Ambientalistas de Santander felicitaron al Gobierno nacional tras lograr un triunfo judicial internacional en referencia a la prohibición para la explotación de las minas de oro en la zona de Santurbán.Recordemos que la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp, reclamaba una indemnización de 1.100 millones de dólares por la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán.La empresa alegaba que las medidas legislativas, administrativas y judiciales implementadas por el Gobierno colombiano habían impedido el desarrollo de su proyecto de gran minería de oro, constituyendo una expropiación indirecta de su inversión según el artículo 811 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia.“Con el dictamen del tribunal internacional del Ciade, Colombia no tendrá que pagar 1.100 millones de dólares a la multinacional canadiense Eco Oro. Con esto se sienta un precedente el cual debe ser visto en doble vía. Primero, las trasnacionales mineras no deben ver a los tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión, como un doble seguro para que si no ganan explotando nuestros recursos naturales no lo hagan demandando al Estado colombiano a la luz de estos acuerdos internacionales, y segundo, desde la óptica del Gobierno para que revise los tratados de libre comercio suscritos y tenga cuidado con los que va a suscribir", señaló Edwing Rodríguez- Salat El tribunal reconoció la importancia crucial de los páramos como fuentes y reguladores de los ciclos de agua, especialmente, en el contexto del cambio climático.Específicamente, el páramo de Santurbán es vital para el abastecimiento hídrico de más de 2.5 millones de personas. Los impactos negativos de la minería en estos ecosistemas son irreversibles, lo que justificó la prohibición de estas actividades en el páramo.Colombia se salvó de pagar $1.100 millones a minera canadiense por el páramo de SanturbánAunque en 2021 la mayoría del tribunal consideró que la implementación de la prohibición no se realizó conforme al estándar mínimo de trato del artículo 805 del TLC, y abrió una fase adicional para que Eco Oro probara los daños presuntamente causados, finalmente se determinó que la empresa no pudo aportar pruebas suficientes de los daños.Además, el tribunal resolvió que los costos de remediación de la concesión minera deben ser asumidos por Eco Oro, ya que estos no son consecuencia de una violación del artículo 805, sino una obligación del concesionario tras la terminación de la concesión.
En un fallo trascendental, un tribunal arbitral del Ciadi rechazó las pretensiones de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp, que reclamaba una indemnización de 1.100 millones de dólares por la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán, Colombia.La empresa alegaba que las medidas legislativas, administrativas y judiciales implementadas por el Gobierno colombiano habían impedido el desarrollo de su proyecto de gran minería de oro, constituyendo una expropiación indirecta de su inversión según el artículo 811 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia.Eco Oro también argumentaba que estas medidas violaron el estándar mínimo de trato del artículo 805 del TLC, razón por la cual reclamaba inicialmente 690 millones de dólares, suma que con intereses ascendía a aproximadamente 1.100 millones de dólares. Sin embargo, en el laudo emitido el 15 de julio, el tribunal arbitral determinó que Eco Oro no presentó pruebas suficientes del perjuicio sufrido, a pesar de haber tenido una segunda oportunidad para hacerlo. Por ello, el tribunal decidió no otorgar ningún monto de indemnización a la empresa.La decisión concluye un prolongado y complejo arbitraje que se extendió por más de ocho años. En septiembre de 2021, el tribunal ya había dictado una decisión sobre jurisdicción y responsabilidad, desestimando la reclamación de expropiación de Eco Oro. En esa decisión, se estableció que la prohibición de la minería en los ecosistemas de páramo era un ejercicio legítimo de las potestades regulatorias del Estado colombiano para proteger el interés general, especialmente en temas ambientales.El tribunal reconoció la importancia crucial de los páramos como fuentes y reguladores de los ciclos de agua, especialmente en el contexto del cambio climático.Específicamente, el páramo de Santurbán es vital para el abastecimiento hídrico de más de 2.5 millones de personas. Los impactos negativos de la minería en estos ecosistemas son irreversibles, lo que justificó la prohibición de estas actividades en el páramo.Aunque en 2021 la mayoría del tribunal consideró que la implementación de la prohibición no se realizó conforme al estándar mínimo de trato del artículo 805 del TLC, y abrió una fase adicional para que Eco Oro probara los daños presuntamente causados, finalmente se determinó que la empresa no pudo aportar pruebas suficientes de los daños.Además, el tribunal resolvió que los costos de remediación de la concesión minera deben ser asumidos por Eco Oro, ya que estos no son consecuencia de una violación del artículo 805, sino una obligación del concesionario tras la terminación de la concesión.Esta decisión, junto con los fallos recientes en los casos de Red Eagle y Montauk, representa la tercera victoria de Colombia en arbitrajes de inversión relacionados con la delimitación del páramo de Santurbán. En conjunto, estas tres reclamaciones sumaban alrededor de 1.500 millones de dólares.
Los mineros de Santurbán expresaron su indignación frente a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad y defendieron su derecho ancestral a la minería. En diálogo con Mañanas Blu, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, la ambientalista que enfrentó a la jefe de cartera en medio del encuentro con comunidades de los municipios de Vetas, Suratá y California en Santander, donde se pretendía construir acuerdos sobre alternativas mineras y la protección del agua, en el páramo de Santurbán, entregó detalles de la molestia de este sector. Explicó que su lucha no se trata de defender a Israel o Palestina, sino de proteger su territorio y su cultura minera. Uno de los puntos que resaltaron fue la importancia de la actividad minera en su municipio, Vetas, la cual lleva más de 400 años de tradición. Asegura que los mineros se sienten ofendidos de que se les preste más atención a otros países y se ignore el impacto que su labor tiene en la comunidad local. Otro de los temas que causó controversia fue la delimitación del páramo de Santurban. La líder ambiental afirmó que llevan siete años en incertidumbre debido a la falta de avances en la delimitación. Además, criticaron la propuesta de la ministra de crear una reserva temporal en la zona, ya que consideran que solo aumentará la ilegalidad y la contaminación. También mencionó que han sido malinterpretados en el tema de la formalización. Ellos cumplen con todas las normativas ambientales y de seguridad en el trabajo, y no entienden por qué se les exige tanto mientras se permite la entrada de minería ilegal.Escuche aquí la entrevista completa:
Luego del encuentro de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, con comunidades de los municipios de Vetas, Suratá y California en Santander, donde se pretendía construir acuerdos sobre alternativas mineras y la protección del agua, en el páramo de Santurbán, y que terminó con un ambiente tenso y lleno de cuestionamientos y fuertes críticas para los habitantes la conclusión es que los “están condenando a la ilegalidad”.,Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte, dijo que el recibimiento a la ministra de Ambiente Muhamad fue así porque llegó fue a anunciar una zona de reserva temporal en Santurbán, sin tener en cuenta la participación de las comunidades.“Hablando de un diálogo con las comunidades cuando no es cierto, es completamente falso que haya diálogo aquí. El gobierno viene y anuncia una medida y no tenemos ni siquiera derecho a la participación. La ministra no tuvo siquiera la decencia de invitar al dueño de la casa que es el gobernador de Santander, no tuvo tampoco la prudencia de invitar a la Procuraduría que es el ente de control, entonces, prácticamente pensó que venía a encontrar una comunidad sometida, una comunidad que se iba a doblegar y a someter a un decreto que desde todo el punto de vista es nocivo para la región”, dijo el representante de la comunidad.Extracción de oro del Páramo Santurbán no se permitiría aunque genere bajo impacto ambientalDijo que son decisiones ambientales que buscan cumplir promesas de campaña.“Nos traen una medida adicional más simplemente por cumplirle promesas de campaña a los activistas ambientales del área metropolitana de Bucaramanga y por mantener las bases políticas de este gobierno que quiere hacerse reelegir, esa es la verdad del asunto”, señaló.Durante el encuentro, los alcaldes de los municipios de Suratá, California y Vetas manifestaron en sus intervenciones la postura de no aceptar la zona de reserva temporal y la implementación del decreto 0044 que prohíbe la emisión de permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales en las zonas declaradas como reserva.Al respecto también se refirió, durante la reunión que se llevó a cabo en el municipio de California, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, quien dijo lo siguiente:"Este decreto sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Nos están violando nuestro derecho a la participación ciudadana, el derecho al mínimo vital y al trabajo, el derecho a la igualdad y el derecho a la identidad cultural de los mineros tradicionales”.
