El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga ordenó suspender los efectos de la Resolución 0992 de 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente adoptó una delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín.La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por la ciudadana Yojanna Yulieth Serrano Gómez, quien alegó vulneraciones a sus derechos de participación ambiental efectiva, acceso a la información pública y debido proceso administrativo durante el proceso de delimitación.En el fallo de primera instancia, fechado el 2 de septiembre de 2026, el despacho concluyó que el Ministerio de Ambiente vulneró los derechos de la accionante al no entregarle información fundamental relacionada con la Resolución 0992, entre ella los mapas, coordenadas, anexos técnicos y científicos, estudios ambientales, actas y grabaciones de la jornada de concertación realizada el 18 de julio, así como la matriz en la que debían valorarse las observaciones ciudadanas.El juez también encontró una vulneración al debido proceso administrativo debido a que la resolución fue expedida mientras se encontraban pendientes varias recusaciones contra funcionarios que participaron en su trámite.Según el propio Ministerio de Ambiente, entre el 21 de julio y el 6 de agosto se presentaron recusaciones contra funcionarios de la entidad, pero estas solo fueron remitidas para su decisión al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el 13 de agosto, siete días después de expedida la Resolución 0992.El despacho recordó que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, la actuación administrativa queda suspendida desde la presentación de una recusación y hasta que esta sea decidida. Para el juzgado, la resolución fue suscrita y produjo efectos durante un periodo en el que el procedimiento administrativo se encontraba legalmente suspendido.Otro de los aspectos cuestionados fue el momento en que se expidió la delimitación. La Resolución 0992 fue firmada el 6 de agosto, apenas 19 días después de la jornada de concertación realizada en Bucaramanga. Además, el Ministerio había informado el 18 de agosto que el proceso llevaba cerca de un 70 % de avance en la fase de concertación.Para el juez, esto evidenció que la decisión se adoptó sin que existiera previamente una respuesta motivada e individualizada a las observaciones planteadas por la ciudadanía.La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional establece que la participación ambiental no se limita a convocar reuniones, sino que implica brindar información, permitir una intervención efectiva de las comunidades y valorar y responder de manera motivada sus propuestas y desacuerdos.La Defensoría del Pueblo, que estuvo presente en la jornada del 18 de julio, documentó además interrupciones, discusiones y confrontaciones entre los diferentes sectores participantes, circunstancias que, según el juzgado, impidieron el desarrollo fluido del diálogo.Frente a esta decisión, la alcaldesa de Vetas, Angélica María García, manifestó su satisfacción y pidió que el nuevo proceso de delimitación tenga una mayor participación de las comunidades.“Nos sentimos muy felices del fallo judicial que salió el día de hoy suspendiendo la resolución por medio de la cual el gobierno anterior había hecho una delimitación express desconociendo los acuerdos que se habían logrado en el año 2021 y 2022 con el Ministerio de Ambiente”, aseguró la mandataria.García sostuvo que espera que el nuevo Ministerio de Ambiente adelante un proceso “más elaborado”, con mayor sustento técnico y jurídico y con participación de las comunidades de los municipios ubicados en el área de influencia del páramo.“Tenemos la esperanza de que este nuevo gobierno realice un proceso de participación más elaborado, reconozca los acuerdos en los que habíamos llegado y realice una delimitación con un ejercicio más técnico y más jurídico”, agregó.El fallo, sin embargo, no declaró la nulidad de la Resolución 0992. El juez explicó expresamente que una decisión definitiva sobre la legalidad del acto administrativo corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La medida adoptada en esta tutela es provisional y busca proteger los derechos que fueron considerados vulnerados.En concreto, el Juzgado Doce Administrativo ordenó suspender los efectos de la resolución mientras el Ministerio de Ambiente resuelve de fondo las recusaciones pendientes. Para ello, le dio un plazo de cinco días hábiles desde la comunicación de la providencia. Posteriormente, la entidad deberá adelantar el procedimiento correspondiente para la delimitación progresiva, garantizando los derechos de participación, acceso a la información y debido proceso, en los términos establecidos por la Corte Constitucional.Además, el Ministerio tendrá 48 horas desde la notificación del fallo para entregar a la accionante una copia íntegra de la Resolución 0992, sus mapas, coordenadas, anexos técnicos y científicos, estudios, actas, grabaciones de la jornada de concertación y la matriz de valoración de las observaciones ciudadanas, indicando cuáles fueron aceptadas, rechazadas o incorporadas parcialmente.La decisión también desvinculó del proceso de tutela a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la CDMB, la CAS y CORPONOR, al considerar que no se acreditó una conducta activa u omisiva atribuible a estas entidades.De esta manera, el futuro de la delimitación progresiva del Páramo de Santurbán vuelve a quedar en manos del Ministerio de Ambiente, que deberá resolver primero las recusaciones pendientes y posteriormente continuar el procedimiento bajo las garantías de participación ciudadana, acceso a la información y debido proceso.
