El Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como alcalde de Oiba, quien había vuelto a ganar la Alcaldía en las elecciones atípicas realizadas el 18 de mayo de 2025, luego de que su primera elección para el periodo 2024-2027 también fuera anulada por el Consejo de Estado.La decisión fue adoptada en primera instancia dentro de la demanda de nulidad electoral presentada contra el mandatario. El Tribunal concluyó que Reyes estaba inhabilitado para aspirar nuevamente al cargo debido a que, dentro del año anterior a las elecciones atípicas, había ejercido autoridad política, civil y administrativa en el municipio y había actuado como ordenador del gasto.El punto central del fallo está relacionado con los efectos de la sentencia que había anulado su primera elección. Para el Tribunal, “aunque esa decisión produjo efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que se produjo el acto electoral anulado, esto no desconoce que Reyes ejerció materialmente las funciones de alcalde durante el periodo en el que permaneció en el cargo”.Según la sentencia, se acreditó que el mandatario ejerció autoridad y participó en actuaciones propias de la administración municipal durante los 12 meses anteriores a la elección del 18 de mayo de 2025. Entre ellas, el Tribunal señaló su actuación como ordenador del gasto y su participación en la celebración de contratos.De esta manera, la Sala consideró acreditados los elementos necesarios para configurar la inhabilidad contemplada en el numeral segundo del artículo 95 de la Ley 136 de 1994: el elemento subjetivo, objetivo, temporal y territorial.Como consecuencia de la decisión, el Tribunal ordenó convocar a nuevas elecciones para elegir al alcalde que deberá ocupar el cargo.Sin embargo, se trata de una decisión de primera instancia y el proceso puede continuar ante el Consejo de Estado. De hecho, el caso ya se encuentra en trámite de segunda instancia, según información publicada recientemente, luego de la apelación presentada dentro del proceso.El caso de Reyes tiene como antecedente la nulidad de su primera elección como alcalde de Oiba. En noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó una decisión previa del Tribunal Administrativo de Santander y declaró la nulidad de aquella elección, ordenando convocar a nuevos comicios. La Gobernación de Santander posteriormente designó un alcalde encargado mientras se adelantaba el proceso para las elecciones atípicas.
El Consejo de Estado confirmó una sentencia que negó las pretensiones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga contra la DIAN, en un proceso relacionado con la declaración del impuesto de renta correspondiente al año gravable 2016.El caso se originó después de que el Acueducto de Bucaramanga presentara en 2017 su declaración de renta, en la que registró un saldo a pagar de $2.339.168.000. Posteriormente, la DIAN inició un proceso de fiscalización en el que cuestionó, entre otros aspectos, deducciones relacionadas con inversiones del proyecto Piedras Blancas y una cartera considerada como manifiestamente perdida.La actuación de la DIAN llevó a determinar un saldo a pagar de $12.556.232.000, además de sanciones relacionadas con la declaración tributaria. La compañia acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa buscando dejar sin efecto las actuaciones de la autoridad tributaria.En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones del Acueducto y lo condenó en costas. El AMB apeló la decisión, pero la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de abril de 2026, confirmó en su totalidad el fallo.El alto tribunal también determinó que el AMB deberá asumir las costas de la segunda instancia, incluidas agencias en derecho equivalentes a un salario mínimo mensual legal vigente al momento de la ejecutoria de la providencia."Siguen las directivas del Acueducto de Bucaramanga cometiendo errores que pagamos todos los usuarios con las tarifas tan altas", dijo el veedor ciudadano, Ramiro Vásquez. Uno de los puntos analizados estuvo relacionado con recursos que el Acueducto había intentado recuperar después de pagos considerados indebidos. El Consejo de Estado señaló, entre otros aspectos, que una parte importante de esos valores, $1.332 millones, correspondía a intereses moratorios derivados de un proceso ejecutivo.El proceso judicial no corresponde a una nueva condena por $2.339 millones, sino a una controversia tributaria sobre la declaración de renta de 2016 y las actuaciones posteriores de la DIAN. El fallo del Consejo de Estado dejó en firme la decisión desfavorable para el Acueducto y la condena en costas.
