Inundaciones en Córdoba: Irene Vélez, bajo lupa de la Procuraduría por desborde de Urrá

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en su calidad de directora de la Anla, y varios altos funcionarios por su presunta responsabilidad en las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba en 2026, las cuales habrían sido agravadas por fallas en la operación de la represa Urrá.Según el documento oficial, la emergencia por el desbordamiento del río Sinú no habría sido únicamente consecuencia de factores naturales. La Procuraduría advierte que existen indicios de que decisiones operativas y fallas institucionales contribuyeron a intensificar la crisis.La investigación se centra en el manejo del embalse de la hidroeléctrica Urrá, señalando posibles irregularidades en la regulación de caudales y en la prevención del riesgo.¿Quiénes están involucrados?Además de Irene Vélez, en su calidad de directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el proceso también involucra a:Funcionarios de la ANLADirectivos de la Superintendencia de Servicios PúblicosRepresentantes de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS)Directivos y exdirectivos de la empresa Urrá S.A. E.S.P.Los hechos investigados se relacionan con las inundaciones ocurridas en la cuenca del río Sinú, principalmente en el departamento de Córdoba, durante los primeros meses de 2026.La Procuraduría tomó la decisión de abrir la investigación el 26 de marzo de 2026, tras analizar un informe que recopiló información sobre lo sucedido durante la emergencia.El ente de control señala varias posibles irregularidades:Presunta operación negligente de la represa UrráIncumplimiento de la llamada “Curva Guía Máxima” del embalseFallas en los planes de gestión del riesgo y contingenciasOmisiones en el control y vigilancia por parte de autoridadesRespuesta tardía frente a irregularidades detectadasTambién se advierte que se habría priorizado la generación de energía sobre el control de inundaciones.El objetivo de la Procuraduría es determinar si existieron conductas irregulares, si estas constituyen faltas disciplinarias y quiénes serían responsables. El proceso podría derivar en sanciones disciplinarias si se comprueban las faltas.Como parte de la investigación, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas y solicitó información a varias entidades, entre ellas:ANLASuperserviciosCVSEmpresa UrráUnidad Nacional para la Gestión del RiesgoIDEAM