El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga ordenó suspender los efectos de la Resolución 0992 de 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente adoptó una delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín.La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por la ciudadana Yojanna Yulieth Serrano Gómez, quien alegó vulneraciones a sus derechos de participación ambiental efectiva, acceso a la información pública y debido proceso administrativo durante el proceso de delimitación.En el fallo de primera instancia, fechado el 2 de septiembre de 2026, el despacho concluyó que el Ministerio de Ambiente vulneró los derechos de la accionante al no entregarle información fundamental relacionada con la Resolución 0992, entre ella los mapas, coordenadas, anexos técnicos y científicos, estudios ambientales, actas y grabaciones de la jornada de concertación realizada el 18 de julio, así como la matriz en la que debían valorarse las observaciones ciudadanas.El juez también encontró una vulneración al debido proceso administrativo debido a que la resolución fue expedida mientras se encontraban pendientes varias recusaciones contra funcionarios que participaron en su trámite.Según el propio Ministerio de Ambiente, entre el 21 de julio y el 6 de agosto se presentaron recusaciones contra funcionarios de la entidad, pero estas solo fueron remitidas para su decisión al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el 13 de agosto, siete días después de expedida la Resolución 0992.El despacho recordó que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, la actuación administrativa queda suspendida desde la presentación de una recusación y hasta que esta sea decidida. Para el juzgado, la resolución fue suscrita y produjo efectos durante un periodo en el que el procedimiento administrativo se encontraba legalmente suspendido.Otro de los aspectos cuestionados fue el momento en que se expidió la delimitación. La Resolución 0992 fue firmada el 6 de agosto, apenas 19 días después de la jornada de concertación realizada en Bucaramanga. Además, el Ministerio había informado el 18 de agosto que el proceso llevaba cerca de un 70 % de avance en la fase de concertación.Para el juez, esto evidenció que la decisión se adoptó sin que existiera previamente una respuesta motivada e individualizada a las observaciones planteadas por la ciudadanía.La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional establece que la participación ambiental no se limita a convocar reuniones, sino que implica brindar información, permitir una intervención efectiva de las comunidades y valorar y responder de manera motivada sus propuestas y desacuerdos.La Defensoría del Pueblo, que estuvo presente en la jornada del 18 de julio, documentó además interrupciones, discusiones y confrontaciones entre los diferentes sectores participantes, circunstancias que, según el juzgado, impidieron el desarrollo fluido del diálogo.Frente a esta decisión, la alcaldesa de Vetas, Angélica María García, manifestó su satisfacción y pidió que el nuevo proceso de delimitación tenga una mayor participación de las comunidades.“Nos sentimos muy felices del fallo judicial que salió el día de hoy suspendiendo la resolución por medio de la cual el gobierno anterior había hecho una delimitación express desconociendo los acuerdos que se habían logrado en el año 2021 y 2022 con el Ministerio de Ambiente”, aseguró la mandataria.García sostuvo que espera que el nuevo Ministerio de Ambiente adelante un proceso “más elaborado”, con mayor sustento técnico y jurídico y con participación de las comunidades de los municipios ubicados en el área de influencia del páramo.“Tenemos la esperanza de que este nuevo gobierno realice un proceso de participación más elaborado, reconozca los acuerdos en los que habíamos llegado y realice una delimitación con un ejercicio más técnico y más jurídico”, agregó.El fallo, sin embargo, no declaró la nulidad de la Resolución 0992. El juez explicó expresamente que una decisión definitiva sobre la legalidad del acto administrativo corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La medida adoptada en esta tutela es provisional y busca proteger los derechos que fueron considerados vulnerados.En concreto, el Juzgado Doce Administrativo ordenó suspender los efectos de la resolución mientras el Ministerio de Ambiente resuelve de fondo las recusaciones pendientes. Para ello, le dio un plazo de cinco días hábiles desde la comunicación de la providencia. Posteriormente, la entidad deberá adelantar el procedimiento correspondiente para la delimitación progresiva, garantizando los derechos de participación, acceso a la información y debido proceso, en los términos establecidos por la Corte Constitucional.Además, el Ministerio tendrá 48 horas desde la notificación del fallo para entregar a la accionante una copia íntegra de la Resolución 0992, sus mapas, coordenadas, anexos técnicos y científicos, estudios, actas, grabaciones de la jornada de concertación y la matriz de valoración de las observaciones ciudadanas, indicando cuáles fueron aceptadas, rechazadas o incorporadas parcialmente.La decisión también desvinculó del proceso de tutela a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la CDMB, la CAS y CORPONOR, al considerar que no se acreditó una conducta activa u omisiva atribuible a estas entidades.De esta manera, el futuro de la delimitación progresiva del Páramo de Santurbán vuelve a quedar en manos del Ministerio de Ambiente, que deberá resolver primero las recusaciones pendientes y posteriormente continuar el procedimiento bajo las garantías de participación ciudadana, acceso a la información y debido proceso.
