La investigación relacionada con el proceso que durante años rodeó al expresidente Álvaro Uribe Vélez suma un nuevo episodio. En esta ocasión, el fiscal Gabriel Jaimes Durán fue citado a diligencia de interrogatorio en calidad de indiciado para responder por las actuaciones que adelantó mientras estuvo al frente del expediente y solicitó la preclusión del caso.De acuerdo con la información conocida, la diligencia había sido programada para este jueves, 6 de agosto, a las 2:00 de la tarde. Sin embargo, finalmente no se llevó a cabo y fue reprogramada para el próximo miércoles, a la misma hora, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía.El proceso busca establecer las circunstancias en las que Jaimes actuó durante la investigación contra el expresidente Uribe, particularmente por la solicitud de preclusión que presentó cuando asumió el conocimiento del expediente. Esa actuación es uno de los aspectos que ahora son objeto de revisión por parte del ente investigador.La representación legal del fiscal Gabriel Jaimes fue asumida por el abogado Juan Manuel Castellanos, quien estará a cargo de su defensa durante las actuaciones que se desarrollen en esta nueva investigación.El caso marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales de mayor impacto en el país. Después de que la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe concentrara durante años la atención de la justicia colombiana, ahora el foco se traslada a las decisiones adoptadas por el fiscal que lideró ese expediente.Con la reprogramación del interrogatorio para la próxima semana, se espera que Jaimes entregue su versión sobre las actuaciones que realizó durante el trámite del proceso. La diligencia hace parte de las actuaciones que buscan esclarecer las decisiones adoptadas mientras estuvo al frente del caso contra el exmandatario.
El reciente llamado a indagatoria de la Fiscalía General de la Nación al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia, generó reacciones opuestas entre la defensa del exmandatario y la representación de las víctimas. Mientras el abogado Jaime Granados calificó la decisión como “irregular” y “políticamente motivada”, el abogado Miguel Ángel del Río aseguró que se trata de un avance esperado durante años por las víctimas del caso.En entrevista con Blu Radio, el abogado de las víctimas afirmó: “Recibimos con mucha satisfacción la decisión por parte de la Fiscalía 3.ª Delegada ante la Corte de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Han sido muchos años de espera. La justicia tenía una deuda histórica con las víctimas, con la población civil, por estos hechos que llevamos muchos años denunciando, y eso nos lleva solamente a una conclusión: que nadie está por encima de la ley”.Por su parte, la defensa del expresidente cuestionó que la decisión se hubiera adoptado sin que, según sostiene, se hubieran practicado todas las pruebas solicitadas oportunamente por la defensa, decretadas por la Fiscalía y posteriormente prorrogadas a petición del propio ente acusador. Para Jaime Granados, resulta sorpresivo que se haya convocado a indagatoria sin completar esas actuaciones procesales.El abogado de las víctimas aseguró que el expediente cuenta con suficientes elementos para sustentar la decisión y destacó la independencia de la Fiscalía en el desarrollo de la investigación. “Hoy tenemos una Fiscalía con independencia que ha optado precisamente por hacer un trabajo riguroso y, en ese sentido, la decisión va en el camino correcto. No puede ser posible que un llamado a indagatoria esté construido sobre la ausencia de piezas procesales. Todo lo contrario: existen declaraciones, videos, documentos y próximos testimonios también, porque la Fiscalía incluso ha decidido llamar nuevamente a Salvatore Mancuso para precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar”, afirmó.Sobre el nuevo llamado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, Del Río señaló que su testimonio constituye una de las pruebas más relevantes dentro del proceso. “Esa es una de las declaraciones más importantes de un jefe paramilitar, que relaciona precisamente los hechos ocurridos en esos años con el despliegue de las fuerzas paramilitares. Se tiene prevista a futuro para el proceso también (...) y seguramente existirá la construcción de nuevos elementos materiales probatorios para fortalecer precisamente ese llamado a indagatoria”, explicó.Finalmente, el representante de las víctimas indicó que están a la espera de que la Fiscalía fije la fecha de la diligencia de indagatoria y aseguró que conoce que la defensa del expresidente prepara nuevas actuaciones procesales, entre ellas una eventual recusación contra la fiscal encargada del caso.