En respuesta a los crecientes cuestionamientos y tensiones por su visita a la capital de Santander, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió de forma categórica el carácter institucional de su agenda y aseguró que su gestión se basa en la "transparencia" y el cumplimiento de mandatos judiciales fundamentales para la región, cerrando el paso a las especulaciones sobre supuestas reuniones clandestinas."La clandestinidad es para los ilegales. Nosotras somos Gobierno y hemos hecho de la participación y la transparencia un principio de gestión. Nuestra presencia en Bucaramanga responde al cumplimiento de deberes institucionales concretos y no a agendas ocultas", afirmó la jefe de la cartera ambiental a través de su cuenta de X.Según la ministra Vélez "en Santurbán existen actuaciones judiciales en curso, en las que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán participa como accionante, entre ellas, el proceso de delimitación participativa ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 y la acción popular relacionada con la protección del bosque altoandino y de las áreas adyacentes al ecosistema de páramo. En ambos escenarios, el @MinAmbienteCo tiene el deber de actuar con transparencia, atender los requerimientos judiciales, escuchar a los accionantes y garantizar que las decisiones públicas se adopten con soporte técnico, jurídico y participación efectiva".La ministra subrayó tres compromisos ineludibles de su despacho en la región: La protección definitiva del sistema hídrico que abastece a los santandereanos, el cumplimiento riguroso de la orden judicial de delimitación de los ecosistemas de alta montaña, y la aplicación integral de las garantías de acceso a la información y protección de defensores del territorio, bajo el marco del Acuerdo de Escazú.Uno de los puntos más críticos de la agenda ministerial fue la recepción de alertas tempranas sobre el orden público. Durante el encuentro, los líderes ambientales y miembros del Comité de Santurbán manifestaron su profunda preocupación por las condiciones de seguridad de cara a la mesa de concertación fijada para los próximos días.Al respecto, el Ministerio de Ambiente confirmó que dichas alertas ya están siendo valoradas dentro del marco institucional correspondiente para asegurar que el proceso participativo se desarrolle con plenas garantías y sin amenazas coactivas para los actores sociales.Se espera que en los próximos días se conozca la fecha de la próxima mesa de concertación sobre la delimitación del Páramo de Santurbán después de la reunión fallida del pasado sábado, 4 de julio, donde no se lograron avances significativos. Extraoficialmente se dice que será el 18 de julio, pero no se confirmó el sitio.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, realiza este miércoles una visita reservada a Bucaramanga en medio del complejo proceso de concertación para la nueva delimitación del páramo de Santurbán, que atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión tras el fracaso de la mesa de diálogo entre comunidades y el Gobierno nacional, el pasado sábado.La presencia de la funcionaria fue confirmada a Blu Radio por la Oficina de Prensa del Ministerio de Ambiente, aunque la entidad se abstuvo de entregar detalles sobre la agenda oficial, los encuentros programados o el motivo específico del desplazamiento a la capital santandereana.La visita ocurre apenas unos días después de que se suspendiera la primera mesa de concertación con pequeños mineros, campesinos y otros actores de los municipios de California y Vetas, escenario que terminó marcado por fuertes confrontaciones entre representantes de las comunidades de Soto Norte y ambientalistas.El encuentro hacía parte del proceso ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017, que dejó sin efectos la anterior delimitación del páramo al considerar que no se garantizó una participación efectiva de las comunidades directamente afectadas. En cumplimiento de ese fallo, el Ministerio de Ambiente debe construir una nueva delimitación mediante un proceso de concertación con todos los sectores involucrados.Sin embargo, la primera jornada concluyó sin consensos. Los pequeños mineros y campesinos cuestionaron la metodología empleada por el Ministerio y aseguraron que sus propuestas no están siendo tenidas en cuenta en una decisión que definirá el futuro económico y social de la provincia de Soto Norte. Además, insistieron en que la nueva delimitación debe reconocer la minería tradicional y contemplar alternativas para las familias que dependen de esta actividad y de la agricultura.La mesa fue suspendida y las partes quedaron convocadas para reanudar las conversaciones el próximo 18 de julio, aunque persisten las diferencias entre los distintos sectores.En ese contexto, la llegada de Irene Vélez a Bucaramanga ha despertado expectativa entre líderes sociales, autoridades y organizaciones ambientales, debido a que podría estar relacionada con el proceso de concertación o con reuniones de carácter institucional sobre el futuro de Santurbán.Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente no ha informado si la ministra sostendrá encuentros con comunidades, autoridades regionales o representantes de los sectores involucrados en la discusión, manteniendo total hermetismo sobre la agenda de la funcionaria durante su permanencia en la ciudad.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que México no recibirá hipopótamos provenientes de Colombia y desmintió versiones sobre un posible traslado a ese país. A través de su cuenta en X, la funcionaria fue enfática y dijo que “México no se ofreció a recibir hipopótamos”Vélez explicó que desde 2024 existe una respuesta oficial en la que el Gobierno mexicano indicó que “no considera viable la traslocación a México de los ejemplares”. Además, señaló que ese país había planteado condiciones adicionales, como que los animales debían haber nacido en cautiverio.La ministra también recordó que cualquier traslado internacional depende de permisos tanto de Colombia como del país de destino. “Únicamente con la autorización expresa de la autoridad del país de ingreso es posible hacer un movimiento internacional de hipopótamos”, indicó.Pese a la negativa de México, Vélez afirmó que Colombia continúa buscando alternativas. “No significa que hayamos dejado de intentarlo”, escribió, al referirse a las gestiones que se adelantan con otros países y centros que podrían recibir a los animales.Dentro de esos acercamientos, la funcionaria confirmó contactos recientes con India. “Hemos logrado una reunión con la Embajada de la India en Colombia”, señaló, como parte de la estrategia para encontrar opciones de traslado.Finalmente, Vélez indicó que el país cuenta con protocolos definidos para el manejo de los hipopótamos y advirtió que “trasladar animales sin los permisos es tráfico ilegal”, en medio del crecimiento de esta población en Colombia.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en su calidad de directora de la Anla, y varios altos funcionarios por su presunta responsabilidad en las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba en 2026, las cuales habrían sido agravadas por fallas en la operación de la represa Urrá.Según el documento oficial, la emergencia por el desbordamiento del río Sinú no habría sido únicamente consecuencia de factores naturales. La Procuraduría advierte que existen indicios de que decisiones operativas y fallas institucionales contribuyeron a intensificar la crisis.La investigación se centra en el manejo del embalse de la hidroeléctrica Urrá, señalando posibles irregularidades en la regulación de caudales y en la prevención del riesgo.¿Quiénes están involucrados?Además de Irene Vélez, en su calidad de directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el proceso también involucra a:Funcionarios de la ANLADirectivos de la Superintendencia de Servicios PúblicosRepresentantes de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS)Directivos y exdirectivos de la empresa Urrá S.A. E.S.P.Los hechos investigados se relacionan con las inundaciones ocurridas en la cuenca del río Sinú, principalmente en el departamento de Córdoba, durante los primeros meses de 2026.La Procuraduría tomó la decisión de abrir la investigación el 26 de marzo de 2026, tras analizar un informe que recopiló información sobre lo sucedido durante la emergencia.El ente de control señala varias posibles irregularidades:Presunta operación negligente de la represa UrráIncumplimiento de la llamada “Curva Guía Máxima” del embalseFallas en los planes de gestión del riesgo y contingenciasOmisiones en el control y vigilancia por parte de autoridadesRespuesta tardía frente a irregularidades detectadasTambién se advierte que se habría priorizado la generación de energía sobre el control de inundaciones.El objetivo de la Procuraduría es determinar si existieron conductas irregulares, si estas constituyen faltas disciplinarias y quiénes serían responsables. El proceso podría derivar en sanciones disciplinarias si se comprueban las faltas.Como parte de la investigación, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas y solicitó información a varias entidades, entre ellas:ANLASuperserviciosCVSEmpresa UrráUnidad Nacional para la Gestión del RiesgoIDEAM
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, salió en defensa de la legalidad de su firma en la declaratoria de emergencia económica luego de que el Consejo Gremial Nacional demandara y pidiera anular el decreto alegando que estaba viciado pues ella no podía firmar al no haber sido nombrada en propiedad en el cargo y haber vencido el plazo máximo legal para permanecer en calidad de ministra encargada.Vélez aseguró que sí estaba habilitada pues el decreto 877 del 5 de agosto de 2025, que la designó como ministra encargada, sigue vigente y no ha sido derogado ni modificado y que, además, el decreto 1083 de 2015, que regula la función pública, no fija un límite temporal para los encargos interinstitucionales.En otras palabras, el Gobierno defiende la validez de la firma al argumentar que, al momento de decretarse la emergencia económica, no existía un acto administrativo que revoque el encargo y ella estaba en pleno ejercicio de las funciones ministeriales con todas las competencias.Sin embargo, el Consejo Gremial en su demanda ante la Corte Constitucional afirma que la firma de Vélez vició el decreto y trae como respaldo el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019.Este establece que los encargos en caso de vacancia definitiva tienen una duración inicial máxima de tres meses y aunque pueden prorrogarse una sola vez por otros tres meses, la extensión no es automática y debe hacerse vía acto administrativo.En esa línea, el encargo de Irene Vélez inició el 5 de agosto de 2025 y venció, como máximo, el 5 de noviembre de 2025, pero hasta el momento no hay evidencia pública de un decreto presidencial que lo hubiera prorrogado, por lo que no estaría jurídicamente investida como ministra.Con estos argumentos, la ministra Irene Vélez se está apoyando en un decreto reglamentario mientras que el Consejo Gremial invoca una ley en sentido formal que tiene jerarquía normativa superior.Si la Corte Constitucional concluye que la Ley 909 es aplicable a los encargos ministeriales y que no existió un acto de prórroga, la firma de la ministra encargada podría invalidarse y, por ende, el decreto sería inconstitucional por un vicio de forma.Y es que los gremios, que han mostrado múltiples reparos con esta medida económica del Gobierno Petro, le pidieron a la Corte recordar que se trata de un decreto que viene de la mano con poderes excepcionales y que los antecedentes muestran que en casos similares se ha exigido que estos actos cumplan de manera estricta todos los requisitos formales, entre ellos la firma válida de todos los ministros del despacho.