En un encuentro tenso y plagado de recriminaciones, los habitantes de California, Suratá y Vetas, en la provincia de Soto Norte, Santander, rechazaron la reciente declaratoria de reserva ambiental en el páramo de Santurbán por parte del Ministerio de Ambiente.La reunión, destinada a construir acuerdos sobre alternativas mineras y la protección del agua, culminó en una acalorada discusión. Y es que los mineros de la región, encabezados por Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, se congregaron en el coliseo del municipio de California para expresar su descontento hacia la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a quien le cuestionó duramente sus políticas, acusándole de condenar a la ilegalidad a centenares de familias que dependen de la minería artesanal.“La diferencia entre nosotros es que sus raíces son foráneas, sus raíces son extranjeras, son de Palestina. Nosotros somos de raíces chitaneras, ella defiende los derechos de Palestina, nosotros los de nosotros, los santandereanos. Mientras que ella está preocupada por Palestina, aquí en Colombia, en nuestro territorio, nos está destinando a la ilegalidad. Nunca habíamos visto un Gobierno tan prepotente como este”, declaró González en medio de la reunión, desatando aplausos y silbidos de apoyo entre los asistentes.¿Cuál es la declaratoria en el páramo de Santurbán?El anuncio del Ministerio de Ambiente sobre la declaratoria de reserva ambiental en el páramo de Santurbán, amparado en el Decreto N° 044, ha generado gran inquietud entre los mineros. Este decreto, que prohíbe la emisión de permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales en las zonas declaradas como reserva, fue percibido como una amenaza directa a la subsistencia de la comunidad minera local.Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte (Consotonorte), expresó su indignación: “No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad, y solo para que la ministra de Ambiente cumpla un acuerdo político con los grupos ambientalistas de Bucaramanga. Esta medida desconoce la realidad de nuestro territorio, se hace sin la participación y aval de la Procuraduría o la Gobernación de Santander, y nos está condenando a la ilegalidad”.Ivonne González enfatizó que esta declaratoria no solo sepulta la economía de la región, sino que también viola varios derechos fundamentales. “Este decreto sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Nos están violando nuestro derecho a la participación ciudadana, el derecho al mínimo vital y al trabajo, el derecho a la igualdad y el derecho a la identidad cultural de los mineros tradicionales”.Minambiente defiende la propuestaLa ministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió la posición del Gobierno, argumentando que la minería, incluso la artesanal, no puede comprometer los recursos hídricos vitales.En la reunión, se expusieron los argumentos sobre el futuro del territorio y el impacto del Decreto N° 044, pero no se llegó a un consenso. La ministra afirmó que las áreas de reserva ambiental no afectarán las zonas de formalización minera en Soto Norte. Sin embargo, esta declaración no convenció a los presentes, quienes demandaron soluciones concretas y una mayor inclusión en las decisiones que afectan su modo de vida.Al final de la reunión la ministra entregó el balance. “El diálogo con los mineros de Vetas, California y Soto Norte no terminó en un diálogo productivo. ¿Por qué no terminó en un diálogo productivo? Porque tenemos aquí un conflicto en donde hay un punto en común. El Gobierno nacional está de acuerdo con la formalización de la minería tradicional, la pequeña minería hecha por los habitantes de estos municipios, mineros, pero en una escala que permita que el agua podamos manejarla conjuntamente y no haya afectaciones al ciclo del agua. Por el otro lado, eso implica el ordenar el territorio alrededor del agua”.La ministra de Ambiente dijo que hay un instrumento y es la reserva temporal que nos da la sentencia del Consejo de Estado, pero es consciente que hay mucha resistencia social. “Esperamos poder recuperar algunos de los canales para que podamos avanzar en este proceso que no ha sido fácil y que ojalá podamos resolver de fondo este conflicto socioambiental en este gobierno”, concluyó.
Luego de la visita de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a la provincia de Soto Norte, Santander, los habitantes de California, Suratá y Vetas rechazaron la declaratoria de reserva ambiental en Santurbán. El anuncio de la funcionaria fue la creación de una zona de reserva temporal de recursos naturales en toda la provincia, según el Decreto 044, pero los paramunos advirtieron que esta medida afectaría gravemente las actividades económicas de más de 15.000 personas en la región.Según Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte (Consotonorte), esta declaratoria condena a la ilegalidad a centenares de familias y mineros tradicionales que llevan años intentando formalizarse.“No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad. Esta medida se toma sin la participación y aval de la Procuraduría o la Gobernación de Santander, y nos está condenando a la ilegalidad”, declaró Maldonado.Asimismo, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, expresó su profunda preocupación por esta medida inconsulta que ignora los acuerdos alcanzados con el Gobierno en las mesas de delimitación del páramo de Santurbán durante los últimos dos años.“La resolución del Gobierno Nacional sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Nos están violando nuestros derechos a la participación ciudadana, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad y a la identidad cultural de los mineros tradicionales”, afirmó.Daniel Maldonado, representante de la Asociación de Mineros Tradicionales de Suratá, también se manifestó en contra de lo que considera una persecución sistemática a la minería en su territorio.“Este Gobierno habla del Acuerdo de Escazú, pero vulnera nuestra participación y desprecia los procesos de concertación. Nosotros no hacemos minería dentro del Páramo, pero no por eso nos pueden obligar a dejar de ser mineros. Esta es una estrategia para desacatar las sentencias de la Corte Constitucional y extender la delimitación del Páramo hasta Bucaramanga”.Los líderes sociales también denunciaron que el Ministerio de Ambiente realizó una convocatoria engañosa para la discusión, utilizando logos del proceso de delimitación para un tema diferente y sin la presencia de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.“Es absurdo que para un tema que afecta a 30.000 paramunos, el Ministerio de Ambiente quiera que solo hablen 2 personas por municipio, elegidas por ellos mismos. Esto vulnera todos los derechos”, denunció Ivonne González.Ante el anuncio del Ministerio de Ambiente, los líderes sociales, mineros de pequeña escala y paramunos anunciaron que llevarán a cabo movilizaciones y acciones jurídicas para evitar que se violen sus derechos con una declaratoria de reserva temporal arbitraria.
En un triunfo significativo para la protección del medio ambiente, el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha fallado a favor de Colombia. El caso había sido iniciado por la empresa Montauk Metals Inc, anteriormente conocida como Galway Gold Inc, en relación con la prohibición de actividades mineras en los ecosistemas de páramos, específicamente en el Páramo de Santurbán.Montauk Metals Inc había presentado el arbitraje bajo el capítulo VIII del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, argumentando que las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano constituían una expropiación y una violación al estándar de Trato Justo y Equitativo. Sin embargo, el Tribunal Arbitral desestimó ambas reclamaciones en su laudo final.En cuanto al reclamo de expropiación, el Tribunal concluyó que las acciones del Gobierno colombiano fueron tomadas de buena fe y representaban un ejercicio legítimo de su derecho a regular y proteger el ecosistema de páramos. Esto refuerza el compromiso del país con la preservación de sus recursos naturales y la protección del medio ambiente frente a intereses económicos.Además, el Tribunal determinó que Montauk Metals Inc no tenía una expectativa legítima de que Colombia no iba a implementar medidas para proteger los páramos. La empresa no pudo demostrar que las acciones del gobierno colombiano fueran arbitrarias o injustas.El fallo del Ciadi es un respaldo a las políticas medioambientales de Colombia y subraya la importancia de proteger áreas ecológicamente sensibles como los páramos. Estos ecosistemas son cruciales para la biodiversidad y el suministro de agua en la región, y la decisión del Tribunal Arbitral refuerza el derecho del Estado a adoptar medidas regulatorias para su conservación.Por segunda vez el Estado se salvó de una millonaria demanda por la prohibición de minería en el Páramo de Santurbán. La cifra estaba alrededor de pagarle más de $700.000 millones a una minera canadiense.
Una alerta sobre la presencia del Clan del Golfo en el páramo de Santurbán hizo el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, durante una entrevista con Noticias Caracol.El mandatario dijo: “el Clan del Golfo está llegando, están llegando ilegales, me lo dicen a mí en privado, que están haciendo explotación y contaminando el agua”.Pidió a las comunidades denunciar cualquier presencia de personas en la zona para evitar la minería ilegal, igualmente anunció un refuerzo de seguridad en Santurbán.“Le hemos pedido al Ejército Nacional que haga presencia. Ellos lo están haciendo, nos toca concientizar mucho a la gente para que denuncie porque esos grupos van llegando, se van apoderando de las minas y luego lo que generan son muertes y desplazamientos y no queremos eso”, señaló el mandatario.Sobre la recuperación de la zona de frailejones afectados por el incendio a principios de enero, el gobernador Díaz Mateus indicó que la especie se ha recuperado.“Los frailejones están hermosos, reverdecidos, se han colocado vallas para que la gente no los pise, para protegerlos y tenemos que concientizar a las personas que van allá para que no dejen, por ejemplo, latas o vidrios que puedan generar incendios en el páramo. La región cuenta con un banco de agua maravilloso, en donde hay prohibición para explotar oro, como gobernador he dicho que voy a ser el primer defensor del agua y de los páramos en el departamento”, puntualizó el gobernador Juvenal Díaz.
La veeduría Dignidad Minera respaldó a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y pidió sanciones contra la Ministra de Ambiente por incumplir la delimitación del Páramo de Santurbán, en Santander.En ese sentido Ivonne González vocera de la veeduría Dignidad Minera de la provincia de Soto norte en Santander manifestó que el Ministerio de Ambiente está dilatando la delimitación del Páramo de Santurbán a pesar de que hay una orden emitida por la Corte Constitucional a través de una sentencia del 2017, sin embargo, hasta el momento la Ministra Susana Muhamad no ha realizado ese proceso.“En estos dos años de este ministerio se ha visto como sistemáticamente se vienen burlando de la Corte Constitucional, de los Jueces de la República, en este caso como lo es el Tribunal de Santander, pero también vemos como el Tribunal de Santander ha sido demasiado pasivo, por llamarlo así, con este gobierno al que le han colocado más de siete desacatos y ninguno prospera, entonces, pues ya la ministra parece ser que no le afecta que la amenacen con un desacato, porque al final parece que no significa nada”, explicó Ivonne González de la veeduría Dignidad Minera.Recientemente la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del pueblo solicitaron acción urgente al Tribunal Administrativo de Santander ante un posible desacato de la Ministra de Ambiente en la delimitación del Páramo de Santurbán.Por su parte, Hernán Morantes, del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, explicó que: “El ministerio sí está llevando a cabo reuniones en el marco de la delimitación, de hecho, obviamente con el inicio de año hay que volver a contratar porque ellos tienen el personal de prestación de servicios, pero el fondo es que no se ha podido avanzar porque no hay un acuerdo para delimitar el Páramo de Santurbán”.En otro orden de ideas, la veeduría Dignidad Minera explicó que lo que está sucediendo es preocupante, ya que tiene un matiz político y no técnico: “Santurbán se volvió un capricho de unas personas que no representan a Santander y que utilizan el tema como plataforma política para llegar a cargos públicos, pero que no tienen en cuenta a las comunidades afectadas”.
En un comunicado conjunto, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han solicitado al Tribunal Administrativo de Santander verificar y valorar la configuración de un eventual desacato por parte de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, debido al presunto incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordena la delimitación del páramo de Santurbán.Según la advertencia emitida por la Procuraduría, durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, no se tiene conocimiento de ninguna actividad o actuación por parte del Ministerio de Ambiente que indique el cumplimiento de la delimitación."Advirtió el Ministerio Público que, en el período comprendido entre diciembre del 2023 a marzo del 2024, no se conoce que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, haya realizado ningún tipo de actividad o actuación para dar cumplimiento a la Orden Quinta de la Sentencia de T-361 de 2017 proferida por la Corte Constitucional", dice el comunicado."Pese a los reiterados requerimientos del ente de control, aún se desconocen las razones por las cuales de manera injustificada, la cartera ministerial suspendió el proceso de delimitación del ecosistema estratégico ni tampoco las aclaraciones sobre el incumplimiento del cronograma acordado con el tribunal de Santander", agrega el comunicado.La Procuraduría y la Defensoría han alertado sobre la falta de información a los participantes del procedimiento de delimitación del páramo en jurisdicciones Santurbán - Berlín a través del Micrositio “Santurbán Avanza” en la página web del Ministerio de Ambiente. Este sitio se encuentra desactualizado a pesar de ser el principal medio para reportar y publicar datos a todos los actores involucrados.Finalmente, se hace referencia a un preocupante retraso en el cronograma de ejecución presentado por el Ministerio de Ambiente, el cual tampoco fue publicado en el mencionado sitio, como lo establece la sentencia.La solicitud de investigación por desacato busca esclarecer y determinar las posibles responsabilidades ante el incumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, con el objetivo de garantizar la protección del ecosistema del páramo de Santurbán y los derechos de las comunidades locales involucradas.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.