Uno de los pilares de la administración de justicia es que debe ser pronta y cumplida, su importancia es tal, que es un principio consagrado como derecho fundamental de los ciudadanos.Lamentablemente, ese derecho a una administración de justicia pronta y cumplida se está incumpliendo de manera flagrante en el caso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, que inició de manera formal hace seis años en la Corte Suprema, pero cuyo origen se remonta al año 2012.El episodio más reciente de la cascada de contratiempos que ha tenido este caso se produjo en las últimas horas, con la inesperada renuncia del fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Palencia, quien tenía sobre sus hombros la responsabilidad de definir a más tardar el día de hoy, si llamaba a juicio o si decidía pedir que se archivara el proceso contra Uribe.Aunque el argumento para esa renuncia, no solamente al proceso de Uribe sino a su cargo como fiscal delegado Ante la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver con razones personales relacionadas con la salud de su familia, queda un mal sabor de boca frente al hecho de que la salida de Palencia se produzca cuando se le cumplió el plazo para definir el futuro del caso Uribe, escenario ante el cual quedan varias preguntas sin resolver.Ahora, un nuevo fiscal, Víctor Salcedo, tiene en sus manos todo el expediente y a partir de ahora comienzan a contarse 90 días hábiles para que conozca el caso y defina si acusa o pide archivar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, es decir que, al final, esta “papa caliente” terminaría en el mejor de los casos resolviéndose en abril de este año, dos meses después de la salida de Francisco Barbosa como fiscal general.Las víctimas consideran que no hay más plazos y que hoy debería definirse plenamente el caso Uribe, ante lo cual, el Tribunal Superior de Bogotá tendrá la última palabra. La alerta que ya comienza a encenderse es la posibilidad de que, en medio de este galimatías judicial, terminen prescribiendo los delitos presuntamente cometidos por el expresidente Álvaro Uribe, es decir, en uno de ellos estaríamos a siete meses de que ya no pueda ser investigado, lo cual sería absolutamente indeseable para el esclarecimiento de la verdad.Hoy, casi una década después de ocurridos los hechos que investiga la justicia sobre la presunta manipulación de testigos en la que habría incurrido el expresidente Álvaro Uribe para evitar que lo vincularan con grupos paramilitares, el país necesita conocer la verdad y, por lo tanto, se deben dar todas las garantías a los funcionarios que investigan el caso, para que adelanten su labor investigativa y judicial y le digan al país, sin sesgos políticos o ideológicos, si Uribe es culpable o inocente. No más dilaciones.
El senador Iván Cepeda, víctima en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, aseguró este miércoles que la Fiscalía General de la Nación está allanando el camino de la impunidad en este caso.En un comunicado, Cepeda señaló que la renuncia del fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Alberto Palencia Fajardo, no le permite al ente investigador atribuirse términos adicionales para realizar actividades investigativas."El referido término no tiene el carácter de personal, por tanto, la renuncia al cargo por parte del fiscal Palencia, no le permite a la Fiscalía General de la Nación atribuirse términos adicionales para realizar actividades investigativas", indicó Cepeda.El senador recordó que, tras dos años de investigación en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y más de tres años en la Fiscalía General de la Nación, en el expediente obra un robusto material probatorio, así como las decisiones adoptadas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y dos Jueces de la República, mediante las cuales negaron dos solicitudes de preclusión presentadas por el ente investigador."De no presentar escrito de acusación, la Fiscalía General de la Nación estaría propiciando una vez más un escenario de impunidad a favor del imputado, y allanando con ello el camino de la prescripción", advirtió Cepeda.El senador anunció que, dado que en segunda instancia la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce de su solicitud de amparo presentada en contra de la Fiscalía General de la Nación, por vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la verdad, la justicia y la reparación, en este caso, pondrá al Alto Tribunal en conocimiento de este nuevo hecho, para que sea considerado al momento de dictar el fallo de tutela de segunda instancia.El caso de Álvaro Uribe Vélez se remonta a 2012, cuando el expresidente interpuso una denuncia en contra de Iván Cepeda Castro, ante la Corte Suprema de Justicia. En febrero de 2018, el Alto Tribunal se inhibió de abrir investigación formal y, por el contrario, compulsó copias en contra del exmandatario, por haber incurrido presuntamente en manipulación de testigos. Los hechos que desencadenó esta decisión dieron origen a la investigación que hoy se sigue en contra de Uribe Vélez.Este es el comunicado:- Como es de conocimiento público, el día de ayer, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado mediante el cual informa acerca de la renuncia del Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y señala que “con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa relacionada con el proceso que se sigue contra el señor expresidente Álvaro Uribe, por fraude procesal y soborno a testigos”, la investigación le fue asignada al fiscal 12 Delegado ante el Alto Tribunal. En nuestra condición de víctima y representante de víctima nos permitimos informar a la opinión pública lo siguiente:1.