En respuesta a los crecientes cuestionamientos y tensiones por su visita a la capital de Santander, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió de forma categórica el carácter institucional de su agenda y aseguró que su gestión se basa en la "transparencia" y el cumplimiento de mandatos judiciales fundamentales para la región, cerrando el paso a las especulaciones sobre supuestas reuniones clandestinas."La clandestinidad es para los ilegales. Nosotras somos Gobierno y hemos hecho de la participación y la transparencia un principio de gestión. Nuestra presencia en Bucaramanga responde al cumplimiento de deberes institucionales concretos y no a agendas ocultas", afirmó la jefe de la cartera ambiental a través de su cuenta de X.Según la ministra Vélez "en Santurbán existen actuaciones judiciales en curso, en las que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán participa como accionante, entre ellas, el proceso de delimitación participativa ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 y la acción popular relacionada con la protección del bosque altoandino y de las áreas adyacentes al ecosistema de páramo. En ambos escenarios, el @MinAmbienteCo tiene el deber de actuar con transparencia, atender los requerimientos judiciales, escuchar a los accionantes y garantizar que las decisiones públicas se adopten con soporte técnico, jurídico y participación efectiva".La ministra subrayó tres compromisos ineludibles de su despacho en la región: La protección definitiva del sistema hídrico que abastece a los santandereanos, el cumplimiento riguroso de la orden judicial de delimitación de los ecosistemas de alta montaña, y la aplicación integral de las garantías de acceso a la información y protección de defensores del territorio, bajo el marco del Acuerdo de Escazú.Uno de los puntos más críticos de la agenda ministerial fue la recepción de alertas tempranas sobre el orden público. Durante el encuentro, los líderes ambientales y miembros del Comité de Santurbán manifestaron su profunda preocupación por las condiciones de seguridad de cara a la mesa de concertación fijada para los próximos días.Al respecto, el Ministerio de Ambiente confirmó que dichas alertas ya están siendo valoradas dentro del marco institucional correspondiente para asegurar que el proceso participativo se desarrolle con plenas garantías y sin amenazas coactivas para los actores sociales.Se espera que en los próximos días se conozca la fecha de la próxima mesa de concertación sobre la delimitación del Páramo de Santurbán después de la reunión fallida del pasado sábado, 4 de julio, donde no se lograron avances significativos. Extraoficialmente se dice que será el 18 de julio, pero no se confirmó el sitio.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, realiza este miércoles una visita reservada a Bucaramanga en medio del complejo proceso de concertación para la nueva delimitación del páramo de Santurbán, que atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión tras el fracaso de la mesa de diálogo entre comunidades y el Gobierno nacional, el pasado sábado.La presencia de la funcionaria fue confirmada a Blu Radio por la Oficina de Prensa del Ministerio de Ambiente, aunque la entidad se abstuvo de entregar detalles sobre la agenda oficial, los encuentros programados o el motivo específico del desplazamiento a la capital santandereana.La visita ocurre apenas unos días después de que se suspendiera la primera mesa de concertación con pequeños mineros, campesinos y otros actores de los municipios de California y Vetas, escenario que terminó marcado por fuertes confrontaciones entre representantes de las comunidades de Soto Norte y ambientalistas.El encuentro hacía parte del proceso ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017, que dejó sin efectos la anterior delimitación del páramo al considerar que no se garantizó una participación efectiva de las comunidades directamente afectadas. En cumplimiento de ese fallo, el Ministerio de Ambiente debe construir una nueva delimitación mediante un proceso de concertación con todos los sectores involucrados.Sin embargo, la primera jornada concluyó sin consensos. Los pequeños mineros y campesinos cuestionaron la metodología empleada por el Ministerio y aseguraron que sus propuestas no están siendo tenidas en cuenta en una decisión que definirá el futuro económico y social de la provincia de Soto Norte. Además, insistieron en que la nueva delimitación debe reconocer la minería tradicional y contemplar alternativas para las familias que dependen de esta actividad y de la agricultura.La mesa fue suspendida y las partes quedaron convocadas para reanudar las conversaciones el próximo 18 de julio, aunque persisten las diferencias entre los distintos sectores.En ese contexto, la llegada de Irene Vélez a Bucaramanga ha despertado expectativa entre líderes sociales, autoridades y organizaciones ambientales, debido a que podría estar relacionada con el proceso de concertación o con reuniones de carácter institucional sobre el futuro de Santurbán.Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente no ha informado si la ministra sostendrá encuentros con comunidades, autoridades regionales o representantes de los sectores involucrados en la discusión, manteniendo total hermetismo sobre la agenda de la funcionaria durante su permanencia en la ciudad.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que México no recibirá hipopótamos provenientes de Colombia y desmintió versiones sobre un posible traslado a ese país. A través de su cuenta en X, la funcionaria fue enfática y dijo que “México no se ofreció a recibir hipopótamos”Vélez explicó que desde 2024 existe una respuesta oficial en la que el Gobierno mexicano indicó que “no considera viable la traslocación a México de los ejemplares”. Además, señaló que ese país había planteado condiciones adicionales, como que los animales debían haber nacido en cautiverio.La ministra también recordó que cualquier traslado internacional depende de permisos tanto de Colombia como del país de destino. “Únicamente con la autorización expresa de la autoridad del país de ingreso es posible hacer un movimiento internacional de hipopótamos”, indicó.Pese a la negativa de México, Vélez afirmó que Colombia continúa buscando alternativas. “No significa que hayamos dejado de intentarlo”, escribió, al referirse a las gestiones que se adelantan con otros países y centros que podrían recibir a los animales.Dentro de esos acercamientos, la funcionaria confirmó contactos recientes con India. “Hemos logrado una reunión con la Embajada de la India en Colombia”, señaló, como parte de la estrategia para encontrar opciones de traslado.Finalmente, Vélez indicó que el país cuenta con protocolos definidos para el manejo de los hipopótamos y advirtió que “trasladar animales sin los permisos es tráfico ilegal”, en medio del crecimiento de esta población en Colombia.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en su calidad de directora de la Anla, y varios altos funcionarios por su presunta responsabilidad en las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba en 2026, las cuales habrían sido agravadas por fallas en la operación de la represa Urrá.Según el documento oficial, la emergencia por el desbordamiento del río Sinú no habría sido únicamente consecuencia de factores naturales. La Procuraduría advierte que existen indicios de que decisiones operativas y fallas institucionales contribuyeron a intensificar la crisis.La investigación se centra en el manejo del embalse de la hidroeléctrica Urrá, señalando posibles irregularidades en la regulación de caudales y en la prevención del riesgo.¿Quiénes están involucrados?Además de Irene Vélez, en su calidad de directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el proceso también involucra a:Funcionarios de la ANLADirectivos de la Superintendencia de Servicios PúblicosRepresentantes de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS)Directivos y exdirectivos de la empresa Urrá S.A. E.S.P.Los hechos investigados se relacionan con las inundaciones ocurridas en la cuenca del río Sinú, principalmente en el departamento de Córdoba, durante los primeros meses de 2026.La Procuraduría tomó la decisión de abrir la investigación el 26 de marzo de 2026, tras analizar un informe que recopiló información sobre lo sucedido durante la emergencia.El ente de control señala varias posibles irregularidades:Presunta operación negligente de la represa UrráIncumplimiento de la llamada “Curva Guía Máxima” del embalseFallas en los planes de gestión del riesgo y contingenciasOmisiones en el control y vigilancia por parte de autoridadesRespuesta tardía frente a irregularidades detectadasTambién se advierte que se habría priorizado la generación de energía sobre el control de inundaciones.El objetivo de la Procuraduría es determinar si existieron conductas irregulares, si estas constituyen faltas disciplinarias y quiénes serían responsables. El proceso podría derivar en sanciones disciplinarias si se comprueban las faltas.Como parte de la investigación, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas y solicitó información a varias entidades, entre ellas:ANLASuperserviciosCVSEmpresa UrráUnidad Nacional para la Gestión del RiesgoIDEAM
