La Fiscalía General de la Nación designó a Gilberto Iván Villarreal como nuevo fiscal del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélezpor los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Villarreal es oriundo del departamento de Santander, nació en San Gil y tiene una experiencia de 29 años en la rama judicial.
Villarreal asumirá el caso luego de que los dos fiscales anteriores renunciaran o se declararan impedidos. El primer fiscal, Andrés Palencia, renunció el pasado 6 de enero, un día antes de que tuviera que decidir si acusaba o precluía el caso. El segundo fiscal, Víctor Salcedo, se declaró impedidoel pasado 12 de enero.
Villarreal tendrá 90 días para presentar ante la Corte Suprema de Justicia su decisión sobre el caso. El exmandatario Uribe podría ser llamado a juicio o el caso podría ser archivado.
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Historia del caso
El pasado 12 de enero, el recién nombrado fiscal Víctor Salcedo se declaró impedido, lo que supone una nueva dilación en el proceso de formulación de cargos contra el exmandatario.
La Fiscalía no dio más detalles sobre las posibles causas por las que este fiscal se declaró impedido, pero medios locales aseguran que Salcedo argumentó su renuncia porque opinó sobre el caso en 2020 cuando era abogado.
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Este hecho se da tres días después de que el anterior fiscal, Andrés Palencia, que llevaba el caso de Uribe renunciara "argumentando razones personales, relacionadas con la salud de su familia". Tras este abandono, la Fiscalía nombró a Salcedo.
El inicio del caso Uribe
El caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
Uribe dejó su escaño para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguir judicialmente al expresidente.
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Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que ha sido negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como ahora por el Tribunal Superior de Bogotá.
El caso que le concierne es porque las víctimas consideran que Uribe, a través de su entonces abogado, Diego Cadena, fue a sobornar a testigos en el caso de Cepeda, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo.
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