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La Fiscalía General de la Nación solicitó reactivar la notificación roja contra Carlos Ramón González, luego de que autoridades en Francia informaran que la solicitud de búsqueda internacional ya no se encontraba vigente en los 196 países que integran Interpol, en el marco del proceso penal que se adelanta en su contra por el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
De acuerdo con el avance de la investigación, González actualmente estaría en Nicaragua, donde enfrenta señalamientos por su presunta participación en reuniones de alto nivel realizadas en la Casa de Nariño.
Según el expediente, en dichos encuentros se habrían impartido órdenes para favorecer la asignación de contratos a congresistas, a cambio del respaldo legislativo necesario para la aprobación de iniciativas del Gobierno en el Congreso.
La Fiscalía le imputó a González los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, en el marco de las actuaciones que buscan esclarecer la presunta desviación de recursos públicos dentro del escándalo de la UNGRD.
Este proceso ha cobrado especial relevancia, debido a los elementos que ubican al exfuncionario en el centro de la presunta articulación política relacionada con la entrega de contratos y recursos a cambio de votos en el Legislativo.
El caso adquirió mayor notoriedad, luego de que se conociera que la embajada de Colombia en Nicaragua renovó el permiso de residencia de González, el cual estaba próximo a vencer en junio de 2025.
Posteriormente, las autoridades nicaragüenses le concedieron asilo político, una decisión que ha incidido en el curso del proceso judicial y en las gestiones internacionales adelantadas por las autoridades colombianas para su ubicación y comparecencia ante la justicia.
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Según los registros del expediente, en noviembre de 2024 González habría viajado a Nicaragua en un momento en el que los testimonios dentro de la investigación por la UNGRD empezaban a señalarlo como presunto articulador de un plan político orientado a asegurar respaldo legislativo a favor del Gobierno.
Dicho plan, según las declaraciones recopiladas, se habría ejecutado mediante la entrega de contratos y recursos públicos destinados a congresistas.
Uno de los testimonios clave dentro del proceso corresponde al de Sandra Ortiz, también procesada en este caso, quien lo mencionó como la persona que presuntamente habría dado instrucciones directas para la entrega de dinero a congresistas.
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De acuerdo con lo señalado dentro del expediente, Ortiz habría indicado que González fue quien ordenó la distribución de recursos económicos a miembros del Congreso, entre ellos al entonces presidente del Senado, como parte de la estrategia investigada por las autoridades.
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