Le hacemos seguimiento al futuro de la Emergencia Económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que esta semana está sometida a exámenes decisivos en la Corte Constitucional y en el Congreso de la República.En las últimas horas, justo antes de las Salas Plenas de la Corte que se realizarán el miércoles y el jueves de esta semana y en las que se discutiría la posible suspensión de la Emergencia, llegaron a la Secretaría del Palacio de Justicia tres documentos que serán fundamentales para definir el futuro de la discusión.El primero es el enviado por el Consejo Gremial Nacional, que es un documento de 45 páginas en el que explica detalladamente por qué le solicita al magistrado Carlos Camargo que declare la inexequibilidad total del decreto mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social.Entre los 147 puntos que sustentan la petición del Consejo Gremial del hundimiento de la emergencia, está la situación de la ministra de Ambiente Irene Vélez, quien firmó el decreto a pesar de que no había sido nombrada como ministra en propiedad y ya se había vencido el plazo máximo que tenía para actuar legalmente en calidad de encargada.Además, dice el Consejo Gremial que resulta contradictorio que el gobierno invoque una situación de insuficiencia fiscal extraordinaria y de manera simultánea haya decretado en diciembre de 2025 un incremento del salario mínimo sustancialmente superior al que se encontraba en discusión y que generaría un déficit fiscal adicional para 2026 de 5.3 billones de pesos.También se conocieron en las últimas horas los conceptos de dos exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el exdirector de Planeación Jorge Iván González, quienes coinciden en señalar que el decreto mediante el cual se convoca a una Emergencia Económica no cumple con los requisitos constitucionales y económicos para la activación de dicho estado de excepción.Hablando sobre la Emergencia Económica, esta tarde se adelantará un importante debate de control político en el Senado, al que está citado todo el gabinete del presidente Gustavo Petro para que explique las motivaciones para convocar a ese estado de excepción que abrió la puerta al cobro de nuevos impuestos sin que el Ejecutivo tuviera que pasar por el Congreso.Simultáneamente, se conoció que la Presidencia de la República reforzó su batalla contra el magistrado Jorge Enrique Ibañez, a quien ahora recusó para que se aparte de la discusión sobre el futuro de la reforma pensional, teniendo en cuenta que en opinión de la Casa de Nariño, prejuzgó sobre el asunto en la famosa entrevista de la semana pasada concedida al diario El Tiempo.
El Consejo de Estado emitió un pronunciamiento frente a la demanda que buscaba anular el decreto 877 de 2025 que oficializó el nombramiento de Irene Vélez como ministra encargada de Ambiente.Si bien en un inicio habían admitido la demanda para su estudio, luego de revisar el detalle se revocó esa decisión y la dejó sin efectos al encontrar que el proceso no debía tramitarse como nulidad simple, sino como nulidad electoral.Según el Consejo de Estado la norma establece que el encargo de funciones es una situación administrativa, es decir, laboral, mientras que el encargo del del empleo sí es un nombramiento, porque implica que alguien reemplaza al titular del cargo.En esa línea, el tribunal explicó que no es competente para revisar el requerimiento en única instancia, ya que las demandas contra actos de nombramiento de ministros deben ser tramitadas por los tribunales administrativos.“Esta normativa fue interpretada por esta corporación y se unificó la jurisprudencia respecto de la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos para conocer de las demandadas presentadas contra los nombramientos de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional y de los empleados públicos del nivel directivo, asesor o equivalentes en el orden nacional”, argumentó el alto tribunal.Así las cosas, ordenó adecuar la demanda al medio de control de nulidad electoral y remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que será el encargado de continuar con el estudio del caso.La demanda fue presentada por la ciudadana Ximena Echavarría Cardona, quien cuestionó el decreto por considerar que la funcionaria encargada estaría incursa en un conflicto de intereses que le impediría ejercer el cargo.
