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La investigación por la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció y posteriormente fue hallada sin vida en Cajicá, avanza con nuevas solicitudes de la familia. El abogado Julián Quintana, representante legal de los familiares, confirmó que pidió a la Fiscalía General de la Nación practicar pruebas de ADN a todos los funcionarios del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, con el fin de descartar o establecer cualquier posible vinculación del personal con los hechos.
La defensa señaló que la indagación se mantiene en dos líneas principales: por un lado, determinar las presuntas omisiones del colegio en los protocolos de seguridad y supervisión; y por otro, esclarecer si existió participación de un tercero en la desaparición y muerte de la menor. En este sentido, Quintana anunció que insistirá en la imputación de cargos contra la rectora y dos profesores, a quienes responsabiliza de graves omisiones que pudieron costarle la vida a Valeria.
“Nosotros como representantes de víctima le hemos sugerido a Manuel, padre de Valeria, que tenemos que alcanzar la verdad, la justicia y la reparación, que es un derecho que ellos tienen”, señaló.
El abogado también anunció que recomendará a la familia interponer una demanda civil contra el colegio por los daños y perjuicios ocasionados. “La sugerencia es que exploremos el camino de una demanda civil para reclamar los daños que la actitud omisiva le causó a la familia. Obviamente, esta decisión descansará en lo que la familia pueda acordar”, agregó Quintana
Por su parte, la Fiscalía informó que realizará una reconstrucción de la escena en las instalaciones de la institución educativa para precisar cómo ocurrieron los hechos y verificar posibles alteraciones.
Un aspecto que ha generado controversia es el relacionado con las modificaciones estructurales del colegio. Mientras la defensa de la institución asegura que cualquier cambio se hizo con autorización del Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado durante la búsqueda de la menor, la familia sostiene que no hay documentos que respalden esos permisos, lo que podría derivar en nuevos cargos.
El colegio, representado por su apoderado, el abogado Francisco Bernate, ha reiterado que todas sus actuaciones se ajustaron a la ley y se realizaron en coordinación con las autoridades.
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