En respuesta a los crecientes cuestionamientos y tensiones por su visita a la capital de Santander, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió de forma categórica el carácter institucional de su agenda y aseguró que su gestión se basa en la "transparencia" y el cumplimiento de mandatos judiciales fundamentales para la región, cerrando el paso a las especulaciones sobre supuestas reuniones clandestinas."La clandestinidad es para los ilegales. Nosotras somos Gobierno y hemos hecho de la participación y la transparencia un principio de gestión. Nuestra presencia en Bucaramanga responde al cumplimiento de deberes institucionales concretos y no a agendas ocultas", afirmó la jefe de la cartera ambiental a través de su cuenta de X.Según la ministra Vélez "en Santurbán existen actuaciones judiciales en curso, en las que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán participa como accionante, entre ellas, el proceso de delimitación participativa ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 y la acción popular relacionada con la protección del bosque altoandino y de las áreas adyacentes al ecosistema de páramo. En ambos escenarios, el @MinAmbienteCo tiene el deber de actuar con transparencia, atender los requerimientos judiciales, escuchar a los accionantes y garantizar que las decisiones públicas se adopten con soporte técnico, jurídico y participación efectiva".La ministra subrayó tres compromisos ineludibles de su despacho en la región: La protección definitiva del sistema hídrico que abastece a los santandereanos, el cumplimiento riguroso de la orden judicial de delimitación de los ecosistemas de alta montaña, y la aplicación integral de las garantías de acceso a la información y protección de defensores del territorio, bajo el marco del Acuerdo de Escazú.Uno de los puntos más críticos de la agenda ministerial fue la recepción de alertas tempranas sobre el orden público. Durante el encuentro, los líderes ambientales y miembros del Comité de Santurbán manifestaron su profunda preocupación por las condiciones de seguridad de cara a la mesa de concertación fijada para los próximos días.Al respecto, el Ministerio de Ambiente confirmó que dichas alertas ya están siendo valoradas dentro del marco institucional correspondiente para asegurar que el proceso participativo se desarrolle con plenas garantías y sin amenazas coactivas para los actores sociales.Se espera que en los próximos días se conozca la fecha de la próxima mesa de concertación sobre la delimitación del Páramo de Santurbán después de la reunión fallida del pasado sábado, 4 de julio, donde no se lograron avances significativos. Extraoficialmente se dice que será el 18 de julio, pero no se confirmó el sitio.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, realiza este miércoles una visita reservada a Bucaramanga en medio del complejo proceso de concertación para la nueva delimitación del páramo de Santurbán, que atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión tras el fracaso de la mesa de diálogo entre comunidades y el Gobierno nacional, el pasado sábado.La presencia de la funcionaria fue confirmada a Blu Radio por la Oficina de Prensa del Ministerio de Ambiente, aunque la entidad se abstuvo de entregar detalles sobre la agenda oficial, los encuentros programados o el motivo específico del desplazamiento a la capital santandereana.La visita ocurre apenas unos días después de que se suspendiera la primera mesa de concertación con pequeños mineros, campesinos y otros actores de los municipios de California y Vetas, escenario que terminó marcado por fuertes confrontaciones entre representantes de las comunidades de Soto Norte y ambientalistas.El encuentro hacía parte del proceso ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017, que dejó sin efectos la anterior delimitación del páramo al considerar que no se garantizó una participación efectiva de las comunidades directamente afectadas. En cumplimiento