- En 2012, el expresidente Álvaro Uribe interpuso denuncia en contra de Iván Cepeda Castro, ante la Corte Suprema de Justicia. En febrero de 2018, el Alto Tribunal se inhibió de abrir investigación formal y, por el contrario, compulsó copias en contra del exmandatario, por haber incurrido presuntamente en manipulación de testigos. Los hechos que desencadenó esta decisión dieron origen a la investigación que hoy se sigue en contra de Uribe Vélez, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.2.- Luego de dos intentos fallidos de preclusión, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, el 13 de octubre de 2023, asignó esta actuación procesal al fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Alberto Palencia Fajardo, quien, invocando el artículo 294 de la ley 906 de 2004, dispuso la realización de “actos de investigación complementarios”, por el término de noventa (90) días, los cuales vencen el día de hoy, 10 de enero de 2024.3.- El referido término no tiene el carácter de personal, por tanto, la renuncia al cargo por parte del fiscal Palencia, no le permite a la Fiscalía General de la Nación atribuirse términos adicionales para realizar actividades investigativas.4.- Tras dos años de investigación en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y más de tres años en la Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de la renuncia de Álvaro Uribe Vélez a su curul en el Senado de la República, en el expediente obra un robusto material probatorio, así como las decisiones adoptadas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y dos Jueces de la República, mediante las cuales negaron dos solicitudes de preclusión presentadas por el ente investigador, las cuales indican que a la Fiscalía General de la Nación no le queda un camino distinto a presentar, de manera inmediata, escrito de acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez.5.- De no presentar escrito de acusación, la Fiscalía General de la Nación estaría propiciando una vez más un escenario de impunidad a favor del imputado, y allanando con ello el camino de la prescripción.6.- Dado que en segunda instancia la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce de nuestra solicitud de amparo presentada en contra de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la verdad, la justicia y la reparación, en este caso, pondremos al Alto Tribunal en conocimiento de este nuevo hecho, para que sea considerado al momento de dictar el fallo de tutela de segunda instancia.Conéctese a la señal en v9ivo de Blu Radio:
Luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmó que el fiscal que llevaba el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció por "problemas personales", se conoció quién asumirá este proceso judicial.Se trata del fiscal Víctor Salcedo, quien será el encargado de definir si el exmandatario irá a juicio o, por el contrario, precluye el caso por las investigaciones que se adelantan por soborno a testigos y fraude procesal. Por lo anterior, Víctor Salcedo, que es el fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, tendrá 90 días para estudiar todo el proceso judicial y así dar el siguiente paso en el caso de Uribe.¿Quién era el fiscal que llevaba el caso Uribe?Andrés Palencia, presentó este martes la renuncia "argumentando razones personales, relacionadas con la salud de su familia", informó la Fiscalía en un comunicado.Por ello, "con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa relacionada con el proceso que se sigue contra el señor expresidente Álvaro Uribe, por fraude procesal y soborno a testigos, se ha asignado el caso al Fiscal 12 Delegado ente la Corte", que es Víctor Salcedo.Este cambio se produce a puertas de que la Fiscalía decide si presenta cargos contra el expresidente, después de que el pasado 6 de octubre la Justicia le dijera por tercera vez que hay razones para que lo haga.Sin embargo, han pasado más de tres meses y el ente acusador aún no ha decidido si va a acusar a Uribe.Detalles del caso UribeEl caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.Uribe dejó su escaño para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguir judicialmente al expresidente.Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que ha sido negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como ahora por el Tribunal Superior de Bogotá.El caso que le concierne es porque las víctimas consideran que Uribe, a través de su entonces abogado, Diego Cadena, fue a sobornar a testigos en el caso de Cepeda, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo. Vea también
Luego de la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de negar la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía, en los delitos que se investiga al expresidente Álvaro Uribe por posible compra de testigos y fraude procesal, el ente investigador ya designó un nuevo fiscal que asumirá el cargo: Andrés Palencia.Andrés Palencia, el fiscal delegado ante la Corte Suprema, que definirá si acusa o pide una nueva preclusión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta asignación se hace porque el fiscal anterior al ya haber solicitado anteriormente la preclusión de su caso, no podía seguir con el proceso.Este es el tercer fiscal que asume el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Primero fue Gabriel Jaimes; luego Javier Cárdenas y ahora Palencia, quien es abogado, egresado del Colegio Bilingüe de Valledupar y profesional de la Universidad Libre de Colombia¿Quiénes Andrés Palencia, el nuevo fiscal del caso Álvaro Uribe?El abogado Andrés Palencia es conocido por llevar dos casos muy conocidos: el de Óscar Iván Zuluaga y Luis Alberto Monsalve Gnecco. El 2 de diciembre fue posesionado como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, además estuvo nueve meses como director seccional de Fiscalías del César.Palencia fue juez de la Repúblicas. También se desempeñó como: escribiente sustanciado, auxiliar de magistrado, juez penal municipal, juez promiscuo municipal, juez penal contra bandas criminales, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad y juez penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, por lo que tiene un recorrido de 15 años en la Rama Judicial.Le puede interesar
Dos días después de conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó la preclusión del proceso contra Álvaro Uribe por soborno de testigos y fraude procesal, el ex presidente de Colombia se pronunció desde el Parque Gaitán en el barrio Manrique de Medellín. Desde allí insistió que nunca ha comprado testigos ni visitado una cárcel para hablar con ellos, y que lo único que hizo fue pedirle a sus abogados que verificaran informaciones que llegaron a sus oídos desde 2011 sobre supuestas visitas que, al parecer, el senador Iván Cepeda realizó a varios presos, ofreciéndole beneficios y dádivas para que declararan en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo.“Todas las declaraciones se mandaron a la Corte sin selectividad, en la forma como se recogieron (audio, video; declaraciones favorables y desfavorables), para que las verificara. No puedo aceptar que la Corte Suprema hubiera dicho que era para engañar a la Corte y que se siga poniendo en duda lo que está probado, pues mandé todas las declaraciones en señal de buena fe, para que las investigara”, señaló Uribe.De igual forma, el ex presidente, quien sería el primer ex jefe de Estado en ir a juicio, reiteró que fue Vicky Jaramillo quien le informó que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve quería contar la verdad y que por eso le pidió a su abogado que investigara.“Dicen que no hay toda la consistencia en lo de Vicky; puede que tenga inconsistencias pero lo que sí es claro es que ella fue quien me informó, no fue iniciativa mía. Cuando recibí esa información, es que le pido al abogado que la verifique”, añadió el ex presidente de Colombia.Álvaro Uribe Vélez advirtió que lo único que quiere la Corte Suprema de Justicia es que pase el resto de su vida en la cárcel.“Yo he hecho valer mi derecho a defender mi reputación y han abusado de ese derecho para anularme mis derechos electorales, para pretender anular mi libertad y ponerme a terminar mis años en una cárcel”.Finalmente, el ex mandatario también informó que pedirá espacios en las universidades de todo el país para debatir con estudiantes y profesores el caso.Le puede interesar:
Hoy se conoció una decisión histórica, polémica y que despierta odios y amores, tal vez la decisión judicial que mayor sensibilidad causa en la política colombiana, pues el Tribunal Superior de Bogotá no precluyó ninguno de los dos delitos por los que está siendo investigado el expresidente: fraude procesal y soborno a testigos. Uribe Vélez seguirá siendo investigado por el escándalo de los falsos testigos. La Fiscalía decidirá si el exmandatario va a juicio o pide la preclusión del caso por tercera vez.Esta novela comenzó en 2014, cuando Álvaro Uribe denunció a Iván Cepeda, según él, por andar en las cárceles consiguiendo testimonios que involucraban al expresidente con paramilitares.El expresidente Uribe nunca se imaginó que denunciar a Iván Cepeda le iba a costar hasta la libertad, pues esta película continúa en febrero de 2018, cuando Álvaro Uribe Vélez pasó de ser denunciante a ser investigado. La Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia de Uribe contra Cepeda, al considerar que había indicios de que no era Cepeda quien, al parecer, estaría intentando manipular testigos, y abrió una investigación formal contra el expresidente. Dos años después, en plena pandemia, en agosto de 2020, la misma Corte Suprema ordenó medida de aseguramiento en contra de Uribe, quien fue detenido en su finca en Córdoba, en el Ubérrimo.Ese mismo año, en 2020, el expresidente Uribe renuncia a su curul en el Senado, y la Corte le entrega el expediente a la Fiscalía, y el proceso empieza a cursarse en la justicia ordinaria, pues el expresidente ya no tenía fuero de senador.La primera vez que la Fiscalía pide precluir el caso fue en 2021 y un año después esta juez decidió no precluir el proceso contra el expresidente. Después de esta derrota de la Fiscalía, el fiscal del caso radica una segunda solicitud de preclusión, y el pasado 23 de mayo la jueza 41 de conocimiento de Bogotá decidió no precluir la investigación por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, argumentando que existen pruebas suficientes en el expediente para mantener al expresidente vinculado a una investigación penal.La Fiscalía apeló y, por esta razón, el caso pasó al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, y el Magistrado Carlos Andrés Guzmán reveló que la investigación