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, salió en defensa de la legalidad de su firma en la declaratoria de emergencia económica luego de que el Consejo Gremial Nacional demandara y pidiera anular el decreto alegando que estaba viciado pues ella no podía firmar al no haber sido nombrada en propiedad en el cargo y haber vencido el plazo máximo legal para permanecer en calidad de ministra encargada.Vélez aseguró que sí estaba habilitada pues el decreto 877 del 5 de agosto de 2025, que la designó como ministra encargada, sigue vigente y no ha sido derogado ni modificado y que, además, el decreto 1083 de 2015, que regula la función pública, no fija un límite temporal para los encargos interinstitucionales.En otras palabras, el Gobierno defiende la validez de la firma al argumentar que, al momento de decretarse la emergencia económica, no existía un acto administrativo que revoque el encargo y ella estaba en pleno ejercicio de las funciones ministeriales con todas las competencias.Sin embargo, el Consejo Gremial en su demanda ante la Corte Constitucional afirma que la firma de Vélez vició el decreto y trae como respaldo el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019.Este establece que los encargos en caso de vacancia definitiva tienen una duración inicial máxima de tres meses y aunque pueden prorrogarse una sola vez por otros tres meses, la extensión no es automática y debe hacerse vía acto administrativo.En esa línea, el encargo de Irene Vélez inició el 5 de agosto de 2025 y venció, como máximo, el 5 de noviembre de 2025, pero hasta el momento no hay evidencia pública de un decreto presidencial que lo hubiera prorrogado, por lo que no estaría jurídicamente investida como ministra.Con estos argumentos, la ministra Irene Vélez se está apoyando en un decreto reglamentario mientras que el Consejo Gremial invoca una ley en sentido formal que tiene jerarquía normativa superior.Si la Corte Constitucional concluye que la Ley 909 es aplicable a los encargos ministeriales y que no existió un acto de prórroga, la firma de la ministra encargada podría invalidarse y, por ende, el decreto sería inconstitucional por un vicio de forma.Y es que los gremios, que han mostrado múltiples reparos con esta medida económica del Gobierno Petro, le pidieron a la Corte recordar que se trata de un decreto que viene de la mano con poderes excepcionales y que los antecedentes muestran que en casos similares se ha exigido que estos actos cumplan de manera estricta todos los requisitos formales, entre ellos la firma válida de todos los ministros del despacho.
Le hacemos seguimiento al futuro de la Emergencia Económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que esta semana está sometida a exámenes decisivos en la Corte Constitucional y en el Congreso de la República.En las últimas horas, justo antes de las Salas Plenas de la Corte que se realizarán el miércoles y el jueves de esta semana y en las que se discutiría la posible suspensión de la Emergencia, llegaron a la Secretaría del Palacio de Justicia tres documentos que serán fundamentales para definir el futuro de la discusión.El primero es el enviado por el Consejo Gremial Nacional, que es un documento de 45 páginas en el que explica detalladamente por qué le solicita al magistrado Carlos Camargo que declare la inexequibilidad total del decreto mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social.Entre los 147 puntos que sustentan la petición del Consejo Gremial del hundimiento de la emergencia, está la situación de la ministra de Ambiente Irene Vélez, quien firmó el decreto a pesar de que no había sido nombrada como ministra en propiedad y ya se había vencido el plazo máximo que tenía para actuar legalmente en calidad de encargada.Además, dice el Consejo Gremial que resulta contradictorio que el gobierno invoque una situación de insuficiencia fiscal extraordinaria y de manera simultánea haya decretado en diciembre de 2025 un incremento del salario mínimo sustancialmente superior al que se encontraba en discusión y que generaría un déficit fiscal adicional para 2026 de 5.3 billones de pesos.También se conocieron en las últimas horas los conceptos de dos exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el exdirector de Planeación Jorge Iván González, quienes coinciden en señalar que el decreto mediante el cual se convoca a una Emergencia Económica no cumple con los requisitos constitucionales y económicos para la activación de dicho estado de excepción.Hablando sobre la Emergencia Económica, esta tarde se adelantará un importante debate de control político en el Senado, al que está citado todo el gabinete del presidente Gustavo Petro para que explique las motivaciones para convocar a ese estado de excepción que abrió la puerta al cobro de nuevos impuestos sin que el Ejecutivo tuviera que pasar por el Congreso.Simultáneamente, se conoció que la Presidencia de la República reforzó su batalla contra el magistrado Jorge Enrique Ibañez, a quien ahora recusó para que se aparte de la discusión sobre el futuro de la reforma pensional, teniendo en cuenta que en opinión de la Casa de Nariño, prejuzgó sobre el asunto en la famosa entrevista de la semana pasada concedida al diario El Tiempo.