de ese fallo, el Ministerio de Ambiente debe construir una nueva delimitación mediante un proceso de concertación con todos los sectores involucrados.Sin embargo, la primera jornada concluyó sin consensos. Los pequeños mineros y campesinos cuestionaron la metodología empleada por el Ministerio y aseguraron que sus propuestas no están siendo tenidas en cuenta en una decisión que definirá el futuro económico y social de la provincia de Soto Norte. Además, insistieron en que la nueva delimitación debe reconocer la minería tradicional y contemplar alternativas para las familias que dependen de esta actividad y de la agricultura.La mesa fue suspendida y las partes quedaron convocadas para reanudar las conversaciones el próximo 18 de julio, aunque persisten las diferencias entre los distintos sectores.En ese contexto, la llegada de Irene Vélez a Bucaramanga ha despertado expectativa entre líderes sociales, autoridades y organizaciones ambientales, debido a que podría estar relacionada con el proceso de concertación o con reuniones de carácter institucional sobre el futuro de Santurbán.Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente no ha informado si la ministra sostendrá encuentros con comunidades, autoridades regionales o representantes de los sectores involucrados en la discusión, manteniendo total hermetismo sobre la agenda de la funcionaria durante su permanencia en la ciudad.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que México no recibirá hipopótamos provenientes de Colombia y desmintió versiones sobre un posible traslado a ese país. A través de su cuenta en X, la funcionaria fue enfática y dijo que “México no se ofreció a recibir hipopótamos”Vélez explicó que desde 2024 existe una respuesta oficial en la que el Gobierno mexicano indicó que “no considera viable la traslocación a México de los ejemplares”. Además, señaló que ese país había planteado condiciones adicionales, como que los animales debían haber nacido en cautiverio.La ministra también recordó que cualquier traslado internacional depende de permisos tanto de Colombia como del país de destino. “Únicamente con la autorización expresa de la autoridad del país de ingreso es posible hacer un movimiento internacional de hipopótamos”, indicó.Pese a la negativa de México, Vélez afirmó que Colombia continúa buscando alternativas. “No significa que hayamos dejado de intentarlo”, escribió, al referirse a las gestiones que se adelantan con otros países y centros que podrían recibir a los animales.Dentro de esos acercamientos, la funcionaria confirmó contactos recientes con India. “Hemos logrado una reunión con la Embajada de la India en Colombia”, señaló, como parte de la estrategia para encontrar opciones de traslado.Finalmente, Vélez indicó que el país cuenta con protocolos definidos para el manejo de los hipopótamos y advirtió que “trasladar animales sin los permisos es tráfico ilegal”, en medio del crecimiento de esta población en Colombia.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en su calidad de directora de la Anla, y varios altos funcionarios por su presunta responsabilidad en las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba en 2026, las cuales habrían sido agravadas por fallas en la operación de la represa Urrá.Según el documento oficial, la emergencia por el desbordamiento del río Sinú no habría sido únicamente consecuencia de factores naturales. La Procuraduría advierte que existen indicios de que decisiones operativas y fallas institucionales contribuyeron a intensificar la crisis.La investigación se centra en el manejo del embalse de la hidroeléctrica Urrá, señalando posibles irregularidades en la regulación de caudales y en la prevención del riesgo.