En respuesta a los crecientes cuestionamientos y tensiones por su visita a la capital de Santander, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió de forma categórica el carácter institucional de su agenda y aseguró que su gestión se basa en la "transparencia" y el cumplimiento de mandatos judiciales fundamentales para la región, cerrando el paso a las especulaciones sobre supuestas reuniones clandestinas."La clandestinidad es para los ilegales. Nosotras somos Gobierno y hemos hecho de la participación y la transparencia un principio de gestión. Nuestra presencia en Bucaramanga responde al cumplimiento de deberes institucionales concretos y no a agendas ocultas", afirmó la jefe de la cartera ambiental a través de su cuenta de X.Según la ministra Vélez "en Santurbán existen actuaciones judiciales en curso, en las que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán participa como accionante, entre ellas, el proceso de delimitación participativa ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 y la acción popular relacionada con la protección del bosque altoandino y de las áreas adyacentes al ecosistema de páramo. En ambos escenarios, el @MinAmbienteCo tiene el deber de actuar con transparencia, atender los requerimientos judiciales, escuchar a los accionantes y garantizar que las decisiones públicas se adopten con soporte técnico, jurídico y participación efectiva".La ministra subrayó tres compromisos ineludibles de su despacho en la región: La protección definitiva del sistema hídrico que abastece a los santandereanos, el cumplimiento riguroso de la orden judicial de delimitación de los ecosistemas de alta montaña, y la aplicación integral de las garantías de acceso a la información y protección de defensores del territorio, bajo el marco del Acuerdo de Escazú.Uno de los puntos más críticos de la agenda ministerial fue la recepción de alertas tempranas sobre el orden público. Durante el encuentro, los líderes ambientales y miembros del Comité de Santurbán manifestaron su profunda preocupación por las condiciones de seguridad de cara a la mesa de concertación fijada para los próximos días.Al respecto, el Ministerio de Ambiente confirmó que dichas alertas ya están siendo valoradas dentro del marco institucional correspondiente para asegurar que el proceso participativo se desarrolle con plenas garantías y sin amenazas coactivas para los actores sociales.Se espera que en los próximos días se conozca la fecha de la próxima mesa de concertación sobre la delimitación del Páramo de Santurbán después de la reunión fallida del pasado sábado, 4 de julio, donde no se lograron avances significativos. Extraoficialmente se dice que será el 18 de julio, pero no se confirmó el sitio.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, realiza este miércoles una visita reservada a Bucaramanga en medio del complejo proceso de concertación para la nueva delimitación del páramo de Santurbán, que atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión tras el fracaso de la mesa de diálogo entre comunidades y el Gobierno nacional, el pasado sábado.La presencia de la funcionaria fue confirmada a Blu Radio por la Oficina de Prensa del Ministerio de Ambiente, aunque la entidad se abstuvo de entregar detalles sobre la agenda oficial, los encuentros programados o el motivo específico del desplazamiento a la capital santandereana.La visita ocurre apenas unos días después de que se suspendiera la primera mesa de concertación con pequeños mineros, campesinos y otros actores de los municipios de California y Vetas, escenario que terminó marcado por fuertes confrontaciones entre representantes de las comunidades de Soto Norte y ambientalistas.El encuentro hacía parte del proceso ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017, que dejó sin efectos la anterior delimitación del páramo al considerar que no se garantizó una participación efectiva de las comunidades directamente afectadas. En cumplimiento de ese fallo, el Ministerio de Ambiente debe construir una nueva delimitación mediante un proceso de concertación con todos los sectores involucrados.Sin embargo, la primera jornada concluyó sin consensos. Los pequeños mineros y campesinos cuestionaron la metodología empleada por el Ministerio y aseguraron que sus propuestas no están siendo tenidas en cuenta en una decisión que definirá el futuro económico y social de la provincia de Soto Norte. Además, insistieron en que la nueva delimitación debe reconocer la minería tradicional y contemplar alternativas para las familias que dependen de esta actividad y de la agricultura.La mesa fue suspendida y las partes quedaron convocadas para reanudar las conversaciones el próximo 18 de julio, aunque persisten las diferencias entre los distintos sectores.En ese contexto, la llegada de Irene Vélez a Bucaramanga ha despertado expectativa entre líderes sociales, autoridades y organizaciones ambientales, debido a que podría estar relacionada con el proceso de concertación o con reuniones de carácter institucional sobre el futuro de Santurbán.Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente no ha informado si la ministra sostendrá encuentros con comunidades, autoridades regionales o representantes de los sectores involucrados en la discusión, manteniendo total hermetismo sobre la agenda de la funcionaria durante su permanencia en la ciudad.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que México no recibirá hipopótamos provenientes de Colombia y desmintió versiones sobre un posible traslado a ese país. A través de su cuenta en X, la funcionaria fue enfática y dijo que “México no se ofreció a recibir hipopótamos”Vélez explicó que desde 2024 existe una respuesta oficial en la que el Gobierno mexicano indicó que “no considera viable la traslocación a México de los ejemplares”. Además, señaló que ese país había planteado condiciones adicionales, como que los animales debían haber nacido en cautiverio.La ministra también recordó que cualquier traslado internacional depende de permisos tanto de Colombia como del país de destino. “Únicamente con la autorización expresa de la autoridad del país de ingreso es posible hacer un movimiento internacional de hipopótamos”, indicó.Pese a la negativa de México, Vélez afirmó que Colombia continúa buscando alternativas. “No significa que hayamos dejado de intentarlo”, escribió, al referirse a las gestiones que se adelantan con otros países y centros que podrían recibir a los animales.Dentro de esos acercamientos, la funcionaria confirmó contactos recientes con India. “Hemos logrado una reunión con la Embajada de la India en Colombia”, señaló, como parte de la estrategia para encontrar opciones de traslado.Finalmente, Vélez indicó que el país cuenta con protocolos definidos para el manejo de los hipopótamos y advirtió que “trasladar animales sin los permisos es tráfico ilegal”, en medio del crecimiento de esta población en Colombia.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en su calidad de directora de la Anla, y varios altos funcionarios por su presunta responsabilidad en las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba en 2026, las cuales habrían sido agravadas por fallas en la operación de la represa Urrá.Según el documento oficial, la emergencia por el desbordamiento del río Sinú no habría sido únicamente consecuencia de factores naturales. La Procuraduría advierte que existen indicios de que decisiones operativas y fallas institucionales contribuyeron a intensificar la crisis.La investigación se centra en el manejo del embalse de la hidroeléctrica Urrá, señalando posibles irregularidades en la regulación de caudales y en la prevención del riesgo.¿Quiénes están involucrados?Además de Irene Vélez, en su calidad de directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el proceso también involucra a:Funcionarios de la ANLADirectivos de la Superintendencia de Servicios PúblicosRepresentantes de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS)Directivos y exdirectivos de la empresa Urrá S.A. E.S.P.Los hechos investigados se relacionan con las inundaciones ocurridas en la cuenca del río Sinú, principalmente en el departamento de Córdoba, durante los primeros meses de 2026.La Procuraduría tomó la decisión de abrir la investigación el 26 de marzo de 2026, tras analizar un informe que recopiló información sobre lo sucedido durante la emergencia.El ente de control señala varias posibles irregularidades:Presunta operación negligente de la represa UrráIncumplimiento de la llamada “Curva Guía Máxima” del embalseFallas en los planes de gestión del riesgo y contingenciasOmisiones en el control y vigilancia por parte de autoridadesRespuesta tardía frente a irregularidades detectadasTambién se advierte que se habría priorizado la generación de energía sobre el control de inundaciones.El objetivo de la Procuraduría es determinar si existieron conductas irregulares, si estas constituyen faltas disciplinarias y quiénes serían responsables. El proceso podría derivar en sanciones disciplinarias si se comprueban las faltas.Como parte de la investigación, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas y solicitó información a varias entidades, entre ellas:ANLASuperserviciosCVSEmpresa UrráUnidad Nacional para la Gestión del RiesgoIDEAM
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, salió en defensa de la legalidad de su firma en la declaratoria de emergencia económica luego de que el Consejo Gremial Nacional demandara y pidiera anular el decreto alegando que estaba viciado pues ella no podía firmar al no haber sido nombrada en propiedad en el cargo y haber vencido el plazo máximo legal para permanecer en calidad de ministra encargada.Vélez aseguró que sí estaba habilitada pues el decreto 877 del 5 de agosto de 2025, que la designó como ministra encargada, sigue vigente y no ha sido derogado ni modificado y que, además, el decreto 1083 de 2015, que regula la función pública, no fija un límite temporal para los encargos interinstitucionales.En otras palabras, el Gobierno defiende la validez de la firma al argumentar que, al momento de decretarse la emergencia económica, no existía un acto administrativo que revoque el encargo y ella estaba en pleno ejercicio de las funciones ministeriales con todas las competencias.Sin embargo, el Consejo Gremial en su demanda ante la Corte Constitucional afirma que la firma de Vélez vició el decreto y trae como respaldo el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019.Este establece que los encargos en caso de vacancia definitiva tienen una duración inicial máxima de tres meses y aunque pueden prorrogarse una sola vez por otros tres meses, la extensión no es automática y debe hacerse vía acto administrativo.En esa línea, el encargo de Irene Vélez inició el 5 de agosto de 2025 y venció, como máximo, el 5 de noviembre de 2025, pero hasta el momento no hay evidencia pública de un decreto presidencial que lo hubiera prorrogado, por lo que no estaría jurídicamente investida como ministra.Con estos argumentos, la ministra Irene Vélez se está apoyando en un decreto reglamentario mientras que el Consejo Gremial invoca una ley en sentido formal que tiene jerarquía normativa superior.Si la Corte Constitucional concluye que la Ley 909 es aplicable a los encargos ministeriales y que no existió un acto de prórroga, la firma de la ministra encargada podría invalidarse y, por ende, el decreto sería inconstitucional por un vicio de forma.Y es que los gremios, que han mostrado múltiples reparos con esta medida económica del Gobierno Petro, le pidieron a la Corte recordar que se trata de un decreto que viene de la mano con poderes excepcionales y que los antecedentes muestran que en casos similares se ha exigido que estos actos cumplan de manera estricta todos los requisitos formales, entre ellos la firma válida de todos los ministros del despacho.
Le hacemos seguimiento al futuro de la Emergencia Económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que esta semana está sometida a exámenes decisivos en la Corte Constitucional y en el Congreso de la República.En las últimas horas, justo antes de las Salas Plenas de la Corte que se realizarán el miércoles y el jueves de esta semana y en las que se discutiría la posible suspensión de la Emergencia, llegaron a la Secretaría del Palacio de Justicia tres documentos que serán fundamentales para definir el futuro de la discusión.El primero es el enviado por el Consejo Gremial Nacional, que es un documento de 45 páginas en el que explica detalladamente por qué le solicita al magistrado Carlos Camargo que declare la inexequibilidad total del decreto mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social.Entre los 147 puntos que sustentan la petición del Consejo Gremial del hundimiento de la emergencia, está la situación de la ministra de Ambiente Irene Vélez, quien firmó el decreto a pesar de que no había sido nombrada como ministra en propiedad y ya se había vencido el plazo máximo que tenía para actuar legalmente en calidad de encargada.Además, dice el Consejo Gremial que resulta contradictorio que el gobierno invoque una situación de insuficiencia fiscal extraordinaria y de manera simultánea haya decretado en diciembre de 2025 un incremento del salario mínimo sustancialmente superior al que se encontraba en discusión y que generaría un déficit fiscal adicional para 2026 de 5.3 billones de pesos.También se conocieron en las últimas horas los conceptos de dos exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el exdirector de Planeación Jorge Iván González, quienes coinciden en señalar que el decreto mediante el cual se convoca a una Emergencia Económica no cumple con los requisitos constitucionales y económicos para la activación de dicho estado de excepción.Hablando sobre la Emergencia Económica, esta tarde se adelantará un importante debate de control político en el Senado, al que está citado todo el gabinete del presidente Gustavo Petro para que explique las motivaciones para convocar a ese estado de excepción que abrió la puerta al cobro de nuevos impuestos sin que el Ejecutivo tuviera que pasar por el Congreso.Simultáneamente, se conoció que la Presidencia de la República reforzó su batalla contra el magistrado Jorge Enrique Ibañez, a quien ahora recusó para que se aparte de la discusión sobre el futuro de la reforma pensional, teniendo en cuenta que en opinión de la Casa de Nariño, prejuzgó sobre el asunto en la famosa entrevista de la semana pasada concedida al diario El Tiempo.
El Consejo de Estado emitió un pronunciamiento frente a la demanda que buscaba anular el decreto 877 de 2025 que oficializó el nombramiento de Irene Vélez como ministra encargada de Ambiente.Si bien en un inicio habían admitido la demanda para su estudio, luego de revisar el detalle se revocó esa decisión y la dejó sin efectos al encontrar que el proceso no debía tramitarse como nulidad simple, sino como nulidad electoral.Según el Consejo de Estado la norma establece que el encargo de funciones es una situación administrativa, es decir, laboral, mientras que el encargo del del empleo sí es un nombramiento, porque implica que alguien reemplaza al titular del cargo.En esa línea, el tribunal explicó que no es competente para revisar el requerimiento en única instancia, ya que las demandas contra actos de nombramiento de ministros deben ser tramitadas por los tribunales administrativos.“Esta normativa fue interpretada por esta corporación y se unificó la jurisprudencia respecto de la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos para conocer de las demandadas presentadas contra los nombramientos de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional y de los empleados públicos del nivel directivo, asesor o equivalentes en el orden nacional”, argumentó el alto tribunal.Así las cosas, ordenó adecuar la demanda al medio de control de nulidad electoral y remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que será el encargado de continuar con el estudio del caso.La demanda fue presentada por la ciudadana Ximena Echavarría Cardona, quien cuestionó el decreto por considerar que la funcionaria encargada estaría incursa en un conflicto de intereses que le impediría ejercer el cargo.
La directa de la ANLA y ministra encargada del Ministerio de ambiente, Irene Vélez, se pronunció frente a la reciente denuncia del representante a la Cámara Andrés Forero, quien señaló que la Cancillería habría asumido 90 millones de pesos en gastos de repatriación tras la decisión del Consejo de Estado que anuló su nombramiento como cónsul en Londres. La afirmación generó debate público y cuestionamientos sobre el manejo de los procedimientos administrativos en el Servicio Exterior.En respuesta, Vélez aclaró que su retorno al país se realizó bajo los lineamientos establecidos por el Decreto 274 de 2000, norma que regula el régimen del Servicio Exterior y la Carrera Diplomática y Consular. Explicó que esta reglamentación define los derechos laborales de los funcionarios en el exterior, tanto de carrera como de libre nombramiento y remoción, y que su caso se ajustó a lo que contempla la ley para estos procesos.La exfuncionaria señaló que el regreso se efectuó conforme al principio de especialidad que rige las actuaciones de la Cancillería, y que todos los trámites se dieron en condiciones legales y transparentes. Añadió que los beneficios y procedimientos aplicados no responden a decisiones discrecionales, sino a lo estipulado para cualquier funcionario que debe regresar al país por disposición administrativa.Vélez invitó a quienes tengan dudas adicionales a dirigirse directamente a la Cancillería, entidad competente para explicar los procedimientos y aclarar inquietudes sobre la normativa vigente.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que a Irene Vélez la Cancillería le pagó 90 millones de pesos en gastos de repatriación tras la decisión del Consejo de Estado que terminó anulando su nombramiento como cónsul en Londres.“A pesar de la denuncia que habíamos hecho en el mes de mayo para evitar que la Cancillería le pagara los gastos de repatriación porque ella no había estado el tiempo suficiente en el exterior, ella logró que en el mes de agosto le pagaran 70 millones de pesos por concepto de viáticos, traslado de menaje doméstico y una prima de instalación que se suman a los 20 millones de pesos de los tiquetes”, dijo Forero.La información el representante la obtuvo por medio de un derecho de petición que le respondieron desde la Cancillería.“¿Es para este tipo de indelicadezas que el Gobierno pretende seguir asfixiando a los colombianos con nuevas reformas tributarias? Queda en evidencia al mismo tiempo que la señora Irene Vélez quiere que todo decrezca menos su cuenta bancaria”, agregó Forero.Es importante recordar que actualmente Irene Vélez es ministra de Ambiente encargada, anteriormente fue directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y ministra de Minas y Energía del Gobierno Petro.
Honorio Henríquez, del Centro Democrático, fue elegido presidente del senado para la legislatura 2026-2027.Henríquez obtuvo 56 votos frente a los 45 que logró Alfredo Deluque, quien es del partido de la U y muy cercano a Abelardo De la Espriella.“El Senado de la República, en un hecho histórico, defendió la independencia de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo”, dijo el senador del Centro Democrático Christian Garcés.Es importante recordar que tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico postularon a Henríquez para la presidencia del Senado.“Primera derrota de De la Espriella”, dijo el senador Iván Cepeda tras este resultado.
Honorio Henríquez fue elegido nuevo presidente del Senado luego de 56 votos a su favor en la plenaria este 20 de julio, mientras se llevó a cabo la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030 para el Gobierno de Abelardo De La Espriella, el cual arrancará el próximo 7 de agosto.¿Quién es Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado?Oriundo de Santa Marta, el senado del Centro Democrático ha dedicado su vida a la política y los debates públicos. Estudió Derecho en la Universidad de la Sabana on especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó estudios en Seguridad y Defensa Nacional.Siempre ha tenido el respaldo del expresidente de Álvaro Uribe Vélez, de hecho, su vida política comenzó gracias a él entre 2004 y 2005 cuando fue nombre como viceministro de Justicia encargado y, tras eso, llegó a la Gobernación de Córdoba en un corto periodo también como encargado.El 13 de septiembre de 2006 fue nombrado director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública hasta el 2012 y, en 2014, llegó al Senado de la República y ha estado detrás de importantes proyectos de ley como: brindar estabilidad reforzada a prepensionados, la iniciativa de antidesperdicios para eliminar el hambre en Colombia, la pensión fiada para todos los colombianos, formalización laboral para madres comunitarias, entre otros.Su cargo más reciente fue entre 2022 y 2023 como vicepresidente segundo del Senado junto con Miguel Ángel Pinto, mientras el presidente era Roy Barreras en el inicio del Gobierno Petro.Su relación con Álvaro Uribe VélezLa vida política del senador ha sido estrecha con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no solo en proyectos, sino como uno de sus pilares importantes en el Congreso para el Centro Democrático.Uribe se ha opuesto a la llegada de Alfredo Deluque, del partido de la U a la presidencia del Senado. El exmandatario ha dicho que Deluque, supuestamente, recibió beneficios y votó a favor proyectos del Gobierno Petro.“Honorio senador dedicado y laborioso, es leal y coherente, ha hecho oposición con argumentos y respeto, es garantista, ajeno a la persecución política. Es mesurado en sus palabras y actitudes. Y fundamentalmente un GRAN SER HUMANO”, expresó Uribe en X sobre su respaldo a la presidencia del Senado.
El senador Honorio Henríquez fue elegido este lunes, 20 de julio como el nuevo presidente del Senado de la República para el periodo legislativo 2026-2027. La designación ocurrió en el marco de la instalación oficial del Congreso, coincidiendo con la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia.Henríquez, integrante del Centro Democrático, obtuvo la mayoría de los votos de la plenaria tras una jornada de deliberaciones. Su elección resulta clave, pues asumirá la dirección del legislativo a partir del próximo 7 de agosto, coincidiendo con el inicio del mandato de Abelardo De La Espriella como presidente de la República.La designación de Henríquez se consolidó tras una serie de tensiones políticas previas. El Gobierno entrante inicialmente contemplaba con buenos ojos la candidatura de otros nombres como el de Deluque para la presidencia del Senado. No obstante, la bancada del Centro Democrático mantuvo una postura firme y crítica ante esta posibilidad. El partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó en reiteradas ocasiones que Henríquez representaba “la mejor opción para Colombia”, una tesis que finalmente terminó por convencer a la mayoría de los senadores presentes en la plenaria.Este cambio en la cúpula del legislativo marca un punto de inflexión para el inicio del cuatrienio 2026-2030, donde el Ejecutivo deberá tramitar sus principales reformas. La llegada de Henríquez a la mesa directiva sugiere un equilibrio de fuerzas distinto al que se proyectaba inicialmente por parte del Ejecutivo entrante.La sesión de instalación, realizada en un ambiente de alta expectativa política, dio inicio formal al trabajo legislativo que enfrentará retos significativos en materia económica y social. Con la elección resuelta, el nuevo presidente del Senado se prepara para liderar los debates que definirán la agenda gubernamental en los próximos meses, consolidando así el poder de su bancada dentro de la cámara alta.El país ahora queda a la espera de ver cómo esta nueva configuración influirá en la gobernabilidad y el desarrollo de los proyectos de ley propuestos por el presidente electo De La Espriella.