El Consejo de Estado emitió un pronunciamiento frente a la demanda que buscaba anular el decreto 877 de 2025 que oficializó el nombramiento de Irene Vélez como ministra encargada de Ambiente.Si bien en un inicio habían admitido la demanda para su estudio, luego de revisar el detalle se revocó esa decisión y la dejó sin efectos al encontrar que el proceso no debía tramitarse como nulidad simple, sino como nulidad electoral.Según el Consejo de Estado la norma establece que el encargo de funciones es una situación administrativa, es decir, laboral, mientras que el encargo del del empleo sí es un nombramiento, porque implica que alguien reemplaza al titular del cargo.En esa línea, el tribunal explicó que no es competente para revisar el requerimiento en única instancia, ya que las demandas contra actos de nombramiento de ministros deben ser tramitadas por los tribunales administrativos.“Esta normativa fue interpretada por esta corporación y se unificó la jurisprudencia respecto de la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos para conocer de las demandadas presentadas contra los nombramientos de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional y de los empleados públicos del nivel directivo, asesor o equivalentes en el orden nacional”, argumentó el alto tribunal.Así las cosas, ordenó adecuar la demanda al medio de control de nulidad electoral y remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que será el encargado de continuar con el estudio del caso.La demanda fue presentada por la ciudadana Ximena Echavarría Cardona, quien cuestionó el decreto por considerar que la funcionaria encargada estaría incursa en un conflicto de intereses que le impediría ejercer el cargo.
La directa de la ANLA y ministra encargada del Ministerio de ambiente, Irene Vélez, se pronunció frente a la reciente denuncia del representante a la Cámara Andrés Forero, quien señaló que la Cancillería habría asumido 90 millones de pesos en gastos de repatriación tras la decisión del Consejo de Estado que anuló su nombramiento como cónsul en Londres. La afirmación generó debate público y cuestionamientos sobre el manejo de los procedimientos administrativos en el Servicio Exterior.En respuesta, Vélez aclaró que su retorno al país se realizó bajo los lineamientos establecidos por el Decreto 274 de 2000, norma que regula el régimen del Servicio Exterior y la Carrera Diplomática y Consular. Explicó que esta reglamentación define los derechos laborales de los funcionarios en el exterior, tanto de carrera como de libre nombramiento y remoción, y que su caso se ajustó a lo que contempla la ley para estos procesos.La exfuncionaria señaló que el regreso se efectuó conforme al principio de especialidad que rige las actuaciones de la Cancillería, y que todos los trámites se dieron en condiciones legales y transparentes. Añadió que los beneficios y procedimientos aplicados no responden a decisiones discrecionales, sino a lo estipulado para cualquier funcionario que debe regresar al país por disposición administrativa.Vélez invitó a quienes tengan dudas adicionales a dirigirse directamente a la Cancillería, entidad competente para explicar los procedimientos y aclarar inquietudes sobre la normativa vigente.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que a Irene Vélez la Cancillería le pagó 90 millones de pesos en gastos de repatriación tras la decisión del Consejo de Estado que terminó anulando su nombramiento como cónsul en Londres.“A pesar de la denuncia que habíamos hecho en el mes de mayo para evitar que la Cancillería le pagara los gastos de repatriación porque ella no había estado el tiempo suficiente en el exterior, ella logró que en el mes de agosto le pagaran 70 millones de pesos por concepto de viáticos, traslado de menaje doméstico y una prima de instalación que se suman a los 20 millones de pesos de los tiquetes”, dijo Forero.La información el representante la obtuvo por medio de un derecho de petición que le respondieron desde la Cancillería.“¿Es para este tipo de indelicadezas que el Gobierno pretende seguir asfixiando a los colombianos con nuevas reformas tributarias? Queda en evidencia al mismo tiempo que la señora Irene Vélez quiere que todo decrezca menos su cuenta bancaria”, agregó Forero.Es importante recordar que actualmente Irene Vélez es ministra de Ambiente encargada, anteriormente fue directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y ministra de Minas y Energía del Gobierno Petro.
