El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como alcalde del municipio de Oiba para el periodo 2024-2027.La decisión, adoptada mediante sentencia anticipada de primera instancia, ordena dejar sin efectos su elección y dispone que las autoridades electorales convoquen a nuevos comicios para elegir mandatario local.En el fallo, la corporación también determinó que no hay lugar a condena en costas y ordenó archivar el proceso una vez quede en firme la providencia.Es de anotar que el alcalde de Oiba, Elkín Reyes, fue destituido, luego de que el Consejo de Estado anulara su elección mediante sentencia del 7 de noviembre de 2024, decisión que quedó en firme el 28 de enero de 2025. La sanción se dio por trashumancia electoral, es decir, trasteo de votos, en los comicios de 2023.Posteriormente, la Registraduría Nacional del Estado Civil fijó el calendario mediante resolución del 18 de marzo de 2025 y convocó a elecciones atípicas, las cuales se realizaron el 18 de mayo de 2025, jornada en la que el mandatario volvió a participar y resultó elegido.Frente a esta decisión, el abogado experto en temas electorales, Carlos Alfaro, explicó que el caso tendría un elemento objetivo relacionado con posibles inhabilidades.Según el jurista, “el hecho de que el alcalde de Oiba haya participado en las elecciones atípicas dos meses después de que quedó en firme su destitución, no tiene precedentes”."Aquí el elemento es objetivo, porque él fue autoridad administrativa, fue ordenador del gasto como alcalde, y el artículo 314 de la Constitución es muy concreto: no puede repetir un alcalde en periodos seguidos; no existe la reelección", agregó Alfaro.Asimismo, señaló que “el artículo 37 de la Ley 617 del 2000 es muy claro: no puede aspirar a alcalde quien haya sido autoridad administrativa un año antes de las elecciones”.De acuerdo con el análisis del abogado, el mandatario podría solicitar aclaración del fallo y posteriormente apelar la decisión ante una segunda instancia.Sin embargo, advirtió que si la nulidad es confirmada, no se convocarían nuevas elecciones atípicas debido al tiempo restante del periodo.“Faltando menos de 18 meses, como hay una vacancia absoluta, no habría elecciones atípicas. El gobernador pediría una terna y de allí se escogería un alcalde encargado para terminar el periodo”, explicó.Finalmente, el jurista indicó que otros municipios de Santander, como Girón y Concepción, podrían enfrentar situaciones similares dependiendo de cómo avancen procesos electorales en curso.
El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó en segunda instancia la condena de 17 años de prisión contra el exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, por hechos de corrupción relacionados con el denominado caso ‘Manantial de Amor’.La decisión ratifica el fallo emitido en primera instancia por el Juzgado Noveno Penal Municipal, en el que se determinó la responsabilidad del exmandatario en irregularidades en millonarios contratos de obras, que en su momento generó un amplio escándalo por presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos.De acuerdo con el proceso judicial, las investigaciones evidenciaron inconsistencias en la contratación que derivaron en detrimento patrimonial, lo que llevó a la imposición de una pena privativa de la libertad y sanciones adicionales.La sentencia se enmarca en el caso de corrupción conocido como "Manantial de Amor", una investigación que lleva ocho años y que involucró a Bohórquez, varios funcionarios y contratistas de su administración, en irregularidades cometidas entre 2013 y 2016. Durante ese período, se adjudicaron contratos por aproximadamente $17.000 millones a miembros de la iglesia cristiana "Manantial de Amor", a la que asistía el exalcalde.El caso ‘Manantial de Amor’ se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de presunta corrupción en la administración pública de la capital santandereana, al poner en el centro del debate el uso de los recursos destinados a proyectos de infraestructura. En su momento el exalcalde señaló en sus redes sociales lo siguiente: "El mundo está lleno de injusticias y este fallo no es la excepción, de la mano de Dios y ante jueces imparciales defenderé mi actuar porque soy inocente. Mi único interés como alcalde fue engrandecer a Bucaramanga". Los otros involucrados, de acuerdo con su participación en los hechos conocidos, fueron condenados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Ellos son: Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura, Gloria Durán, exjefe de la Oficina de Alumbrado Público, Leonardo Luna Escalante, asesor y familiar del exalcalde, Óscar Mauricio Benavides Toloza y Uriel Ávila Méndez, excontratistas de la Alcaldía de Bucaramanga