El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de los demandantes y confirmó, en primera instancia, la elección de Cristian Portilla como alcalde de Bucaramanga.La decisión quedó registrada el 1 de septiembre de 2026 en el sistema de actuaciones judiciales SAMAI, donde aparece una actuación denominada “Sentencia de primera instancia” y la anotación señala que se niegan las pretensiones.De esta manera, el Tribunal mantiene vigente la elección de Portilla mientras avanza el proceso judicial. La actuación también registra que el 2 de septiembre de 2026 se realizó una actuación ante la Secretaría para efectos de notificación y comunicación de la sentencia.La elección de Cristian Portilla como alcalde de Bucaramanga había sido objeto de demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en las que los demandantes buscaban que se dejara sin efecto el resultado electoral.Con la decisión de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander desestimó las pretensiones y mantuvo la elección, aunque el proceso puede continuar por las vías judiciales correspondientes, dependiendo de los recursos que puedan presentar las partes.La decisión representa un nuevo capítulo en la controversia jurídica alrededor de la elección de la Alcaldía de Bucaramanga.
La Alcaldía de Bucaramanga comenzó el pago de las indemnizaciones ordenadas por la justicia a favor de 16 exfuncionarios que fueron retirados de sus cargos en noviembre de 2025, durante la vigencia de la Ley de Garantías, una decisión que le costará al municipio más de 500 millones de pesos.Los pagos se realizan luego de que diferentes decisiones judiciales concluyeran que las desvinculaciones se efectuaron de manera irregular, al haberse producido en pleno calendario electoral previo a las elecciones atípicas para la Alcaldía de Bucaramanga. Ese hecho fue producto de las decisiones del alcalde encargado, Javier Sarmiento. Uno de los casos que dio origen a las demandas fue el nombramiento y posterior remoción de funcionarios mediante el Decreto 774 del 6 de noviembre de 2025. En ese proceso, el Tribunal Administrativo de Santander admitió una demanda de nulidad electoral y decretó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo al considerar, de manera preliminar, que se habría desconocido la prohibición de modificar la nómina oficial durante la Ley de Garantías.Entre los exfuncionarios beneficiados con las decisiones judiciales se encuentra Manuel Eduardo Parada Rueda, quien se desempeñaba como asesor de despacho de la administración municipal. Según explicó, las reclamaciones fueron presentadas en enero de 2026 tras considerar que las declaratorias de insubsistencia vulneraron las restricciones establecidas por la Ley de Garantías.Parada aseguró que existían advertencias claras sobre la imposibilidad de modificar la planta de personal durante el calendario electoral. "La circular de la Procuraduría advertía que una vez se fijara el calendario electoral la planta del municipio no se podía mover", afirmó al referirse al proceso judicial que finalmente dio la razón a los exfuncionarios.Las decisiones que ahora deberá asumir económicamente el municipio corresponden a actuaciones realizadas durante la administración del entonces alcalde designado Javier Sarmiento, quien ejercía el cargo mientras se adelantaba el proceso para elegir al nuevo mandatario de Bucaramanga.La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, restringe la modificación de la nómina estatal durante los procesos electorales, salvo excepciones expresamente previstas en la norma. Estas medidas buscan evitar que los cambios en el empleo público puedan influir en las campañas o afectar la transparencia electoral. En este caso de Bucaramanga, las decisiones judiciales concluyeron que las desvinculaciones no cumplían con esas excepciones, por lo que ordenaron el reconocimiento de las indemnizaciones a favor de los exfuncionarios afectados.
El exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, presentó un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el propósito de que sea revisado el fallo de segunda instancia que lo condenó a 17 años de prisión por hechos relacionados con un proceso de corrupción.La decisión se produce luego de que el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmara la sentencia condenatoria, resolución que el exmandatario calificó como injusta y frente a la cual aseguró que continuará agotando todas las instancias judiciales para demostrar su inocencia."He venido al Tribunal Superior de Bucaramanga en búsqueda de justicia. Sin embargo, la vida me pone a prueba una vez más con un injusto fallo de segunda instancia que me declara culpable. Tenía la esperanza de que el fallo se revisara en esta instancia. No fue así. No se estudiaron las voluminosas pruebas que determinan mi inocencia", manifestó Bohórquez tras conocerse la decisión.El exalcalde afirmó que confía en que la Corte Suprema de Justicia examine el expediente y valore los argumentos de su defensa."Persistiré en la lucha por la verdad, en la lucha por la libertad y en la lucha por la justicia. De la mano de Dios y con la confianza en la justicia divina, en la siguiente instancia se reconocerá nuestra inocencia", señaló el exmandatario. La casación es un recurso extraordinario mediante el cual la Corte Suprema de Justicia revisa si en una sentencia de segunda instancia se presentaron errores en la aplicación de la ley o vulneraciones al debido proceso. En esta etapa no se trata de un nuevo juicio, sino de un análisis jurídico sobre la legalidad del fallo.Luis Francisco Bohórquez fue alcalde de Bucaramanga entre 2012 y 2015. La condena de 17 años en su contra hace parte de un proceso por presuntos hechos de corrupción durante su administración. Con la presentación del recurso de casación, el caso pasa ahora a estudio de la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si admite la solicitud y, posteriormente, si mantiene o modifica la decisión emitida por el Tribunal Superior de Bucaramanga.
El Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Gobierno nacional avanzar en la reglamentación de la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley contra el Ruido, luego de concluir que el Ejecutivo incumplió los plazos establecidos para poner en marcha los mecanismos contemplados en esa norma.La decisión fue adoptada en respuesta a una acción de cumplimiento presentada por Hernán Morantes, fundador de la Comunidad Legal Derecho Vivo y director técnico del Comité Nacional contra el Ruido, quien solicitó que se hicieran efectivas las obligaciones fijadas por el Congreso para implementar la política pública destinada a combatir la contaminación acústica en Colombia.En el fallo de primera instancia, el Tribunal ordenó al Gobierno conformar, en un plazo máximo de un mes, la Comisión de Seguimiento e Implementación de la Política Nacional de Calidad Acústica. Asimismo, estableció un término de tres meses para expedir dicha política, considerada la hoja de ruta para coordinar las acciones de prevención, control y seguimiento frente al ruido en el país.De acuerdo con Morantes, la demanda surgió porque el Gobierno dejó vencer los tiempos previstos en la ley sin adoptar las medidas correspondientes."La comisión debía quedar conformada en septiembre de 2025 y la Política Nacional de Calidad Acústica tenía que estar expedida en marzo de 2026. Ninguna de esas obligaciones se cumplió y, por eso, el Tribunal ordenó al Gobierno ponerse al día", explicó.El abogado señaló que la contaminación acústica dejó de ser un simple problema de convivencia para convertirse en un asunto de salud pública que afecta a millones de personas en Colombia."Son millones de personas las que vienen siendo afectadas por el ruido en su salud, tanto en las zonas urbanas como rurales. El Tribunal le está diciendo al Gobierno que en un mes debe conformar la comisión y que, en un plazo máximo de tres meses, debe expedir la Política Nacional de Calidad Acústica", manifestó.Morantes indicó que la reglamentación permitirá que las autoridades cuenten con lineamientos unificados para prevenir y controlar la contaminación por ruido, además de fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley.La Ley 2450 de 2025 establece la creación de una Política Nacional de Calidad Acústica para enfrentar una problemática que, según expertos, tiene efectos sobre la salud física y mental de la población, al estar relacionada con alteraciones del sueño, estrés, problemas cardiovasculares y disminución de la calidad de vida.Con esta decisión judicial, el Gobierno Nacional deberá acelerar la implementación de la norma y cumplir los plazos fijados por el Tribunal, mientras continúa el proceso para consolidar la política pública que regulará la contaminación acústica en Colombia.
Tras una batalla jurídica de más de 15 años, el Tribunal Administrativo de Santander propinó un giro definitivo al futuro del Parque de las Mejoras Públicas de Bucaramanga. El fallo de segunda instancia ratificó la sentencia que ordena restituir las tres hectáreas del predio al municipio y garantizar el libre acceso de la ciudadanía.La decisión judicial desestima las reclamaciones de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga (SMPB), entidad privada que ha administrado el emblemático corazón ambiental desde finales de la década de 1930 y que pretendía hacer valer una escritura de donación que data del año 1939.El fallo judicial deja en firme que el terreno es un bien de uso público y otorga un plazo de seis meses a la Alcaldía de Bucaramanga para tomar el control del predio y ejecutar un plan de recuperación ambiental, transformando radicalmente el modelo de explotación comercial que operaba en la zona mediante restaurantes y contratos de arrendamiento a terceros.Para la comunidad del sector, la providencia representa un logro histórico. Erick Fernández, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Mejoras Públicas, celebró el dictamen: "Recibimos con bastante beneplácito la devolución de este parque. Lo que ha hecho esta Sociedad es alquilar los terrenos y usurparlos para beneficio de ellos; la idea ahora es el disfrute de todos los ciudadanos". Según Fernández, el sector carece de zonas verdes y este espacio es la única opción para el esparcimiento de niños y adultos mayores.En la otra orilla, la SMPB calificó la determinación de “injusticia total” y alertó sobre una presunta violación a la propiedad privada. Carlos Octavio Gómez Ballesteros, presidente de la Sociedad, afirmó que el predio les fue donado legalmente por Fomento Urbano de Santander hace 87 años. "Es un fallo que atenta contra la sociedad privada y no respeta el debido proceso. El juez ordenó restituir al municipio un predio que nunca ha sido de su propiedad; no puede uno restituir algo que jamás ha sido del municipio", enfatizó Gómez, quien anunció que la junta directiva evaluará este lunes las acciones judiciales a interponer.El fallo abre la puerta para que el municipio asuma la administración de un pulmón urbano que, según la SMPB, empezó a ser “perseguido” en los últimos años. Gómez Ballesteros concluyó diciendo que “las funciones de la Sociedad son eminentemente cívicas y culturales. Nosotros debemos, por ley, colaborar con la administración municipal en todo lo que sea ornato, ambiente, cultura y civismo”.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como alcalde del municipio de Oiba para el periodo 2024-2027.La decisión, adoptada mediante sentencia anticipada de primera instancia, ordena dejar sin efectos su elección y dispone que las autoridades electorales convoquen a nuevos comicios para elegir mandatario local.En el fallo, la corporación también determinó que no hay lugar a condena en costas y ordenó archivar el proceso una vez quede en firme la providencia.Es de anotar que el alcalde de Oiba, Elkín Reyes, fue destituido, luego de que el Consejo de Estado anulara su elección mediante sentencia del 7 de noviembre de 2024, decisión que quedó en firme el 28 de enero de 2025. La sanción se dio por trashumancia electoral, es decir, trasteo de votos, en los comicios de 2023.Posteriormente, la Registraduría Nacional del Estado Civil fijó el calendario mediante resolución del 18 de marzo de 2025 y convocó a elecciones atípicas, las cuales se realizaron el 18 de mayo de 2025, jornada en la que el mandatario volvió a participar y resultó elegido.Frente a esta decisión, el abogado experto en temas electorales, Carlos Alfaro, explicó que el caso tendría un elemento objetivo relacionado con posibles inhabilidades.Según el jurista, “el hecho de que el alcalde de Oiba haya participado en las elecciones atípicas dos meses después de que quedó en firme su destitución, no tiene precedentes”."Aquí el elemento es objetivo, porque él fue autoridad administrativa, fue ordenador del gasto como alcalde, y el artículo 314 de la Constitución es muy concreto: no puede repetir un alcalde en periodos seguidos; no existe la reelección", agregó Alfaro.Asimismo, señaló que “el artículo 37 de la Ley 617 del 2000 es muy claro: no puede aspirar a alcalde quien haya sido autoridad administrativa un año antes de las elecciones”.De acuerdo con el análisis del abogado, el mandatario podría solicitar aclaración del fallo y posteriormente apelar la decisión ante una segunda instancia.Sin embargo, advirtió que si la nulidad es confirmada, no se convocarían nuevas elecciones atípicas debido al tiempo restante del periodo.“Faltando menos de 18 meses, como hay una vacancia absoluta, no habría elecciones atípicas. El gobernador pediría una terna y de allí se escogería un alcalde encargado para terminar el periodo”, explicó.Finalmente, el jurista indicó que otros municipios de Santander, como Girón y Concepción, podrían enfrentar situaciones similares dependiendo de cómo avancen procesos electorales en curso.
