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Dos magistrados de Corte Constitucional cuestionan declaración conjunta de altas cortes y Gobierno

Los magistrados aseguraron que la obligación constitucional de ese alto tribunal obliga a mantener independencia del Gobierno.

Corte Constitucional - Foto Rama Judicial
Corte Constitucional -
Foto Rama Judicial

Los magistrados Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez criticaron a la cúpula judicial por suscribir una declaración reconociendo la gestión del Gobierno por la situación sanitaria y de crisis social que enfrenta y expresaron su rechazo al comunicado que firmaron los presidentes de las altas cortes tras su reunión con el presidente de la República, Iván Duque , en la Casa de Nariño .

En una constancia escrita, los magistrados Fajardo e Ibáñez aseguraron que la obligación constitucional de ese alto tribunal la obliga a mantener independencia del Gobierno.

No compartimos que el señor presidente de la Corte Constitucional haya suscrito la declaración conjunta con el Gobierno Nacional . La separación de funciones, sin perjuicio de la colaboración armónica, obliga a la Corte Constitucional a mantener su independencia para el ejercicio de las funciones de control judicial que incluye las decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno Nacional”, aseguran.

Igualmente, cuestionan que la declaración haga un reconocimiento a las labores del Gobierno para enfrentar la pandemia y la crisis social, cuyos temas pueden ser objeto de control constitucional.

“No le corresponde a la Corte Constitucional reconocer “el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país”, los cuales pueden ser en el futuro objeto de análisis judicial”, agregan.

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Finalmente, los dos magistrados censuraron el hecho de que se haya rechazado el vandalismo y otros hechos criminales y se haya guardado silencio frente a abusos de la fuerza pública.

Así como válida y legítimamente se condenaron y rechazaron los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad colombiana, también ha debido condenarse y rechazarse el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y el abuso de autoridad que también afectan el orden jurídico, los derechos humanos y, en general, el Estado de Derecho”.

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