosalud (red de hospitales y unidades intermedias que atienden a los habitantes de estratos 0, 1, 2 y 3 de Medellín), donde las falencias de infraestructura, falta de medicamentos y personal son las más preocupantes.Además, evidenciaron deficiencias en procesos de atención, operación y falta de mantenimiento a equipos e infraestructura en más de 50 sedes de Metrosalud, en Medellín.Uno de los puntos más preocupantes es el mantenimiento hospitalario, en el que han identificado que no se ha ejecutado en muchas de las sedes. En el informe confirman que ni siquiera se gastó el mínimo del 5 % del presupuesto como lo indica la ley.De los 54 puntos de atención, aseguran que hay un déficit de 7.000 medicamentos por entregar a fecha de mayo, cuando entregaron el informe. Pero lo delicado es que no tienen identificado a los pacientes que les faltan estos medicamentos.Frente a este panorama, Gloria Patricia Cadavid, presidente del sindicato de Metrosalud, dijo que a esas problemáticas se le suma la falta de personal, aseguró que hay 208 vacantes, entre puestos asistenciales y administrativos, que no han sido contratados, afectando la calidad en la atención para cerca de 500.000 usuarios.Cabe recordar que, en abril de este año, en el Concejo de Medellín denunciaron las graves afectaciones de infraestructura de más de 20 sedes de Metrosalud. Precisamente, la gerente de Metrosalud, Martha Cecilia Castrillón Suárez, sostuvo en medio de un debate de control político, realizado en dicha corporación en meses pasados, que la entidad estima que se necesita 185.780 millones de pesos para resolver los problemas de infraestructura, pero que solo cuentan con un presupuesto de 8.805 millones de pesos.Asimismo, concejales como Luis Bernardo Vélez se han pronunciado y denunciado públicamente las dificultades por las que atraviesa la entidad, es el caso de la sobrecarga laboral de los empleados.Le puede interesar: escuche el podcast El Zuletazo
Los entrenadores de La Voz Kids hicieron esperar hasta el último segundo a Juanita, una niña de 11 años que brilló en el diamante del programa durante las audiciones a ciegas al interpretar 'Bésame mucho'.Aunque pasaron los minutos y ningún cantante oprimía el botón para voltear su asiento, finalmente Andrés Cepeda, Kany García y Nacho se giraron al mismo tiempo.El venezolano fue el encargado de liderar esa estrategia a través de un papelito, como si fueran niños de colegio, que rotó por las sillas de la puertorriqueña y del colombiano.Juanita quedó tan sorprendida, pues pensaba que no pasaría a la siguiente fase de La Voz Kids, que rompió en llanto y se acuclilló.“Estoy muy feliz de poder estar acá (…) Cuando era pequeña escuchaba a mis papás y a mis tíos cantar”, comentó Juanita explicando el porqué escogió una canción lírica.Finalmente, la oriunda de Envigado, se unió al equipo de CepedaVea la presentación completa de Juanita en La Voz Kids:Le puede interesar: Noticias Internacionales
La Fiscalía de la Nación de Perú interrogó este martes a la primera dama de Perú, Lilia Paredes, en el marco de la investigación de un "presunto cobro indebido en agravio del Estado", puesto que ella, junto al presidente Pedro Castillo, presentaron una tesis que se investiga por supuesto plagio."El 1° Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Cajamarca recogió hoy la declaración de la primera dama, Lilia Paredes, en el marco de la investigación por el presunto cobro indebido en agravio del Estado, gracias al grado de maestría que obtuvo mediante una tesis cuestionada", escribió el Ministerio Público en Twitter.Castillo tiene abiertas cinco investigaciones por parte de la Fiscalía, de las cuales, una es el presunto plagio de su tesis, elaborada en conjunto con Paredes, pese a que la Universidad César Vallejo, donde fue depositada, aclaró que esta mantiene su aporte de originalidad y que no habría plagio.La Fiscalía no dio explicaciones sobre el presunto "pago indebido", ni detalló la relación de este con la investigación de supuesto plagio de la tesis conjunta de Paredes y Castillo.El caso comenzó el 1 de mayo, cuando un programa televisivo denunció haber encontrado un 54 % de coincidencias con otros autores no mencionados en la bibliografía del trabajo de postgrado de ambos, que son docentes.Cuatro días después, el 5 de mayo, el Ministerio Público dio inicio a una investigación contra la pareja presidencial por la presunta comisión de los delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado.El 21 de junio, la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba dispuso el traslado de dicha investigación a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, ciudad donde fue presentada la tesis."Me siento feliz por haber encaminado (una maestría) con mi propio sudor, haciendo un esfuerzo y llevando a cabo esta maestría. El trabajo lo hicimos en los niños de tercer y cuarto grado de mi escuela. No creo que se haya dado otra investigación con esos niños y esa comunidad. La investigación la hicimos con mi esposa Lilia", dijo Castillo en junio.Por otro lado, la primera dama acudió el 8 de julio a la Fiscalía en calidad de testigo en el marco de la investigación del Ministerio Público sobre la hermana de Paredes, Yenifer, por presunto delito de corrupción.
