La directa de la ANLA y ministra encargada del Ministerio de ambiente, Irene Vélez, se pronunció frente a la reciente denuncia del representante a la Cámara Andrés Forero, quien señaló que la Cancillería habría asumido 90 millones de pesos en gastos de repatriación tras la decisión del Consejo de Estado que anuló su nombramiento como cónsul en Londres.
La afirmación generó debate público y cuestionamientos sobre el manejo de los procedimientos administrativos en el Servicio Exterior.
En respuesta, Vélez aclaró que su retorno al país se realizó bajo los lineamientos establecidos por el Decreto 274 de 2000, norma que regula el régimen del Servicio Exterior y la Carrera Diplomática y Consular. Explicó que esta reglamentación define los derechos laborales de los funcionarios en el exterior, tanto de carrera como de libre nombramiento y remoción, y que su caso se ajustó a lo que contempla la ley para estos procesos.
La exfuncionaria señaló que el regreso se efectuó conforme al principio de especialidad que rige las actuaciones de la Cancillería, y que todos los trámites se dieron en condiciones legales y transparentes. Añadió que los beneficios y procedimientos aplicados no responden a decisiones discrecionales, sino a lo estipulado para cualquier funcionario que debe regresar al país por disposición administrativa.
Vélez invitó a quienes tengan dudas adicionales a dirigirse directamente a la Cancillería, entidad competente para explicar los procedimientos y aclarar inquietudes sobre la normativa vigente.