La Fiscalía General de la Nación reformuló la imputación de cargos contra el cantante de música urbana Blessd, Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, Laura Moreno y Julián Giraldo, dentro de una investigación que inicialmente estaba relacionada con un presunto secuestro extorsivo ocurrido en Medellín.
Durante la actuación, el ente investigador modificó la calificación jurídica de los hechos y formuló cargos por constreñimiento ilegal, intimidación mediante arma de fuego, armas de fuego hechizas o arma blanca y acceso abusivo a un sistema informático, de acuerdo con el grado de participación que atribuye a cada uno de los procesados. Ninguno de los implicados aceptó los nuevos cargos formulados por la Fiscalía.
El proceso se originó a partir de la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, conocido artísticamente como ‘Yo me llamo Ozuna’, quien aseguró haber sido retenido contra su voluntad durante una reunión realizada en la disquera de Blessd. A ese encuentro habría asistido como representante de un artista imitador del cantante.
De acuerdo con la denuncia, durante la reunión Santiago Jaramillo y otros integrantes del equipo del artista le habrían exigido firmar un contrato mediante el cual se comprometía a no realizar nuevas presentaciones en las que imitara a Blessd.
El denunciante también afirmó que durante el encuentro le quitaron su teléfono celular y que fue agredido físicamente cuando intentó registrar lo que estaba ocurriendo.
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Dentro de los hechos investigados también aparece Daniel Velásquez, integrante del equipo del artista y actualmente fallecido. Según el relato incorporado al expediente, Velásquez presuntamente habría intimidado a Sánchez con un arma de fuego y le habría advertido que podía ser asesinado si no firmaba el documento que le estaban exigiendo.
Otro de los elementos que hacen parte de la investigación corresponde a una llamada telefónica que, de acuerdo con el denunciante, sostuvo con Blessd durante la reunión. En su relato, Sánchez aseguró que el cantante le manifestó que conocía el lugar donde vivía, que era “de la calle” y que debía firmar los documentos que le exigieran las personas que se encontraban en el lugar.
La Fiscalía también señaló durante la audiencia que Laura Moreno, quien para la época ejercía como abogada del artista, habría intervenido en los hechos que son materia de investigación.