Tribunal Administrativo de Santander

La Alcaldía de Bucaramanga comenzó el pago de las indemnizaciones ordenadas por la justicia a favor de 16 exfuncionarios que fueron retirados de sus cargos en noviembre de 2025, durante la vigencia de la Ley de Garantías, una decisión que le costará al municipio más de 500 millones de pesos.Los pagos se realizan luego de que diferentes decisiones judiciales concluyeran que las desvinculaciones se efectuaron de manera irregular, al haberse producido en pleno calendario electoral previo a las elecciones atípicas para la Alcaldía de Bucaramanga. Ese hecho fue producto de las decisiones del alcalde encargado, Javier Sarmiento. Uno de los casos que dio origen a las demandas fue el nombramiento y posterior remoción de funcionarios mediante el Decreto 774 del 6 de noviembre de 2025. En ese proceso, el Tribunal Administrativo de Santander admitió una demanda de nulidad electoral y decretó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo al considerar, de manera preliminar, que se habría desconocido la prohibición de modificar la nómina oficial durante la Ley de Garantías.Entre los exfuncionarios beneficiados con las decisiones judiciales se encuentra Manuel Eduardo Parada Rueda, quien se desempeñaba como asesor de despacho de la administración municipal. Según explicó, las reclamaciones fueron presentadas en enero de 2026 tras considerar que las declaratorias de insubsistencia vulneraron las restricciones establecidas por la Ley de Garantías.Parada aseguró que existían advertencias claras sobre la imposibilidad de modificar la planta de personal durante el calendario electoral. "La circular de la Procuraduría advertía que una vez se fijara el calendario electoral la planta del municipio no se podía mover", afirmó al referirse al proceso judicial que finalmente dio la razón a los exfuncionarios.Las decisiones que ahora deberá asumir económicamente el municipio corresponden a actuaciones realizadas durante la administración del entonces alcalde designado Javier Sarmiento, quien ejercía el cargo mientras se adelantaba el proceso para elegir al nuevo mandatario de Bucaramanga.La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, restringe la modificación de la nómina estatal durante los procesos electorales, salvo excepciones expresamente previstas en la norma. Estas medidas buscan evitar que los cambios en el empleo público puedan influir en las campañas o afectar la transparencia electoral. En este caso de Bucaramanga, las decisiones judiciales concluyeron que las desvinculaciones no cumplían con esas excepciones, por lo que ordenaron el reconocimiento de las indemnizaciones a favor de los exfuncionarios afectados.

Tribunal Administrativo de Santander

Síguenos en: