La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) realizó una visita técnica a la vereda El Tembladal, en el municipio de Tona, para establecer los daños ambientales ocasionados por el incendio de cobertura vegetal registrado desde el pasado 12 de septiembre, en inmediaciones del corregimiento de Berlín.De acuerdo con la inspección realizada por un equipo interdisciplinario de la entidad, cerca de 30 hectáreas resultaron afectadas por el fuego, en terrenos considerados de protección especial del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.La CDMB explicó que el incendio inicialmente había sido controlado, pero las condiciones climáticas favorecieron su reactivación. En la atención de la emergencia participaron los cuerpos de bomberos de Tona, Berlín y Matanza, además del apoyo de organismos de socorro del Área Metropolitana de Bucaramanga y de Soto Norte.Durante la verificación en terreno, los funcionarios encontraron daños sobre diferentes especies propias del ecosistema de páramo. Entre la vegetación afectada se identificaron frailejones, helechos y plantas de agraz.Jenny Lorena Avella Rincón, profesional universitaria de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial de la CDMB, explicó que una de las particularidades del incendio fue que, aparentemente, el fuego avanzó de manera subterránea, lo que habría contribuido a ampliar el área afectada.La funcionaria señaló que ahora se realizará una evaluación ambiental para determinar qué especies deberán ser incluidas en un eventual proceso de restauración del ecosistema.Con los resultados obtenidos durante la visita, la CDMB prepara un informe técnico detallado que será entregado a las autoridades competentes. Este documento servirá como base para realizar la valoración formal de los daños y establecer las acciones de recuperación ambiental que correspondan.La zona intervenida tiene especial importancia debido a su cercanía con el páramo y a que hace parte de terrenos de protección relacionados con el sistema que abastece de agua a Bucaramanga y otros municipios del área metropolitana.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se declaró impedido para tomar decisiones relacionadas con Santurbán, en medio de los cuestionamientos por un posible conflicto de interés.La determinación se conoce después de que organizaciones defensoras del agua y del páramo formularan señalamientos sobre la participación del jefe de la cartera ambiental en decisiones relacionadas con la protección de esta zona de Santander.El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán considera que el impedimento respalda los cuestionamientos que había planteado y anunció que continuará haciendo seguimiento a las actuaciones que se adopten frente al páramo.“Seguiremos vigilantes para que quien asuma estas decisiones proteja el agua de más de 2 millones de personas y no los intereses mineros. Esto nos da la razón, efectivamente el ministro de ambiente Fabio Arjona tiene conflicto de interés en Santurbán y las decisiones que tomó las hizo violando el principio de imparcialidad", señaló Mayerlin López, del Comité para la Defensa de Santurbán."Fabio Arjona no va a poder tomar decisiones sobre la delimitación, sobre las áreas de reserva y nosotros esperamos que la persona que nombren como ministro ad-hoc para Santurbán privilegie el interés general de proteger el agua sobre los intereses mineros que ponen en riesgo este ecosistema esencial para la vida en Santander. Por eso nosotros estaremos vigilantes y estamos convocando a toda la ciudadanía a que esté próximo miércoles 23 de septiembre a las 6 de la tarde en la calle 33 número 23 37 en Bucaramanga nos encontremos en asamblea general para establecer la hoja de ruta de movilización de acciones jurídicas con las que vamos a defender Santurbán", afirmó López. La controversia se mantiene luego de que el Ministerio de Ambiente revocara la Resolución 0994 de 2026, que había declarado una reserva de recursos naturales renovables de cerca de 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander.Además, un juzgado de Bucaramanga suspendió provisionalmente la delimitación progresiva de Santurbán y ordenó atender aspectos relacionados con participación ciudadana, acceso a la información y debido proceso.El impedimento de Arjona abre ahora el camino para que se determine quién asumirá las decisiones correspondientes sobre los asuntos de Santurbán en los que el ministro no podrá intervenir.