El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó en segunda instancia la condena de 17 años de prisión contra el exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, por hechos de corrupción relacionados con el denominado caso ‘Manantial de Amor’.La decisión ratifica el fallo emitido en primera instancia por el Juzgado Noveno Penal Municipal, en el que se determinó la responsabilidad del exmandatario en irregularidades en millonarios contratos de obras, que en su momento generó un amplio escándalo por presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos.De acuerdo con el proceso judicial, las investigaciones evidenciaron inconsistencias en la contratación que derivaron en detrimento patrimonial, lo que llevó a la imposición de una pena privativa de la libertad y sanciones adicionales.La sentencia se enmarca en el caso de corrupción conocido como "Manantial de Amor", una investigación que lleva ocho años y que involucró a Bohórquez, varios funcionarios y contratistas de su administración, en irregularidades cometidas entre 2013 y 2016. Durante ese período, se adjudicaron contratos por aproximadamente $17.000 millones a miembros de la iglesia cristiana "Manantial de Amor", a la que asistía el exalcalde.El caso ‘Manantial de Amor’ se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de presunta corrupción en la administración pública de la capital santandereana, al poner en el centro del debate el uso de los recursos destinados a proyectos de infraestructura. En su momento el exalcalde señaló en sus redes sociales lo siguiente: "El mundo está lleno de injusticias y este fallo no es la excepción, de la mano de Dios y ante jueces imparciales defenderé mi actuar porque soy inocente. Mi único interés como alcalde fue engrandecer a Bucaramanga". Los otros involucrados, de acuerdo con su participación en los hechos conocidos, fueron condenados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Ellos son: Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura, Gloria Durán, exjefe de la Oficina de Alumbrado Público, Leonardo Luna Escalante, asesor y familiar del exalcalde, Óscar Mauricio Benavides Toloza y Uriel Ávila Méndez, excontratistas de la Alcaldía de Bucaramanga
Este miércoles, 11 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación continuará con la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que busca establecer su presunta vinculación con hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia, entre ellos el denominado Bloque Metro.La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y hace parte de un expediente en el que Uribe, quien también fue gobernador de Antioquia, es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado, además de hechos relacionados con la presunta conformación de organizaciones armadas paramilitares.La primera sesión de la indagatoria se realizó el pasado 4 de septiembre en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación. En esa oportunidad, el expresidente se refirió a los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” y rechazó que existieran acuerdos o favorecimientos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.A su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de "Petro-uribismo" para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la nación. Al Gobierno Petro la combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.Durante esa primera jornada, el exmandatario también hizo referencia a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro y sostuvo que, frente a cualquier ciudadano, debía garantizarse el debido proceso.“A pesar que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó Uribe.La investigación tiene antecedentes en denuncias iniciadas desde el año 2000 y en una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.Dentro del expediente también se analiza la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la administración de Uribe como gobernador de Antioquia. De igual manera, se investigan los señalamientos relacionados con un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.