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
El alcalde de San Gil, Édgar Orlando Pinzón Rojas, fue sancionado por el Tribunal Administrativo de Santander tras comprobarse el incumplimiento de una orden judicial que ordenaba la recuperación del parque Santander, uno de los principales espacios públicos del municipio, ocupado desde hace años por ventas informales.La decisión adoptada el 16 de enero de 2026 confirma, en segunda instancia, la sanción impuesta en primera instancia, que consiste en una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y la obligación de dar cumplimiento inmediato a la sentencia de 2018, en la cual se determinó la vulneración de derechos colectivos como el disfrute del espacio público, la moralidad administrativa y el derecho a un ambiente sano.En ese fallo se ordenó al municipio de San Gil adelantar, bajo la responsabilidad directa del alcalde, medidas concretas para la restitución del parque Santander, la prevención de nuevas ocupaciones, la reubicación de los vendedores informales y la conformación de un comité encargado de verificar el cumplimiento.Aunque la decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander en marzo de 2022, las órdenes no se materializaron. Situación que motivó, en septiembre de 2025, la solicitud de apertura de un incidente de desacato por parte de un ciudadano, quien advirtió que el parque continuaba ocupado y que no existían acciones administrativas verificables orientadas a su recuperación.El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San Gil abrió el incidente y notificó al mandatario local, sin que este presentara descargos ni aportara documentos que demostraran avances en la ejecución del fallo. Ante la ausencia de respuesta, el despacho aplicó la sanción económica, decisión que fue remitida al Tribunal para su revisión obligatoria.El tribunal advirtió que no reposan en el expediente actos administrativos, planes, informes ni evidencias de gestión que respalden acciones efectivas para la recuperación del espacio público, y resaltó que la falta de pronunciamiento del alcalde durante el trámite evidenció una conducta omisiva frente a un mandato judicial expreso.
El Tribunal Administrativo de Santander resolvió una tutela interpuesta contra la decisión del Juzgado 15 Administrativo Oral de Bucaramanga, que había ordenado dentro de un incidente de desacato implementar la restricción al parrillero hombre mayor de edad en motocicletas en el área metropolitana de Bucaramanga.Los magistrados, declararon la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela instaurada por John Albeiro Salcedo González, contra del Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, el Municipio de Girón, Municipio de Bucaramanga, Municipio de Floridablanca, el Municipio de Piedecuesta y el Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB.“Al haberse desplegado en el curso de la presente acción de tutela, la actualización del Plan de Acción del año 2017, con inclusión de nuevo cronograma, en el cual se ordena especialmente la realización de estudios previos que permita motivar los actos administrativos a proferir en cumplimiento de las ordenes de restricción y prohibición de parrillero; se concluye que, a la fecha no se encuentra vigente la providencia cuestionada pues, el Juez Quince Administrativo de Bucaramanga con la actualización del plan de acción, entre otros aspectos, ordenó dar trámite a estudios técnicos que contemplan condiciones específicas en caso de requerirse un trato diferencial sin que por ahora exista en virtud de la acción popular medida de restricción de parrillero vigente que aunque la providencia inicial careció de motivación suficiente, la medida se mantiene vigente dentro del plan de acción aprobado en audiencia del 15 de julio de 2025”, explica el Tribunal en las consideraciones de la decisión.De esta manera, el fallo deja en firme la orden impartida por el Juzgado 15 Administrativo, que obliga a los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta a avanzar en la implementación de la prohibición del parrillero hombre mayor de edad como parte de las acciones contra el mototaxismo.Según lo definido en esa audiencia, las autoridades locales deberán expedir los actos administrativos correspondientes a más tardar el 15 de diciembre de 2025, socializar las medidas hasta el 1 de enero de 2026 e iniciar la aplicación de la restricción a partir del 2 de febrero de 2026.
