Una ofensiva contra las finanzas del tráfico de migrantes llevó a la ocupación por parte de la Fiscalía de 47 bienes que, según las autoridades, habrían estado al servicio de una red dedicada al traslado clandestino de extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hacia países de Centroamérica.
La medida recayó sobre un patrimonio valorado preliminarmente en 29.106 millones de pesos y compuesto por ocho inmuebles, tres sociedades, cuatro establecimientos de comercio, ocho vehículos y 24 embarcaciones presuntamente utilizadas para garantizar el tránsito irregular de migrantes por una de las rutas más utilizadas hacia el norte del continente.
De acuerdo con la investigación, la organización criminal no solo habría coordinado el transporte marítimo de ciudadanos extranjeros, sino que también habría utilizado parte de sus propiedades y empresas para ocultar, administrar y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos por esta actividad ilícita.
Los elementos probatorios recopilados durante el proceso indican que la red habría facilitado el traslado irregular de al menos 800.000 ciudadanos provenientes de países como Afghanistan, Iraq, Saudi Arabia, Haiti, Venezuela, Costa Rica y China, entre otros, quienes buscaban llegar a territorio centroamericano para continuar su recorrido hacia Norteamérica.
Las diligencias de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión fueron ejecutadas de manera simultánea por funcionarios de la Fiscalía y unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en las ciudades de Medellín, Apartadó, Necoclí, Unguía y Quibdó.
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