Coomeva Cooperativa recibió en Madrid el reconocimiento Trayectoria Excelente del Premio Iberoamericano de la Calidad, durante la clausura del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, realizado el pasado 4 de noviembre en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.La cooperativa colombiana fue distinguida junto con la Alcaldía de Málaga y el Banco Santander España, en un evento que congregó a destacados líderes gubernamentales y empresariales de Iberoamérica. El reconocimiento fue recibido por Francisco Parmenio Echeverri, presidente del Consejo de Administración de Coomeva, en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI de España y mandatarios de la región.Esta distinción, coordinada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y gestionada por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), destaca a organizaciones que han obtenido el galardón Oro en dos o más ediciones del Premio Iberoamericano de la Calidad, como evidencia de la excelencia, sostenibilidad y continuidad de sus modelos de gestión.Para Coomeva, que obtuvo el reconocimiento Oro en 2016, esta nueva distinción representa un respaldo internacional a la solidez de su modelo organizacional y al aporte del cooperativismo colombiano al desarrollo empresarial y social.Alfredo Arana, presidente ejecutivo del Grupo Coomeva, destacó la importancia de este logro: “Es un hito que una empresa colombiana, y máxime de índole cooperativa, reciba este reconocimiento por la trayectoria en su gestión, esto demuestra nuestro compromiso con la mejora continua en cada uno de nuestros procesos”.Con este reconocimiento, Coomeva fortalece su posicionamiento internacional y ratifica su compromiso con la calidad, la innovación y la mejora continua, consolidándose como referente del modelo cooperativo colombiano.
Una llamada a la línea de emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael alertó sobre la desaparición de un menor en las aguas del balneario El Castillito. De inmediato se desplegó un operativo de rescate en este municipio del Oriente antioqueño, pero lamentablemente el joven, de 17 años, perdió la vida por inmersión.Hasta el sitio se desplazaron cuatro unidades de bomberos equipadas con trajes de buceo, chalecos salvavidas y herramientas de seguridad acuática. Al llegar a la zona, los familiares y acompañantes informaron que el adolescente había ingresado al río aproximadamente 40 minutos antes y que, transcurrido ese tiempo, perdieron todo contacto visual con él, lo que motivó el inicio inmediato de las maniobras de búsqueda subacuática.Debido a la profundidad y al ancho del cauce en esa zona del balneario, el personal de rescate capacitado tuvo que realizar tres inmersiones consecutivas hasta lograr la localización del cuerpo sin vida del joven. Tras el hallazgo bajo el agua, los rescatistas procedieron con las maniobras técnicas de extracción hacia la orilla del río.Las operaciones de recuperación se adelantaron en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, quienes asumieron la custodia del sitio y apoyaron el posterior traslado del cadáver hacia la morgue municipal de San Rafael. Las autoridades locales iniciaron los trámites correspondientes para formalizar la entrega del cuerpo a sus familiares.
En Medellín, un conflicto ocurrido durante una fiesta desencadenó el desplazamiento forzado de una pareja en el sector de Cándamo, barrio Buenos Aires. Las agresiones e intimidaciones comenzaron luego de que un hombre bailara con la compañera sentimental de un presunto integrante del grupo delincuencial 'Caicedo', hecho que derivó en agresiones físicas y la exigencia de un millón de pesos a la víctima para abandonar la zona.De acuerdo con las investigaciones del caso, los hechos de violencia y las amenazas constantes se prolongaron por varios días, obligando al afectado y a su pareja a dejar su lugar de residencia. Tras la salida de los habitantes, la vivienda fue ocupada por la estructura ilegal que delinque en la comuna 9 de la capital antioqueña."Presuntos integrantes de esta estructura delictiva le exigieron que se fuera del lugar. Cuando la víctima llegó a su vivienda, varios de los sospechosos ingresaron por la fuerza, entre ellos alias Guajiro, alias Legal o el Calvo y alias Frito. En el sitio volvieron a golpearlo y ocasionaron múltiples daños en las puertas y enseres de su propiedad", afirmó el fiscal del casoPosteriormente, las autoridades hicieron efectiva la captura de Edison Pino Beitar, conocido con el alias de 'Tuerto', a quien se le atribuye la participación directa en las presiones contra la pareja. Las indagaciones señalan que el procesado formaría parte de la organización desde comienzos de 2024, coordinando el cobro de extorsiones a comerciantes, la venta ilegal de lotes, la distribución de estupefacientes y la imposición de cobros por conexiones irregulares a servicios públicos en las comunas Villahermosa, Buenos Aires y La Candelaria."Era el encargado de cobrar las famosas multas a los ciudadanos que no cumplían las normas impuestas por este grupo delincuencial. Asimismo, ejecutaba las agresiones contra quienes no pagaban estas exigencias, a quienes golpeaban y desplazaban del barrio, sumado a su responsabilidad en el cobro de extorsiones al sector comercial", agregó.Tras ser presentado ante las autoridades judiciales, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a Pino Beitar los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Pese a que el procesado no aceptó los cargos presentados por el ente investigador, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.
El Festival Disonarte 2026 será el escenario de la última presentación de Monsieur Periné en Colombia antes de su separación. La agrupación colombiana se despedirá del público del país el próximo domingo 15 de noviembre, durante la segunda jornada del evento, que tendrá lugar en el Complejo Cultural Panóptico de Ibagué, Tolima.El festival, en su edición número doce, se realizará los días 14 y 15 de noviembre y reunirá diferentes propuestas musicales que abarcan géneros como rock, pop, indie, reggae, ska, electrónica, jazz, fusión y música tradicional. Entre los artistas invitados también se encuentran The Mills, El Kalvo, Sr. Moskato, Enkelé y la Sonora Barón, agrupación chilena.Para la organización de Disonarte, recibir a Monsieur Periné en esta presentación de despedida representa un momento especial para la historia del festival y para la escena musical de la región.“Es un honor y un momento profundamente emotivo para el festival. Sabemos lo que significa Monsieur Periné para la cultura nacional y que elijan nuestra casa para cerrar este ciclo en Colombia ratifica a Disonarte como un puente vital para la circulación de los grandes exponentes de la música latinoamericana”, señaló Yeison Gómez, director del evento.Además de reunir artistas nacionales e internacionales, Disonarte busca fortalecer la circulación y proyección de los proyectos musicales que se desarrollan en la capital musical del país. Para esta edición, la organización recibió más de 60 propuestas locales y, después de un proceso de curaduría, seleccionó diez agrupaciones de la ciudad.Se trata de Afro Fresh, Ensamble Cantaima, Senseless, Atrapamoskas Ska, Zentrópico, Común Desigual, Ocobo, The Other Room y Mr. Bufus, que tendrán la oportunidad de compartir escenario con los demás artistas de la programación.La apuesta del festival también contempla espacios de formación y relacionamiento para los músicos de la región, entre ellos Mercados Disonare y ENDI, iniciativas que buscan conectar a los artistas con agentes de la industria musical, promotores y actores de la circulación cultural en Colombia y otros países.En cuanto a la programación, la primera jornada, el sábado 14 de noviembre, contará con The Mills, El Kalvo, Sr. Moskato, Común Desigual, Ocobo, The Other Room, Lu Lozano y Zentrópico, además de las presentaciones audiovisuales de VJ Paola Balam y Ftzstudio.El domingo 15 de noviembre será el turno de Monsieur Periné, junto con la Sonora Barón, Enkelé, Afro Fresh, Cantaima, Atrapamoskas, Senseless y Mr. Bufus.Las entradas se venden por jornadas independientes, por lo que quienes deseen asistir los dos días deberán adquirir una boleta para cada fecha. El evento está habilitado para mayores de 12 años y los menores de edad deberán ingresar acompañados de un adulto responsable, quien también deberá contar con su respectiva entrada.