En las últimas horas la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Después de que se conociera la decisión contra el congresista, el abogado que lo representa en este proceso, Pedro Nel Escorcia, reaccionó a la decisión y advirtió que hasta el momento no hay testigos que hayan implicado a Ramírez en este caso.
"Nosotros hemos estado en todo el proceso, hemos tenido más de 25 testigos y ninguno lo ha implicado directamente a él. Vamos a estudiar en qué se basó (la orden de captura) y vamos a utilizar los mecanismos de defensa", dijo el abogado Escorcia.
Además, explicó que el proceso "no tiene nada que ver con el lío de Mario Castaño, es totalmente independiente, la situación es que lo han querido relacionar con ese exsenador que falleció. Es un caso paralelo que montaron basado en el otro".
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Cabe recordar que hace un mes la Procuraduría había abierto una indagación previa en contra de Ciro por su presunta participación en una red de corrupción que relaciona más de 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.
Esa indagación se suma también a la decisión de la Fiscalíade haber compulsado copias para que la Corte Suprema de Justicia iniciara su propia investigación, tras varias denuncias de una de las integrantes de Unidad de Trabajo Legislativo y un contratista.
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Se trata de Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ciro Ramírez, y del contratista Anderson González González, a quienes una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
En 2021, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron el contrato interadministrativo N°670 de 2021, por 48.660 millones de pesos, y ‘Proyecta Quindío’ se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías. Según la Fiscalía, aprovechó su régimen de contratación exceptuado y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal.
Para la Fiscalía, Karen Rivera Bohórquez, en su rol de enlace con un senador, se comunicó con algunos funcionarios del DPS y ‘Proyecta Quindío’ para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González y a algunas de las empresas en las que tenía participación.
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