El fallo absolutorio a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue dando de qué hablar, esta vez la polémica gira en torno a la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Leonor Oviedo, quien salvó su voto discrepando de la postura de sus 2 colegas magistrados que absolvieron al expresidente por el episodio de los falsos testigos.Oviedo, aseguró en un salvamento de 400 páginas que se debía confirmar la sentencia de primera instancia proferida por la jueza Sandra Heredia, y unos trinos del 2018 en su cuenta personal de “X” fueron los que motivaron al abogado a denunciarla por presunto prevaricato.En la denuncia se citan varias publicaciones de la entonces fiscal delegada, entre ellas una del 18 de septiembre de 2018, donde comentó sobre las interceptaciones telefónicas en el proceso del exmandatario, afirmando que “no creo que sea un error. Es el simple seguimiento a un número, que por el contexto se hacía necesario”.El abogado Eduardo Castillo también mencionó otros mensajes en los que la funcionaria habría respaldado al presidente Gustavo Petro en debates sobre la independencia judicial y cuestionado públicamente al propio Uribe. “Evidencia una clara tendencia política que la obligaba a abstenerse de conocer el proceso”, señala el abogado.Lo que argumenta Castillo es que Oviedo debió declararse impedida para conocer del caso del expresidente Álvaro Uribe, y le pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones por estos trinos que para el denunciante resultan polémicos.
Un tribunal revocó este martes la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y lo absolvió de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal por los que había sido sentenciado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria.La defensa del expresidente de 73 años, y uno de los políticos más influyentes de este siglo en Colombia, había apelado la decisión de la jueza Sandra Heredia que en agosto pasado, en el llamado 'juicio del siglo' en el país, lo convirtió en el primer jefe de Estado colombiano en ser condenado penalmente.El Tribunal Superior de Bogotá, el mismo que había ordenado la libertad de Uribe mientras se resolvía su caso en segunda instancia, le dio hoy la razón al exmandatario y lo exoneró de todos los cargos en su contra.Sin embargo, el senador de izquierdas y precandidato presidencial Iván Cepeda, considerado víctima en este caso, adelantó que llevará el caso hasta la casación en la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.Inocente de los dos delitosEn la lectura del fallo de segunda instancia, el magistrado Manuel Antonio Merchán indicó que no hay pruebas suficientes que acrediten que Uribe ordenó ofrecer beneficios a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve a cambio de que no lo vincularan con la creación de un grupo paramilitar.Además, el tribunal consideró que el delito de fraude procesal no estuvo sustentado y declaró ilícitas unas intercepciones telefónicas a Uribe en 2018 porque se iniciaron por error cuando se investigaba a otra persona."La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacia interpretativa y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre su ordinación (sic) funcional y dolo sin respaldo objetivo", sostuvo el magistrado.Este caso contra Uribe, quien siempre defendió su inocencia y calificó la primera condena de persecución política, se remonta a 2012, cuando el entonces senador demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares.No obstante, la Corte no solo decidió no investigar a Cepeda sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo que durante el conflicto armado colombiano se enfrentó a las guerrillas de izquierda.La política reaccionaUno de los primeros en reaccionar a la absolución de Uribe fue el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que el fallo "tapa la historia paramilitar en Colombia" y de quienes "llegaron al poder aliados con el narcotráfico y desataron el genocidio en Colombia".Petro, ubicado en las antípodas políticas de Uribe, llamó además a la ciudadanía a reunirse el próximo viernes en la Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá, "para comenzar la recolección de firmas del poder constituyente".En el otro extremo de espectro político, la derecha colombiana celebró la "gran victoria de la democracia y del imperio de la ley", como dijo el expresidente Iván Duque, elegido en 2018 por el partido Centro Democrático, fundado y liderado por Uribe.También expresaron su apoyo al exmandatario el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y tres aspirantes del Centro Democrático a la Presidencia colombiana de cara a las elecciones del próximo año: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño.Para Cabal, el fallo confirma que "Uribe fue víctima de una estrategia política diseñada para silenciar su liderazgo e intentar destruir su legado", mientras que Valencia celebró la defensa de su "honorabilidad y buen nombre", y Uribe Londoño calificó la decisión como una "derrota de la mentira, del odio y de la persecución política".Uribe, quien según anunció su partido tiene previsto ser candidato al Senado a las elecciones legislativas de marzo de 2026, anticipó -en sus redes sociales- que ofrecerá "unas palabritas" esta noche.