La Cámara de Representantes eligió a Nicolás Barguil, del Partido Conservador, como su nuevo presidente para la Legislatura 2026 - 2027, en cumplimiento de los acuerdos políticos alcanzados entre las diferentes colectividades.Votaron 181 congresistas. Barguil obtuvo 180 votos y sólo uno en blanco.La elección se realizó con una única postulación para cada uno de los cargos en disputa, una fórmula respaldada por casi todos los representantes.El Partido Conservador presentó la candidatura de Nicolás Barguil para la presidencia de la Cámara. Por su parte, el Partido Liberal, Creemos, Salvación Nacional y Cambio Radical postularon a Simón Molina para la primera vicepresidencia, quien fue respaldo por 180 votos y uno en blanco.El Pacto Histórico respaldó la candidatura de Erick Adrián Velasco para la segunda vicepresidencia y recibió el apoyo de 179 votos y dos nulos.En los demás cargos de la corporación se eligió a Jhon Abiud Ramírez, del Partido de La U, en la Dirección Administrativa; el liberal Miguel Ángel Sánchez fue electo secretaría General, y James Canizales Serrano en la Subsecretaría, por postulación del Centro Democrático.El perfil del nuevo presidenteNicolás Barguil, de 42 años y oriundo de Montería, departamento de Córdoba, llegó al Congreso en 2022 tras ser elegido representante a la Cámara por el Partido Conservador.Durante su gestión ha integrado la Comisión Quinta, la Comisión Legal de Cuentas y la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista. En 2023 fue elegido vocero de la bancada conservadora en la Cámara y actualmente también hace parte del Directorio Nacional Conservador, desde donde participa en la orientación política de la colectividad.Barguil es profesional en Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Gerencia Pública y magíster en Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana.Según el perfil oficial del partido, antes de incursionar en la política, Barguil desarrolló una trayectoria de más de 14 años en el sector agroindustrial, experiencia que, según su perfil, le permitió conocer de cerca las necesidades del campo y de los sectores productivos del país.
Nicolás Barguil fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes para la legislatura 2026-2027, luego de obtener el respaldo mayoritario de las bancadas del Congreso en desarrollo de los acuerdos políticos alcanzados para la conformación de las mesas directivas del nuevo periodo legislativo.El congresista cordobés, integrante del Partido Conservador Colombiano, asumirá una de las dignidades más importantes del Poder Legislativo, desde donde tendrá la responsabilidad de dirigir las sesiones plenarias, conducir los debates, coordinar la agenda legislativa y ejercer la representación institucional de la corporación durante el primer año del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.Su elección fue el resultado de varios días de negociaciones entre las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso. Aunque el Centro Democrático y Cambio Radical también aspiraban a ocupar la Presidencia de la Cámara, finalmente las bancadas alcanzaron un consenso que permitió al Partido Conservador quedarse con el cargo durante el primer año del cuatrienio 2026-2030.¿Quién es Nicolás Barguil?Nicolás Barguil representa al departamento de Córdoba en la Cámara de Representantes y ha desarrollado su carrera política desde las filas del Partido Conservador. Durante su paso por el Congreso ha participado en diferentes iniciativas legislativas enfocadas en temas económicos, desarrollo regional y fortalecimiento institucional.A lo largo de su gestión también ha integrado distintas comisiones constitucionales y accidentales, participando en la discusión de proyectos de ley relacionados con el fortalecimiento de las finanzas territoriales, la competitividad y el impulso al desarrollo de las regiones.Dentro de su colectividad es considerado un dirigente con capacidad de concertación, una característica que terminó siendo determinante durante las conversaciones entre los partidos para definir la conformación de las mesas directivas del Congreso.Precisamente ese perfil facilitó que su nombre lograra respaldo no solo dentro del Partido Conservador, sino también entre otras bancadas que harán parte de las mayorías legislativas durante el nuevo periodo constitucional.La llegada de Barguil a la Presidencia de la Cámara fue posible gracias al acuerdo alcanzado entre las principales colectividades para distribuir esa dignidad durante los cuatro años del Congreso.Según lo pactado, el Partido Conservador encabezará la corporación durante la legislatura 2026-2027. Posteriormente, la Presidencia pasará al Partido Liberal, luego al Centro Democrático y, finalmente, a Cambio Radical. Sin embargo, los nombres de quienes asumirán esas responsabilidades en los años siguientes aún deberán ser definidos mediante nuevas negociaciones entre las bancadas.Con este esquema de alternancia, los partidos buscaron garantizar una representación equilibrada de las principales fuerzas políticas dentro de la dirección de la Cámara de Representantes.Los retos al frente de la CámaraComo presidente de la corporación, Nicolás Barguil tendrá la tarea de garantizar el normal desarrollo de las sesiones legislativas y facilitar la discusión de los proyectos que serán radicados tanto por el Gobierno nacional como por los congresistas.Además de conducir los debates, deberá liderar la organización de la agenda legislativa y promover consensos entre las diferentes bancadas en un Congreso que iniciará funciones con importantes reformas y proyectos de alto impacto para el país.Su elección marca el inicio de una nueva etapa para la Cámara de Representantes, en la que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas será determinante para el avance de la agenda legislativa durante la primera legislatura del periodo 2026-2030.