contra el expresidente no debe precluir.La Fiscalía reasignará el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal para que lo estudie y tome una decisión en las próximas semanas. El acusador debe reasignar al fiscal Javier Cárdenas, titular del caso, porque él fue quien solicitó la preclusión en el caso Uribe. Entonces, no podría acusarlo en caso de que se presente este escenario. Por eso se hace esa reasignación, y deben designar a otro Fiscal delegado ante la Corte, quien definirá en los próximos días si acusa o no al expresidente.El Tribunal ratificó la sentencia que anteriormente la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá profirió el 23 de mayo de este año, para el Tribunal, existen siete puntos clave en los que la Fiscalía basó su apelación, algunos de ellos son: unas cartas enviadas a la Corte Suprema de Justicia por el exparamilitar El Tuso Sierra, el presunto pago de $200 millones al exparamilitar Carlos Vélez, la presunta persuasión a Juan Guillermo Monsalve a través de alias caliche, y las cartas de tres ex paramilitares en Cómbita contra el senador Iván Cepeda. Para el Tribunal, la Fiscalía se quedó corta en su investigación contra el expresidente.Le puede interesar:
El Tribunal Superior de Bogotá anunció que el testimonio de Juan Guillermo Monsalve sí debe ser tenido en cuenta contra Álvaro Uribe. Este testimonio, entre otras cosas, dice que el expresidente tendría nexos con el paramilitarismo.Cabe recordar que existe una grabación que ha generado que se señale a Álvaro Uribe con el delito de soborno porque, presuntamente, habría autorizado a su exabogado Diego Cadena para hacerle una propuesta al exparamilitar y testigo estrella contra él, Juan Guillermo Monsalve, y cambiar su declaración.Esta es la historia del caso contra Álvaro UribeEsta novela empezó en 2014, cuando Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda, porque, según el, andaba en las cárceles consiguiendo testimonios para involucrar al expresidente con las AUC. Sin embargo, la corte archivó este tema cuando halló que el expresidente habría incurrido en soborno. En febrero de 2018, el ente abrió una investigación formal contra el expresidente y dos años después, 2020, ordenó medida de aseguramiento contra Uribe, quien fue detenido en su finca en Córdoba: el Ubérrimo.Fue en 2021 cuando por primera vez la Fiscalía pidió precluir el caso y hasta 2022 fue que un juez decidió no precluirlo. No obstante, el ente investigador radicó una segunda solicitud y, el 23 de mayo, la jueza 41 de conocimiento de Bogotá decidió no precluir la investigación por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, pues argumentó que existen pruebas suficientes en el expediente para mantener al expresidente vinculado a una investigación penal.Es por esto que, el caso, pasó al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Andrés Guzmán, quien reveló el fallo este viernes, 6 de octubre. Ahora, el panorama es el siguiente: el delito de soborno en Colombia tiene una pena de cárcel estimada entre 4 y 8 años y el delito de fraude procesal entre 6 y 12 años de prisión, penas a las que se expondría el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de llegar a ser condenado. Le puede interesar
En la tarde de este viernes, 6 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá, bajo la dirección del magistrado Carlos Andrés Guzmán, decidió no precluir tanto el delito de soborno como el de fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe.Durante la audiencia, el magistrado aseguró además que el testimonio de Juan Guillermo Monsalve sí debería ser tenido en cuenta contra el expresidente Uribe.Siga el en vivo de la audiencia aquí:No obstante, la decisión del alto tribunal no necesariamente envía directamente al expresidente a juicio, pues la Fiscalía General de la Nación aún puede solicitar la preclusión por tercera vez. Eso sí, tendrá que asignar otro fiscal.Ahora, en caso de que el ente opte por radicar escrito de acusación, Álvaro Uribe Vélez sería el primer exmandatario en ser llamado a juicio por la justicia ordinaria.Esta decisión del tribunal llega después de un lapso de más de cuatro meses, desde que la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá, Laura Estella Barrera, determinara, por segunda vez, que el proceso legal contra Uribe Vélez no puede ser archivado.La jueza argumentó en su momento que existen pruebas suficientes en el expediente para mantener al expresidente vinculado a una investigación penal por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, decisión que fue apelada por la Fiscalía. Por esta razón, el caso pasó al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Andrés Guzmán.Le puede interesar:
Desde Cartagena, el expresidente Álvaro Uribe conoció que el Tribunal Superior de Bogotá ratificaría la decisión de negar la preclusión de su proceso y ordenó además llevarlo a juicio.El exmandatario aseguró que recibe con enorme preocupación la noticia, y que él no sabe de sobornar testigos y tampoco engañar a la Corte."Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni engañar a la Corte, toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte para que la examinará en ejercicio de su competencia, pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la Corte para engañarla”, sostuvo.En medio de su declaración, el expresidente Uribe también afirmó que ninguno de los testigos en su contra ha podido desvirtuar su versión.“Ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido desvirtuar mi afirmación, de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos, simplemente pedí que se verificará si las informaciones que me llegaban a mí, de que personas como el Senador Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensa para que me acusarán injustamente, si eso era verdad”, indicó.A su vez, el expresidente fue enfático en decir que este procesos ha estado viciado desde sus inicios.“También es muy importante decir lo siguiente, el proceso empezó con vicios fue un proceso que empezó en la sala penal de la Corte y que parecía una vindicta contra mí por algunas diferencias que tuve con la Corte en el ejercicio presidencial (…) Se preguntó si existía ese proceso me dijeron que no, quien presidía la Corte en ese momento hablaba en los medios de comunicación, parecían unos magistrados en discurso político contra mi persona, pero además uno de ellos hoy ya es magistrado, representa políticos ante una sala de magistrados que el mismo ayudó a elegir, esto es increíble”.Asimismo el expresidente Uribe afirmó que la comunidad internacional debe saber que un magistrado que ordenó su detención fue contratista del Gobierno Santos.“El magistrado que finalmente ordenó mi detención fue contratista del gobierno Santos para temas de la Habana, nunca lo dijo, es muy importante que lo sepa la comunidad internacional. Dos fiscales a quienes no conozco, tres o cuatro procuradores a quienes no conozco pidieron la precaución, dos jueces la negaron con una carga política impresionante en mi contra y ahora la niega el tribunal”, puntualizó.Entretanto el expresidente aseguró que hay un sector de la justicia que lo único que conoce de él es la referencia de un sus adversarios políticos.“Mis adversarios políticos se juntaron, un grupo de abogados activistas políticos de lo que se llama la izquierda, que durante muchos años me han confrontado, son los abogados con la tarea supuesta de defender las víctimas han estado llevando ese proceso en mi contra”.Dijo también el expresidente que una audiencia de su proceso fue transmitida como han vuelta a Colombia.“Cuando el proceso empezó en plena campaña de 2018 en Bogotá se rumoreba insistentemente van a llevar a Uribe a la cárcel, el magistrado Barceló lo dijo a tal periodista a tal otro. Mis abogados preguntaron formalmente en la Corte y la Corte lo negó, nunca me permitieron una versión libre, simplemente me llamaron a indagatoria”.Al finalizar su discurso durante el foro de seguridad en el que participó en la capital de Bolívar, el exmandatario aseguró que lo que sigue para él es enfrentar lo que viene.“Me preocupa mucho porque yo mantengo un diálogo sincero sobre los problemas colombianos con mis compatriotas, defiendo estas tesis y hoy me crean otro obstáculo adicional para seguir en esta tarea democrática, pero procuraremos continuarla”.Le puede interesar:
Luego de las explosivas declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP, en las que señaló que el expresidente Álvaro Uribe le quitó el esquema de seguridad a Eudaldo 'Tito' Díaz, alcalde de El Roble, Sucre, en el año 2003, Blu Radio indagó sobre las medidas de protección con las que contaba Díaz cuando denunció públicamente que lo podrían asesinar, también sobre las acciones que se habrían tomado para protegerlo.El caso 'Tito' Díaz se revivió tras la audiencia de Salvatore Mancuso ante la JEP"Eso fue por solicitud directa creo que fue del gobernador. No recuerdo con exactitud en este momento, sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos", señaló Salvatore Mancuso.Tras esta declaración, Blu Radio consultó con la Policía Nacional para determinar cuáles eran las medidas de protección con las que contaba Eudaldo Díaz en el momento en el que hizo la denuncia pública sobre las amenazas en su contra, durante un consejo comunitario en el año 2003."Una vez verificadas las bases de datos se logró establecer que no cuenta con acervo documental sobre las medidas de protección implementadas al señor alcalde del municipio del Roble para la fecha de los hechos", respondió a Blu Radio la institución.No hubo solicitud para reforzar la seguridad de Eudaldo Díaz, dice PolicíaLa Policía Nacional en un documento entregado a Blu Radio aseguró que tampoco hubo órdenes o solicitudes del Gobierno para reforzar la seguridad del alcalde, luego de denunciar públicamente estas amenazas en su contra.“Según lo manifestado por el comandante del plurimencionado departamento de Policía, una vez verificados los anaqueles documentales que reposan en el archivo de gestión documental de esa unidad, no se evidenció ninguna solicitud registrada por parte del Gobierno nacional hacia la Policía Nacional, motivo por el cual no es posible hacer entrega de la misma”, explicó la institución.También se indagó sobre las medidas que se tomaron para reforzar la seguridad de Eudaldo Díaz tras sus denuncias.La Policía Nacional explicó a Blu Radio que solo hay registro de una solicitud de seguridad que hizo la familia del alcalde m buscando protección después del homicidio de 'Tito' Díaz."Según lo manifestado por el comandante del departamento de Policía Sucre, a través de comunicación oficial ya anotada, no se encontró información sobre la seguridad del señor Eudaldo Díaz, indicando que solo se evidenció una solicitud de fecha 15 de abril de 2003, efectuada por la señora Martha Salgado, viuda de Díaz, donde requiere 3 escoltas para su residencia y 2 escoltas