La decisión se produce luego de que las partes presentaran dentro del término legal los sustentos de apelación contra la sentencia mixta proferida el pasado 1 de agosto de 2025.El despacho confirmó que tanto la Procuraduría, como la defensa técnica y el propio procesado cumplieron con los plazos establecidos para sustentar sus recursos.De igual forma, los representantes de víctimas y la Fiscalía se pronunciaron en tiempo dentro del traslado otorgado a los no recurrentes, el cual venció el 21 de agosto.En consecuencia, la juez Sandra Liliana Heredia Aranda ordenó remitir de manera inmediata el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en aplicación del protocolo de gestión documental electrónica establecido por el Consejo Superior de la Judicatura.El proceso continuará ahora en segunda instancia, donde el Tribunal deberá decidir sobre las apelaciones interpuestas en este caso de alta connotación política y judicial.Entre tanto, el expresidente Uribe Vélez está en libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la detenida domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal hasta que se tome una decisión en segunda instancia.
La Procuraduría ordenó este martes suspender por tres meses al jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade, postulado como embajador en Brasil, mientras lo investiga por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de emisión de pasaportes. "La decisión de la Procuraduría solicita al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que proceda a hacer efectiva esta medida", señaló el ente de control en un comunicado.El Ministerio Público precisó que "la determinación de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, desencadenada por el tema de los pasaportes, se da, en principio, por un término de tres meses".En diálogo con Mañanas Blu, Saade hizo una propuesta un poco sacada de los cabellos, de cara a las elecciones presidenciales de 2026; tan solo minutos después de haber anunciado que sería candidato presidencial en la próxima contienda, propuso un 'fast track' para que el Gobierno apruebe una reelección. Sin embargo esta oportunidad de reelección, no sería solo del presidente Gustavo Petro, sino que propone que este se enfrente en votaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Alfredo Saade, quien recientemente cumplió dos meses en un cargo gubernamental, propuso una radical reforma constitucional para permitir que tanto el actual presidente, Gustavo Petro, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sean candidatos a la presidencia en las elecciones de 2026. Saade calificó su propuesta como la "gran final" que el país necesita para superar la polarización y alcanzar una verdadera paz.La iniciativa de Saade, presentada durante una entrevista, insta al Congreso de la República a implementar un "fast track" para modificar la Constitución Nacional, habilitando así la reelección de Petro y la postulación de Uribe. Según Saade, el enfrentamiento electoral entre estos dos líderes sería la clave para poner fin a la división y la "guerra" que, a su juicio, impera en el país. "El que gane tiene que sacar el país adelante y el que pierda tiene que apoyarlo", afirmó Saade, subrayando la necesidad de unidad post-electoral. Esta propuesta, que Saade asegura no ha discutido con el presidente Petro, busca transformar el país y cerrar capítulos de "muerte, destrucción y ruina".La propuesta La propuesta de Saade emerge en un momento de alta tensión política, coincidiendo con su suspensión de tres meses por parte de la Procuraduría General de la Nación. Saade enfatizó que aceptó la llamada para hacer esta propuesta, que considera crucial para el futuro del país. Para él, la polarización actual se centra exclusivamente en los seguidores de Uribe y Petro, argumentando que "nadie más tiene votos en esta nación, solamente esas dos personas". La "gran final" busca capitalizar esta realidad electoral para forzar una reconciliación nacional.Suspensión de Alfredo Saade Alfredo Saade reveló durante la entrevista que la Procuraduría lo suspendió cautelarmente por tres meses, una decisión que él califica de "más política". El pastor aseguró que no había aceptado el cargo de embajador en Brasil, que le había sido ofrecido por el presidente Petro, precisamente para evitar que su partida fuera interpretada como una huida de la sanción de la Procuraduría. "Los que huyen son los bandidos y yo no soy bandido", sentenció Saade.Saade se defendió vehementemente de las acusaciones de "extralimitación de funciones" relacionadas con el tema de los pasaportes, argumentando que no ha sido condenado y que la Procuraduría ni siquiera lo ha escuchado. Insistió en que su sanción es un "hecho político" y que desde su llegada al gobierno, muchos sectores, internos y externos, se "incomodaron" con su estilo gerencial y su interés en que las cosas funcionaran y las órdenes se cumplieran.Escuche aquí la entrevista:
El presidente Gustavo Petro dedicó parte de su consejo de ministros a cuestionar el sistema judicial luego de que en la tarde de este martes se confirmara la libertad al expresidente Álvaro Uribe hasta que se conozca si se mantiene o no la condena en su contra.El mandatario señaló que no está de acuerdo con que el expresidente esté libre y otras personalidades no.“... en una democracia progresista la mujer tiene que ser libre y entonces los machos pues si no, votan por nosotros, pero vayan, voten por su derecha, pero eso no es democracia, es esclavitud. Y entonces la justicia se nos vuelve venganza (...) pero yo no entiendo cómo Uribe está libre y Epa está presa, ¿eso es justicia o es la venganza del macho?”, relató Petro.A continuación el video de la declaración del presidente:El presidente se refiere a la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', que hoy cumple una condena a cinco años de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.En varias ocasiones, Petro ha insistido en que la sentencia contra Barrera es injusta y ha pedido que sea incluida en programas de beneficios para mujeres privadas de la libertad, pero esto no se ha logrado. Incluso, en julio pasado la Corte ratificó dicha condena.A Barrera se le señala de haber destruido con un martillo parte de la estación Molinos de TransMilenio en Bogotá y participar en actos vandálicos contra la URI de Tunjuelito, grabando y difundiendo estos actos en redes sociales.En el consejo de ministros, el presidente Petro extendió sus críticas a Uribe mientras mencionaba sus resultados en materia de reducción de homicidios.“Por tanto la crítica de Uribe a Petro es falaz porque Petro no tiene las manos untadas de sangre como él sí. Lo demostré. Paramilitarismo en Antioquia. Arrancó este periodo porque Iván Cepeda profundizó la investigación y Uribe por engañar se metió al tema de los testigos y por tirarse a Cepeda se tiró él mismo y ahora nos echa la culpa de su error. Ya verá la justicia que hace con él, yo no tengo en mi corazón odio y venganza aunque me hizo daño a mí y a mi familia”, aseguró Petro.
A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la libertad inmediata que le concedió el Tribunal Superior de Bogotá luego de haber ganado una tutela que interpuso su defensa tras ser condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.El líder del Centro Democrático expresó su gratitud por la decisión judicial que le permitirá seguir el proceso en libertad y no en prisión domiciliaria como lo había estipulado la jueza Sandra Heredia en primera instancia de este caso."Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por la sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia", escribió en su cuenta de X. ¿Por qué le dieron la libertad a Uribe?El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente Uribe (2002-2010), condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia.La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió "amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez" y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que Heredia lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado 'juicio del siglo' en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.Tres días después de conocer la pena, la defensa del exmandatario presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá esta acción de tutela (recurso de amparo) solicitando su libertad, al considerar que la jueza vulneró sus derechos fundamentales.El equipo jurídico cuestionó, entre otros, que la magistrada justificara la detención inmediata de Uribe con la necesidad de garantizar "la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos", argumento que la defensa calificó de ambiguo y carente de sustento, constituyendo una "motivación aparente".La Sala falló a favor de la defensa del expresidente, pero desestimó un recurso similar presentado por el Centro Democrático, al considerar que no demostró cómo la restricción de la libertad de su líder afectaba derechos fundamentales propios o de la organización política.El fallo señala que en los recursos de apelación se cuestionaron varios comentarios y decisiones del proceso que "presuntamente develan que la juez y fiscal actuaron con parcialidad, abuso de funciones, irrespeto, defendiendo intereses políticos e ideológicos, y con animadversión hacia el ciudadano y expresidente procesado", aunque aclaró que esos señalamientos deberán resolverse en la segunda instancia y no en esta tutela.La defensa de Uribe apeló el pasado 13 de agosto la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre próximo para pronunciarse en segunda instancia.Este caso comenzó hace trece años cuando Uribe, de hoy 73 años, demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.Contrario a lo que imaginó Uribe, la Corte decidió no investigar a Cepeda y en cambio le abrió una investigación a él por manipular testigos para que no declararan en su contra.
El abogado Diego Cadena, quien representó al expresidente Álvaro Uribe, fue condenado por el delito de soborno en actuación penal, debido a las presiones ejercidas contra Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso que involucra al exmandatario por la supuesta manipulación de testigos. En la misma decisión, el juez absolvió a su socio, Juan José Salazar, al no encontrar pruebas que acreditaran su participación o responsabilidad en los hechos investigados.De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos y apoyo económico a Monsalve para que cambiara su versión y favoreciera los intereses de Uribe en el proceso. Según la acusación, estas gestiones no se hicieron de manera legal, sino con el objetivo de alterar el testimonio y, en consecuencia, la verdad procesal. La Fiscalía sostuvo que las reuniones y comunicaciones entre Cadena y Monsalve, sumadas a los pagos y promesas, configuraban un claro acto de soborno en el marco de una actuación penal.¿Qué pasará con Diego Cadena?El juez le permitirá a Diego Cadena seguir en libertad mientras se resuelve la segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. La lectura completa de la sentencia quedó programada para el 30 de septiembre, cuando se conocerán en detalle los fundamentos jurídicos de la condena.
Medellín también será epicentro de estas jornada de manifestaciones, convocada en el país por el partido Centro Democrático, luego de la condena de 12 años de prisión que profirió la juez 44 penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.En recorrido partirá desde la Avenida Oriental con La Playa, en pleno centro de la ciudad, hacia la calle San Juan, para llegar al parque de las Luces, enfrente del centro administrativo La Alpujarra. El encuentro está pactado para las 9:00 de la mañana y al mismo ya confirmó asistencia el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón."Al presidente Uribe tenemos que decirle que lo apoyamos, que desde Antioquia seguimos muy estrictamente apegados al valor democrático que él impregnó en todos y cada uno de los colombianos, el de la seguridad precisamente es un valor que hay que perseguir todos los días", destacó el mandatario.En medio de rumores de presuntas presiones a trabajadores por parte de empresarios antioqueños para que asistieran a esta jornada, los cuales fueron desmentidos por los mismos, algunos gremios sí hicieron su adhesión oficial y públicamente, como Asocolflores, Camacol, Fenalco e Intergremial Antioquia. El representante a la Cámara Hernán Cadavid se refirió a la importancia que para su partido tiene esta manifestación."Marcharemos para rechazar esa persecución judicial, para pedir el respeto a sus garantías fundamentales vulneradas como todo el país lo vio. Además, también se cumplen dos meses de ese ruina atentado contra nuestro compañero Miguel Uribe que sigue luchando por su vida el 7 de agosto. Estaremos a un año de que termine y cese la horrible noche de este gobierno", añadió el congresista.A nivel local, concejales de la ciudad también expusieron públicamente sus razones para asistir a la jornada y pidieron justicia por el expresidente. Desde la bancada del Centro Democrático hasta otros sectores como Creemos defendieron su inocencia e invitaron a salir a las calles.Vale la pena recordar que también habrá otra jornada de protesta en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, programada para las 10:00 de la mañana en el parque La Martina.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