La directa de la ANLA y ministra encargada del Ministerio de ambiente, Irene Vélez, se pronunció frente a la reciente denuncia del representante a la Cámara Andrés Forero, quien señaló que la Cancillería habría asumido 90 millones de pesos en gastos de repatriación tras la decisión del Consejo de Estado que anuló su nombramiento como cónsul en Londres. La afirmación generó debate público y cuestionamientos sobre el manejo de los procedimientos administrativos en el Servicio Exterior.En respuesta, Vélez aclaró que su retorno al país se realizó bajo los lineamientos establecidos por el Decreto 274 de 2000, norma que regula el régimen del Servicio Exterior y la Carrera Diplomática y Consular. Explicó que esta reglamentación define los derechos laborales de los funcionarios en el exterior, tanto de carrera como de libre nombramiento y remoción, y que su caso se ajustó a lo que contempla la ley para estos procesos.La exfuncionaria señaló que el regreso se efectuó conforme al principio de especialidad que rige las actuaciones de la Cancillería, y que todos los trámites se dieron en condiciones legales y transparentes. Añadió que los beneficios y procedimientos aplicados no responden a decisiones discrecionales, sino a lo estipulado para cualquier funcionario que debe regresar al país por disposición administrativa.Vélez invitó a quienes tengan dudas adicionales a dirigirse directamente a la Cancillería, entidad competente para explicar los procedimientos y aclarar inquietudes sobre la normativa vigente.
Un árbitro fue suspendido en Bolivia por pitar un penal inexistente que provocó una reacción insólita: en protesta por la decisión, el portero dio la espalda al ejecutor y se plantó al lado de un poste, desde donde vio caer su valla.El juez central Carlos Arteaga fue suspendido "por un lapso de tiempo indefinido" a raíz de su polémica determinación, que se ha viralizado en redes sociales, dijo el viernes a la AFP un vocero de la Federación Boliviana de Fútbol.La situación ocurrió el domingo en el encuentro del torneo de ascenso boliviano que Atlético Independiente y Wilstermann Cooperativas disputaron en Cochabamba, sin la asistencia del VAR.A pocos minutos del final, cuando el juego iba empatado 2-2, Arteaga decretó un penal por una supuesta falta en un mano a mano entre el portero argentino Gustavo Tesonotte y un delantero rival.El juez sancionó "un penal inexistente en una jugada de disputa normal", una decisión que "ha incidido en el resultado final del partido", aseguró la Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia al justificar la suspensión del referí.El fallo arbitral inmediatamente generó reclamos de los jugadores visitantes del Wilstermann, pero Tesonotte fue más allá y optó por ni siquiera intentar atajar el penal.El guardameta, de 28 años, se puso de espaldas al delantero Ernesto Adiri, se ubicó en la esquina del arco junto al poste y dejó que su contrincante rematara sin ninguna resistencia.Cuando Adiri, de 24 años, anotó el gol que le dio la victoria 3-2 a Atlético Independiente, Tesonotte aplaudió mientras sus compañeros discutían con el árbitro."Me generó muchísima bronca", contó el arquero a Cadena 3 de Argentina tras el partido. Aseguró que la manera en que encaró el penal fue "en forma de protesta" y concertada con sus compañeros y el cuerpo técnico del club.
La Fiscalía General de la Nación avanzó este 23 y 24 de septiembre en los interrogatorios de los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho, que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.Las diligencias hacen parte de la indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción para establecer si la información reportada al Consejo Nacional Electoral sobre los gastos, créditos y aportes de las campañas corresponde con su realidad financiera y contable.Por la campaña de Carolina Corcho fueron citados Nelson Emiro Linares, quien se desempeñó como gerente, y Libardo Hinestroza Palacios, como contador. Por la campaña de Iván Cepeda fueron llamados Carlos Saúl Garzón, en calidad de gerente, y Sandra Yurany López Cortés, como contadora. Las dos personas vinculadas a la campaña de Corcho no se conectaron a la diligencia, por lo que sus interrogatorios deberán ser reprogramados.El propósito de estas actuaciones es contrastar las declaraciones de quienes tuvieron responsabilidades en el manejo y reporte de los recursos con los registros contables y los soportes recopilados durante la investigación. La Fiscalía busca establecer si los gastos, créditos y aportes registrados ante el CNE corresponden a la realidad financiera de las campañas y verificar quiénes fueron los verdaderos financiadores.Esta etapa se suma a las diligencias de Policía Judicial realizadas previamente. El pasado 15 de septiembre, servidores de la Dijín de la Policía Nacional, con autorización de un juez de control de garantías, realizaron una inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo en Bogotá, inmueble utilizado por el Pacto Histórico. Allí se buscó recopilar documentos, cuentas y soportes financieros y contables relacionados con la consulta.De manera paralela, la Fiscalía también adelanta verificaciones sobre la contabilidad de dos organizaciones privadas que están bajo investigación por la posible utilización como intermediarias para canalizar recursos de una eventual fuente prohibida o con un reporte irregular. En este componente fueron practicados nuevos interrogatorios a los 2 contadores de esas organizaciones, con el propósito de establecer el origen y manejo de los recursos que aparecen relacionados con la investigación.Con los interrogatorios y las demás diligencias, los fiscales continúan con el análisis de los documentos, registros contables, declaraciones y demás elementos recopilados. El objetivo será determinar si existieron inconsistencias en la información reportada ante el CNE o si se utilizaron recursos provenientes de una fuente prohibida.A partir de esos resultados, la Fiscalía establecerá por cuáles delitos existen elementos suficientes para avanzar hacia la imputación de cargos por las conductas que logren ser acreditadas durante la investigación.
