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Imputan cargos al alcalde de Florencia y exfuncionarios por contrato de asfaltita

El negocio habría sido otorgado a través de un proceso de selección ficticio, según la Fiscalía.

317123_Foto: Alcaldía de Florencia, Caquetá
Foto: Alcaldía de Florencia, Caquetá

La seccional Caquetá de la Fiscalía realizó audiencia pública de imputación de cargos contra el alcalde de Florencia, Andrés Mauricio Perdomo, y varios exfuncionarios de su administración por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de suministro de asfaltita en el año 2016.

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El ente acusador investiga el contrato celebrado el 27 de septiembre de 2016 en Florencia, entre el señor Luis Manuel Espinosa Calderón, en calidad de alcalde encargado, y Rocas Minerales S.A.S cuyo representante legal es Diego Alfonso Castañeda. Su objeto fue el suministro de asfalto natural destinado al mantenimiento y mejoramiento de vías principales de los barrios del municipio de Florencia, Caquetá, por valor de $914.595.000.

La modalidad de contratación utilizada fue la de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa. Dentro de las presuntas irregularidades, según la Fiscalía, se encontraron la insuficiencia en los estudios previos, frente a los cuales se presentaron observaciones por parte de algunos interesados en la licitación sin ser valoradas.

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Además, según el ente acusador, faltó la suscripción del pliego de condiciones, cuya responsabilidad se le atribuye al alcalde titular, Andrés Mauricio Perdomo.

Estas situaciones habrían generado una violación a los principios de contratación estatal, de planeación, selección objetiva, responsabilidad y transparencia.

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Así mismo, un informe de la Fiscalía asegura que se trató de un proceso de selección ficticio porque antes de suscribir el contrato (es decir en la etapa de trámite) ya se estaba suministrando el objeto (asfaltita).

Es decir, según el ente investigador, ya se tenía conocimiento de quién sería el contratista seleccionado.

Igualmente, se estableció que en el momento de liquidar el contrato no se había cumplido con la totalidad del objeto del contrato, causando un presunto detrimento patrimonial de $140.085.000.

 

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