Fiscalía acusa a alcalde de Pensilvania, Caldas, de favorecer a familiares con contratos públicos

Acusado del delito de violación del régimen de incompatibilidades quedó el alcalde de Pensilvania, Caldas, Jesús Iván Ospina Atehortúa. La Fiscalía de este departamento le imputó cargos por una presunta irregularidad en sus funciones como mandatario municipal.Al igual que el político, dos primos suyos también están vinculados en este proceso de carácter penal. Se trata de los hermanos Jorge Enrique y Laura Rosa Zuluaga Ospina.La Fiscalía explicó que en las investigaciones encontró irregularidades en ocho contratos celebrados entre los años 2018 y 2019, por un valor que ronda los 630 millones de pesos.El ente acusador, en un informe de prensa, indicó que estos contratos habrían estado “amañados para favorecer a los dos primos del alcalde”.En las investigaciones, la Fiscalía estableció que dos de esos contratos fueron a favor de Jorge Enrique, como propietario del supermercado La Canasta de Pensilvania, por un valor de 23 millones de pesos, con el objetivo de adquirir insumos para el funcionamiento del Centro Día de esa población y también artículos para los restaurantes escolares de las instituciones educativas del municipio.Por otra parte, también señalaron que hubo seis contratos por valor de 607 millones de pesos con Laura Rosa, quien aparece como representante legal de la Ferretería Popular de Pensilvania. Estos contratos estarían relacionados con la adecuación y mantenimiento del coliseo de esa población, embellecimiento del casco urbano, prevención de desastres y compra de insumos para la red de alumbrado y mejoramiento de viviendas.Jesús Iván Ospina, mejor conocido como Chucho Ospina, es del partido Centro Democrático y es el actual alcalde de ese municipio. Este es su segundo período de gobierno, pues el primero fue entre 2016 y 2019, y habría sido durante esa primera alcaldía que incurrió en las irregularidades que hoy lo tienen inmerso en un proceso penal.Chucho Ospina, por el momento, goza del beneficio de presunción de inocencia, ya que su investigación está en curso y no ha sido condenado por ningún juez de la República.