La Gobernación de Santander anunció este lunes la derogatoria de la polémica tasa de seguridad, medida que había sido aprobada por la Asamblea Departamental y que estaba prevista para comenzar a cobrarse este mes a través de la factura de energía en los estratos 4, 5 y 6.El gobernador Juvenal Díaz Mateus explicó que la decisión obedece al nuevo contexto fiscal que atraviesa el país, luego de que el Gobierno Nacional radicara una ambiciosa reforma tributaria por 26 billones de pesos. “En Santander, entendemos que este contexto económica exige prudencia y responsabilidad, y sobre todo empatía con quienes todos los días generan empleo producen y contribuyen al desarrollo de nuestro departamento, nuestro compromiso es cuidar la economía de nuestras empresas comerciantes y familias, la seguridad y la infraestructura seguirán siendo nuestras prioridades, pero en este momento entendemos la necesidad de aliviar las cargas tributarias de los santandereanos”, dijo el mandatario.Aunque el cobro debía iniciar el 1 de septiembre, la aplicación de la ordenanza estaba suspendida por decisión del Tribunal Administrativo de Santander.El magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra admitió la demanda presentada por el congresista Cristian Avendaño, el diputado Danovis Lozano y los concejales de Bucaramanga Carlos Parra y Camilo Machado, quienes denunciaron irregularidades en el trámite de aprobación de la iniciativa, impulsada por la misma administración departamental.Los demandantes argumentaron que hubo vicios en el procedimiento legislativo de la Asamblea, razón por la cual pidieron su nulidad.El gobernador Díaz aseguró que, pese a la derogatoria, la administración seguirá trabajando en proyectos de seguridad e infraestructura a través de aportes voluntarios que se canalizarán mediante un fondo cuenta. “Cada peso se destinará de manera exclusiva y transparente a iniciativas de seguridad y tecnología para el departamento. Santander necesita unidad para seguir siendo ejemplo de progreso y desarrollo en el país”, concluyó.
El Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, por los retrasos en la delimitación del Páramo de Santurbán, una orden que la Corte Constitucional emitió en 2017 y que sigue sin cumplirse tras ocho años.Según el auto firmado por la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, Vélez deberá responder por los incumplimientos acumulados de sus antecesoras, Susana Muhamad y Lena Estrada. Entre los retrasos señalados está la falta de avances en el cronograma de concertación con las comunidades; de 31 mesas previstas, solo se realizaron seis.Además, el Tribunal advirtió que la delimitación solo se ha discutido con ocho de los más de 30 municipios implicados y que el Ministerio no ha garantizado los recursos para cumplir con el proceso.Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, señaló que “es inconcebible que llevemos ocho años esperando la delimitación por negligencia y falta de voluntad política. El Gobierno de Gustavo Petro, en vez de cumplir con la Corte, firmó una resolución inconsulta de Zona de Reserva que vulneró nuestro derecho a participar y dejó a más de 35 mil personas de siete municipios en la incertidumbre, la pobreza y el desplazamiento”.De acuerdo con González y organizaciones de Vetas, California, Suratá, Charta, Matanza, Tona y Bucaramanga, el Ministerio de Medioambiente priorizó resoluciones sin estudios técnicos, mientras que la orden judicial de la Corte fue ignorada.En julio pasado, durante una audiencia de seguimiento, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ya habían respaldado a las comunidades de Soto Norte y pidieron sancionar al Ministerio de Ambiente por el incumplimiento, así como suspender la resolución que declaró una zona de reserva forestal sin participación ciudadana.El Tribunal le dio un plazo de cinco días a la ministra Irene Vélez para justificar los incumplimientos y presentar un plan de acción. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones económicas personales, tal como lo establece el Decreto 2591 de 1991.
El Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, decisión que se sustentó en pruebas relacionadas con el uso de videos y fotografías en su campaña electoral con candidatos al Concejo de otros partidos políticos diferentes a los que le dieron el aval para su inscripción. La decisión se basó en que las pruebas recopiladas demostraron que el alcalde Beltrán Martínez incumplió normas de lealtad política, al incumplir los requisitos exigidos para quienes han tenido filiaciones recientes con partidos o movimientos políticos.El proceso judicial señaló que la utilización de material audiovisual en su campaña fue determinante para comprobar las irregularidades, lo que permitió al Tribunal Administrativo de Santander en concluir que la elección no podía mantenerse en firme.Nicolas Gómez Herrera, uno de los demandantes, aportó pruebas dentro del proceso como videos y fotografías donde Beltrán cuando estaba en la campaña electoral a la Alcaldía de Bucaramanga, por el partido Colombia Justa y Libres, aparecía invitando a la ciudadanía a votar y respaldar a candidatos al Concejo de otros partidos, diferentes al que le entregó el aval para que se inscribiera en la contienda electoral.“Yo presenté una demanda pidiendo la anulación de la elección del alcalde municipal de Bucaramanga porque está in curso en las causales de inhabilidad electoral o anulación electoral o doble militancia, porque Jaime Andrés Beltrán se inscribe por una coalición que se llama Defendamos Bucaramanga integrada por tres partidos políticos, uno que se llama Colombia Justa y Libres, Movimiento de Salvación Nacional, y en ese orden de ideas él resulta haciendo campaña, pidiendo votos por candidatos al Concejo de Bucaramanga de otras colectividades políticas que no tenían parte en esa coalición”, explicó Juan Nicolás Gómez, abogado litigante, especialista en derecho administrativo, asesor de entidades de derecho público.Jaime Andrés Beltrán Martínez también aparecía en la época electoral en vallas respaldando a candidatos al Concejo que no eran de su partido, como, por ejemplo, a Yesid Bello del partido de la U, quien es hoy el presidente del Concejo de Bucaramanga."Esta inhabilidad sería de rango constitucional, porque en campaña, Jaime Andrés Beltrán, fue apoyado por Colombia Justa Libre. En ese orden de ideas, no podía subirse a una tarima y dar apoyo a quienes no fuesen de su propio partido. Hay fotos y videos en los que, al parecer, apoya a gente del Concejo y Asamblea de otros partidos políticos, eso configura doble militancia", afirmó el experto en demandas electorales, Carlos Alfaro.
El Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección del diputado Giovanni Heraldo Leal Ruiz, del partido Alianza Verde, al determinar que se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo debido a vínculos familiares con una funcionaria del Sena que ostentó autoridad administrativa en el departamento en el período previo a las elecciones. Esta decisión judicial fue apelada y este jueves el Consejo de Estado definirá el futuro político del cuñado del prófugo de la justicia Carlos Ramón González. La decisión judicial en primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander fue adoptada tras la demanda interpuesta por Mauricio Gómez Niño y Tania Lizeth Bautista Peñaloza, quienes señalaron que Giovanni Leal Ruiz incurrió en una causal de inhabilidad contemplada en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 2200 de 2022. Según el fallo, la hermana del diputado, Luz Dana Leal Ruiz, ejerció el cargo de directora de Empleo y Trabajo del Sena, con funciones de dirección y contratación que la jurisprudencia reconoce como ejercicio de autoridad administrativa. Esta situación, de acuerdo con la normativa, impedía que Giovanni Leal se postulara a cargos de elección popular en el mismo territorio mientras transcurría el año anterior a los comicios.El Tribunal concluyó que la elección debía ser anulada y ordenó la cancelación de la credencial de Leal Ruiz como diputado del período 2024-2027. No obstante, el dirigente político, quien además es cuñado de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), hoy prófugo de la justicia por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Con este escenario, este jueves el Consejo de Estado definirá el futuro político de Giovanni Leal y el rumbo de la curul que ocupaba dentro de la Asamblea de Santander, en medio de un debate que reabre la discusión sobre los alcances de las inhabilidades y la transparencia en los procesos electorales del país.
La lucha contra el crimen organizado sumó un nuevo capítulo simbólico en Medellín con la entrega de una lujosa propiedad que alguna vez estuvo en la órbita del Cartel de Pablo Escobar y que, desde ahora, será utilizada por el Gaula Militar para fortalecer las operaciones contra el secuestro y la extorsión.El inmueble, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, deja atrás su pasado ligado a una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia del país para convertirse en un activo al servicio de la seguridad.La entrega fue realizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para recuperar bienes provenientes de economías ilícitas y destinarlos al fortalecimiento de la Fuerza Pública.La propiedad, de 1.798 metros cuadrados construidos, hacía parte de los procesos de extinción de dominio relacionados con los hermanos Galeano y Moncada, considerados piezas fundamentales de la estructura financiera del Cartel de Medellín y estrechos aliados de Escobar durante los años de mayor poder de esa organización narcotraficante.Amelia Pérez, presidenta de la SAE, destacó que con esta decisión, el Estado busca resignificar espacios que durante décadas representaron el enriquecimiento producto del narcotráfico y convertirlos en herramientas para combatir precisamente al crimen."Ser utilizado para beneficio del país y qué más que a través de ustedes. Esperamos sea bien aprovechado, que sea bien utilizado en todo lo que ustedes saben hacer para evitar tantas extorsiones, tantos hechos que afectan a esta sociedad", dijo la directiva.Aparte de este bien en la capital antioqueña, la entidad del Gobierno nacional también entregó otros dos inmuebles en Cúcuta y Cali. En la capital nortesantandereana fue recuperada una propiedad de más de 3.500 metros cuadrados que perteneció a la estructura criminal de Henry Carrillo Ramírez, alias ‘Barriga’, señalado como cabecilla de una red transnacional de narcotráfico.Por su parte, en Cali, el Estado puso al servicio de las autoridades una vivienda de tres niveles vinculada a procesos de extinción de dominio contra Helmer Herrera Buitrago, alias ‘Pacho Herrera’, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.
Ariana Tirado es una joven venezolana que vive en el barrio Villa Estadio del municipio de Soledad, en el Atlántico. En esta coyuntura trágica para su país, su historia tuvo un final feliz cuando se enteró de que su hermano, Gustavo Tirado, no murió en el terremoto del pasado miércoles en Venezuela, que afectó gravemente la ciudad de La Guaira, donde se encontraba.Fueron más de dos días los que vivieron Ariana y su madre sin saber nada de su hermano. Contó que las comunicaciones eran casi imposibles; sin embargo, pudo contactarse con algunos vecinos en La Guaira que le dijeron que Gustavo estaba bien, pero no lograban escucharlo a él de viva voz.“Fue una sensación de alivio muy grande, pasamos más de 48 horas sin saber nada de él y por fin este sábado en la madrugada pudimos hablar telefónicamente y nos contó que estaba bien. Estábamos desesperados. Mi hermano vivía en un conjunto residencial que, afortunadamente, no se vino abajo totalmente, pero sí quedó inhabitable. Varios vecinos quedaron heridos y mi hermano ayudó a sacar a varios. Todos los residentes sobrevivieron”.Pese a que su hermano apareció, la joven cuenta que son muchas las personas cercanas y amistades que siguen perdidas entre los escombros, como la señora Celeste Adriana Pérez Landaeta, quien, según describe, estaba en la residencia Costa Azul, en la ciudad de La Guaira.Por último, Ariana agradeció a todos los barranquilleros y colombianos que se han sumado a la campaña de solidaridad, pero hizo énfasis en que ahora lo que más necesitan sus compatriotas, por las conversaciones que ha tenido con familiares y amigos, son insumos médicos para atender a la gran cantidad de heridos que llegan a los hospitales.
Siguen los pronunciamientos institucionales tras las declaraciones de los últimos días del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, quien lanzó una polémica propuesta al Gobierno nacional electo a raíz de los resultados de los comicios del pasado 21 de junio.Quien más recientemente lo hizo fue la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia. Esto, a propósito de la solicitud del corporado de iniciar fumigaciones contra cultivos ilícitos y bombardeos en municipios antioqueños donde aumentó considerablemente la votación por Iván Cepeda entre la primera y segunda vuelta presidencial.Rordíguez se refirió específicamente al municipio de Campamento, Norte de Antioquia, donde días previos a los comicios se levantaron alertas por presuntos constreñimientos de las disidencias de las Farc."No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", declaró el corporado druante una sesión plenaria el apsado 23 de junio. Por este tipo de declaraciones la Defensoría del Pueblo le pidió al concejal Rodríguez retractarse de estas declaraciones, al mismo tiempo que anunciaron la remisión de una petición a la Fiscalía General para que investigue si las palabras del concejal constituyen algún tipo de conducta delictiva.“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas, constituyen un discurso incompatible con el Estado social y democrático de derecho. Desconoce la dignidad humana y ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianos”, dijo la Defensoría remarcando que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio.
Las autoridades colombianas dieron un nuevo golpe contra el crimen transnacional con la captura en Medellín de uno de los delincuentes más buscados por la justicia chilena.Se trata del ciudadano venezolano Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como 'Guayo', señalado de integrar estructuras criminales responsables de homicidios y otros hechos de extrema violencia en ese país.La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal y la Interpol, luego de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al fugitivo en la capital antioqueña. Al momento del procedimiento, el hombre intentaba ocultar su verdadera identidad: no portaba documentación y utilizaba datos falsos con el propósito de burlar los controles migratorios y evitar ser detectado por las autoridades internacionales.Sobre alias 'Guayo' pesaba una notificación roja de Interpol emitida por la justicia chilena, quienes lo requieren para responder por una serie de delitos de alto impacto. Entre ellos figura el feminicidio de su compañera sentimental, a quien, según la investigación, habría ultimado con arma de fuego. Además, enfrenta procesos por homicidios frustrados y múltiples ataques armados que dejaron varias personas muertas y heridas.Las pesquisas también lo ubican como uno de los presuntos coordinadores de las operaciones delictivas del Tren del Coro en territorio chileno, organización señalada de ejecutar acciones violentas mediante el uso de armas de fuego de alto calibre para atacar a grupos rivales y consolidar su control criminal.Tras su captura, alias 'Guayo' quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el trámite correspondiente mientras el Gobierno de Chile formaliza la solicitud de extradición para que responda ante la justicia por el amplio prontuario criminal que se le atribuye.
Por medio de un comunicado, el presidente electo Abelardo de La Espriella aseguró que no asistirá a la Casa de Nariño hasta después de su posesión, el próximo 7 de agosto. La decisión se da en respuesta a la declaración del presidente saliente, Gustavo Petro, quien señaló que debe ser De la Espriella quien se acerque al palacio presidencial para adelantar el empalme.Para este proceso, el mandatario entrante designó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien será el encargado de liderar el equipo encargado de revisar la información de las diferentes entidades del Estado durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante.Según informaron por medio de un comunicado, este Empalme Anticorrupción estará integrado por el grupo técnico que durante los últimos seis meses ha trabajado en la construcción de la hoja de ruta del nuevo gobierno.La misión principal será realizar una revisión integral de la administración pública, identificar posibles riesgos relacionados con el manejo de los recursos del Estado y establecer bases para una gestión que, según el presidente electo, estará enfocada en la transparencia y la lucha contra la corrupción."El Empalme Anticorrupción estará conformado por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha preparado la hoja de ruta del Gobierno entrante y tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente", se lee en el comunicado.Con esta designación, De la Espriella aseguró que el combate contra la corrupción será una prioridad desde el inicio de su mandato.Iván Cepeda confirmó su liderazgo de la oposición junto a Gustavo PetroEl excandidato y senador Iván Cepeda se refirió nuevamente a su encuentro del viernes 27 de junio con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, lugar en donde el mandatario pidió que sea De La Espriella el encargado de liderar el proceso de empalme, solicitud que ya fue rechazada por el nuevo gobierno. El senador electo aseguró que durante los próximos años defenderá el legado del progresismo y las reformas sociales."Como lo dije ayer, en el encuentro sostenido en el Palacio de Nariño, el presidente Gustavo Petro es nuestro máximo líder y el artífice del primer gobierno progresista. Junto a él, yo ejerzo el liderazgo de la oposición. Esa condición emana de la votación que he obtenido, del mandato del cual soy depositario, de mi historia consagrada a las luchas del pueblo colombiano, de la legitimidad que me confiere la pulcritud de mi vida pública, mi sólida formación intelectual y convicciones políticas", señaló el excandidato por medio de su cuenta de X.En su mensaje, el senador también recordó la votación que obtuvo el pasado 21 de junio y agradeció a todos sus simpatizantes."Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, obtuve en las urnas más de 12’700.000 votos. Esa es la expresión ciudadana de apoyo a nuestro proyecto político, a la gestión del presidente Petro y a nuestro programa. Y también son millones de votos depositados por mí y por mi fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. Agradezco al pueblo colombiano", señaló Cepeda.