El Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, por los retrasos en la delimitación del Páramo de Santurbán, una orden que la Corte Constitucional emitió en 2017 y que sigue sin cumplirse tras ocho años.Según el auto firmado por la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, Vélez deberá responder por los incumplimientos acumulados de sus antecesoras, Susana Muhamad y Lena Estrada. Entre los retrasos señalados está la falta de avances en el cronograma de concertación con las comunidades; de 31 mesas previstas, solo se realizaron seis.Además, el Tribunal advirtió que la delimitación solo se ha discutido con ocho de los más de 30 municipios implicados y que el Ministerio no ha garantizado los recursos para cumplir con el proceso.Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, señaló que “es inconcebible que llevemos ocho años esperando la delimitación por negligencia y falta de voluntad política. El Gobierno de Gustavo Petro, en vez de cumplir con la Corte, firmó una resolución inconsulta de Zona de Reserva que vulneró nuestro derecho a participar y dejó a más de 35 mil personas de siete municipios en la incertidumbre, la pobreza y el desplazamiento”.De acuerdo con González y organizaciones de Vetas, California, Suratá, Charta, Matanza, Tona y Bucaramanga, el Ministerio de Medioambiente priorizó resoluciones sin estudios técnicos, mientras que la orden judicial de la Corte fue ignorada.En julio pasado, durante una audiencia de seguimiento, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ya habían respaldado a las comunidades de Soto Norte y pidieron sancionar al Ministerio de Ambiente por el incumplimiento, así como suspender la resolución que declaró una zona de reserva forestal sin participación ciudadana.El Tribunal le dio un plazo de cinco días a la ministra Irene Vélez para justificar los incumplimientos y presentar un plan de acción. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones económicas personales, tal como lo establece el Decreto 2591 de 1991.
El Tribunal Superior de Bucaramanga dejó sin efectos la sanción económica que había sido impuesta a la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, y a dos funcionarios de esa cartera por presunto desacato en la delimitación del páramo de Almorzadero, ubicado entre Santander y Norte de Santander.De acuerdo con la decisión, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga incurrió en irregularidades procesales al momento de abrir el incidente de desacato, específicamente por fallas en la notificación e identificación de los responsables, lo que vulneró el derecho al debido proceso.Por estas razones, el Tribunal declaró la nulidad de lo actuado y ordenó rehacer el trámite desde su inicio, garantizando todas las garantías procesales para las partes. Con esta providencia, actualmente no existe sanción vigente contra la ministra Vélez ni contra ningún funcionario del Ministerio de Ambiente.La cartera ambiental señaló en un comunicado que continuará participando activamente en el nuevo proceso judicial, con el compromiso de cumplir la sentencia de tutela que ordena una nueva delimitación del páramo de Almorzadero bajo un esquema de participación ciudadana.“El Ministerio reitera su disposición de avanzar, junto con las comunidades y actores institucionales, en un proceso transparente y responsable frente a la protección de los páramos”, indicó la entidad.
La Universidad Industrial de Santander (UIS), sede Málaga, lidera dos proyectos científicos en la provincia de García Rovira que buscan entender y mitigar los efectos del cambio climático y el mal uso del suelo en ecosistemas estratégicos como los páramos y bosques altoandinos.El primero de los estudios se desarrolla en el páramo de Almorzadero, en el municipio de Cerrito, y analiza los daños que sufren los suelos tras un incendio. Según el profesor Diego Suescún, coordinador del programa de Ingeniería Forestal de la UIS en Málaga, uno de los hallazgos más relevantes es la drástica reducción del carbono orgánico en los suelos quemados.“Encontramos que en suelos no quemados había en promedio un 33% de materia orgánica, mientras que en suelos afectados por incendios este porcentaje se redujo a un 15%. Esto indica que gran parte del carbono almacenado en el suelo pasa a la atmósfera como CO₂, agravando el problema del cambio climático”, explicó el investigador.Además, el estudio detectó una disminución en la fertilidad del suelo, medida a través de la capacidad de intercambio catiónico, que pasó de 15 a 10 tras los incendios. Esta caída compromete la disponibilidad de nutrientes para la vegetación, afectando la recuperación de estos ecosistemas.El segundo proyecto se centra en la erosión de suelos en ecosistemas altoandinos, fundamentales también para la regulación hídrica. En este caso, la investigación busca entender cómo la intensidad de las lluvias y el uso del suelo afectan la pérdida de suelo superficial.“Instalamos parcelas en cinco tipos de cobertura vegetal y uso del suelo: bosque natural dominado por roble, plantación de pino pátula, sistema agroforestal con café, potrero ganadero y cultivo agrícola. Monitoreamos semanalmente la pérdida de suelo durante un año para identificar en qué condiciones se erosiona más”, señaló Suescún.Con ayuda de estaciones meteorológicas, los investigadores registran la intensidad de las lluvias y su correlación con la pérdida de suelo medida en gramos por hectárea. Los resultados permitirán establecer qué tipos de cobertura protegen mejor el suelo y en qué temporadas se presenta mayor erosión.El objetivo de ambos proyectos es generar conciencia ambiental en la región y transferir ese conocimiento a los productores locales. Para ello, se realizarán talleres de capacitación en técnicas de conservación de suelos dirigidos a campesinos, ganaderos y caficultores de García Rovira.“Queremos promover buenas prácticas de uso del suelo y mostrar con evidencia científica dónde se pierde más y cómo podemos evitarlo. Al final, buscamos proteger nuestros ecosistemas y asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico y agrícola en la región”, concluyó el profesor Suescún.
Ambientalistas de Santander felicitaron al Gobierno nacional tras lograr un triunfo judicial internacional en referencia a la prohibición para la explotación de las minas de oro en la zona de Santurbán.Recordemos que la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp, reclamaba una indemnización de 1.100 millones de dólares por la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán.La empresa alegaba que las medidas legislativas, administrativas y judiciales implementadas por el Gobierno colombiano habían impedido el desarrollo de su proyecto de gran minería de oro, constituyendo una expropiación indirecta de su inversión según el artículo 811 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia.“Con el dictamen del tribunal internacional del Ciade, Colombia no tendrá que pagar 1.100 millones de dólares a la multinacional canadiense Eco Oro. Con esto se sienta un precedente el cual debe ser visto en doble vía. Primero, las trasnacionales mineras no deben ver a los tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión, como un doble seguro para que si no ganan explotando nuestros recursos naturales no lo hagan demandando al Estado colombiano a la luz de estos acuerdos internacionales, y segundo, desde la óptica del Gobierno para que revise los tratados de libre comercio suscritos y tenga cuidado con los que va a suscribir", señaló Edwing Rodríguez- Salat El tribunal reconoció la importancia crucial de los páramos como fuentes y reguladores de los ciclos de agua, especialmente, en el contexto del cambio climático.Específicamente, el páramo de Santurbán es vital para el abastecimiento hídrico de más de 2.5 millones de personas. Los impactos negativos de la minería en estos ecosistemas son irreversibles, lo que justificó la prohibición de estas actividades en el páramo.Colombia se salvó de pagar $1.100 millones a minera canadiense por el páramo de SanturbánAunque en 2021 la mayoría del tribunal consideró que la implementación de la prohibición no se realizó conforme al estándar mínimo de trato del artículo 805 del TLC, y abrió una fase adicional para que Eco Oro probara los daños presuntamente causados, finalmente se determinó que la empresa no pudo aportar pruebas suficientes de los daños.Además, el tribunal resolvió que los costos de remediación de la concesión minera deben ser asumidos por Eco Oro, ya que estos no son consecuencia de una violación del artículo 805, sino una obligación del concesionario tras la terminación de la concesión.
En un fallo trascendental, un tribunal arbitral del Ciadi rechazó las pretensiones de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp, que reclamaba una indemnización de 1.100 millones de dólares por la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán, Colombia.La empresa alegaba que las medidas legislativas, administrativas y judiciales implementadas por el Gobierno colombiano habían impedido el desarrollo de su proyecto de gran minería de oro, constituyendo una expropiación indirecta de su inversión según el artículo 811 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia.Eco Oro también argumentaba que estas medidas violaron el estándar mínimo de trato del artículo 805 del TLC, razón por la cual reclamaba inicialmente 690 millones de dólares, suma que con intereses ascendía a aproximadamente 1.100 millones de dólares. Sin embargo, en el laudo emitido el 15 de julio, el tribunal arbitral determinó que Eco Oro no presentó pruebas suficientes del perjuicio sufrido, a pesar de haber tenido una segunda oportunidad para hacerlo. Por ello, el tribunal decidió no otorgar ningún monto de indemnización a la empresa.La decisión concluye un prolongado y complejo arbitraje que se extendió por más de ocho años. En septiembre de 2021, el tribunal ya había dictado una decisión sobre jurisdicción y responsabilidad, desestimando la reclamación de expropiación de Eco Oro. En esa decisión, se estableció que la prohibición de la minería en los ecosistemas de páramo era un ejercicio legítimo de las potestades regulatorias del Estado colombiano para proteger el interés general, especialmente en temas ambientales.El tribunal reconoció la importancia crucial de los páramos como fuentes y reguladores de los ciclos de agua, especialmente en el contexto del cambio climático.Específicamente, el páramo de Santurbán es vital para el abastecimiento hídrico de más de 2.5 millones de personas. Los impactos negativos de la minería en estos ecosistemas son irreversibles, lo que justificó la prohibición de estas actividades en el páramo.Aunque en 2021 la mayoría del tribunal consideró que la implementación de la prohibición no se realizó conforme al estándar mínimo de trato del artículo 805 del TLC, y abrió una fase adicional para que Eco Oro probara los daños presuntamente causados, finalmente se determinó que la empresa no pudo aportar pruebas suficientes de los daños.Además, el tribunal resolvió que los costos de remediación de la concesión minera deben ser asumidos por Eco Oro, ya que estos no son consecuencia de una violación del artículo 805, sino una obligación del concesionario tras la terminación de la concesión.Esta decisión, junto con los fallos recientes en los casos de Red Eagle y Montauk, representa la tercera victoria de Colombia en arbitrajes de inversión relacionados con la delimitación del páramo de Santurbán. En conjunto, estas tres reclamaciones sumaban alrededor de 1.500 millones de dólares.
Los mineros de Santurbán expresaron su indignación frente a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad y defendieron su derecho ancestral a la minería. En diálogo con Mañanas Blu, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, la ambientalista que enfrentó a la jefe de cartera en medio del encuentro con comunidades de los municipios de Vetas, Suratá y California en Santander, donde se pretendía construir acuerdos sobre alternativas mineras y la protección del agua, en el páramo de Santurbán, entregó detalles de la molestia de este sector. Explicó que su lucha no se trata de defender a Israel o Palestina, sino de proteger su territorio y su cultura minera. Uno de los puntos que resaltaron fue la importancia de la actividad minera en su municipio, Vetas, la cual lleva más de 400 años de tradición. Asegura que los mineros se sienten ofendidos de que se les preste más atención a otros países y se ignore el impacto que su labor tiene en la comunidad local. Otro de los temas que causó controversia fue la delimitación del páramo de Santurban. La líder ambiental afirmó que llevan siete años en incertidumbre debido a la falta de avances en la delimitación. Además, criticaron la propuesta de la ministra de crear una reserva temporal en la zona, ya que consideran que solo aumentará la ilegalidad y la contaminación. También mencionó que han sido malinterpretados en el tema de la formalización. Ellos cumplen con todas las normativas ambientales y de seguridad en el trabajo, y no entienden por qué se les exige tanto mientras se permite la entrada de minería ilegal.Escuche aquí la entrevista completa:
Luego del encuentro de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, con comunidades de los municipios de Vetas, Suratá y California en Santander, donde se pretendía construir acuerdos sobre alternativas mineras y la protección del agua, en el páramo de Santurbán, y que terminó con un ambiente tenso y lleno de cuestionamientos y fuertes críticas para los habitantes la conclusión es que los “están condenando a la ilegalidad”.,Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte, dijo que el recibimiento a la ministra de Ambiente Muhamad fue así porque llegó fue a anunciar una zona de reserva temporal en Santurbán, sin tener en cuenta la participación de las comunidades.“Hablando de un diálogo con las comunidades cuando no es cierto, es completamente falso que haya diálogo aquí. El gobierno viene y anuncia una medida y no tenemos ni siquiera derecho a la participación. La ministra no tuvo siquiera la decencia de invitar al dueño de la casa que es el gobernador de Santander, no tuvo tampoco la prudencia de invitar a la Procuraduría que es el ente de control, entonces, prácticamente pensó que venía a encontrar una comunidad sometida, una comunidad que se iba a doblegar y a someter a un decreto que desde todo el punto de vista es nocivo para la región”, dijo el representante de la comunidad.Extracción de oro del Páramo Santurbán no se permitiría aunque genere bajo impacto ambientalDijo que son decisiones ambientales que buscan cumplir promesas de campaña.“Nos traen una medida adicional más simplemente por cumplirle promesas de campaña a los activistas ambientales del área metropolitana de Bucaramanga y por mantener las bases políticas de este gobierno que quiere hacerse reelegir, esa es la verdad del asunto”, señaló.Durante el encuentro, los alcaldes de los municipios de Suratá, California y Vetas manifestaron en sus intervenciones la postura de no aceptar la zona de reserva temporal y la implementación del decreto 0044 que prohíbe la emisión de permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales en las zonas declaradas como reserva.Al respecto también se refirió, durante la reunión que se llevó a cabo en el municipio de California, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, quien dijo lo siguiente:"Este decreto sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Nos están violando nuestro derecho a la participación ciudadana, el derecho al mínimo vital y al trabajo, el derecho a la igualdad y el derecho a la identidad cultural de los mineros tradicionales”.
En un encuentro tenso y plagado de recriminaciones, los habitantes de California, Suratá y Vetas, en la provincia de Soto Norte, Santander, rechazaron la reciente declaratoria de reserva ambiental en el páramo de Santurbán por parte del Ministerio de Ambiente.La reunión, destinada a construir acuerdos sobre alternativas mineras y la protección del agua, culminó en una acalorada discusión. Y es que los mineros de la región, encabezados por Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, se congregaron en el coliseo del municipio de California para expresar su descontento hacia la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a quien le cuestionó duramente sus políticas, acusándole de condenar a la ilegalidad a centenares de familias que dependen de la minería artesanal.“La diferencia entre nosotros es que sus raíces son foráneas, sus raíces son extranjeras, son de Palestina. Nosotros somos de raíces chitaneras, ella defiende los derechos de Palestina, nosotros los de nosotros, los santandereanos. Mientras que ella está preocupada por Palestina, aquí en Colombia, en nuestro territorio, nos está destinando a la ilegalidad. Nunca habíamos visto un Gobierno tan prepotente como este”, declaró González en medio de la reunión, desatando aplausos y silbidos de apoyo entre los asistentes.¿Cuál es la declaratoria en el páramo de Santurbán?El anuncio del Ministerio de Ambiente sobre la declaratoria de reserva ambiental en el páramo de Santurbán, amparado en el Decreto N° 044, ha generado gran inquietud entre los mineros. Este decreto, que prohíbe la emisión de permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales en las zonas declaradas como reserva, fue percibido como una amenaza directa a la subsistencia de la comunidad minera local.Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte (Consotonorte), expresó su indignación: “No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad, y solo para que la ministra de Ambiente cumpla un acuerdo político con los grupos ambientalistas de Bucaramanga. Esta medida desconoce la realidad de nuestro territorio, se hace sin la participación y aval de la Procuraduría o la Gobernación de Santander, y nos está condenando a la ilegalidad”.Ivonne González enfatizó que esta declaratoria no solo sepulta la economía de la región, sino que también viola varios derechos fundamentales. “Este decreto sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Nos están violando nuestro derecho a la participación ciudadana, el derecho al mínimo vital y al trabajo, el derecho a la igualdad y el derecho a la identidad cultural de los mineros tradicionales”.Minambiente defiende la propuestaLa ministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió la posición del Gobierno, argumentando que la minería, incluso la artesanal, no puede comprometer los recursos hídricos vitales.En la reunión, se expusieron los argumentos sobre el futuro del territorio y el impacto del Decreto N° 044, pero no se llegó a un consenso. La ministra afirmó que las áreas de reserva ambiental no afectarán las zonas de formalización minera en Soto Norte. Sin embargo, esta declaración no convenció a los presentes, quienes demandaron soluciones concretas y una mayor inclusión en las decisiones que afectan su modo de vida.Al final de la reunión la ministra entregó el balance. “El diálogo con los mineros de Vetas, California y Soto Norte no terminó en un diálogo productivo. ¿Por qué no terminó en un diálogo productivo? Porque tenemos aquí un conflicto en donde hay un punto en común. El Gobierno nacional está de acuerdo con la formalización de la minería tradicional, la pequeña minería hecha por los habitantes de estos municipios, mineros, pero en una escala que permita que el agua podamos manejarla conjuntamente y no haya afectaciones al ciclo del agua. Por el otro lado, eso implica el ordenar el territorio alrededor del agua”.La ministra de Ambiente dijo que hay un instrumento y es la reserva temporal que nos da la sentencia del Consejo de Estado, pero es consciente que hay mucha resistencia social. “Esperamos poder recuperar algunos de los canales para que podamos avanzar en este proceso que no ha sido fácil y que ojalá podamos resolver de fondo este conflicto socioambiental en este gobierno”, concluyó.
Luego de la visita de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a la provincia de Soto Norte, Santander, los habitantes de California, Suratá y Vetas rechazaron la declaratoria de reserva ambiental en Santurbán. El anuncio de la funcionaria fue la creación de una zona de reserva temporal de recursos naturales en toda la provincia, según el Decreto 044, pero los paramunos advirtieron que esta medida afectaría gravemente las actividades económicas de más de 15.000 personas en la región.Según Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte (Consotonorte), esta declaratoria condena a la ilegalidad a centenares de familias y mineros tradicionales que llevan años intentando formalizarse.“No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad. Esta medida se toma sin la participación y aval de la Procuraduría o la Gobernación de Santander, y nos está condenando a la ilegalidad”, declaró Maldonado.Asimismo, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, expresó su profunda preocupación por esta medida inconsulta que ignora los acuerdos alcanzados con el Gobierno en las mesas de delimitación del páramo de Santurbán durante los últimos dos años.“La resolución del Gobierno Nacional sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Nos están violando nuestros derechos a la participación ciudadana, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad y a la identidad cultural de los mineros tradicionales”, afirmó.Daniel Maldonado, representante de la Asociación de Mineros Tradicionales de Suratá, también se manifestó en contra de lo que considera una persecución sistemática a la minería en su territorio.“Este Gobierno habla del Acuerdo de Escazú, pero vulnera nuestra participación y desprecia los procesos de concertación. Nosotros no hacemos minería dentro del Páramo, pero no por eso nos pueden obligar a dejar de ser mineros. Esta es una estrategia para desacatar las sentencias de la Corte Constitucional y extender la delimitación del Páramo hasta Bucaramanga”.Los líderes sociales también denunciaron que el Ministerio de Ambiente realizó una convocatoria engañosa para la discusión, utilizando logos del proceso de delimitación para un tema diferente y sin la presencia de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.“Es absurdo que para un tema que afecta a 30.000 paramunos, el Ministerio de Ambiente quiera que solo hablen 2 personas por municipio, elegidas por ellos mismos. Esto vulnera todos los derechos”, denunció Ivonne González.Ante el anuncio del Ministerio de Ambiente, los líderes sociales, mineros de pequeña escala y paramunos anunciaron que llevarán a cabo movilizaciones y acciones jurídicas para evitar que se violen sus derechos con una declaratoria de reserva temporal arbitraria.
En un triunfo significativo para la protección del medio ambiente, el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha fallado a favor de Colombia. El caso había sido iniciado por la empresa Montauk Metals Inc, anteriormente conocida como Galway Gold Inc, en relación con la prohibición de actividades mineras en los ecosistemas de páramos, específicamente en el Páramo de Santurbán.Montauk Metals Inc había presentado el arbitraje bajo el capítulo VIII del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, argumentando que las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano constituían una expropiación y una violación al estándar de Trato Justo y Equitativo. Sin embargo, el Tribunal Arbitral desestimó ambas reclamaciones en su laudo final.En cuanto al reclamo de expropiación, el Tribunal concluyó que las acciones del Gobierno colombiano fueron tomadas de buena fe y representaban un ejercicio legítimo de su derecho a regular y proteger el ecosistema de páramos. Esto refuerza el compromiso del país con la preservación de sus recursos naturales y la protección del medio ambiente frente a intereses económicos.Además, el Tribunal determinó que Montauk Metals Inc no tenía una expectativa legítima de que Colombia no iba a implementar medidas para proteger los páramos. La empresa no pudo demostrar que las acciones del gobierno colombiano fueran arbitrarias o injustas.El fallo del Ciadi es un respaldo a las políticas medioambientales de Colombia y subraya la importancia de proteger áreas ecológicamente sensibles como los páramos. Estos ecosistemas son cruciales para la biodiversidad y el suministro de agua en la región, y la decisión del Tribunal Arbitral refuerza el derecho del Estado a adoptar medidas regulatorias para su conservación.Por segunda vez el Estado se salvó de una millonaria demanda por la prohibición de minería en el Páramo de Santurbán. La cifra estaba alrededor de pagarle más de $700.000 millones a una minera canadiense.
Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California."Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos", informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto "por heridas de bala autoinfligidas" y tendrían entre 17 y 19 años, según las primeras investigaciones del FBI.Los cuerpos de ambos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a contener el suceso.Wahl agregó que la investigación de este trágico suceso "requerirá mucho trabajo en los próximos días y semanas".Asimismo, precisó que las autoridades competentes están analizando el incidente bajo la perspectiva de crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario."Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana", concluyó el agente.La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en el Centro Islámico de San Diego alrededor de las 12:00 hora local después de obtener conocimiento de la presencia de un "tirador activo" en el área.Imágenes compartidas en redes sociales y en televisión muestran a varias personas alejándose de la mezquita, algunos de ellos menores de edad, cogidos de la mano y escoltados por agentes de seguridad.Este ataque sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos.El centro, ubicado en el barrio de Clairemont, en la ciudad de San Diego, supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local.
Fue liberado el ingeniero y contratista Omar Giovanny Cordero Toscano, quien permanecía secuestrado desde el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul, Arauca, en un caso que había generado preocupación entre la comunidad y llamados urgentes para reforzar la seguridad en la región.La liberación ocurrió en la mañana de este lunes festivo 18 de mayo, hacia las 11:00 a. m., en un paraje rural del departamento de Arauca, según la información conocida hasta el momento.Cordero Toscano había sido secuestrado luego de ser interceptado por hombres armados en el municipio de Fortul. De acuerdo con versiones conocidas por las autoridades y reportes locales, el contratista fue sacado a la fuerza de un establecimiento comercial de la zona céntrica y llevado contra su voluntad por hombres pertenecientes a las disidencias de las Farc.Durante los días de cautiverio, líderes sociales, sectores políticos, comerciantes y habitantes del departamento hicieron llamados humanitarios exigiendo respeto por la vida del contratista y su pronta liberación. La comunidad también pidió mayor presencia institucional ante el deterioro de las condiciones de seguridad en el piedemonte araucano.El secuestro de Omar Giovanny Cordero Toscano había encendido las alarmas entre empresarios, comerciantes y contratistas de Fortul, un municipio donde, según habitantes de la región, persiste el temor por el accionar de grupos armados ilegales y el incremento de hechos violentos.Aunque la liberación del ingeniero ha generado alivio, varias personas permanecen privadas de la libertad por actores armados ilegales en municipios como Arauca, Arauquita y Fortul, una situación que mantiene bajo alerta a las autoridades y a organizaciones defensoras de derechos humanos.
Una reunión familiar que debía ser motivo de celebración terminó convirtiéndose en una pesadilla para una mujer en México, luego de que descubriera que su esposo presuntamente le era infiel con una de sus propias hermanas. El relato, compartido en TikTok por Lorenza Hernández, rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales.Según contó la mujer, todo ocurrió durante un encuentro familiar realizado en una casa de descanso en Cuernavaca, Morelos, con motivo de la celebración del Día de las Madres. A la convivencia asistieron familiares de ambas partes, entre ellos sus cinco hermanas, sobrinos y varios allegados.Lorenza explicó que jamás sospechó de una relación entre su pareja y su hermana, pues siempre consideró a su esposo como una persona cercana y amable con toda la familia. Durante la noche, mientras varios invitados permanecían reunidos cerca de la alberca conversando y tomando bebidas, ella decidió subir a descansar junto a uno de sus hijos pequeños.Desde el balcón observó a su esposo jugando en la piscina con otro de sus hijos, una escena que describió como un momento familiar y afectuoso, razón por la cual volvió a bajar para acompañarlos unos minutos más.Sin embargo, horas después todo cambió. De acuerdo con su versión, subió nuevamente a descansar, pero al notar que su celular se había quedado sin batería decidió buscar el cargador. Fue entonces cuando un sobrino le comentó que su esposo había subido acompañado de una de sus hermanas, supuestamente para ayudarla porque se encontraba en estado de embriaguez.Aunque en un principio no sospechó nada extraño, comenzó a inquietarse cuando no logró encontrarlos en ninguna de las habitaciones. Lorenza aseguró que recorrió varias áreas de la propiedad, incluyendo la terraza y la cocina, hasta que empezó a pensar que algo no estaba bien.“Por lógica dije: ‘Dios mío, que no sea lo que estoy pensando’”, dijo. La mujer relató que finalmente bajó por una escalera que conducía a una zona en construcción dentro de la vivienda. Allí, según explicó, se encontró primero con su esposo, quien habría salido apresuradamente mientras acomodaba su ropa y mostraba una actitud nerviosa.Momentos después, aseguró haber encontrado a su hermana desnuda en una de las habitaciones en obra negra. Lorenza afirmó que al confrontarlos, su esposo intervino para pedirle que no responsabilizara a la hermana y que cualquier reclamo fuera dirigido únicamente hacia él.Tras el impactante descubrimiento, la mujer confesó que quedó completamente devastada emocionalmente. Incluso aseguró que minutos más tarde volvió a encontrarlos juntos y muy cerca uno del otro, situación que aumentó aún más su indignación. “Me empecé a llenar de asco, de muchísimo asco”, contó.
En Blu 4.0 de este lunes festivo 18 de mayo de 2026, Juan Manuel Ramírez y Tata conversan sobre tecnología, transformación digital, ciberseguridad y los desafíos que enfrentan las empresas en medio de un entorno global cada vez más conectado y cambiante.Ismael Rojas, líder y cantante de Buena Fe, habló sobre cómo este proyecto se ha consolidado como una de las propuestas más influyentes de la música cubana contemporánea.Raymond Umerley, Field CISO de Coveware desde 2023 y uno de los referentes más activos en el desarrollo de metodologías de respuesta a incidentes y análisis forense, compartió detalles sobre cómo realizar un análisis forense de ciberseguridad.Camilo Garzón, product manager de Epson Colombia, habló sobre la compañía y explicó cómo la personalización, la digitalización y la sostenibilidad se han convertido en factores decisivos para competir.David Salas, director de Educación Continua de la Universidad de los Andes, analizó cómo las universidades se están ajustando a la nueva realidad de la inteligencia artificial.Escuche el programa completo:
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció este lunes la lista de 26 futbolistas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que incluyó a Neymar, que no juega con la Canarinha desde octubre de 2023.Todos los convocados de Brasil para la Copa del MundoLa lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado para la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la Canarinha, hace exactamente un año.El entrenador italiano siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas al 100 % de sus condiciones físicas, algo que Neymar no había conseguido desde su llegada al Santos el año pasado y tras superar una serie de graves lesiones en la rodilla.Los ausentesLos grandes ausentes en la lista y que se perderán el Mundial por graves lesiones tras haberse ganado la confianza de Ancelotti son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensor Éder Militão (Real Madrid).