Las llamas subterráneas continúan dificultando la extinción completa del incendio forestal que permanece activo desde hace cinco días en el área rural de Tona, en el páramo de Santurbán.Desde la vereda Tembladal, voluntarios de la Brigada Forestal de la Defensa Civil Colombiana, Junta Piedecuesta, adelantan labores de control y contención del fuego, en coordinación con la comunidad, los Bomberos de Vetas, la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos de Tona."El trabajo en terreno se concentra en evitar que las llamas continúen avanzando y controlar los focos que permanecen activos bajo la superficie, una de las principales dificultades para lograr la extinción total", dijo el alcalde de Tona, Juan Gutiérrez. Los organismos de socorro están sumando capacidades para atender la emergencia y reducir el impacto sobre los ecosistemas del páramo y las zonas cercanas a las comunidades.De acuerdo con el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD), Tona permanece en alerta roja por incendios forestales. San Andrés está en alerta naranja y Coromoro en alerta amarilla.Las autoridades reiteran el llamado a evitar quemas y a reportar oportunamente cualquier columna de humo para facilitar la reacción de los organismos de emergencia.La crisis por el recurso hídrico sigue escalando y afectando a Santander, la Gobernación confirmó que ya son 13 los municipios del departamento que aplican racionamiento de agua ante la escasez en sus bocatomas, y de ellos cuatro declararon la calamidad pública para activar los mecanismos de atención de la emergencia.Los municipios que tomaron la medida más drástica son Capitanejo, Oiba, Vélez y Cabrera. A ellos se suman Málaga, Socorro, Aratoca, Barichara, Hato, Villanueva, Sabana de Torres, Guadalupe y Barbosa, que también restringen el suministro para garantizar el consumo humano.
Por quinto día consecutivo continúan las labores para controlar un incendio forestal que afecta una zona de Santurbán, en jurisdicción del municipio de Tona, Santander.A la zona llegó la Brigada Forestal de la Defensa Civil Colombiana, Junta Piedecuesta, cuyos voluntarios se sumaron al operativo que se desarrolla desde la vereda Tembladal para contener el avance de las llamas.Las labores se adelantan de manera articulada con habitantes de la zona, los Bomberos de Vetas, la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos de Tona, quienes trabajan en diferentes puntos para evitar que el fuego continúe propagándose.Los organismos de socorro permanecen en territorio realizando acciones de control y atención de la emergencia, mientras se mantiene la preocupación por las afectaciones que el incendio pueda generar sobre la vegetación y los ecosistemas de esta zona de Santurbán.La Defensa Civil señaló que el despliegue busca sumar capacidades para contener el incendio y contribuir a la protección de las comunidades y del entorno natural.
Un incendio forestal que se registró en una zona de páramo del municipio de Coromoro, en límites con Boyacá, ha afectado más de 300 hectáreas de este ecosistema estratégico, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales.Las llamas, que fueron controladas en aproximadamente un 90%, generaron daños en frailejones, flora y fauna de la zona, considerada además un importante ecosistema de recarga hídrica.La emergencia se presentó en un sector donde nacen varias fuentes de agua que posteriormente alimentan la cuenca del río Fonce, por lo que la afectación del páramo genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre los recursos hídricos de la región.La atención de la emergencia estuvo a cargo de los Bomberos de Coromoro, con el apoyo de habitantes de Coromoro y del municipio de Tutazá, quienes participaron en las labores para contener el avance del fuego.La Administración Municipal de Coromoro informó que activó los protocolos de respuesta y convocó al Comité Municipal de Gestión del Riesgo para coordinar las acciones necesarias frente a la emergencia.Aunque el incendio se encuentra controlado en un 90%, las autoridades y organismos de socorro mantienen las labores en el área afectada para evitar que las llamas se reactiven y establecer con mayor precisión el impacto ocasionado sobre este ecosistema de páramo.
La accidentada jornada de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán, realizada el sábado 18 de junio en Bucaramanga, terminó suspendida por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, en medio de enfrentamientos, denuncias por falta de garantías y cuestionamientos al proceso. Tras lo ocurrido, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, pidió al presidente electo y al nuevo ministro de Ambiente replantear el rumbo de la delimitación para garantizar una concertación transparente y legítima.El mandatario departamental aseguró que los hechos registrados eran previsibles y recordó que, días antes, había solicitado oficialmente aplazar la convocatoria hasta que existieran reglas claras, igualdad de condiciones para los participantes y garantías para todos los sectores involucrados."Lo ocurrido hoy era previsible y pudo evitarse. Como gobernador de Santander y veedor de este proceso advertí, mediante comunicación oficial, que la convocatoria debía aplazarse. No fuimos escuchados. El resultado fue una jornada marcada por el desorden, la falta de garantías y una profunda desconfianza, exactamente lo que buscábamos evitar", manifestó Díaz.Ante este panorama, el gobernador solicitó al nuevo ministro de Ambiente, Fabián Arjona, asumir como prioridad la delimitación de Santurbán, corregir el proceso y liderar una nueva etapa de concertación que brinde confianza y legitimidad a las comunidades de Santander.La jornada no alcanzó a desarrollar la concertación prevista, ya que la Procuraduría solicitó levantar la mesa luego de evidenciar problemas de participación y garantías para los asistentes.Durante la sesión también se registró un momento de tensión cuando integrantes del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán intentaron agredir al procurador delegado, Alberto Rivera Balaguera, quien exigía que se permitiera, en igualdad de condiciones, la participación de representantes de las comunidades de Soto Norte y del norte de Bucaramanga.Las críticas también llegaron desde las comunidades de Soto Norte. Daniel Maldonado, vocero de los pequeños mineros de Suratá, cuestionó la rapidez con la que el Gobierno Nacional pretende concluir un proceso que, según afirmó, lleva años sin lograr consensos."En Suratá hicimos 36 reuniones durante ocho años para concertar y no fue posible llegar a un acuerdo. Ahora pretenden resolver en dos reuniones en Bucaramanga lo que no se ha podido concertar en ocho años con los seis municipios de Soto Norte", señaló Maldonado.El líder minero aseguró que cualquier decisión debe sustentarse en criterios técnicos, jurídicos y sociales, y no en acuerdos apresurados que desconozcan la realidad de las comunidades que habitan el territorio.Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza afirmó que la prioridad del Ministerio de Ambiente debe ser la protección de Santurbán, uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país, y no facilitar proyectos de explotación minera.La congresista advirtió que el páramo no puede reducirse a una simple línea de delimitación, pues constituye un sistema hidrológico integral cuya afectación podría comprometer acuíferos, la calidad del agua, el equilibrio hidrogeológico y la biodiversidad de una región que abastece de agua potable a millones de personas.La suspensión de la mesa de concertación deja nuevamente en incertidumbre uno de los procesos ambientales más sensibles del país, mientras las comunidades, autoridades y el Gobierno Nacional deberán definir el futuro de una nueva convocatoria para avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán.
La segunda mesa de concertación sobre la delimitación del páramo de Santurbán terminó sin acuerdos en Bucaramanga, en medio de un ambiente de tensión por las diferencias entre las comunidades convocadas, denuncias sobre presuntas falta de garantías para la participación y un altercado en el que resultó agredido el procurador delegado Alberto Rivera Balaguera.El encuentro, liderado por el Ministerio de Ambiente en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, buscaba avanzar en la construcción de consensos y disensos sobre la nueva delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. Sin embargo, la jornada concluyó sin acuerdos.Desde las primeras horas del día, habitantes de Soto Norte denunciaron que no se les permitió el ingreso al recinto donde se desarrollaba la mesa. Fabio Maldonado, director de Consoto Norte, cuestionó la metodología implementada por el Ministerio de Ambiente."Quiero denunciar la falta de garantías, no dejan entrar a las personas y el moderador es un activista que estuvo en reuniones secretas con la ministra, además, no se cuenta con los accionados, es decir, los municipios de Vetas, California y Suratá", manifestó el líder comunitario.Natalia María Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, explicó que el propósito de esta fase del proceso es dejar consignados tanto los consensos como los desacuerdos alcanzados durante las discusiones."Cumpliendo lo establecido, el Ministerio de Ambiente convocó esta segunda jornada de concertación con la comunidad de Bucaramanga. Se está realizando el debate y el análisis de los ineludibles para que en el acta se consignen los consensos y disensos. Es importante recordar que la sentencia establece la necesidad de contar con esos consensos y desacuerdos dentro de la fase de concertación, todos bajo un mismo propósito", señaló la funcionaria.Durante la mesa también quedaron en evidencia las diferencias entre las organizaciones ambientalistas, líderes comunitarios y representantes de las comunidades del páramo sobre quiénes deben participar del proceso y cuál debe ser el alcance de la nueva delimitación.Por su parte, Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, aseguró que la mesa era para los habitantes de la ciudad "la jornada de concertación está dirigida a los habitantes de Bucaramanga, al considerar que también son directamente afectados por las decisiones que se adopten frente a la delimitación del páramo, las provincias de soto norte ya tuvieron este espacio en sus municipios incluso en uno de ellos tuvieron 28 reuniones, Bucaramanga ha sido clara siempre vamos a exigir la protección del agua por encima de los intereses mineros".Kendy Jaimes, quien fue abucheada durante la jornada, cuestionó el ambiente en el que se desarrolló la mesa de concertación y denunció actos de estigmatización contra quienes expresan posiciones distintas "es inadmisible lo que ocurre en estas mesas, soy hija de provincia y hace 18 años vivo en Bucaramanga,si uno presenta una posición diferente a la del Comité del Agua, realmente es víctima de estigmatización y de irrespeto, estos espacios han sido utilizados como una plataforma politiquera por parte del Comité, apoyando a un gobierno que debió hacer algo en 4 años y el anterior tampoco", puntualizó.La tensión aumentó cuando el procurador delegado Alberto Rivera Balaguera solicitó que se permitiera la participación de representantes de las comunidades de Soto Norte y del norte de Bucaramanga. Durante su intervención fue agredido por uno de los integrantes del Comite para la Defensa del páramo e integrante de FECODE.Ante lo ocurrido, la Procuraduría General de la Nación pidió levantar la mesa al considerar que no existían las garantías suficientes para continuar con el desarrollo del encuentro.Por su parte mediante su cuenta X, El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, reiteró que había solicitado al Ministerio de Ambiente aplazar la convocatoria hasta garantizar reglas claras y participación en igualdad de condiciones para todos los sectores involucrados."Lo ocurrido hoy en Bucaramanga era previsible y pudo evitarse. Advertimos que la convocatoria debía aplazarse hasta garantizar reglas claras y las garantías necesarias para todas las comunidades y sectores involucrados. No fuimos escuchados", manifestó el mandatario departamental.La delimitación del páramo de Santurbán continúa siendo uno de los procesos ambientales más complejos del país al involucrar la protección del recurso hídrico que abastece a millones de personas, así como las actividades económicas y el proyecto de vida de las comunidades que históricamente han habitado el territorio. Por ahora, la segunda mesa de concertación concluyó sin acuerdos y el diálogo deberá continuar en las próximas jornadas convocadas por el Ministerio de Ambiente.ga y las autoridades nacionales.
Organizaciones sociales, comunales y mineras de la provincia de Soto Norte cuestionaron las recientes resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el Páramo de Santurbán y anunciaron que emprenderán acciones legales al considerar que las decisiones vulneran los derechos de participación de las comunidades y afectan el futuro de la minería legal en la región.En un pronunciamiento, los representantes de las organizaciones aseguraron que las medidas adoptadas por el Ministerio, encabezado por la ministra encargada Irene Vélez, favorecen la expansión de la minería ilegal al limitar el desarrollo de la minería formal y tradicional en municipios como California y Vetas."El Gobierno prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Los pequeños mineros que queremos trabajar de manera formal estamos siendo desplazados, mientras la ilegalidad gana terreno", afirmó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y representante de organizaciones del POMCA Alto Lebrija.Uno de los principales cuestionamientos se centra en la denominada delimitación progresiva del Páramo de Santurbán. Según las organizaciones, este mecanismo fue considerado por el propio Ministerio de Ambiente, en un concepto presentado al Tribunal Administrativo de Santander en 2023, como una alternativa jurídicamente inviable e incompatible con lo ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que exige una delimitación integral con participación de los municipios involucrados.Asimismo, rechazaron la creación de una Zona de Reserva Permanente en jurisdicción de California, Santander, al señalar que fue adoptada sin un proceso de participación ciudadana suficiente, lo que, en su criterio, desconoce los principios del Acuerdo de Escazú y afecta directamente a comunidades que históricamente han desarrollado actividades mineras por fuera del ecosistema de páramo.Las organizaciones también cuestionaron la intención del Ministerio de prorrogar hasta 2029 la Zona de Reserva Temporal establecida en 2024, argumentando que la medida mantiene en incertidumbre a municipios cuya economía depende de la minería legal y que, desde su creación, ha sido objeto de observaciones por parte de organismos de control y autoridades regionales.Los voceros anunciaron que presentarán denuncias por presuntos delitos como fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra la ministra y los funcionarios que participaron en la expedición de las resoluciones.Además, hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander y al Tribunal Administrativo de Santander para que intervengan en el proceso y garanticen el respeto por el debido proceso y el derecho a la participación de las comunidades de Soto Norte.Las declaraciones se conocen un día después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la realización de nuevos estudios técnicos internacionales sobre Santurbán, con el propósito de buscar una solución definitiva al proceso de delimitación del páramo.El proceso de delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín ha generado un amplio debate durante la última década entre autoridades ambientales, comunidades campesinas, pequeños mineros, organizaciones sociales y empresas del sector minero. En los últimos días, el Ministerio de Ambiente anunció nuevas medidas para fortalecer la protección del ecosistema, mientras distintos sectores de Santander mantienen posiciones encontradas sobre el alcance jurídico, ambiental y social de las decisiones adoptadas.
La adopción de una metodología de delimitación progresiva para el Páramo de Santurbán por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desató una fuerte controversia entre el Gobierno Nacional y organizaciones sociales, campesinas y mineras de Santander, que cuestionan la legalidad de la medida.La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, anunció la implementación de la metodología nacional de delimitación progresiva para los páramos de Colombia y presentó su primera aplicación en Santurbán, acompañada de dos medidas orientadas a fortalecer la protección del sistema hídrico de la región.Según el Gobierno, el objetivo de la decisión es proteger el agua que abastece a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Además, destacó la creación de áreas de reserva definitiva en la subcuenca La Baja, una zona donde, según el Ministerio, existen afectaciones por la minería ilegal y amenazas derivadas de proyectos de extracción de oro."El agua no se negocia y seguimos insistiendo en que Santurbán no debe ser explotado ni por la minería ilegal ni por grandes empresas multinacionales. Asimismo, solicitamos que la medida esté acompañada de una mayor presencia del Estado para combatir la minería ilegal, impulsar inversiones sociales en Soto Norte, fortalecer la producción agrícola y promover alternativas económicas para las comunidades tradicionalmente dedicadas a la minería", dijo Mayerlín López, vocera del Comité por la Defensa de Santurbán. En contraste, más de 20 organizaciones campesinas, 136 juntas de acción comunal y siete asociaciones mineras de Soto Norte rechazaron el anuncio del Ministerio de Ambiente al considerar que contradice la posición jurídica que la misma cartera había expuesto ante el Tribunal Administrativo de Santander en 2023.De acuerdo con un documento divulgado por estas organizaciones, el Ministerio había manifestado anteriormente que una delimitación parcial del Páramo de Santurbán era jurídicamente inviable y contraria a la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó adelantar un proceso integral de delimitación con participación de los 40 municipios involucrados en Santander y Norte de Santander.Las organizaciones sostienen que expedir una resolución sobre solo el 70 % del territorio, mientras continúa la concertación con los municipios restantes, podría dar lugar a acciones judiciales para solicitar la nulidad del acto administrativo e investigaciones por presuntas irregularidades, al considerar que la medida desconocería el procedimiento fijado por la Corte Constitucional.Los defensores de la iniciativa también advirtieron sobre una eventual campaña de desinformación en torno al proceso de delimitación e hicieron un llamado a la ciudadanía para participar este 18 de julio en una jornada de concertación convocada en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga.El Páramo de Santurbán es uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país por su capacidad para abastecer de agua a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Desde hace más de una década, su delimitación ha estado en el centro de un intenso debate entre autoridades ambientales, comunidades campesinas, pequeños mineros, organizaciones sociales y empresas interesadas en desarrollar proyectos de extracción de minerales.La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-361 de 2017, dejó sin efectos la delimitación expedida en 2014 y ordenó realizar un nuevo proceso con amplia participación ciudadana antes de adoptar una decisión definitiva. El anuncio del Ministerio de implementar una delimitación progresiva reabre el debate jurídico, ambiental y social sobre el futuro de Santurbán y la protección de uno de los principales complejos de páramo del país.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó para comentarios un proyecto de resolución con el que busca delimitar de manera progresiva el Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. La propuesta es la primera aplicación de la metodología nacional de delimitación progresiva adoptada mediante la Resolución 863 de 2026 y estará disponible para observaciones entre el 14 y el 29 de julio antes de que se tome una decisión definitiva.El proyecto plantea delimitar 29.199,44 hectáreas de páramo distribuidas en 19 municipios donde ya culminó la concertación de los seis temas exigidos por la Corte Constitucional dentro del proceso de participación ordenado por la Sentencia T-361 de 2017. Además, incorpora otros nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico para fortalecer la coordinación institucional, la protección de las fuentes de agua, la fiscalización y los mecanismos de financiación.Según el Ministerio, la delimitación progresiva permitirá convertir en decisiones jurídicas los acuerdos alcanzados con las comunidades en los municipios donde el proceso participativo ya terminó, mientras continúan las etapas pendientes en los demás territorios.La cartera ambiental asegura que esta metodología evita fragmentar el ecosistema y mantiene las medidas de protección vigentes en las zonas que aún no hacen parte de la delimitación, hasta que finalicen los respectivos procesos.De manera paralela, el Ministerio también publicó para comentarios otros dos proyectos normativos: uno para declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499,23 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, con el fin de proteger un sistema hídrico estratégico, y otro para actualizar y prorrogar hasta marzo de 2029 la reserva temporal existente en el costado occidental del macizo, mientras concluyen los estudios técnicos, ambientales y jurídicos. El Ministerio indicó que las observaciones que presenten ciudadanos, comunidades y organizaciones durante el periodo de consulta serán analizadas antes de expedir las resoluciones definitivas. Asimismo, reiteró que las medidas propuestas mantienen la protección ambiental del páramo y diferencian los procesos de formalización de pequeña minería de las actividades de mediana y gran minería, que seguirán sujetas a las restricciones previstas por la legislación vigente.
El arte también puede convertirse en una forma de sanar, recordar y construir nuevos caminos. Por eso, Bogotá tendrá este martes 10 de noviembre una jornada especial en la que las historias de quienes han vivido de cerca el conflicto armado serán las protagonistas. Se trata de Bogotá Celebra la Paz con Barrios Vivos, un encuentro que reunirá a más de 90 artistas y personas víctimas de la violencia en una muestra de creación colectiva, memoria y resiliencia. La cita será a las 5:00 de la tarde en el Teatro El Ensueño, ubicado en Ciudad Bolívar, con entrada gratuita e inscripción previa, hasta completar el aforo.Esta iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, es el resultado de cuatro Laboratorios de Paz que hacen parte de la estrategia Barrios Vivos. En estos espacios participaron 97 personas de diferentes sectores que, desde sus propias experiencias, encontraron en el arte una oportunidad para compartir sus historias, hacer visibles sus vivencias y construir nuevos relatos alrededor de la paz.Entre los participantes están 23 mujeres buscadoras, 20 integrantes del Ejército Nacional y sus familias, 23 jóvenes víctimas del conflicto armado y 31 personas víctimas de la violencia en Ciudad Bolívar.Cada uno de estos laboratorios tiene una historia y un propósito particular. El de Mujeres Buscadoras busca reconocer las voces y experiencias de quienes siguen buscando a sus seres queridos mientras que el de Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado les abre un espacio a las nuevas generaciones para expresar lo que han vivido y construir otras historias sobre su futuro.Por su parte, el laboratorio del Ejército Nacional y sus familias busca visibilizar las experiencias de quienes también han sufrido las consecuencias de la guerra. Mientras tanto, el proceso desarrollado en Ciudad Bolívar gira alrededor del desplazamiento forzado y de Bogotá como una ciudad de acogida, teniendo en cuenta las historias de las comunidades que han tenido que reconstruir sus vidas en la capital.Todo ese trabajo se verá reflejado en una programación artística que reunirá diferentes expresiones y formas de contar historias. Los asistentes podrán disfrutar de propuestas de moda performática, tres obras de teatro, música, pintura, danza, intervenciones artísticas, performances e instalaciones inmersivas.Además, la jornada tendrá dos invitados especiales, los artistas César López y Victoria Sur, quienes han encontrado en la música y la sensibilidad social herramientas para promover la memoria, la convivencia y la construcción de paz.La apuesta de Bogotá Celebra la Paz con Barrios Vivos es demostrar que, a través de la cultura, también es posible reunir a personas con historias y experiencias muy distintas, incluso cuando están marcadas por el dolor. La idea es que sus voces puedan encontrarse en un mismo escenario y que el arte sirva como un puente para recordar, compartir y transformar esas experiencias.Esta iniciativa hace parte de Barrios Vivos, una estrategia de la Secretaría de Cultura que busca que las comunidades sean protagonistas de los cambios en sus propios territorios, reconociendo sus capacidades creativas y utilizando la cultura como una herramienta para fortalecer la convivencia y la transformación social.
Un millonario robo se registró en el municipio de Pitalito, en el sur del Huila. Una mujer fue despojada de cerca de 800 millones de pesos cuando se disponía a realizar una consignación en una sucursal del Banco de Bogotá, ubicada en el centro comercial Gran Plaza San Antonio.De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió al interior de la entidad bancaria, donde la víctima habría sido abordada por dos delincuentes que portaban armas de fuego. Los sujetos la intimidaron y le hurtaron el dinero que llevaba para realizar la operación financiera.De acuerdo con el reporte preliminar del hurto, la mujer contaría con acompañamiento de escoltas, quienes, al parecer, no ingresaron con ella a las instalaciones del banco. Esta circunstancia hace parte de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.El teniente coronel Camilo Buitrago, subcomandante encargado de la Policía del Huila, confirmó que dos personas que se movilizaban en una motocicleta estarían involucradas en el millonario hurto ocurrido en Pitalito."La Policía Nacional del Departamento de Policía Huila adelanta las acciones investigativas y operativas para esclarecer un hurto ocurrido en el interior de una entidad bancaria ubicada en un centro comercial del municipio de Pitalito", señaló el oficial.Asimismo, indicó que los delincuentes intimidaron con un arma de fuego a la ciudadana cuando se disponía a realizar una consignación bancaria y le hurtaron una suma cercana a los 800 millones de pesos.Tras conocerse el millonario robo, unidades de la Policía llegaron al centro comercial Gran Plaza San Antonio y comenzaron las labores de investigación. Entre las acciones adelantadas está la revisión de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y establecer su paradero.Por ahora, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el asalto y dar con los responsables de este millonario hurto que generó momentos de tensión en el centro comercial de Pitalito, Huila.
Valentina Montes López, de 17 años, padece neurofibromatosis, una enfermedad que le ha provocado el crecimiento acelerado de tumores en el cuello. Su madre, Janet de Jesús López, asegura que la joven ha perdido peso, tuvo que abandonar el colegio desde el pasado mes de agosto y actualmente permanece hospitalizada en Barranquilla, donde su condición sigue deteriorándose.El tumor ha alcanzado un tamaño que compromete vasos sanguíneos y estructuras del cuello, por lo que una cirugía es muy riesgosa. La única salida que le dan los médicos es la aplicación de un medicamento, selumetinib el cual requiere ser importado desde EE.UU y aunque la EPS Proteger ya autorizó su compra y aplicación, ahora requieren que el Invima apruebe de manera urgente su ingreso al país.Janet insiste que su hija está en una lucha contrarreloj para que su vida no se apague: "El medicamento lo que va a hacer es suprimir el tamaño del tumor. Se busca conseguir que esas masas que ella tiene disminuyan de tamaño entre un 20 y 30% para que los cirujanos estudien la posibilidad de intervenir para que ella descanse. Esa masa le produce a ella demasiado dolor. Necesito con urgencia que el Invima dé vía libre y no se me vaya a morir mi niña. Eso es eso es lo más urgente que necesitamos, porque yo estoy viendo a mi hija que todos los días se me va deteriorando", clamó Janeth.Valentina es la mayor de 3 hermanos. La adolescente vive en la ciudad de Valledupar, pero ya completa 3 meses de estar internada en la clínica Porto Azul, en Barranquilla. Blu Radio logró contactarse con personal del Invima la mañana de este martes y nos indicaron que revisarán el caso para darle trámite lo antes posible.
Un cambio en los impuestos al tabaco podría terminar generando un efecto contrario al que busca la política de salud pública en Colombia. Así lo advirtieron organizaciones de la sociedad civil y del sector salud, que hicieron un llamado urgente a los congresistas encargados de conciliar el proyecto de ley para que mantengan el texto aprobado por el Senado y no permitan retrocesos en las medidas para desincentivar el consumo de cigarrillos.El llamado fue realizado por Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Fundación Anáas, ReCeTa Colombia y NATTI, luego de conocer los resultados de una microsimulación académica que comparó los efectos de las propuestas aprobadas por Senado y Cámara de Representantes. El estudio fue desarrollado por investigadores de la Universidad del Rosario, la Universidad Icesi, a través de Proesa, y Tabaconomía, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Entre sus principales conclusiones advierte que, si durante la conciliación prevalece el texto de la Cámara, Colombia podría tener 92.450 fumadores adicionales de cigarrillos convencionales y 46.408 muertes prematuras más a lo largo de la vida de la población analizada.En contraste, si se mantiene la propuesta aprobada por el Senado el pasado 4 de noviembre, se podrían evitar 52.180 fumadores y 18.143 muertes prematuras.Otro de los argumentos que ha surgido durante la discusión es el posible aumento del contrabando por cuenta de los impuestos. Sin embargo, Guillermo Paraje, profesor de Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, aseguró que no existe evidencia en América Latina que demuestre que los incrementos tributarios generen un aumento del comercio ilegal.Según el comunicado, las estimaciones de comercio ilícito presentadas por la industria tabacalera en la región son entre 1,4 y 3,6 veces superiores a las mediciones independientes. Además, un estudio realizado en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta estimó que el comercio ilegal representaba el 16,9 % del consumo de cigarrillos en esas cinco ciudades durante 2023. Las organizaciones también pusieron sobre la mesa el impacto del consumo de tabaco entre niños y adolescentes. De acuerdo con el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de 2022, cerca de 11 de cada 100 estudiantes entre los 12 y los 18 años habían probado cigarrillos convencionales, mientras que alrededor de 23 de cada 100 habían utilizado cigarrillos electrónicos. En ambos casos, la mitad de quienes los habían probado reportó haber comenzado a los 14 años o antes.El proyecto de ley deberá superar la conciliación entre Senado y Cámara de Representantes. Posteriormente, el texto definitivo tendrá que ser aprobado por ambas plenarias antes de pasar a sanción presidencial. Para las organizaciones, esta decisión será determinante para evitar que la reforma termine debilitando las medidas de prevención del tabaquismo en Colombia.
La reconocida chef y empresaria colombiana Leo Espinosa, considerada la figura más influyente de la alta cocina en el país, habló en Mañanas Blu, sobre las consecuencias que generaría el proyecto de ley de ajuste fiscal promovido por el Gobierno, luego de publicar un video en sus redes sociales en representación del gremio gastronómico para denunciar la coyuntura.De acuerdo con la empresaria, los negocios de restauración y hospitalidad se encuentran contra las cuerdas debido al encarecimiento desmedido de los insumos alimentarios, el peso de la nómina y las cargas tributarias existentes. "La estructura de costos se volvió insostenible en los restaurantes y hoy en día ese es entre el encarecimiento desmedido de los alimentos y el peso de las cargas laborales, insumos y nómina, además de los impuestos como impuesto al consumo... los empresarios están remando contra un consumo resentido", afirmó la chef.El fantasma de 2016Para dimensionar el impacto de la iniciativa gubernamental, Espinosa recordó los efectos de la reforma tributaria aprobada durante el mandato de Juan Manuel Santos. En sus declaraciones, la Ley 1816 de 2016 representó "una verdadera estocada para el sector" al imponer una tarifa ad valorem del 20% y un IVA del 19% a los vinos y licores. "Sacamos el vino del bolsillo del consumidor promedio y por eso desde ese entonces el consumo de vinos o la cadena de valor del vino es costosísima", enfatizó.El nuevo proyecto fiscal busca incrementar el impuesto ad valorem al 35%, elevando de igual forma el cobro por grado de alcohol. Ante este panorama, la empresaria advirtió que la medida sofocará a los comercios legales y fomentará la ilegalidad. "Esto va a ser asfixiante para las ventas de la industria formal y lo peor de todo es que puede abrir las posibilidades al contrabando", subrayó.Transformación drástica en el consumoPese a que la percepción ciudadana sugiere que los comedores lucen concurridos, Espinosa aclaró que la afluencia no equivale a solvencia económica, pues el consumo por mesa ha experimentado una contracción aproximada del 50%. Los comensales han tenido que recortar sustancialmente su gasto para poder salir a comer fuera de casa."Una pareja salía y se tomaba una copa de vino y en los restaurantes tradicionales de entrada, plato fuerte y postre pedían dos entradas, dos fuertes y cada uno su postre. Pues ahora no, ahora no se pide entrada, se pide fuerte y se toma agua", detalló la chef. Asimismo, precisó que la responsabilidad no recae en los establecimientos, sino en la inflación generalizada: "La gente quiere salir, pero el problema es que no puede pagar los altos costos y la culpa no es de los restaurantes que los insumos están altos".Espinosa hizo hincapié en las diferencias operativas entre categorías de establecimientos. A diferencia de un restaurante de carretera, de comida casual o un "corrientazo", los establecimientos de alta cocina operan con un factor multiplicador de costos mucho más elevado. Este factor responde a la exigencia de mantener altos estándares de servicio y a la imposibilidad de sustituir insumos de calidad por opciones de menor valor.Frente a esta coyuntura, Espinosa urgió al Gobierno nacional a revisar la política tributaria sectorial. La empresaria recordó que la exención o reevaluación del impuesto al consumo aplicada tras la emergencia sanitaria permitió que la gastronomía se convirtiera en uno de los sectores de mayor crecimiento en la pospandemia. Por ello, solicitó formalmente "que se reevalúe el impuesto al consumo" para evitar el colapso de la hospitalidad y preservar la sostenibilidad de la cocina formal en Colombia.Escuche aquí la entrevista:
