La Fiscalía radicó escrito de acusación contra el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Carlos Vargas Bautista como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y cohecho propio. La audiencia se realizará el próximo 26 de mayo.
Según la Fiscalía, el magistrado traficaba con decisiones judiciales, incluso, en un interceptación revelada por el fiscal del caso, se menciona que se debía pagar 3.000 millones de pesos para que la decisión, en segunda instancia en el consejo de
Estado por el precio del humedal Jaboque, saliera acorde a las decisiones de particulares y en contra del Distrito.
En la conversación hablan Jorge Cortés, falso propietario del humedal Jaboque y el abogado Fernando Trevilcock, quien le dice que la decisión del Consejo de Estado, en el caso del humedal, no ha salido porque pidieron 3.000 millones de pesos.
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Sobre la llamada, el fiscal del caso explicó, en su momento, que eran promesas de la supuesta organización criminal a sus clientes, en este caso supuestamente, al falso propietario del humedal a quien el magistrado Vargas había beneficiado con un fallo del 2014, en el que condenaba al Distrito a pagarle 33 millones de dólares por no comprarle el humedal. Dicho pleito llegó hasta el Consejo de Estado.
“No se limitaba a lo que se pudiera hacer por parte del trámite procesal y las decisiones de los procesos del magistrado Vargas, sino que prometían o vendían unos resultados y hay elementos desde los cuales se puede inferir que, incluso, se buscaba que en las instancias superiores, en este caso en el Consejo de Estado, se adoptaran las decisiones que convenían a las personas que le les vendían los servicios”.
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Investigación
Son cinco millonarios pleitos los que resolvió el magistrado del tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas, salpicado con un escándalo, los que actualmente están en la lupa de la Fiscalía.
El primero es el pleito del humedal Jaboque en el que el magistrado condenó al Distrito a pagar cerca de 33 millones de dólares a particulares por negarse a comprar el humedal.
También está la reparación directa que ordenó el magistrado en contra el Acueducto de Bogotá a favor de una empresa de servicios médicos contratista del Hospital de Ubaté.
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A estos dos se le suma el pleito millonario en el que perdió $14.000 millones de pesos el Ministerio de Defensa a favor de Medimed.
El cuarto es un proceso que perdió el municipio de Chía por la construcción de la Petar y que ganó la empresa Gehs Global Environment and Health Solutions de Colombia.
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Finalmente, aparece el proceso de Ingenieros Constructores e Interventores S.A, empresa de uno de los constructores más importantes del país, Mario Huertas Cotes contra el INCO y la sociedad Concesión Autopista Girardot Bogotá
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