El Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, por los retrasos en la delimitación del Páramo de Santurbán, una orden que la Corte Constitucional emitió en 2017 y que sigue sin cumplirse tras ocho años.
Según el auto firmado por la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, Vélez deberá responder por los incumplimientos acumulados de sus antecesoras, Susana Muhamad y Lena Estrada. Entre los retrasos señalados está la falta de avances en el cronograma de concertación con las comunidades; de 31 mesas previstas, solo se realizaron seis.
Además, el Tribunal advirtió que la delimitación solo se ha discutido con ocho de los más de 30 municipios implicados y que el Ministerio no ha garantizado los recursos para cumplir con el proceso.
Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, señaló que “es inconcebible que llevemos ocho años esperando la delimitación por negligencia y falta de voluntad política. El Gobierno de Gustavo Petro, en vez de cumplir con la Corte, firmó una resolución inconsulta de Zona de Reserva que vulneró nuestro derecho a participar y dejó a más de 35 mil personas de siete municipios en la incertidumbre, la pobreza y el desplazamiento”.
De acuerdo con González y organizaciones de Vetas, California, Suratá, Charta, Matanza, Tona y Bucaramanga, el Ministerio de Medioambiente priorizó resoluciones sin estudios técnicos, mientras que la orden judicial de la Corte fue ignorada.
En julio pasado, durante una audiencia de seguimiento, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ya habían respaldado a las comunidades de Soto Norte y pidieron sancionar al Ministerio de Ambiente por el incumplimiento, así como suspender la resolución que declaró una zona de reserva forestal sin participación ciudadana.
El Tribunal le dio un plazo de cinco días a la ministra Irene Vélez para justificar los incumplimientos y presentar un plan de acción. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones económicas personales, tal como lo establece el Decreto 2591 de 1991.
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