Una investigación de la Policía permitió capturar en Bogotá a un exmilitar, señalado de haber retenido durante nueve días a su pareja sentimental y de someterla a diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica.El caso fue conocido el pasado 6 de septiembre, cuando la mujer ingresó a un hospital en el sur de la ciudad y manifestó que había permanecido contra su voluntad en un inmueble de la localidad de Kennedy. Según su relato, durante ese periodo fue sometida a agresiones por parte de su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente un año, aunque nunca habían convivido.El señalado agresor es un exmilitar y permanecía constantemente en el inmueble donde ocurrieron los hechos. Con estos elementos, la Fiscalía solicitó ante un juez de control de garantías una orden de registro y allanamiento para lograr su captura y recolectar elementos de prueba.Según la información conocida por las autoridades, el hombre habría utilizado diferentes mecanismos para mantener sometida a la mujer. Entre ellos estaría el suministro de gotas para dormir y la utilización de gas pimienta. La investigación también señala que el hombre habría utilizado el teléfono celular de la víctima para contactar a otras personas y hacerse pasar por ella, con el propósito de solicitarles dinero.Los relatos incorporados al caso describen además presuntas agresiones con elementos cortopunzantes. En uno de los episodios, el señalado victimario habría colocado la mano de la mujer sobre una mesa y clavado cuchillos entre sus dedos para posteriormente cauterizar las heridas.La víctima también denunció que el hombre utilizó un taladro eléctrico para arrancarle cabello y que, en otros momentos, la habría quemado con una pipa. Según su relato, además, le aplicaba alcohol directamente sobre las heridas abiertas.En cuanto a la violencia sexual, la mujer manifestó ante las autoridades que habría sido abusada sexualmente en diez ocasiones durante los nueve días que permaneció retenida. También aseguró que durante ese periodo el señalado agresor no le habría proporcionado alimentación adecuada.Tras su captura, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento. Posteriormente, la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. La investigación continúa para establecer plenamente las circunstancias de los hechos y recaudar los elementos materiales probatorios correspondientes.
Cuando llegaron a Johannesburgo, unos supuestos turistas mexicanos explicaron a los agentes de migración que iban a descubrir los parques naturales sudafricanos para poder contemplar elefantes, rinocerontes, leones, leopardos y búfalos. En realidad, según la policía, eran químicos enviados por el cártel mexicano de Sinaloa para instalar un laboratorio de metanfetamina a escala industrial en el pueblo de Swartruggens, uno de los siete descubiertos en el sur de África en los últimos dos años.Los investigadores sospechan que este laboratorio forma parte de una red de esa organización para abastecer a Australia y Nueva Zelanda, los mercados de metanfetamina más lucrativos del planeta, con precios entre 65 y 100 veces más altos que en Estados Unidos.Cuando fue desarticulado en mayo, tenía capacidad de producir cinco toneladas al mes de esta droga sintética, que puede venderse al por mayor en Australia por más de mil millones de dólares, agregan estas fuentes.Devon Naicker, jefe de la Oficina de Lucha contra los Estupefacientes de Sudáfrica, explica que están investigando si un cargamento incautado este año en el país oceánico procedía de Swartruggens, a dos horas y media de Johannesburgo.El hecho de que "pasó por el puerto de Durban", en la costa este de Sudáfrica, y la "manera en que estaba embalada" llevan a pensar que fue fabricada en esa instalación.Sudáfrica es el "lugar perfecto" para producir metanfetamina, declaró a la AFP una fuente de seguridad.Cuenta con enormes extensiones en las que ocultar los laboratorios, conexiones marítimas y aéreas a nivel mundial y "corrupción, que desempeña un papel importante", señaló.Además, casi un tercio del comercio nacional se realiza con China e India, de donde proceden los productos químicos esenciales para fabricar metanfetamina.La policía australiana confirmó a la AFP que había detectado "un aumento del interés de los carteles mexicanos en el mercado de drogas ilícitas de Australia".No obstante, "debido a la sensibilidad de las operaciones, no comentaremos sobre los carteles mexicanos que operan en Sudáfrica", añadió.El contrabando parece no limitarse a la vía marítima. En enero, una mujer de 32 años fue detenida en el aeropuerto de Sídney, en un vuelo procedente de Sudáfrica, con 39 kilos de metanfetamina en polvo en su equipaje.En Australia, "la metanfetamina es la droga ilícita más consumida" detrás del cannabis, según un informe de 2024 elaborado por la agencia antidroga estadounidense DEA y las policías de ese país y Nueva Zelanda.Estos dos cuerpos de seguridad ya habían establecido con anterioridad que secciones locales de la banda de moteros Comancheros se abastecían de drogas del cártel de Sinaloa.La huella mexicanaLas diferentes investigaciones policiales