¿Quiénes están involucrados?Además de Irene Vélez, en su calidad de directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el proceso también involucra a:Funcionarios de la ANLADirectivos de la Superintendencia de Servicios PúblicosRepresentantes de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS)Directivos y exdirectivos de la empresa Urrá S.A. E.S.P.Los hechos investigados se relacionan con las inundaciones ocurridas en la cuenca del río Sinú, principalmente en el departamento de Córdoba, durante los primeros meses de 2026.La Procuraduría tomó la decisión de abrir la investigación el 26 de marzo de 2026, tras analizar un informe que recopiló información sobre lo sucedido durante la emergencia.El ente de control señala varias posibles irregularidades:Presunta operación negligente de la represa UrráIncumplimiento de la llamada “Curva Guía Máxima” del embalseFallas en los planes de gestión del riesgo y contingenciasOmisiones en el control y vigilancia por parte de autoridadesRespuesta tardía frente a irregularidades detectadasTambién se advierte que se habría priorizado la generación de energía sobre el control de inundaciones.El objetivo de la Procuraduría es determinar si existieron conductas irregulares, si estas constituyen faltas disciplinarias y quiénes serían responsables. El proceso podría derivar en sanciones disciplinarias si se comprueban las faltas.Como parte de la investigación, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas y solicitó información a varias entidades, entre ellas:ANLASuperserviciosCVSEmpresa UrráUnidad Nacional para la Gestión del RiesgoIDEAM
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, salió en defensa de la legalidad de su firma en la declaratoria de emergencia económica luego de que el Consejo Gremial Nacional demandara y pidiera anular el decreto alegando que estaba viciado pues ella no podía firmar al no haber sido nombrada en propiedad en el cargo y haber vencido el plazo máximo legal para permanecer en calidad de ministra encargada.Vélez aseguró que sí estaba habilitada pues el decreto 877 del 5 de agosto de 2025, que la designó como ministra encargada, sigue vigente y no ha sido derogado ni modificado y que, además, el decreto 1083 de 2015, que regula la función pública, no fija un límite temporal para los encargos interinstitucionales.En otras palabras, el Gobierno defiende la validez de la firma al argumentar que, al momento de decretarse la emergencia económica, no existía un acto administrativo que revoque el encargo y ella estaba en pleno ejercicio de las funciones ministeriales con todas las competencias.Sin embargo, el Consejo Gremial en su demanda ante la Corte Constitucional afirma que la firma de Vélez vició el decreto y trae como respaldo el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019.Este establece que los encargos en caso de vacancia definitiva tienen una duración inicial máxima de tres meses y aunque pueden prorrogarse una sola vez por otros tres meses, la extensión no es automática y debe hacerse vía acto administrativo.En esa línea, el encargo de Irene Vélez inició el 5 de agosto de 2025 y venció, como máximo, el 5 de noviembre de 2025, pero hasta el momento no hay evidencia pública de un decreto presidencial que lo hubiera prorrogado, por lo que no estaría jurídicamente investida como ministra.Con estos argumentos, la ministra Irene Vélez se está apoyando en un decreto reglamentario mientras que el Consejo Gremial invoca una ley en sentido formal que tiene jerarquía normativa superior.Si la Corte Constitucional concluye que la Ley 909 es aplicable a los encargos ministeriales y que no existió un acto de prórroga, la firma de la ministra encargada podría invalidarse y, por ende, el decreto sería inconstitucional por un vicio de forma.Y es que los gremios, que han mostrado múltiples reparos con esta medida económica del Gobierno Petro, le pidieron a la Corte recordar que se trata de un decreto que viene de la mano con poderes excepcionales y que los antecedentes muestran que en casos similares se ha exigido que estos actos cumplan de manera estricta todos los requisitos formales, entre ellos la firma válida de todos los ministros del despacho.