más para sus desplazamientos por fuera de su domicilio, esto en razón a que su esposo había sido asesinado, solicitud que fue atendida por el señor coronel Norman León Arango Franco, comandante de esa unidad policial para la época, brindándole la seguridad necesaria a la solicitante", explicó la Policía.Familia de Eudaldo Díaz responde por la seguridad del entonces alcalde de El RobleJuan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, respondió algunas preguntas de Blu Radio sobre la situación de seguridad de 'Tito' en ese momento, asegurando que es lamentable que tras unas denuncias tan graves no se haya brindado una protección."No existió ninguna orden de parte de él -Uribe- para proteger la vida de mi padre, yo creo que aquí primero hay que solicitar una investigación para que responda la nación, que ya está condenada, el Estado está condenado, pero también debe haber una investigación individual contra el señor Álvaro Uribe Vélez ¿por qué él no solicitó la protección siendo él el presidente de la república?", señaló el hijo.Eudaldo Díaz alertó al gobierno Uribe de su asesinatoEn el año 2003, Eudaldo Díaz durante un Consejo Comunitario denunció públicamente al entonces gobernador del departamento, Salvador Arana, a quien acusó de tener vínculos con el paramilitarismo. Ese día ante el entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió que por no permitirle a las AUC hacer parte de su administración lo iban a asesinar."Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar, ahora viene el otro paso repito y es que a mí me van a matar", le dijo Eudaldo Díaz a Álvaro Uribe ese día en Corozal.En ese momento, Uribe interrumpió al alcalde y pidió trasladar las denuncias que hizo Eudaldo a la Procuraduría y Fiscalía."Le voy a pedir al doctor Germán Cardona que se dirija a la Procuraduría y transmita al señor Procurador General de la Nación lo que le hemos escuchado a usted aquí porque la transparencia no puede tener excepciones y la seguridad es para todos los colombianos, de lo contrario no estaríamos hablando de seguridad democrática", explicó el entonces presidente Uribe en el ConsejoDos meses después, Eudaldo Díaz fue secuestrado y asesinado y 20 años después, ante la JEP, el exgobernador Salvador Arana reconoció ser el responsable del homicidio de el alcalde de El Roble. Arana además ha reconocido sus vínculos con el paramilitarismo.Uribe niega las acusaciones de Salvatore Mancuso por este homicidioLas declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP por este caso llevaron a la respuesta de Uribe, en dos ocasiones se refirió a lo dicho por Mancuso, primero, lo hizo por medio de su cuenta de Twitter."Cómo se les ocurre que el gobierno que presidí le quitó el esquema de seguridad al Alcalde del Roble, si lo que hicimos en ese gobierno fue aumentar esquemas de seguridad. Cuando empezó nuestro Gobierno había más de 300 alcaldes que no podían estar en sus municipios por presiones de terroristas. Los protegimos a todos. Los paramilitares asesinaron al alcalde del Roble, la guerrilla al Gobernador del Caquetá. Sigue la cobarde acusación de los bandidos", señaló Uribe.Una vez se acabaron las 4 sesiones de la audiencia única de verdad ante la JEP, Uribe volvió a referirse a lo dicho por el exjefe paramilitar e incluso anunció que lo denunciará en Estados Unidos y en Colombia."15 años después de haber sido extraditado me acusa de haberle quitado la protección al alcalde de El Roble que ellos, los paramilitares, asesinaron, yo pedía protecciones, nadie que me conozca puede decir que yo habría ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado", explicó el expresidente.Le puede interesar
La multinacional Glencore ganó un laudo arbitral contra el Estado colombiano por los derechos de inversión y explotación del canal de acceso a Puerto Nuevo en Ciénaga, Magdalena.Ese importante canal de embarque fue entregado en concesión en 2010 a Prodeco S.A.S y la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. y C.I., dos filiales de la multinacional en Colombia, pero solo tres años después entró en operación.Glencore buscaba una indemnización por 252 mil millones de pesos por perjuicios en la exportación de millones de toneladas de carbón a través de ese puerto en el caribe, después de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) detectara posibles prácticas anticompetitivas en la concesión del puerto.Según la SIC, Glencore deliberadamente construyó y operó un puerto con capacidad para exportar 21,4 millones de toneladas anuales de carbón, cuando la obligación era garantizar 32 millones de toneladas anuales para la primera fase, dejando por fuera que otros operadores pudieran exportar el mineral a través del puerto.Al parecer, esa decisión permitió que la estadounidense Drummond aprovechara el canal “sin pagar por su construcción ni uso”, según la demanda de Glencore.El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) halló al Estado colombiano responsable de violar tratados internacionales, pero consideró que las pretensiones de Glencore eran exageradas y determinó que el país solo debe pagar el 15 por ciento de la demanda que equivale a unos 37.800 millones de pesos.La Agencia Jurídica del Estado analiza la viabilidad de una solicitud de anulación de este fallo pues considera que el tribunal condenó a la Nación porque “el tribunal omitió realizar un análisis de pruebas y argumentos fundamentales presentados por el Estado en su defensa”.
