La accidentada jornada de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán, realizada el sábado 18 de junio en Bucaramanga, terminó suspendida por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, en medio de enfrentamientos, denuncias por falta de garantías y cuestionamientos al proceso. Tras lo ocurrido, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, pidió al presidente electo y al nuevo ministro de Ambiente replantear el rumbo de la delimitación para garantizar una concertación transparente y legítima.El mandatario departamental aseguró que los hechos registrados eran previsibles y recordó que, días antes, había solicitado oficialmente aplazar la convocatoria hasta que existieran reglas claras, igualdad de condiciones para los participantes y garantías para todos los sectores involucrados."Lo ocurrido hoy era previsible y pudo evitarse. Como gobernador de Santander y veedor de este proceso advertí, mediante comunicación oficial, que la convocatoria debía aplazarse. No fuimos escuchados. El resultado fue una jornada marcada por el desorden, la falta de garantías y una profunda desconfianza, exactamente lo que buscábamos evitar", manifestó Díaz.Ante este panorama, el gobernador solicitó al nuevo ministro de Ambiente, Fabián Arjona, asumir como prioridad la delimitación de Santurbán, corregir el proceso y liderar una nueva etapa de concertación que brinde confianza y legitimidad a las comunidades de Santander.La jornada no alcanzó a desarrollar la concertación prevista, ya que la Procuraduría solicitó levantar la mesa luego de evidenciar problemas de participación y garantías para los asistentes.Durante la sesión también se registró un momento de tensión cuando integrantes del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán intentaron agredir al procurador delegado, Alberto Rivera Balaguera, quien exigía que se permitiera, en igualdad de condiciones, la participación de representantes de las comunidades de Soto Norte y del norte de Bucaramanga.Las críticas también llegaron desde las comunidades de Soto Norte. Daniel Maldonado, vocero de los pequeños mineros de Suratá, cuestionó la rapidez con la que el Gobierno Nacional pretende concluir un proceso que, según afirmó, lleva años sin lograr consensos."En Suratá hicimos 36 reuniones durante ocho años para concertar y no fue posible llegar a un acuerdo. Ahora pretenden resolver en dos reuniones en Bucaramanga lo que no se ha podido concertar en ocho años con los seis municipios de Soto Norte", señaló Maldonado.El líder minero aseguró que cualquier decisión debe sustentarse en criterios técnicos, jurídicos y sociales, y no en acuerdos apresurados que desconozcan la realidad de las comunidades que habitan el territorio.Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza afirmó que la prioridad del Ministerio de Ambiente debe ser la protección de Santurbán, uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país, y no facilitar proyectos de explotación minera.La congresista advirtió que el páramo no puede reducirse a una simple línea de delimitación, pues constituye un sistema hidrológico integral cuya afectación podría comprometer acuíferos, la calidad del agua, el equilibrio hidrogeológico y la biodiversidad de una región que abastece de agua potable a millones de personas.La suspensión de la mesa de concertación deja nuevamente en incertidumbre uno de los procesos ambientales más sensibles del país, mientras las comunidades, autoridades y el Gobierno Nacional deberán definir el futuro de una nueva convocatoria para avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán.
La segunda mesa de concertación sobre la delimitación del páramo de Santurbán terminó sin acuerdos en Bucaramanga, en medio de un ambiente de tensión por las diferencias entre las comunidades convocadas, denuncias sobre presuntas falta de garantías para la participación y un altercado en el que resultó agredido el procurador delegado Alberto Rivera Balaguera.El encuentro, liderado por el Ministerio de Ambiente en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, buscaba avanzar en la construcción de consensos y disensos sobre la nueva delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. Sin embargo, la jornada concluyó sin acuerdos.Desde las primeras horas del día, habitantes de Soto Norte denunciaron que no se les permitió el ingreso al recinto donde se desarrollaba la mesa. Fabio Maldonado, director de Consoto Norte, cuestionó la metodología implementada por el Ministerio de Ambiente."Quiero denunciar la falta de garantías, no dejan entrar a las personas y el moderador es un activista que estuvo en reuniones secretas con la ministra, además, no se cuenta con los accionados, es decir, los municipios de Vetas, California y Suratá", manifestó el líder comunitario.Natalia María Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, explicó que el propósito de esta fase del proceso es dejar consignados tanto los consensos como los desacuerdos alcanzados durante las discusiones."Cumpliendo lo establecido, el Ministerio de Ambiente convocó esta segunda jornada de concertación con la comunidad de Bucaramanga. Se está realizando el debate y el análisis de los ineludibles para que en el acta se consignen los consensos y disensos. Es importante recordar que la sentencia establece la necesidad de contar con esos consensos y desacuerdos dentro de la fase de concertación, todos bajo un mismo propósito", señaló la funcionaria.Durante la mesa también quedaron en evidencia las diferencias entre las organizaciones ambientalistas, líderes comunitarios y representantes de las comunidades del páramo sobre quiénes deben participar del proceso y cuál debe ser el alcance de la nueva delimitación.Por su parte, Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, aseguró que la mesa era para los habitantes de la ciudad "la jornada de concertación está dirigida a los habitantes de Bucaramanga, al considerar que también son directamente afectados por las decisiones que se adopten frente a la delimitación del páramo, las provincias de soto norte ya tuvieron este espacio en sus municipios incluso en uno de ellos tuvieron 28 reuniones, Bucaramanga ha sido clara siempre vamos a exigir la protección del agua por encima de los intereses mineros".Kendy Jaimes, quien fue abucheada durante la jornada, cuestionó el ambiente en el que se desarrolló la mesa de concertación y denunció actos de estigmatización contra quienes expresan posiciones distintas "es inadmisible lo que ocurre en estas mesas, soy hija de provincia y hace 18 años vivo en Bucaramanga,si uno presenta una posición diferente a la del Comité del Agua, realmente es víctima de estigmatización y de irrespeto, estos espacios han sido utilizados como una plataforma politiquera por parte del Comité, apoyando a un gobierno que debió hacer algo en 4 años y el anterior tampoco", puntualizó.La tensión aumentó cuando el procurador delegado Alberto Rivera Balaguera solicitó que se permitiera la participación de representantes de las comunidades de Soto Norte y del norte de Bucaramanga. Durante su intervención fue agredido por uno de los integrantes del Comite para la Defensa del páramo e integrante de FECODE.Ante lo ocurrido, la Procuraduría General de la Nación pidió levantar la mesa al considerar que no existían las garantías suficientes para continuar con el desarrollo del encuentro.Por su parte mediante su cuenta X, El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, reiteró que había solicitado al Ministerio de Ambiente aplazar la convocatoria hasta garantizar reglas claras y participación en igualdad de condiciones para todos los sectores involucrados."Lo ocurrido hoy en Bucaramanga era previsible y pudo evitarse. Advertimos que la convocatoria debía aplazarse hasta garantizar reglas claras y las garantías necesarias para todas las comunidades y sectores involucrados. No fuimos escuchados", manifestó el mandatario departamental.La delimitación del páramo de Santurbán continúa siendo uno de los procesos ambientales más complejos del país al involucrar la protección del recurso hídrico que abastece a millones de personas, así como las actividades económicas y el proyecto de vida de las comunidades que históricamente han habitado el territorio. Por ahora, la segunda mesa de concertación concluyó sin acuerdos y el diálogo deberá continuar en las próximas jornadas convocadas por el Ministerio de Ambiente.ga y las autoridades nacionales.
Organizaciones sociales, comunales y mineras de la provincia de Soto Norte cuestionaron las recientes resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el Páramo de Santurbán y anunciaron que emprenderán acciones legales al considerar que las decisiones vulneran los derechos de participación de las comunidades y afectan el futuro de la minería legal en la región.En un pronunciamiento, los representantes de las organizaciones aseguraron que las medidas adoptadas por el Ministerio, encabezado por la ministra encargada Irene Vélez, favorecen la expansión de la minería ilegal al limitar el desarrollo de la minería formal y tradicional en municipios como California y Vetas."El Gobierno prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Los pequeños mineros que queremos trabajar de manera formal estamos siendo desplazados, mientras la ilegalidad gana terreno", afirmó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y representante de organizaciones del POMCA Alto Lebrija.Uno de los principales cuestionamientos se centra en la denominada delimitación progresiva del Páramo de Santurbán. Según las organizaciones, este mecanismo fue considerado por el propio Ministerio de Ambiente, en un concepto presentado al Tribunal Administrativo de Santander en 2023, como una alternativa jurídicamente inviable e incompatible con lo ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que exige una delimitación integral con participación de los municipios involucrados.Asimismo, rechazaron la creación de una Zona de Reserva Permanente en jurisdicción de California, Santander, al señalar que fue adoptada sin un proceso de participación ciudadana suficiente, lo que, en su criterio, desconoce los principios del Acuerdo de Escazú y afecta directamente a comunidades que históricamente han desarrollado actividades mineras por fuera del ecosistema de páramo.Las organizaciones también cuestionaron la intención del Ministerio de prorrogar hasta 2029 la Zona de Reserva Temporal establecida en 2024, argumentando que la medida mantiene en incertidumbre a municipios cuya economía depende de la minería legal y que, desde su creación, ha sido objeto de observaciones por parte de organismos de control y autoridades regionales.Los voceros anunciaron que presentarán denuncias por presuntos delitos como fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra la ministra y los funcionarios que participaron en la expedición de las resoluciones.Además, hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander y al Tribunal Administrativo de Santander para que intervengan en el proceso y garanticen el respeto por el debido proceso y el derecho a la participación de las comunidades de Soto Norte.Las declaraciones se conocen un día después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la realización de nuevos estudios técnicos internacionales sobre Santurbán, con el propósito de buscar una solución definitiva al proceso de delimitación del páramo.El proceso de delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín ha generado un amplio debate durante la última década entre autoridades ambientales, comunidades campesinas, pequeños mineros, organizaciones sociales y empresas del sector minero. En los últimos días, el Ministerio de Ambiente anunció nuevas medidas para fortalecer la protección del ecosistema, mientras distintos sectores de Santander mantienen posiciones encontradas sobre el alcance jurídico, ambiental y social de las decisiones adoptadas.
La adopción de una metodología de delimitación progresiva para el Páramo de Santurbán por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desató una fuerte controversia entre el Gobierno Nacional y organizaciones sociales, campesinas y mineras de Santander, que cuestionan la legalidad de la medida.La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, anunció la implementación de la metodología nacional de delimitación progresiva para los páramos de Colombia y presentó su primera aplicación en Santurbán, acompañada de dos medidas orientadas a fortalecer la protección del sistema hídrico de la región.Según el Gobierno, el objetivo de la decisión es proteger el agua que abastece a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Además, destacó la creación de áreas de reserva definitiva en la subcuenca La Baja, una zona donde, según el Ministerio, existen afectaciones por la minería ilegal y amenazas derivadas de proyectos de extracción de oro."El agua no se negocia y seguimos insistiendo en que Santurbán no debe ser explotado ni por la minería ilegal ni por grandes empresas multinacionales. Asimismo, solicitamos que la medida esté acompañada de una mayor presencia del Estado para combatir la minería ilegal, impulsar inversiones sociales en Soto Norte, fortalecer la producción agrícola y promover alternativas económicas para las comunidades tradicionalmente dedicadas a la minería", dijo Mayerlín López, vocera del Comité por la Defensa de Santurbán. En contraste, más de 20 organizaciones campesinas, 136 juntas de acción comunal y siete asociaciones mineras de Soto Norte rechazaron el anuncio del Ministerio de Ambiente al considerar que contradice la posición jurídica que la misma cartera había expuesto ante el Tribunal Administrativo de Santander en 2023.De acuerdo con un documento divulgado por estas organizaciones, el Ministerio había manifestado anteriormente que una delimitación parcial del Páramo de Santurbán era jurídicamente inviable y contraria a la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó adelantar un proceso integral de delimitación con participación de los 40 municipios involucrados en Santander y Norte de Santander.Las organizaciones sostienen que expedir una resolución sobre solo el 70 % del territorio, mientras continúa la concertación con los municipios restantes, podría dar lugar a acciones judiciales para solicitar la nulidad del acto administrativo e investigaciones por presuntas irregularidades, al considerar que la medida desconocería el procedimiento fijado por la Corte Constitucional.Los defensores de la iniciativa también advirtieron sobre una eventual campaña de desinformación en torno al proceso de delimitación e hicieron un llamado a la ciudadanía para participar este 18 de julio en una jornada de concertación convocada en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga.El Páramo de Santurbán es uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país por su capacidad para abastecer de agua a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Desde hace más de una década, su delimitación ha estado en el centro de un intenso debate entre autoridades ambientales, comunidades campesinas, pequeños mineros, organizaciones sociales y empresas interesadas en desarrollar proyectos de extracción de minerales.La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-361 de 2017, dejó sin efectos la delimitación expedida en 2014 y ordenó realizar un nuevo proceso con amplia participación ciudadana antes de adoptar una decisión definitiva. El anuncio del Ministerio de implementar una delimitación progresiva reabre el debate jurídico, ambiental y social sobre el futuro de Santurbán y la protección de uno de los principales complejos de páramo del país.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó para comentarios un proyecto de resolución con el que busca delimitar de manera progresiva el Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. La propuesta es la primera aplicación de la metodología nacional de delimitación progresiva adoptada mediante la Resolución 863 de 2026 y estará disponible para observaciones entre el 14 y el 29 de julio antes de que se tome una decisión definitiva.El proyecto plantea delimitar 29.199,44 hectáreas de páramo distribuidas en 19 municipios donde ya culminó la concertación de los seis temas exigidos por la Corte Constitucional dentro del proceso de participación ordenado por la Sentencia T-361 de 2017. Además, incorpora otros nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico para fortalecer la coordinación institucional, la protección de las fuentes de agua, la fiscalización y los mecanismos de financiación.Según el Ministerio, la delimitación progresiva permitirá convertir en decisiones jurídicas los acuerdos alcanzados con las comunidades en los municipios donde el proceso participativo ya terminó, mientras continúan las etapas pendientes en los demás territorios.La cartera ambiental asegura que esta metodología evita fragmentar el ecosistema y mantiene las medidas de protección vigentes en las zonas que aún no hacen parte de la delimitación, hasta que finalicen los respectivos procesos.De manera paralela, el Ministerio también publicó para comentarios otros dos proyectos normativos: uno para declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499,23 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, con el fin de proteger un sistema hídrico estratégico, y otro para actualizar y prorrogar hasta marzo de 2029 la reserva temporal existente en el costado occidental del macizo, mientras concluyen los estudios técnicos, ambientales y jurídicos. El Ministerio indicó que las observaciones que presenten ciudadanos, comunidades y organizaciones durante el periodo de consulta serán analizadas antes de expedir las resoluciones definitivas. Asimismo, reiteró que las medidas propuestas mantienen la protección ambiental del páramo y diferencian los procesos de formalización de pequeña minería de las actividades de mediana y gran minería, que seguirán sujetas a las restricciones previstas por la legislación vigente.
El Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, por los retrasos en la delimitación del Páramo de Santurbán, una orden que la Corte Constitucional emitió en 2017 y que sigue sin cumplirse tras ocho años.Según el auto firmado por la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, Vélez deberá responder por los incumplimientos acumulados de sus antecesoras, Susana Muhamad y Lena Estrada. Entre los retrasos señalados está la falta de avances en el cronograma de concertación con las comunidades; de 31 mesas previstas, solo se realizaron seis.Además, el Tribunal advirtió que la delimitación solo se ha discutido con ocho de los más de 30 municipios implicados y que el Ministerio no ha garantizado los recursos para cumplir con el proceso.Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, señaló que “es inconcebible que llevemos ocho años esperando la delimitación por negligencia y falta de voluntad política. El Gobierno de Gustavo Petro, en vez de cumplir con la Corte, firmó una resolución inconsulta de Zona de Reserva que vulneró nuestro derecho a participar y dejó a más de 35 mil personas de siete municipios en la incertidumbre, la pobreza y el desplazamiento”.De acuerdo con González y organizaciones de Vetas, California, Suratá, Charta, Matanza, Tona y Bucaramanga, el Ministerio de Medioambiente priorizó resoluciones sin estudios técnicos, mientras que la orden judicial de la Corte fue ignorada.En julio pasado, durante una audiencia de seguimiento, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ya habían respaldado a las comunidades de Soto Norte y pidieron sancionar al Ministerio de Ambiente por el incumplimiento, así como suspender la resolución que declaró una zona de reserva forestal sin participación ciudadana.El Tribunal le dio un plazo de cinco días a la ministra Irene Vélez para justificar los incumplimientos y presentar un plan de acción. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones económicas personales, tal como lo establece el Decreto 2591 de 1991.
El Tribunal Superior de Bucaramanga dejó sin efectos la sanción económica que había sido impuesta a la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, y a dos funcionarios de esa cartera por presunto desacato en la delimitación del páramo de Almorzadero, ubicado entre Santander y Norte de Santander.De acuerdo con la decisión, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga incurrió en irregularidades procesales al momento de abrir el incidente de desacato, específicamente por fallas en la notificación e identificación de los responsables, lo que vulneró el derecho al debido proceso.Por estas razones, el Tribunal declaró la nulidad de lo actuado y ordenó rehacer el trámite desde su inicio, garantizando todas las garantías procesales para las partes. Con esta providencia, actualmente no existe sanción vigente contra la ministra Vélez ni contra ningún funcionario del Ministerio de Ambiente.La cartera ambiental señaló en un comunicado que continuará participando activamente en el nuevo proceso judicial, con el compromiso de cumplir la sentencia de tutela que ordena una nueva delimitación del páramo de Almorzadero bajo un esquema de participación ciudadana.“El Ministerio reitera su disposición de avanzar, junto con las comunidades y actores institucionales, en un proceso transparente y responsable frente a la protección de los páramos”, indicó la entidad.
La Universidad Industrial de Santander (UIS), sede Málaga, lidera dos proyectos científicos en la provincia de García Rovira que buscan entender y mitigar los efectos del cambio climático y el mal uso del suelo en ecosistemas estratégicos como los páramos y bosques altoandinos.El primero de los estudios se desarrolla en el páramo de Almorzadero, en el municipio de Cerrito, y analiza los daños que sufren los suelos tras un incendio. Según el profesor Diego Suescún, coordinador del programa de Ingeniería Forestal de la UIS en Málaga, uno de los hallazgos más relevantes es la drástica reducción del carbono orgánico en los suelos quemados.“Encontramos que en suelos no quemados había en promedio un 33% de materia orgánica, mientras que en suelos afectados por incendios este porcentaje se redujo a un 15%. Esto indica que gran parte del carbono almacenado en el suelo pasa a la atmósfera como CO₂, agravando el problema del cambio climático”, explicó el investigador.Además, el estudio detectó una disminución en la fertilidad del suelo, medida a través de la capacidad de intercambio catiónico, que pasó de 15 a 10 tras los incendios. Esta caída compromete la disponibilidad de nutrientes para la vegetación, afectando la recuperación de estos ecosistemas.El segundo proyecto se centra en la erosión de suelos en ecosistemas altoandinos, fundamentales también para la regulación hídrica. En este caso, la investigación busca entender cómo la intensidad de las lluvias y el uso del suelo afectan la pérdida de suelo superficial.“Instalamos parcelas en cinco tipos de cobertura vegetal y uso del suelo: bosque natural dominado por roble, plantación de pino pátula, sistema agroforestal con café, potrero ganadero y cultivo agrícola. Monitoreamos semanalmente la pérdida de suelo durante un año para identificar en qué condiciones se erosiona más”, señaló Suescún.Con ayuda de estaciones meteorológicas, los investigadores registran la intensidad de las lluvias y su correlación con la pérdida de suelo medida en gramos por hectárea. Los resultados permitirán establecer qué tipos de cobertura protegen mejor el suelo y en qué temporadas se presenta mayor erosión.El objetivo de ambos proyectos es generar conciencia ambiental en la región y transferir ese conocimiento a los productores locales. Para ello, se realizarán talleres de capacitación en técnicas de conservación de suelos dirigidos a campesinos, ganaderos y caficultores de García Rovira.“Queremos promover buenas prácticas de uso del suelo y mostrar con evidencia científica dónde se pierde más y cómo podemos evitarlo. Al final, buscamos proteger nuestros ecosistemas y asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico y agrícola en la región”, concluyó el profesor Suescún.
Ambientalistas de Santander felicitaron al Gobierno nacional tras lograr un triunfo judicial internacional en referencia a la prohibición para la explotación de las minas de oro en la zona de Santurbán.Recordemos que la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp, reclamaba una indemnización de 1.100 millones de dólares por la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán.La empresa alegaba que las medidas legislativas, administrativas y judiciales implementadas por el Gobierno colombiano habían impedido el desarrollo de su proyecto de gran minería de oro, constituyendo una expropiación indirecta de su inversión según el artículo 811 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia.“Con el dictamen del tribunal internacional del Ciade, Colombia no tendrá que pagar 1.100 millones de dólares a la multinacional canadiense Eco Oro. Con esto se sienta un precedente el cual debe ser visto en doble vía. Primero, las trasnacionales mineras no deben ver a los tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión, como un doble seguro para que si no ganan explotando nuestros recursos naturales no lo hagan demandando al Estado colombiano a la luz de estos acuerdos internacionales, y segundo, desde la óptica del Gobierno para que revise los tratados de libre comercio suscritos y tenga cuidado con los que va a suscribir", señaló Edwing Rodríguez- Salat El tribunal reconoció la importancia crucial de los páramos como fuentes y reguladores de los ciclos de agua, especialmente, en el contexto del cambio climático.Específicamente, el páramo de Santurbán es vital para el abastecimiento hídrico de más de 2.5 millones de personas. Los impactos negativos de la minería en estos ecosistemas son irreversibles, lo que justificó la prohibición de estas actividades en el páramo.Colombia se salvó de pagar $1.100 millones a minera canadiense por el páramo de SanturbánAunque en 2021 la mayoría del tribunal consideró que la implementación de la prohibición no se realizó conforme al estándar mínimo de trato del artículo 805 del TLC, y abrió una fase adicional para que Eco Oro probara los daños presuntamente causados, finalmente se determinó que la empresa no pudo aportar pruebas suficientes de los daños.Además, el tribunal resolvió que los costos de remediación de la concesión minera deben ser asumidos por Eco Oro, ya que estos no son consecuencia de una violación del artículo 805, sino una obligación del concesionario tras la terminación de la concesión.
En un fallo trascendental, un tribunal arbitral del Ciadi rechazó las pretensiones de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp, que reclamaba una indemnización de 1.100 millones de dólares por la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán, Colombia.La empresa alegaba que las medidas legislativas, administrativas y judiciales implementadas por el Gobierno colombiano habían impedido el desarrollo de su proyecto de gran minería de oro, constituyendo una expropiación indirecta de su inversión según el artículo 811 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia.Eco Oro también argumentaba que estas medidas violaron el estándar mínimo de trato del artículo 805 del TLC, razón por la cual reclamaba inicialmente 690 millones de dólares, suma que con intereses ascendía a aproximadamente 1.100 millones de dólares. Sin embargo, en el laudo emitido el 15 de julio, el tribunal arbitral determinó que Eco Oro no presentó pruebas suficientes del perjuicio sufrido, a pesar de haber tenido una segunda oportunidad para hacerlo. Por ello, el tribunal decidió no otorgar ningún monto de indemnización a la empresa.La decisión concluye un prolongado y complejo arbitraje que se extendió por más de ocho años. En septiembre de 2021, el tribunal ya había dictado una decisión sobre jurisdicción y responsabilidad, desestimando la reclamación de expropiación de Eco Oro. En esa decisión, se estableció que la prohibición de la minería en los ecosistemas de páramo era un ejercicio legítimo de las potestades regulatorias del Estado colombiano para proteger el interés general, especialmente en temas ambientales.El tribunal reconoció la importancia crucial de los páramos como fuentes y reguladores de los ciclos de agua, especialmente en el contexto del cambio climático.Específicamente, el páramo de Santurbán es vital para el abastecimiento hídrico de más de 2.5 millones de personas. Los impactos negativos de la minería en estos ecosistemas son irreversibles, lo que justificó la prohibición de estas actividades en el páramo.Aunque en 2021 la mayoría del tribunal consideró que la implementación de la prohibición no se realizó conforme al estándar mínimo de trato del artículo 805 del TLC, y abrió una fase adicional para que Eco Oro probara los daños presuntamente causados, finalmente se determinó que la empresa no pudo aportar pruebas suficientes de los daños.Además, el tribunal resolvió que los costos de remediación de la concesión minera deben ser asumidos por Eco Oro, ya que estos no son consecuencia de una violación del artículo 805, sino una obligación del concesionario tras la terminación de la concesión.Esta decisión, junto con los fallos recientes en los casos de Red Eagle y Montauk, representa la tercera victoria de Colombia en arbitrajes de inversión relacionados con la delimitación del páramo de Santurbán. En conjunto, estas tres reclamaciones sumaban alrededor de 1.500 millones de dólares.
Colombia comenzó a recibir el respaldo de la comunidad internacional para atender la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. La Cancillería informó que ya fueron coordinados los primeros vuelos de ayuda humanitaria, que llegarán al país en las próximas horas con elementos destinados a las comunidades más afectadas.La operación se puso en marcha después de que las autoridades territoriales, junto con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, evaluaran los daños y determinaran las necesidades específicas de cada municipio. Con esa información, el Gobierno comenzó a gestionar directamente la cooperación con países aliados.Entre las prioridades establecidas están los hospitales de campaña, necesarios para reforzar la atención médica en las zonas donde la infraestructura sanitaria resultó afectada. También se solicitaron kits de alimentación, aseo y hábitat, además de elementos para garantizar agua, saneamiento e higiene.La lista de necesidades incluye además kits de cocina y menaje para las familias que perdieron sus viviendas o parte de sus pertenencias. La ayuda internacional será coordinada con las autoridades nacionales y territoriales para definir su distribución en los lugares que presentan mayores necesidades.Desde las primeras horas posteriores al terremoto, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó los canales diplomáticos para solicitar apoyo internacional. El Gobierno agradeció a los países y organizaciones que han expresado su solidaridad y disposición para contribuir a la atención de la emergencia.La llegada de estos primeros vuelos representa uno de los componentes de la respuesta que Colombia está articulando con otros países, mientras en las regiones afectadas continúan las labores de rescate, atención de heridos, asistencia a damnificados y evaluación de los daños ocasionados por el sismo.
La primera dama Ana Lucía Pineda entregó un balance de las acciones que se vienen adelantando para apoyar a las familias afectadas por el sismo y agradeció a las personas y organizaciones que se han sumado a la recolección de ayudas humanitarias en diferentes regiones del país.Según explicó, desde el día siguiente al terremoto comenzaron a funcionar puntos de acopio en distintas zonas de Colombia, una iniciativa que, dijo, ha permitido reunir elementos necesarios para atender a las comunidades afectadas. “Desde hoy en la mañana empezamos a desplazar todas estas ayudas humanitarias a los distintos territorios”.La primera dama señaló que las necesidades fueron identificadas a partir de información entregada por alcaldes y gobernadores de las regiones afectadas. Explicó que, desde las primeras horas posteriores al sismo, se realizaron visitas a diferentes Puestos de Mando Unificado para verificar las condiciones en terreno y establecer qué elementos eran prioritarios.Entre los elementos solicitados se encuentran mercados, kits de aseo, kits de cocina y elementos para pasar la noche, especialmente almohadas y colchonetas. A esto se suman medicamentos destinados a apoyar la atención de la población afectada y el funcionamiento de la red hospitalaria.Uno de los anuncios de la declaración estuvo relacionado con las familias que perdieron a sus seres queridos como consecuencia de la emergencia. Pineda informó que empresas funerarias ofrecieron servicios gratuitos para facilitar los trámites y cubrir los costos de quienes no cuentan con planes o seguros exequiales.La ayuda contempla dos modalidades. En el caso de las personas que cuentan con seguros o planes exequiales, las funerarias apoyarán la gestión necesaria para hacer efectiva la cobertura durante el proceso correspondiente ante Medicina Legal. Para quienes no tienen ningún tipo de cobertura, asumirán los costos de los servicios funerarios.De acuerdo con la información entregada por la primera dama, estarán disponibles los servicios de Capillas de la Fe, Funerales San Vicente y Funerarias del Remanso. Capillas de la Fe prestará apoyo en Pereira, Manizales y Cali, mientras que Funerales San Vicente estará disponible en Chocó. “Este servicio estará disponible en las funerarias Capillas de la Fe, en Pereira, en Manizales y en Cali, y en Chocó estará los funerales San Vicente”, explicó.Pineda indicó además que publicará en sus redes sociales los datos de la persona encargada de recibir las llamadas a nivel nacional para orientar a los familiares y facilitar el acceso a estos servicios.
Ante la emergencia provocada por el terremoto que afectó varias zonas de Colombia, Blessd, Dímelo Jara Company y la Fundación Sueños de Barrio movilizarán cerca de 150 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades damnificadas.La operación contempla 30 toneladas para cada uno de los territorios priorizados: Chocó, Quibdó, Pereira, Cali y Manizales. Las ayudas incluyen alimentos, agua potable, pañales, productos de higiene y otros elementos de primera necesidad.Primer envío llega al ChocóComo parte de la primera fase, cuatro camiones con 30 toneladas de ayuda ya se dirigen al Chocó. Elizabeth Quintero, integrante del equipo legal, llegó al territorio para coordinar la recepción y entrega de los suministros junto con las autoridades locales.Mientras se encontraba en la zona, Quintero fue sorprendida por un nuevo temblor, reflejo de la incertidumbre que aún enfrentan las comunidades afectadas.El equipo continúa articulando la distribución para garantizar que los recursos lleguen de manera organizada a las familias que más los necesitan.“No soy de subir, pero sí de ayudar”Blessd comunicó la iniciativa a los más de 519.000 integrantes de su grupo de difusión en Instagram. El artista explicó que, aunque no había podido publicar con normalidad, ya estaba trabajando en la organización de las ayudas.“Ustedes saben que yo no soy de subir, pero sí de ayudar. Ya estoy organizando para que la gente más necesitada tenga su ayuda”, escribió.Posteriormente, compartió imágenes del proceso de recolección y cargue de los productos.Blessd también aseguró que continúa gestionando nuevas entregas para Pereira y Manizales, mientras avanza la operación en los demás territorios priorizados.Aunque parte del proceso no se vea en redes sociales, las primeras 30 toneladas de ayuda humanitaria ya están en camino al Chocó, como parte de una iniciativa que busca atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas por el terremoto.
La Lotería del Huila anunció el aplazamiento del Sorteo 4768, que estaba programado para realizarse este martes 11 de agosto de 2026. La entidad explicó que la decisión responde a las circunstancias que dificultan el normal desarrollo de las actividades, especialmente en consideración con los distribuidores y vendedores ubicados en las zonas más afectadas.De acuerdo con el comunicado divulgado por la entidad, el sorteo no fue cancelado, sino reprogramado para el jueves 13 de agosto de 2026, por lo que los compradores deberán tener en cuenta la nueva fecha antes de consultar los resultados.La medida fue adoptada en un contexto en el que diferentes actividades se han visto condicionadas por las circunstancias registradas en el territorio colombiano durante los últimos días. La Lotería del Huila señaló que su decisión busca actuar con solidaridad y consideración hacia quienes participan en la comercialización de sus productos.“En solidaridad y consideración con nuestros distribuidores y vendedores de las zonas más afectadas, y ante las circunstancias que dificultan el normal desarrollo de las actividades, el Sorteo 4768, programado para el martes 11 de agosto, será aplazado”, informó la Lotería del Huila.¿Cuándo será el sorteo 4768 de la Lotería del Huila?La nueva fecha establecida para el Sorteo 4768 de la Lotería del Huila es el jueves 13 de agosto de 2026.La entidad hizo énfasis en que el cambio corresponde a un aplazamiento, por lo que el sorteo mantiene su numeración y continuará bajo la nueva programación.El anuncio resulta relevante para los compradores que adquirieron billetes o fracciones correspondientes al sorteo inicialmente previsto para el martes, pues deberán conservarlos y tener presente la modificación del calendario anunciada oficialmente por la lotería.
La Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana anunció la reprogramación del sorteo 3166, que estaba previsto para realizarse este martes 11 de agosto de 2026. La decisión fue adoptada luego del evento sísmico registrado en el territorio colombiano el lunes 10 de agosto, de acuerdo con la información divulgada oficialmente por la entidad.La nueva fecha establecida para el sorteo es el jueves 13 de agosto de 2026, manteniendo como hora de realización las 10:55 de la noche y con transmisión a través de Canal Uno.El cambio fue comunicado a todos los actores relacionados con la operación de la lotería, incluidos distribuidores, vendedores y público general, con el propósito de evitar confusiones frente a la fecha inicialmente anunciada y garantizar que los participantes tengan claridad sobre cuándo se efectuará el sorteo.“Debido al evento sísmico registrado en el territorio colombiano el día 10 de agosto de 2026, el sorteo 3166, programado inicialmente para hoy martes 11 de agosto, ha sido reprogramado”, informó la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana.¿Cuándo será el sorteo de la Lotería de la Cruz Roja?De acuerdo con el comunicado, el sorteo 3166 de la Lotería de la Cruz Roja se realizará el jueves 13 de agosto, a las 10:55 p. m., y será transmitido por Canal Uno.La modificación de la fecha no debe confundirse con una cancelación definitiva del sorteo. La entidad confirmó que se trata de una reprogramación, por lo que el proceso continuará en la nueva fecha establecida.La Lotería de la Cruz Roja solicitó a sus distribuidores y vendedores atender las nuevas instrucciones para el manejo de los billetes y las devoluciones correspondientes.Recepción de devoluciones continuará hasta las 9:30 p. m.Uno de los puntos destacados en el anuncio está relacionado con la recepción de devoluciones. Según la información publicada por la entidad, este procedimiento se mantendrá conforme al horario establecido, con recepción hasta las 9:30 p. m.La medida busca facilitar el proceso operativo para los vendedores y distribuidores ante el cambio en la programación del sorteo.Por ello, quienes tengan responsabilidades relacionadas con la devolución de material deberán tener presente el horario indicado por la organización y seguir los procedimientos establecidos por la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana.