Unos 400 cerdos fueron encontrados muertos en una granja de Austria, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición, durante una inspección policial motivada por las denuncias de vecinos debido a los fuertes malos olores que provenían de la explotación.El hallazgo se produjo en una granja situada a unos 110 kilómetros al oeste de Viena, donde las autoridades también encontraron 88 animales que todavía estaban con vida. Los cerdos fueron retirados del lugar y trasladados a explotaciones cercanas para recibir atención.Las autoridades investigan ahora las condiciones en las que se encontraban los animales y las circunstancias que llevaron a la muerte de cientos de ejemplares. El propietario de la explotación fue denunciado por maltrato animal y la granja quedó clausurada.Investigan qué ocurrió con los cerdos muertosLa inspección comenzó después de que residentes de la zona alertaran sobre los malos olores procedentes de la granja. Al ingresar al establecimiento, los agentes encontraron una gran cantidad de animales muertos, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición.De acuerdo con fuentes policiales citadas por la agencia austríaca APA, el responsable de la explotación gestionaba la granja por su cuenta. Las autoridades consideran que podría atravesar problemas psicológicos, aunque esta circunstancia forma parte de las primeras hipótesis y deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes.Algunos medios locales señalan que el propietario podría haber dejado de alimentar a los animales desde comienzos de este año. Esta información todavía forma parte de las indagaciones sobre las condiciones en las que permanecieron los cerdos.Faltan cerca de 1.000 animales del registro oficialUno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores es la diferencia entre el número de animales que figuraban en los registros oficiales y los encontrados durante la inspección.Según APA, alrededor de 1.000 cerdos no aparecen en el recuento realizado en la explotación. Además, los agentes localizaron huesos entre los restos hallados en la granja.Ante esta situación, las autoridades no descartan que algunos de los animales pudieran haber recurrido al canibalismo como consecuencia de la falta de alimento. Sin embargo, se trata de una hipótesis que deberá ser esclarecida mediante la investigación y las pruebas correspondientes.La presencia de los huesos y la ausencia de una parte importante de los animales registrados han llevado a los investigadores a ampliar las pesquisas para determinar qué ocurrió en la explotación.88 cerdos fueron encontrados con vidaEn medio de las condiciones detectadas en la granja, los equipos que participaron en la intervención encontraron 88 cerdos vivos. Los animales fueron retirados de la explotación y distribuidos en otras granjas de la zona, donde quedaron bajo resguardo después de que las autoridades clausuraran el establecimiento.La intervención permitió evitar que estos ejemplares permanecieran en las mismas condiciones que los animales que murieron. Las autoridades deberán determinar ahora el estado de salud de los animales supervivientes y establecer las circunstancias en las que permanecieron en la explotación.El propietario fue denunciado por maltrato animalEl responsable de la granja fue denunciado por maltrato animal, mientras que las instalaciones quedaron clausuradas tras la intervención policial. La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, durante cuánto tiempo los animales estuvieron sin recibir alimentación adecuada, qué ocurrió con los ejemplares que no fueron encontrados y cuáles fueron las causas concretas de las muertes.El caso ha generado atención en Austria debido a la magnitud del hallazgo y a las condiciones en las que fueron localizados los animales. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
La Lotería del Tolima oficializó este lunes el aplazamiento de su sorteo número 4182, el cual estaba programado para realizarse durante la jornada. La entidad informó que la determinación responde a una “calamidad presentada en Colombia” durante la mañana de hoy, aunque no ofreció detalles adicionales sobre la naturaleza específica del suceso que motivó la medida.A través de un comunicado oficial dirigido a distribuidores, vendedores, loteros y asesores comerciales, la organización precisó que la nueva fecha y hora para el desarrollo del sorteo aún están por confirmarse.Para tranquilidad de los apostadores y de la red de comercialización, la Lotería del Tolima aclaró que el sorteo se llevará a cabo utilizando exactamente la misma billetería que ya se encuentra en circulación. En consecuencia, la entidad subrayó que la venta de billetes y fracciones continuará abierta y plenamente vigente hasta que se establezca el nuevo cronograma para el evento.La dirección de la institución indicó que esta decisión se toma en cumplimiento de su compromiso con el “juego legal, la transparencia, el bienestar y la tranquilidad” de todos los integrantes de su familia comercial. Asimismo, la Lotería del Tolima habilitó la línea telefónica 3125929517 para atender cualquier inquietud o requerimiento de información adicional por parte de sus colaboradores y clientes.Precio del billete de la Lotería del TolimaEl billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está compuesto por tres fracciones de $4.000 cada una.El producto puede adquirirse en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en Colombia, incluidos establecimientos de Efecty, Gelsa y Codesa.La Lotería del Tolima realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. Si el lunes es festivo, el sorteo se lleva a cabo el martes, en el mismo horario.La transmisión puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y de la página oficial de Facebook de la Lotería del Tolima.
La Lotería de Cundinamarca anunció oficialmente que el sorteo número 4815, originalmente programado para este lunes 10 de agosto, fue pospuesto para el próximo viernes 14 de agosto. La entidad informó que la decisión responde a una "calamidad" ocurrida durante la mañana de hoy en el territorio colombiano, sin precisar detalles adicionales sobre la naturaleza del evento.Según el comunicado emitido por la entidad, el sorteo se llevará a cabo en su nuevo horario a las 11:15 p.m. La Lotería enfatizó que esta modificación en su calendario operativo busca salvaguardar su compromiso con el juego legal, la transparencia y el bienestar de sus apostadores en todo el país.Para los usuarios que requieran información adicional o tengan inquietudes sobre el proceso, la organización ha dispuesto el número de WhatsApp 313 800 3929 como canal directo de atención al cliente.¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se realiza el martes, también a las 10:30 p. m.La transmisión puede seguirse a través de la página oficial de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.Los billetes se comercializan mediante canales autorizados como Lottired, Loti Colombi y Paga Todo, además de los puntos físicos habilitados por esta última red.Más de dos siglos de historiaLa Lotería de Cundinamarca tiene una trayectoria que se remonta al 16 de febrero de 1812, fecha en la que realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.Con más de dos siglos de historia, se mantiene como una de las loterías con mayor tradición en Colombia.
La tierra sigue temblando en territorio colombiano, en los últimos minutos se presentaron dos sismos en el Pacífico, el primero a las 2:52 de la mañana de magnitud 3.2 con epicentro en Itsmina, Chocó, el segundo a las 4:03 de la mañana, de magnitud 3.1 en el Océano Pacífico. Terremoto en Colombia deja al menos 132 muertos, hospitales desbordados y toques de quedaAl menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, donde decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).La cifra recoge únicamente el balance de las capitales del país, por lo que no incluye los muertos y heridos registrados en municipios y localidades aledañas, donde también se reportaron colapsos de edificios y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el terremoto, que obligó al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo hace solo tres días, a declarar la situación de "desastre nacional".El terremoto se produjo a las 07:34 de la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
