La Fiscalía General de la Nación tomó una decisión trascendental al remitir el proceso judicial contra Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Caracas y exsenador, a la Corte Suprema de Justicia.
La remisión de los casos a la Corte Suprema de Justicia se produce justo después de que Armando Benedetti dejara de ser embajador el pasado 19 de julio, perdiendo así su fuero diplomático y dejando a la Fiscalía sin competencia para continuar con las investigaciones en su contra. Entre los delitos que se le imputan destacan la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro durante las elecciones de 2022.
Uno de los casos más relevantes que ahora será tratado por la Corte Suprema se refiere a la investigación por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, que se inició a raíz de losaudios filtrados en los que Benedetti confesaba haber movido 15.000 millones de pesos sin reportarlos, destinados a la campaña de Gustavo Petro. Este caso será especialmente crucial para el exembajador, ya que arranca con su propia confesión y lo expone a serios problemas legales.
La Corte Suprema también asumirá otros tres procesos en contra de Benedetti: uno por enriquecimiento ilícito del servidor público, que investiga posibles actuaciones que habrían beneficiado económicamente al ex senador; otro que indaga sobre actividades ilegales, como la financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares; y finalmente, uno más relacionado con el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en el que se examinará la posible desviación de recursos e irregularidades en la contratación en el Fondo Nacional Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE).
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Armando Benedetti deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia para enfrentar estas acusaciones. El hecho de que ya no cuente con el fuero diplomático aumenta la presión sobre él, ya que será juzgado sin protecciones especiales. El proceso será seguido de cerca tanto por la opinión pública como por la clase política, dado el perfil y la trayectoria de Benedetti.
La Corte Suprema deberá actuar con imparcialidad y rigurosidad en la investigación, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos de todos los involucrados. En este punto, cabe destacar que el mismo Benedetti había expresado previamente preocupación acerca de cómo podría desenvolverse el proceso bajo la magistratura de la jueza Cristina Lombana, a quien ha acusado y recusado.
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