en curso empiezan a arrojar luz sobre la cadena de suministro que el cartel mexicano ha tejido en el sur de África para satisfacer la demanda australiana.El mismo modus operandi se observa en Nigeria, en el oeste de África, donde este año fueron arrestados cuatro mexicanos durante redadas en laboratorios de metanfetamina.En Sudáfrica, la cifra de arrestados mexicanos se eleva a 16 desde 2024. El primer laboratorio con estas características se descubrió en 2020 en la localidad agrícola de Marble Hall, al noreste de Johannesburgo.Cuando se produjo la redada en Swartruggens en mayo, la enorme magnitud de la operación ya apuntaba claramente al sindicato de Sinaloa.Cinco de los 13 detenidos eran mexicanos, todos ellos químicos, según la policía. Habrían empezado a fabricar la droga poco después de llegar en marzo de 2025 con visados turísticos de tres meses.También arrestaron a dos mozambiqueños, un zimbabuense y cuatro sudafricanos, tres de ellos miembros de la familia afrikáner, propietaria de la extensa finca de caza donde se estableció el laboratorio.Los carteles "parecen acercarse a los agricultores que atraviesan dificultades", aunque no siempre es así, declaró a la AFP una fuente cercana al caso.La familia afrikáner compró la finca en 2024. Además, los padres se enfrentaban a un proceso judicial por alquilar terrenos en los que se fabricaba ilegalmente Mandrax, un sedante hipnótico para el mercado local."Huele realmente mal"Según la policía, estos laboratorios suelen encontrarse casi siempre en fincas aisladas pero con fácil acceso a las principales carreteras, lo que es el caso de Swartruggens."Necesitan un suministro continuo de productos químicos" para fabricar los precursores y también "sacar rápidamente la sustancia final del laboratorio", dijo Naicker, de la unidad antiestupefacientes.Eso implica "múltiples cargamentos que llegaban con camiones", señaló.El Cartel de Sinaloa utiliza el método P2P, basado en el compuesto fenil-2-propanona, hasta ahora desconocido en Sudáfrica, y productos químicos importados de China y la India, según afirmó otro agente."Pero la fabricación de los precursores huele realmente mal", declaró Naicker. "Se puede oler a kilómetros de distancia si el viento sopla en esa dirección", explicó.En agosto, la policía incautó cinco toneladas de disolventes, catalizadores y reactivos usados por los carteles en una redada en la frontera con Zimbabue, llevada a cabo con la ayuda de Estados Unidos.Previamente rastrearon un contenedor sospechoso que había entrado por el puerto de Durban hasta dar con cinco naves de almacenamiento llenas de productos químicos en Midrand, a medio camino entre Pretoria y Johannesburgo.Y a principios de este mes, desmantelaron un laboratorio a escala industrial que "parece una instalación mexicana" en una finca de Klipvoor, a unas tres horas al norte de Johannesburgo, explicó Naicker.Los grandes tanques encontrados allí, cada uno con una capacidad de varios cientos de litros, son otro indicio de la mano de los carteles."Se trata de equipamiento industrial, pero fabricado a mano. No se puede encontrar en ninguna tienda", afirmó una fuente cercana a la investigación."Creemos que traen a sus propios caldereros para construir todos estos tanques. Así de característico es", agregó.Enseñando a los localesEl general de brigada Naicker afirma que suelen llegar mexicanos de "alto nivel" para montar los laboratorios. Pero luego "dejan a otros mexicanos a cargo de la operación, personas con formación en química que entienden el proceso (...) para continuar con la fabricación de metanfetamina".A veces enseñan a los locales "cómo llevar a cabo la producción y solo venían a supervisarles", como en un laboratorio desmantelado en 2024 a 35 km de Johannesburgo, precisa.Una fuente de seguridad aseguró que los mexicanos detenidos "se encuentran en la parte inferior de la cadena" de mando, incluidos los arrestados en Swartruggens en mayo, aunque tuvieran conocimientos técnicos.Los cinco declararon a la policía que les vendaron los ojos y los tomaron como rehenes al llegar a Sudáfrica.Pero un investigador se burló de sus afirmaciones y replicó que "se les proporcionó todo lo que querían" para que su "estancia fuera cómoda". "¿Qué secuestrador va a dar a sus rehenes... comida y alcohol caros?"Laboratorios industriales en NigeriaEn Nigeria se observa un patrón similar. Una década después de que las autoridades creyeran haber expulsado a los carteles mexicanos, han comenzado a reaparecer laboratorios de metanfetamina presuntamente vinculados a los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.Como Sudáfrica, Nigeria cuenta con vastas extensiones de terreno remoto en las que ocultar los laboratorios, así como puertos y aeropuertos porosos por los que filtrar la mercancía.En mayo se desmanteló el mayor laboratorio de metanfetamina jamás descubierto en el país, en la zona rural del estado de Ogun.Tres mexicanos fueron detenidos acusados de estar vinculados a los cárteles, además de siete nigerianos. Otro mexicano fue detenido en una redada en junio en el estado de Oyo."La producción a escala industrial descubierta en los dos laboratorios confirma que su objetivo era el mercado internacional, especialmente Europa, el sudeste asiático y Oceanía", declaró a la AFP Femi Babafemi, portavoz de la Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas.El laboratorio del estado de Ogun se encontraba en un bosque entre las aldeas de Abidagba y de Iroto. Sus residentes acogieron inicialmente con agrado a los forasteros."Escuchamos rumores de que iban a construir allí una urbanización", dijo Florence Banjo, de 59 años. "Me alegré porque por fin iban a asfaltar la carretera que conduce a nuestra aldea", pero "nos quedamos decepcionados"."Gran capacidad para corromper" Cinco de los 28 laboratorios de metanfetamina desarticulados en Nigeria desde 2016 tenían a mexicanos implicados, señaló Babafemi.Según él, los mexicanos aparecieron por primera vez hace una década. "Vinieron para transmitir sus conocimientos técnicos a sus colaboradores locales. Una vez que fueron expulsados, los colaboradores locales tomaron el relevo".La reactivación de los cárteles en África se debe, en parte, a la presión que ejercen sobre ellos Estados Unidos y los gobiernos regionales de América Latina, afirmó Babafemi."Debemos preocuparnos seriamente por la expansión" de estos grupos "fuera de su principal bastión", dice Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Grupos Armados No Estatales de la Brookings Institution.Según ella, África es "un entorno operativo propicio para los mexicanos, que tienen una gran capacidad para corromper a las personas".Su metanfetamina es mucho más potente y letal que la versión de la droga que solían introducir de contrabando en Australia los grupos criminales procedentes de China y Birmania, añade.En Mozambique, antes considerado un mero país de tránsito de las drogas, dos mexicanos fueron detenidos en el aeropuerto de Maputo, la capital, en abril.Posteriormente se encontró una gran cantidad de productos químicos utilizados para fabricar metanfetamina en el domicilio de su presunto cómplice local.Consumo localLa producción y el tránsito a gran escala de drogas sintéticas en África también fomentan su consumo local, lo que preocupa a las autoridades de Nigeria y del sur del continente."A menudo se paga a los intermediarios con drogas, en lugar de solo con dinero en efectivo, y posteriormente tienen que colocar ese producto en los mercados locales", afirmó Antonio De Vivo, jefe de la oficina de Maputo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).Paulo Ferrao, de 27 años, un exadicto que trabaja en un centro de desintoxicación cerca de Maputo, es testigo del daño que la metanfetamina cristalina está causando allí."Estamos recibiendo más casos relacionados con la metanfetamina, lo que significa que la heroína ya no es suficiente para quienes están detrás del tráfico de drogas", señaló Ferrao.
Un nuevo ambiente se respira este viernes en el centro de Cali, un día después de la denominada operación Iron, desarrollada durante la madrugada y que permitió, según las autoridades, la desarticulación de siete bandas delincuenciales que venían generando temor entre habitantes y comerciantes de este sector de la capital del Valle del Cauca.Tras el operativo, las autoridades comenzaron una serie de jornadas de intervención social enfocadas en la atención integral de la población habitante de calle. Actualmente, estos espacios permiten atender diariamente a cerca de 300 personas, con servicios orientados no solo a sus necesidades inmediatas, sino también a generar alternativas para quienes buscan superar la vida en las calles.Nigeria Rentería, de la Secretaría de Bienestar Social, explicó que las jornadas se intensificarán durante los próximos días y que la recuperación del centro de la ciudad será uno de los principales objetivos de esta estrategia.Le puede interesar: De La Espriella ordena traslado de personas capturadas durante operación Iron en Cali“Cuando hablamos de recuperar el centro de Cali, hablamos también de recuperar oportunidades, de mirar a las personas más allá de su situación actual, reconocer sus capacidades y acompañarlas en la construcción de nuevos caminos. La dignidad también se construye cuando acercamos los servicios a quienes los necesitan”, manifestó Rentería.La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad y por los propios beneficiarios, quienes encuentran en estos espacios oportunidades para avanzar en sus procesos de recuperación y reintegración social. Además de la atención integral, las jornadas buscan facilitar el acceso a oportunidades laborales para quienes están decididos a dejar atrás la vida en las calles.“Para mí es muy importante ver como la Alcaldía hace todo esto por nosotros, ya que a veces nos sentimos olvidados y discriminados, me siento agradecido por los servicios brindados hoy”, dijo uno de los beneficiarios. Aunque por ahora las intervenciones están concentradas en el centro de Cali, la estrategia contempla llegar posteriormente a otros sectores de la ciudad, especialmente a puntos estratégicos del oriente, donde también se han identificado problemáticas asociadas a la presencia de habitantes de calle y a dinámicas de inseguridad.
