La Fiscalía anunció que el expresidente Álvaro Uribe será llamado a juicio luego de que el delegado de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Gilberto Villarreal, radicara el escrito de acusación.
“A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal”, dice un comunicado de la Fiscal´pia
La decisión del fiscal delegado fue adoptada luego de dos solicitudes de preclusión de fiscales diferentes que resultaron desestimadas por las jueces penales del circuito competentes.
Una vez el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca el juzgado penal del circuito al que le corresponda el juicio, se realizará la audiencia de formalización de la acusación, en la fecha y hora que fije la judicatura.
La Fiscalía General de la Nación dice que garantizará el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo. Ahora, el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo.
Recordemos que el caso Uribe ya se había precluido en dos ocasiones.
Antecedentes del caso Álvaro Uribe:
La demanda inicial presentada por Uribe contra Cepeda en 2012 ante la Corte Suprema tomó un inesperado giro cuando el juez José Luis Barceló, encargado de la misma, no solo decidió desestimarla, sino que también abrió una investigación contra el exmandatario por la posible manipulación de testigos.
En el transcurso de 2018, la Corte citó a Uribe para interrogarlo acerca de acusaciones de fraude procesal y soborno, basándose en indicios de que, posiblemente a través de intermediarios como el abogado Diego Cadena, había intentado influenciar a exparamilitares para que testificaran en contra de Cepeda.
En 2020, Uribe fue sometido a detedomiciliario como parte de esta investigación, marcando un precedente al ser el primer expresidente colombiano en enfrentar tal medida. Durante el mismo año, una jueza rechazó por segunda vez cerrar el caso, argumentando que existen evidencias suficientes para considerar a Uribe potencialmente cómplice en los delitos de soborno y manipulación de testigos.
A principios de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Bogotá determinó no archivar el caso por presunto soborno, manipulación de testigos y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe.
Así lo determinó el magistrado Carlos Guzmán, quien al leer el fallo consensuado con otros dos magistrados, sobre el que no cabe recurso alguno, aseguró que el Tribunal Superior de Bogotá determinó “confirmar el auto proferido el 23 de mayo de 2023 (…) por el cual negó la solicitud de preclusión (archivo) de la acción penal adelantada por el exsenador Álvaro Uribe Vélez”.
Se refiere a la decisión tomada por la jueza Laura Barrera, del juzgado 41 penal de bonocimiento de Bogotá, que en mayo, tras analizar la defensa de Uribe y lo dicho por la Fiscalía, consideró que sí hay pruebas de que el expresidente puede tener “la condición de partícipe” en el delito de soborno y manipulación de testigos.
En ese momento, el expresidente Uribe aseguró que o “ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos (para declarar en contra del senador Iván Cepeda). A pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio”.
Uribe dejó su escaño para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria y entonces la Fiscalía acusada de estar liderada por una persona leal al expresidente uribista Iván Duque decidió que no había pruebas para perseguir judicialmente al expresidente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como ahora por el Tribunal Superior de Bogotá.
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