Le hacemos seguimiento al futuro de la Emergencia Económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que esta semana está sometida a exámenes decisivos en la Corte Constitucional y en el Congreso de la República.En las últimas horas, justo antes de las Salas Plenas de la Corte que se realizarán el miércoles y el jueves de esta semana y en las que se discutiría la posible suspensión de la Emergencia, llegaron a la Secretaría del Palacio de Justicia tres documentos que serán fundamentales para definir el futuro de la discusión.El primero es el enviado por el Consejo Gremial Nacional, que es un documento de 45 páginas en el que explica detalladamente por qué le solicita al magistrado Carlos Camargo que declare la inexequibilidad total del decreto mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social.Entre los 147 puntos que sustentan la petición del Consejo Gremial del hundimiento de la emergencia, está la situación de la ministra de Ambiente Irene Vélez, quien firmó el decreto a pesar de que no había sido nombrada como ministra en propiedad y ya se había vencido el plazo máximo que tenía para actuar legalmente en calidad de encargada.Además, dice el Consejo Gremial que resulta contradictorio que el gobierno invoque una situación de insuficiencia fiscal extraordinaria y de manera simultánea haya decretado en diciembre de 2025 un incremento del salario mínimo sustancialmente superior al que se encontraba en discusión y que generaría un déficit fiscal adicional para 2026 de 5.3 billones de pesos.También se conocieron en las últimas horas los conceptos de dos exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el exdirector de Planeación Jorge Iván González, quienes coinciden en señalar que el decreto mediante el cual se convoca a una Emergencia Económica no cumple con los requisitos constitucionales y económicos para la activación de dicho estado de excepción.Hablando sobre la Emergencia Económica, esta tarde se adelantará un importante debate de control político en el Senado, al que está citado todo el gabinete del presidente Gustavo Petro para que explique las motivaciones para convocar a ese estado de excepción que abrió la puerta al cobro de nuevos impuestos sin que el Ejecutivo tuviera que pasar por el Congreso.Simultáneamente, se conoció que la Presidencia de la República reforzó su batalla contra el magistrado Jorge Enrique Ibañez, a quien ahora recusó para que se aparte de la discusión sobre el futuro de la reforma pensional, teniendo en cuenta que en opinión de la Casa de Nariño, prejuzgó sobre el asunto en la famosa entrevista de la semana pasada concedida al diario El Tiempo.
El Consejo de Estado emitió un pronunciamiento frente a la demanda que buscaba anular el decreto 877 de 2025 que oficializó el nombramiento de Irene Vélez como ministra encargada de Ambiente.Si bien en un inicio habían admitido la demanda para su estudio, luego de revisar el detalle se revocó esa decisión y la dejó sin efectos al encontrar que el proceso no debía tramitarse como nulidad simple, sino como nulidad electoral.Según el Consejo de Estado la norma establece que el encargo de funciones es una situación administrativa, es decir, laboral, mientras que el encargo del del empleo sí es un nombramiento, porque implica que alguien reemplaza al titular del cargo.En esa línea, el tribunal explicó que no es competente para revisar el requerimiento en única instancia, ya que las demandas contra actos de nombramiento de ministros deben ser tramitadas por los tribunales administrativos.“Esta normativa fue interpretada por esta corporación y se unificó la jurisprudencia respecto de la competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos para conocer de las demandadas presentadas contra los nombramientos de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional y de los empleados públicos del nivel directivo, asesor o equivalentes en el orden nacional”, argumentó el alto tribunal.Así las cosas, ordenó adecuar la demanda al medio de control de nulidad electoral y remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que será el encargado de continuar con el estudio del caso.La demanda fue presentada por la ciudadana Ximena Echavarría Cardona, quien cuestionó el decreto por considerar que la funcionaria encargada estaría incursa en un conflicto de intereses que le impediría ejercer el cargo.
La directa de la ANLA y ministra encargada del Ministerio de ambiente, Irene Vélez, se pronunció frente a la reciente denuncia del representante a la Cámara Andrés Forero, quien señaló que la Cancillería habría asumido 90 millones de pesos en gastos de repatriación tras la decisión del Consejo de Estado que anuló su nombramiento como cónsul en Londres. La afirmación generó debate público y cuestionamientos sobre el manejo de los procedimientos administrativos en el Servicio Exterior.En respuesta, Vélez aclaró que su retorno al país se realizó bajo los lineamientos establecidos por el Decreto 274 de 2000, norma que regula el régimen del Servicio Exterior y la Carrera Diplomática y Consular. Explicó que esta reglamentación define los derechos laborales de los funcionarios en el exterior, tanto de carrera como de libre nombramiento y remoción, y que su caso se ajustó a lo que contempla la ley para estos procesos.La exfuncionaria señaló que el regreso se efectuó conforme al principio de especialidad que rige las actuaciones de la Cancillería, y que todos los trámites se dieron en condiciones legales y transparentes. Añadió que los beneficios y procedimientos aplicados no responden a decisiones discrecionales, sino a lo estipulado para cualquier funcionario que debe regresar al país por disposición administrativa.Vélez invitó a quienes tengan dudas adicionales a dirigirse directamente a la Cancillería, entidad competente para explicar los procedimientos y aclarar inquietudes sobre la normativa vigente.
El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, salió al paso de las versiones sobre un supuesto enfrentamiento con Jorge Carrascal durante el Mundial, luego de que medios de comunicación brasileños difundieran información sobre una presunta discusión entre ambos. En entrevista con Gol Caracol, el entrenador argentino negó categóricamente que hubiera tenido algún altercado con el futbolista y aseguró que nunca existió una pelea que provocara un distanciamiento con el jugador."Es mentira, mentira absoluta que discutimos, que nos peleamos, nada", afirmó.El argentino también explicó que Carrascal ha hecho parte de su proceso al frente del combinado nacional y recordó que el mediocampista estuvo presente tanto en la Copa América como en el Mundial 2026, desde el comienzo hasta el final de la competencia. Además, destacó que el futbolista atraviesa un buen momento deportivo y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a integrar las convocatorias de la tricolor."La selección está abierta para todos, así que no pasó nada", manifestó el seleccionador, descartando cualquier problema personal con el jugador.Llamado de atenciónEl entrenador también aclaró de dónde surgieron estas versiones. Según su explicación, después del compromiso frente a Ghana se presentó un llamado de atención a algunos integrantes de la delegación que no habían disputado el partido y que inicialmente no querían atender a los medios de comunicación. Lorenzo señaló que la situación se produjo durante la mañana en Vancouver, después del partido pues el equipo había regresado al hotel alrededor de las 2:00 de la mañana.Por otra parte, Lorenzo se refirió al regreso de la Selección Colombia a Cali, ciudad que volverá a recibir al combinado nacional después de casi 30 años. El técnico manifestó su alegría por disputar un compromiso en una plaza que considera fundamental para el fútbol colombiano y resaltó la oportunidad de contribuir con los damnificados del terremoto del 10 de agosto, pues parte de los recursos de la boletería estarán destinados a esta causa."Es una alegría muy grande para nosotros poder colaborar con esta causa", expresó, al destacar también la pasión y el aporte de los caleños al fútbol nacional.Finalmente, el seleccionador habló sobre la presencia de futbolistas jóvenes en el equipo y resaltó la importancia de contar con jugadores que hayan recorrido previamente los procesos de las categorías juveniles.Todos los convocados Colombia vs. ChileLos partidos contra los australes serán el 13 y 17 de noviembre.Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)Devis Vásquez – AS Roma (ITA)Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)Daniel Arcila – Club León (MEX)Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)Jhon Arias – Palmeiras (BRA)Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)Juan Cabal – Juventus FC (ITA)Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)Óscar Perea – Club América (MEX)Camilo Mena– Korona Kielce (POL)Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá resolvió amparar los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la excanciller Laura Camila Sarabia, frente a las afirmaciones realizadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.La decisión judicial está relacionada con los señalamientos hechos por Rodríguez sobre una presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro, así como con afirmaciones sobre el supuesto uso de información de carácter íntimo para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos. De acuerdo con la decisión, el despacho judicial ordenó a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo realizar una rectificación frente a esas afirmaciones. Para cumplir con la orden, deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar un texto de rectificación y leerlo íntegramente en su voz a través de una grabación en video.La orden establece que la grabación podrá realizarse con asistencia técnica y que Rodríguez Fajardo no tendrá la obligación de mostrar su rostro durante el procedimiento dispuesto por el juzgado. Tras conocerse la decisión, Laura Sarabia se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró: “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”.
La Alcaldía de Cali continúa adelantando acciones para atender las afectaciones registradas en el sector de Chiminangos tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes precisamente hoy salieron a protestar para exigir respuestas y soluciones frente a las problemáticas que enfrentan.Al respecto, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó que se realiza una evaluación detallada de las fases uno y dos, con ingenieros de la dependencia y expertos de Propacífico, para determinar el estado de las estructuras y las intervenciones necesarias. Estas deberán contar con estudios y diseños técnicos que cumplan con la normatividad vigente."Lo hemos explicado desde el primer momento, son estructuras que fallaron en sus escaleras y algunos bloques tienen desplazamiento laterales, aquí que hemos hecho es una revisión muy minuciosa en fase uno y fase dos por parte de los ingenieros de la Alcaldía y también con Propacífico, hemos hecho una revisión integral. Estos arreglos no se hacen de manera ligera, tienen que ser sometidos a unos diseños estructurales", dijo Peñuela.Por otra parte, frente a la suspensión del servicio de gas natural domiciliario, la Administración Distrital solicitó a Gases de Occidente los soportes técnicos que justificaron la interrupción. Esta información será analizada en una mesa técnica para definir alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio y reducir las afectaciones a la comunidad."Hemos estado trabajando desde el primer momento para que esto no suceda, le hemos pedidos aspectos técnicos a Gases De Occidente que nos digan por qué y cuál es la base con la que ellos determinan esto. Nosotros como Secretaría sabemos que ese suministro es importante", expresó el funcionario.
La Superintendencia Nacional de Salud identificó posibles inconsistencias por $356.500 millones en las solicitudes de giro directo presentadas por las EPS del régimen subsidiado durante septiembre, octubre y noviembre de 2026. La cifra corresponde al 8,25 % de los $4,3 billones que fueron objeto de revisión por parte de la entidad.De acuerdo con la Supersalud, durante octubre y noviembre se identificaron alertas por más de $289.069 millones, relacionadas con acuerdos que registraban baja ejecución, anticipos pendientes de legalización, retrasos en los contratos y posibles problemas en la destinación de los recursos. A partir de estos hallazgos, la entidad solicitó ajustes, verificó los soportes presentados por las EPS y adelantó acciones para corregir las inconsistencias detectadas en la información reportada.Adicionalmente, como parte de las medidas preventivas, durante septiembre fueron excluidos temporalmente 26 prestadores del mecanismo de giro directo, por un valor de $38.724 millones. Según la Superintendencia, posteriormente estos recursos fueron redistribuidos por las EPS entre otros prestadores de sus respectivas redes de atención.La entidad señaló que continuará con el seguimiento a estos procesos, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, para verificar que los recursos destinados a la atención en salud lleguen a los hospitales, clínicas y proveedores encargados de prestar los servicios a los usuarios.
El abogado Jaime Granados, en representación de la familia del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, radicó un escrito de impugnación contra el fallo que negó una tutela presentada por los hijos del coronel, en relación con la serie Palacio, estrenada por Netflix el 6 de noviembre de 2026.La acción busca que los espectadores conozcan la verdad judicial sobre el oficial y que se protejan los derechos fundamentales de su familia.La producción, compuesta por ocho episodios, aborda la toma del Palacio de Justicia por parte de integrantes de la guerrilla del M-19. Antes de su estreno, Miguel Darío, Alfonso Hernando y Camilo Andrés Plazas Vega interpusieron una tutela contra Dynamo Producciones y Netflix.El caso fue estudiado por el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá, que el 4 de noviembre declaró improcedente la acción. Los demandantes solicitaban que la plataforma incluyera advertencias para aclarar que se trataba de una obra de ficción y que se mencionara la absolución de su padre por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2015.En su decisión, el juez consideró que los reclamos se fundamentaban en conjeturas y especulaciones, debido a que la serie todavía no se había estrenado en su totalidad cuando se presentó la tutela.Ahora, con la serie disponible en Netflix, Granados afirma que las circunstancias que llevaron al juez a negar la tutela cambiaron, porque el contenido ya puede ser examinado directamente.En el escrito señala que uno de los principales argumentos del fallo impugnado fue que la producción no había sido exhibida y que, por tanto, las posibles afectaciones permanecían en el terreno de la conjetura.Sin embargo, afirma que el estreno convirtió esas preocupaciones en hechos verificables. Por esa razón, solicita al juez de segunda instancia examinar lo que la serie presenta sobre el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega.Granados sostiene que la producción muestra al oficial como una persona que dispara contra el Palacio de Justicia, avala torturas y es condenada por desaparición forzada, pese a que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.En la impugnación, el abogado expone cinco derechos fundamentales que considera afectados por la manera en que se representa al coronel retirado y por las consecuencias que esa narración tendría sobre sus familiares.Sobre el derecho a la honra, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política, Granados argumenta que presentar al padre de sus representados ante millones de espectadores como responsable de disparar contra el Palacio, avalar torturas y participar en desapariciones afecta la estimación social de sus hijos, quienes llevan su apellido y son identificados públicamente con él.En cuanto al buen nombre, invocando el artículo 15 de la Constitución, sostiene que la reputación de los hijos de Plazas Vega queda comprometida al asociar a su familia con crímenes que, según argumenta, la justicia no atribuyó a su padre. También cuestiona que la serie involucre en la trama a la madre y al suegro de sus representados, identificados con sus nombres reales.Frente al derecho a la presunción de inocencia, el abogado recuerda que el artículo 29 constitucional establece que toda persona debe presumirse inocente mientras no exista una declaración judicial de culpabilidad. En este caso, afirma que no se trata únicamente de una presunción, sino de una absolución en firme. Por ello, considera que atribuirle al coronel retirado desapariciones por las cuales fue absuelto desconoce esa garantía y afecta su reputación ante la opinión pública.También le suma el derecho a la dignidad humana, porque, con base en el artículo 1 de la Constitución, explica que sus representados han tenido que afrontar nuevamente el señalamiento público contra su padre, después de acompañarlo durante más de ocho años de privación de la libertad y de conocer posteriormente su absolución.A todas esas claridades les añade la verdad y la memoria histórica en su dimensión individual. La impugnación también cita la sentencia SU-334 de 2026 de la Corte Constitucional. Según la interpretación expuesta por el abogado, presentar una obra de ficción sobre los hechos del Palacio de Justicia como si fuera la verdad de lo ocurrido puede vulnerar el derecho individual a la verdad y a la memoria histórica, tanto de la persona representada como de sus familiares.En este punto, cuestiona que la absolución de Plazas Vega aparezca únicamente en una nota final de pocos segundos, después de ocho capítulos que, a su juicio, ponen en entredicho la decisión judicial.El argumento central es la absolución. Uno de los ejes del recurso es la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contenida en la sentencia SP17466-2015, mediante la cual se examinó la prueba relacionada con la presunta participación del coronel retirado en las desapariciones ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.Granados cita el numeral 17.16 de esa providencia para señalar que la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar a Plazas Vega por esos hechos.Asimismo, hace referencia al numeral, en el que, según expone, el alto tribunal determinó que el coronel no tenía bajo su responsabilidad a las personas que eran trasladadas a la Casa del Florero ni decidía sobre su suerte, pues esa función correspondía al B-2 de la Brigada XIII.El abogado también destaca que en ese mismo apartado la Corte señaló que no existían pruebas de que Plazas Vega hubiera ordenado el traslado o la tortura de las dos personas por las que había sido condenado.Con estos argumentos, la defensa busca que el juez de segunda instancia reevalúe la decisión que negó la tutela y examine las posibles afectaciones derivadas del contenido ya estrenado de Palacio.