Según la Contraloría General de la República, el logro se magnifica aún más al considerar que en las próximas semanas el organismo de control incorporará $600.000 millones adicionales, llevando el total a aproximadamente $1.8 billones, una cifra que supera ampliamente la meta establecida para el período 2022-2026 y el recaudo de $220 mil millones logrado en el cuatrienio anterior (2018-2022).Con la revelación de esta cifra histórica que logró recuperar mediante su consignación en las cuentas del Estado, el vice contralor en funciones de contralor general de la República encargado, Carlos Mario Zuluaga, recordó que bajo el amparo de medidas cautelares están cerca de $2.5 billones, lo que aseguró que los futuros fallos de responsabilidad fiscal tengan una garantía cierta.Por otro lado, la Contraloría resaltó que, para continuar con este análisis es importante resaltar cómo la tecnología ha posibilitado que la Contraloría alcance los mejores resultados de su historia en la implementación del Acto Legislativo 04 de 2019, el cual reformó el control fiscal e introdujo el control concomitante y preventivo, asegurando así la defensa y protección del patrimonio público en tiempo real basándose en las alertas y recuperaciones de la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).Incluso, los resultados arrojaron que, en 18 meses de gestión, la DIARI emitió 828 alertas, de $18.7 billones, sobre la gestión de recursos públicos y el avance de proyectos significativos, como los relacionados con infraestructura, entre otros.Por esta razón, la Contraloría fue enfática en asegurar que gracias a estas alertas se realizó un seguimiento continuo de 234 proyectos, con un valor total de $3.51 billones. Gracias al ejercicio del control fiscal por parte de este organismo, se consiguió completar y entregar 106 de estos proyectos, con un valor acumulado de $1.96 billones.En cuanto al control fiscal participativo la Contraloría se refirió al respecto y dice que, bajo la actual administración, se ha relanzado la estrategia "Compromiso Colombia: Rescatando Elefantes Blancos", con el objetivo de reintegrar a la comunidad el mayor número posible de obras inconclusas y proyectos en estado crítico. Este esfuerzo se realiza en colaboración con la ciudadanía en todas las regiones del país.Además, la Contraloría aseguró que ha promovido el empoderamiento de la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal participativo sobre la inversión de recursos públicos. Esto se ha logrado mediante la creación de 106 veedurías enfocadas en proyectos específicos, así como la formación de comités escolares para supervisar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en coordinación con las Juntas de Acción Comunal.Por último, en 18 meses se han realizado 32 visitas, donde se han establecido 738 compromisos, 268 con término definido y 470 para seguimiento permanente según este informe de la Contraloría General de la República.
La Franja de Gaza sufre la mayor catástrofe alimentaria del planeta al menos en las dos últimas décadas, desde que hay registros, según revela el informe anual de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) en colaboración con la FAO y otras agencias de la ONU publicado este miércoles.Además, se cifra en más de 281 millones las personas que sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 59 países durante 2023, frente a los 258 millones del año anterior."La Franja de Gaza tiene el mayor número de personas que sufren un hambre catastrófica hasta ahora jamás registrada por el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias, incluso cuando los camiones de ayuda bloqueada se alinean en la frontera", alertó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.La crítica situación que atraviesa Gaza tras el estallido de la guerra el pasado 7 de octubre ha situado al territorio palestino en el máximo nivel de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), un sistema de 5 escalas que utilizan organismos internacionales para medir la inseguridad alimentaria aguda.La mitad de la población gazatí, alrededor de 1,1 millones de personas, se encuentra en el nivel más alto de la clasificación del IPC, que el organismo define como "catástrofe de hambruna"."La crisis alimentaria en la Franja de Gaza es la mayor en la historia del IPC", cuya creación se remonta a 2004, se indica en el documento, que advierte también de "un hambruna inminente en las gobernaciones del norte".Una respuesta urgenteEn el mundo, el porcentaje de la población con altos niveles de inseguridad alimentaria en 2023, del 21,5%, fue ligeramente inferior al de 2022, cuando era del 22,7 %, aunque el número de personas afectadas aumentó en casi 24 millones (debido a la inclusión de nuevos territorios) este año, el quinto consecutivo en el que crece este indicador.Además de la Franja de Gaza y Sudán, que sufrió el mayor deterioro "debido a los efectos devastadores del conflicto" que estalló 15 de abril de 2023, los países que sufren grandes crisis alimentarias son Afganistán, Etiopía, Nigeria, Siria, República Democrática del Congo (RDC) y Yemen.Los conflictos, la inseguridad, los fenómenos meteorológicos extremos y las perturbaciones económicas empeoraron la situación en 12 países, entre ellos Colombia, Costa de Marfil y Senegal, que se incluyeron por primea vez en el informe, mientras que los niveles de inseguridad alimentaria mejoraron en 17 respecto a 2022, como Mauritania y Guinea.Además, 36 países sufren crisis alimentarias prolongadas, de los cuales en 19 el 80 % de la población total está afectada por la escasez de alimentos, según el GNAFC."Esta crisis exige una respuesta urgente. Será fundamental utilizar los datos de este informe para transformar los sistemas alimentarios y abordar las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición", aseveró Guterres.En Latinoamérica, la población que se enfrenta a la inseguridad alimentaria disminuyó de un 27,3 % en 2022 a un 26,5 % en 2023, y los fenómenos meteorológicos extremos como El Niño fueron el factor más determinante debido a la precipitaciones "erráticas y reducidas" que tuvieron lugar en la región.Previsiones para 2024En 2024, "los conflictos y la inseguridad", especialmente en la Franja de Gaza y Sudán, así como en Haití, seguirán siendo los principales impulsores de la inseguridad alimentaria aguda, al igual que el fenómeno climático El Niño, que es probable que "se manifieste a lo largo del año", destaca el informe.Pero también la economía jugará un papel importante en el desarrollo de las crisis alimentarias que azotan el planeta, y los países exportadores de alimentos con monedas debilitadas, como Nigeria, Malaui o el Líbano, tendrán que lidiar "con los precios internos de los alimentos y el débil poder adquisitivo de los hogares".También la disminución de la financiación de la ayuda humanitaria y el aumento de los costos de entrega "plantean una nueva amenaza" que se traduce en "una reducción de los beneficiarios y de las raciones de asistencia alimentaria entre muchas poblaciones"."La humanidad puede y debe hacerlo mejor. Juntos, con compromiso y acción concertada, podemos crear un mundo en el que el hambre no tenga hogar", instó Guterres.Le puede interesar:
Lluvias de críticas en redes sociales y desde diferentes sectores políticos han caído sobre el Concejo de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, tras conocerse los detalles de una capacitación para sus corporados que se llevó a cabo durante 12 días en Turquía y Dubái.La principal molestia de la ciudadanía ha recaído en su costo: 350 millones de pesos fueron aprobados para la participación en ese curso sobre urbanismo, turismo, desarrollo urbano y temas internacionales que se cumplió entre el 31 de marzo y el 12 de abril.De los 13 concejales solo dos, Alliday Tobón e Iván Alonso Montoya, ambos del partido Creemos, no asistieron argumentando la importancia de mantener una actitud coherente con las realidades financieras de esta localidad que no han sido las más favorables para el inicio de un nuevo periodo de gobierno como lo argumentó Montoya a Blu Radio."El municipio hoy está económicamente muy mal, el municipio se recibió con un déficit fiscal de más de $10.000 millones, un déficit presupuestal de más de $16.000 millones, un hospital quebrado y frente a eso, pues, lo que uno dice es que el sacar 350 millones de pesos de la caja hoy hace mucho efecto", aseguró Montoya.Sobre esta capacitación, que ya ocupó hasta la mitad de recursos aprobados para el Concejo durante todo el año y ejecutados a través de un contrato con la Corporación Étnica para el Desarrollo Social Cordessol, sus críticos han argumentado la posibilidad de haber explorado otras opciones que pudieron haber resultado mucho más económicas como traer los expertos al país o gestionar procesos con instituciones de educación locales.El concejal y exalcalde, Iván Alonso Montoya, insistió en que no se trata de una decisión o procedimientos ilegales, pero sí de consideraciones éticas y morales frente a la gestión de los recursos públicos con situaciones que incluso generarían poco impacto a la población del municipio."Este año somos nueve concejales nuevos y los que ya viajaron la pregunta es, ¿con esas capacitaciones y con esas formaciones que se dieron en ellos qué impactaron a la comunidad?”,sentenció el concejal.Blu Radio intentó ponerse en contacto con el presidente del Concejo, Ángel Fabricio Henao, para conocer los elementos que se tuvieron en cuenta para la apropiación de estos significativos recursos en dicha capacitación, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido respuesta ni se conoce un pronunciamiento público desde la Corporación.
Este martes, 23 de abril, en Bla Bla Blu, bajo la dirección de Mauricio Quintero, estuvo el astrónomo Germán Puerta, en la sección 'Puerta al universo', hablando sobre las anécdotas alrededor de los ovnis, si son mitos o realidad.De hecho, se preguntó a los oyentes: "¿cree usted que los extraterrestres han visitado la Tierra?".Por otro lado, el empresario colombiano Juan Carlos Salamanca habló sobre la compañía que creó, que es la número uno de espacios inteligentes en el sur de la florida.Entretanto, la música la puso el artista Chalmy, quien presentó su más reciente sencillo.Escuche el programa completo del audio adjunto: