El Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como alcalde de Oiba, quien había vuelto a ganar la Alcaldía en las elecciones atípicas realizadas el 18 de mayo de 2025, luego de que su primera elección para el periodo 2024-2027 también fuera anulada por el Consejo de Estado.La decisión fue adoptada en primera instancia dentro de la demanda de nulidad electoral presentada contra el mandatario. El Tribunal concluyó que Reyes estaba inhabilitado para aspirar nuevamente al cargo debido a que, dentro del año anterior a las elecciones atípicas, había ejercido autoridad política, civil y administrativa en el municipio y había actuado como ordenador del gasto.El punto central del fallo está relacionado con los efectos de la sentencia que había anulado su primera elección. Para el Tribunal, “aunque esa decisión produjo efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que se produjo el acto electoral anulado, esto no desconoce que Reyes ejerció materialmente las funciones de alcalde durante el periodo en el que permaneció en el cargo”.Según la sentencia, se acreditó que el mandatario ejerció autoridad y participó en actuaciones propias de la administración municipal durante los 12 meses anteriores a la elección del 18 de mayo de 2025. Entre ellas, el Tribunal señaló su actuación como ordenador del gasto y su participación en la celebración de contratos.De esta manera, la Sala consideró acreditados los elementos necesarios para configurar la inhabilidad contemplada en el numeral segundo del artículo 95 de la Ley 136 de 1994: el elemento subjetivo, objetivo, temporal y territorial.Como consecuencia de la decisión, el Tribunal ordenó convocar a nuevas elecciones para elegir al alcalde que deberá ocupar el cargo.Sin embargo, se trata de una decisión de primera instancia y el proceso puede continuar ante el Consejo de Estado. De hecho, el caso ya se encuentra en trámite de segunda instancia, según información publicada recientemente, luego de la apelación presentada dentro del proceso.El caso de Reyes tiene como antecedente la nulidad de su primera elección como alcalde de Oiba. En noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó una decisión previa del Tribunal Administrativo de Santander y declaró la nulidad de aquella elección, ordenando convocar a nuevos comicios. La Gobernación de Santander posteriormente designó un alcalde encargado mientras se adelantaba el proceso para las elecciones atípicas.
El Consejo de Estado confirmó una sentencia que negó las pretensiones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga contra la DIAN, en un proceso relacionado con la declaración del impuesto de renta correspondiente al año gravable 2016.El caso se originó después de que el Acueducto de Bucaramanga presentara en 2017 su declaración de renta, en la que registró un saldo a pagar de $2.339.168.000. Posteriormente, la DIAN inició un proceso de fiscalización en el que cuestionó, entre otros aspectos, deducciones relacionadas con inversiones del proyecto Piedras Blancas y una cartera considerada como manifiestamente perdida.La actuación de la DIAN llevó a determinar un saldo a pagar de $12.556.232.000, además de sanciones relacionadas con la declaración tributaria. La compañia acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa buscando dejar sin efecto las actuaciones de la autoridad tributaria.En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones del Acueducto y lo condenó en costas. El AMB apeló la decisión, pero la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de abril de 2026, confirmó en su totalidad el fallo.El alto tribunal también determinó que el AMB deberá asumir las costas de la segunda instancia, incluidas agencias en derecho equivalentes a un salario mínimo mensual legal vigente al momento de la ejecutoria de la providencia."Siguen las directivas del Acueducto de Bucaramanga cometiendo errores que pagamos todos los usuarios con las tarifas tan altas", dijo el veedor ciudadano, Ramiro Vásquez. Uno de los puntos analizados estuvo relacionado con recursos que el Acueducto había intentado recuperar después de pagos considerados indebidos. El Consejo de Estado señaló, entre otros aspectos, que una parte importante de esos valores, $1.332 millones, correspondía a intereses moratorios derivados de un proceso ejecutivo.El proceso judicial no corresponde a una nueva condena por $2.339 millones, sino a una controversia tributaria sobre la declaración de renta de 2016 y las actuaciones posteriores de la DIAN. El fallo del Consejo de Estado dejó en firme la decisión desfavorable para el Acueducto y la condena en costas.
El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de los demandantes y confirmó, en primera instancia, la elección de Cristian Portilla como alcalde de Bucaramanga.La decisión quedó registrada el 1 de septiembre de 2026 en el sistema de actuaciones judiciales SAMAI, donde aparece una actuación denominada “Sentencia de primera instancia” y la anotación señala que se niegan las pretensiones.De esta manera, el Tribunal mantiene vigente la elección de Portilla mientras avanza el proceso judicial. La actuación también registra que el 2 de septiembre de 2026 se realizó una actuación ante la Secretaría para efectos de notificación y comunicación de la sentencia.La elección de Cristian Portilla como alcalde de Bucaramanga había sido objeto de demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en las que los demandantes buscaban que se dejara sin efecto el resultado electoral.Con la decisión de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander desestimó las pretensiones y mantuvo la elección, aunque el proceso puede continuar por las vías judiciales correspondientes, dependiendo de los recursos que puedan presentar las partes.La decisión representa un nuevo capítulo en la controversia jurídica alrededor de la elección de la Alcaldía de Bucaramanga.
La Alcaldía de Bucaramanga comenzó el pago de las indemnizaciones ordenadas por la justicia a favor de 16 exfuncionarios que fueron retirados de sus cargos en noviembre de 2025, durante la vigencia de la Ley de Garantías, una decisión que le costará al municipio más de 500 millones de pesos.Los pagos se realizan luego de que diferentes decisiones judiciales concluyeran que las desvinculaciones se efectuaron de manera irregular, al haberse producido en pleno calendario electoral previo a las elecciones atípicas para la Alcaldía de Bucaramanga. Ese hecho fue producto de las decisiones del alcalde encargado, Javier Sarmiento. Uno de los casos que dio origen a las demandas fue el nombramiento y posterior remoción de funcionarios mediante el Decreto 774 del 6 de noviembre de 2025. En ese proceso, el Tribunal Administrativo de Santander admitió una demanda de nulidad electoral y decretó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo al considerar, de manera preliminar, que se habría desconocido la prohibición de modificar la nómina oficial durante la Ley de Garantías.Entre los exfuncionarios beneficiados con las decisiones judiciales se encuentra Manuel Eduardo Parada Rueda, quien se desempeñaba como asesor de despacho de la administración municipal. Según explicó, las reclamaciones fueron presentadas en enero de 2026 tras considerar que las declaratorias de insubsistencia vulneraron las restricciones establecidas por la Ley de Garantías.Parada aseguró que existían advertencias claras sobre la imposibilidad de modificar la planta de personal durante el calendario electoral. "La circular de la Procuraduría advertía que una vez se fijara el calendario electoral la planta del municipio no se podía mover", afirmó al referirse al proceso judicial que finalmente dio la razón a los exfuncionarios.Las decisiones que ahora deberá asumir económicamente el municipio corresponden a actuaciones realizadas durante la administración del entonces alcalde designado Javier Sarmiento, quien ejercía el cargo mientras se adelantaba el proceso para elegir al nuevo mandatario de Bucaramanga.La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, restringe la modificación de la nómina estatal durante los procesos electorales, salvo excepciones expresamente previstas en la norma. Estas medidas buscan evitar que los cambios en el empleo público puedan influir en las campañas o afectar la transparencia electoral. En este caso de Bucaramanga, las decisiones judiciales concluyeron que las desvinculaciones no cumplían con esas excepciones, por lo que ordenaron el reconocimiento de las indemnizaciones a favor de los exfuncionarios afectados.
El exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, presentó un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el propósito de que sea revisado el fallo de segunda instancia que lo condenó a 17 años de prisión por hechos relacionados con un proceso de corrupción.La decisión se produce luego de que el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmara la sentencia condenatoria, resolución que el exmandatario calificó como injusta y frente a la cual aseguró que continuará agotando todas las instancias judiciales para demostrar su inocencia."He venido al Tribunal Superior de Bucaramanga en búsqueda de justicia. Sin embargo, la vida me pone a prueba una vez más con un injusto fallo de segunda instancia que me declara culpable. Tenía la esperanza de que el fallo se revisara en esta instancia. No fue así. No se estudiaron las voluminosas pruebas que determinan mi inocencia", manifestó Bohórquez tras conocerse la decisión.El exalcalde afirmó que confía en que la Corte Suprema de Justicia examine el expediente y valore los argumentos de su defensa."Persistiré en la lucha por la verdad, en la lucha por la libertad y en la lucha por la justicia. De la mano de Dios y con la confianza en la justicia divina, en la siguiente instancia se reconocerá nuestra inocencia", señaló el exmandatario. La casación es un recurso extraordinario mediante el cual la Corte Suprema de Justicia revisa si en una sentencia de segunda instancia se presentaron errores en la aplicación de la ley o vulneraciones al debido proceso. En esta etapa no se trata de un nuevo juicio, sino de un análisis jurídico sobre la legalidad del fallo.Luis Francisco Bohórquez fue alcalde de Bucaramanga entre 2012 y 2015. La condena de 17 años en su contra hace parte de un proceso por presuntos hechos de corrupción durante su administración. Con la presentación del recurso de casación, el caso pasa ahora a estudio de la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si admite la solicitud y, posteriormente, si mantiene o modifica la decisión emitida por el Tribunal Superior de Bucaramanga.
El Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Gobierno nacional avanzar en la reglamentación de la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley contra el Ruido, luego de concluir que el Ejecutivo incumplió los plazos establecidos para poner en marcha los mecanismos contemplados en esa norma.La decisión fue adoptada en respuesta a una acción de cumplimiento presentada por Hernán Morantes, fundador de la Comunidad Legal Derecho Vivo y director técnico del Comité Nacional contra el Ruido, quien solicitó que se hicieran efectivas las obligaciones fijadas por el Congreso para implementar la política pública destinada a combatir la contaminación acústica en Colombia.En el fallo de primera instancia, el Tribunal ordenó al Gobierno conformar, en un plazo máximo de un mes, la Comisión de Seguimiento e Implementación de la Política Nacional de Calidad Acústica. Asimismo, estableció un término de tres meses para expedir dicha política, considerada la hoja de ruta para coordinar las acciones de prevención, control y seguimiento frente al ruido en el país.De acuerdo con Morantes, la demanda surgió porque el Gobierno dejó vencer los tiempos previstos en la ley sin adoptar las medidas correspondientes."La comisión debía quedar conformada en septiembre de 2025 y la Política Nacional de Calidad Acústica tenía que estar expedida en marzo de 2026. Ninguna de esas obligaciones se cumplió y, por eso, el Tribunal ordenó al Gobierno ponerse al día", explicó.El abogado señaló que la contaminación acústica dejó de ser un simple problema de convivencia para convertirse en un asunto de salud pública que afecta a millones de personas en Colombia."Son millones de personas las que vienen siendo afectadas por el ruido en su salud, tanto en las zonas urbanas como rurales. El Tribunal le está diciendo al Gobierno que en un mes debe conformar la comisión y que, en un plazo máximo de tres meses, debe expedir la Política Nacional de Calidad Acústica", manifestó.Morantes indicó que la reglamentación permitirá que las autoridades cuenten con lineamientos unificados para prevenir y controlar la contaminación por ruido, además de fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley.La Ley 2450 de 2025 establece la creación de una Política Nacional de Calidad Acústica para enfrentar una problemática que, según expertos, tiene efectos sobre la salud física y mental de la población, al estar relacionada con alteraciones del sueño, estrés, problemas cardiovasculares y disminución de la calidad de vida.Con esta decisión judicial, el Gobierno Nacional deberá acelerar la implementación de la norma y cumplir los plazos fijados por el Tribunal, mientras continúa el proceso para consolidar la política pública que regulará la contaminación acústica en Colombia.
Tras una batalla jurídica de más de 15 años, el Tribunal Administrativo de Santander propinó un giro definitivo al futuro del Parque de las Mejoras Públicas de Bucaramanga. El fallo de segunda instancia ratificó la sentencia que ordena restituir las tres hectáreas del predio al municipio y garantizar el libre acceso de la ciudadanía.La decisión judicial desestima las reclamaciones de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga (SMPB), entidad privada que ha administrado el emblemático corazón ambiental desde finales de la década de 1930 y que pretendía hacer valer una escritura de donación que data del año 1939.El fallo judicial deja en firme que el terreno es un bien de uso público y otorga un plazo de seis meses a la Alcaldía de Bucaramanga para tomar el control del predio y ejecutar un plan de recuperación ambiental, transformando radicalmente el modelo de explotación comercial que operaba en la zona mediante restaurantes y contratos de arrendamiento a terceros.Para la comunidad del sector, la providencia representa un logro histórico. Erick Fernández, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Mejoras Públicas, celebró el dictamen: "Recibimos con bastante beneplácito la devolución de este parque. Lo que ha hecho esta Sociedad es alquilar los terrenos y usurparlos para beneficio de ellos; la idea ahora es el disfrute de todos los ciudadanos". Según Fernández, el sector carece de zonas verdes y este espacio es la única opción para el esparcimiento de niños y adultos mayores.En la otra orilla, la SMPB calificó la determinación de “injusticia total” y alertó sobre una presunta violación a la propiedad privada. Carlos Octavio Gómez Ballesteros, presidente de la Sociedad, afirmó que el predio les fue donado legalmente por Fomento Urbano de Santander hace 87 años. "Es un fallo que atenta contra la sociedad privada y no respeta el debido proceso. El juez ordenó restituir al municipio un predio que nunca ha sido de su propiedad; no puede uno restituir algo que jamás ha sido del municipio", enfatizó Gómez, quien anunció que la junta directiva evaluará este lunes las acciones judiciales a interponer.El fallo abre la puerta para que el municipio asuma la administración de un pulmón urbano que, según la SMPB, empezó a ser “perseguido” en los últimos años. Gómez Ballesteros concluyó diciendo que “las funciones de la Sociedad son eminentemente cívicas y culturales. Nosotros debemos, por ley, colaborar con la administración municipal en todo lo que sea ornato, ambiente, cultura y civismo”.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como alcalde del municipio de Oiba para el periodo 2024-2027.La decisión, adoptada mediante sentencia anticipada de primera instancia, ordena dejar sin efectos su elección y dispone que las autoridades electorales convoquen a nuevos comicios para elegir mandatario local.En el fallo, la corporación también determinó que no hay lugar a condena en costas y ordenó archivar el proceso una vez quede en firme la providencia.Es de anotar que el alcalde de Oiba, Elkín Reyes, fue destituido, luego de que el Consejo de Estado anulara su elección mediante sentencia del 7 de noviembre de 2024, decisión que quedó en firme el 28 de enero de 2025. La sanción se dio por trashumancia electoral, es decir, trasteo de votos, en los comicios de 2023.Posteriormente, la Registraduría Nacional del Estado Civil fijó el calendario mediante resolución del 18 de marzo de 2025 y convocó a elecciones atípicas, las cuales se realizaron el 18 de mayo de 2025, jornada en la que el mandatario volvió a participar y resultó elegido.Frente a esta decisión, el abogado experto en temas electorales, Carlos Alfaro, explicó que el caso tendría un elemento objetivo relacionado con posibles inhabilidades.Según el jurista, “el hecho de que el alcalde de Oiba haya participado en las elecciones atípicas dos meses después de que quedó en firme su destitución, no tiene precedentes”."Aquí el elemento es objetivo, porque él fue autoridad administrativa, fue ordenador del gasto como alcalde, y el artículo 314 de la Constitución es muy concreto: no puede repetir un alcalde en periodos seguidos; no existe la reelección", agregó Alfaro.Asimismo, señaló que “el artículo 37 de la Ley 617 del 2000 es muy claro: no puede aspirar a alcalde quien haya sido autoridad administrativa un año antes de las elecciones”.De acuerdo con el análisis del abogado, el mandatario podría solicitar aclaración del fallo y posteriormente apelar la decisión ante una segunda instancia.Sin embargo, advirtió que si la nulidad es confirmada, no se convocarían nuevas elecciones atípicas debido al tiempo restante del periodo.“Faltando menos de 18 meses, como hay una vacancia absoluta, no habría elecciones atípicas. El gobernador pediría una terna y de allí se escogería un alcalde encargado para terminar el periodo”, explicó.Finalmente, el jurista indicó que otros municipios de Santander, como Girón y Concepción, podrían enfrentar situaciones similares dependiendo de cómo avancen procesos electorales en curso.
El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó en segunda instancia la condena de 17 años de prisión contra el exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, por hechos de corrupción relacionados con el denominado caso ‘Manantial de Amor’.La decisión ratifica el fallo emitido en primera instancia por el Juzgado Noveno Penal Municipal, en el que se determinó la responsabilidad del exmandatario en irregularidades en millonarios contratos de obras, que en su momento generó un amplio escándalo por presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos.De acuerdo con el proceso judicial, las investigaciones evidenciaron inconsistencias en la contratación que derivaron en detrimento patrimonial, lo que llevó a la imposición de una pena privativa de la libertad y sanciones adicionales.La sentencia se enmarca en el caso de corrupción conocido como "Manantial de Amor", una investigación que lleva ocho años y que involucró a Bohórquez, varios funcionarios y contratistas de su administración, en irregularidades cometidas entre 2013 y 2016. Durante ese período, se adjudicaron contratos por aproximadamente $17.000 millones a miembros de la iglesia cristiana "Manantial de Amor", a la que asistía el exalcalde.El caso ‘Manantial de Amor’ se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de presunta corrupción en la administración pública de la capital santandereana, al poner en el centro del debate el uso de los recursos destinados a proyectos de infraestructura. En su momento el exalcalde señaló en sus redes sociales lo siguiente: "El mundo está lleno de injusticias y este fallo no es la excepción, de la mano de Dios y ante jueces imparciales defenderé mi actuar porque soy inocente. Mi único interés como alcalde fue engrandecer a Bucaramanga". Los otros involucrados, de acuerdo con su participación en los hechos conocidos, fueron condenados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Ellos son: Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura, Gloria Durán, exjefe de la Oficina de Alumbrado Público, Leonardo Luna Escalante, asesor y familiar del exalcalde, Óscar Mauricio Benavides Toloza y Uriel Ávila Méndez, excontratistas de la Alcaldía de Bucaramanga
Este viernes 25 de septiembre comenzó el pago de $14.784 millones en apoyos económicos temporales destinados a familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda y Quimbaya, Quindío.De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, los recursos corresponden al primer mes de ayuda y estarán disponibles durante 15 días calendario.Para Risaralda fueron destinados $13.599 millones, con los que se busca apoyar a hogares afectados en los 14 municipios del departamento.Los pagos se realizarán a través de Apostar, marca aliada de SuperGIROS. Las familias habilitadas recibirán la información correspondiente para realizar el cobro y deberán presentar su documento de identidad.Las autoridades han insistido en que las familias deben consultar únicamente los canales oficiales y no entregar dinero, claves o información personal a terceros que prometan agilizar el trámite.Para organizar la entrega, la Unidad estableció una medida de pico y cédula en todo el departamento, de acuerdo con el último número del documento de identidad:Viernes 25 de septiembre: 0, 1 y 2.Sábado 26 de septiembre: 2, 3 y 4.Domingo 27 de septiembre: 5, 6 y 7.Lunes 28 de septiembre: 8 y 9.Martes 29 de septiembre: 0, 1 y 2.Miércoles 30 de septiembre: 2, 3 y 4.Jueves 1 de octubre: 5, 6 y 7.Viernes 2 de octubre: 8 y 9.Por otro lado, en Quimbaya, Quindío, la UNGRD destinó $1.185 millones para las familias damnificadas.La entrega se realizará a través de Facilísimo, además, se habilitaron puntos estratégicos para atender a las familias que permanecen en alojamientos temporales, entre ellos el Coliseo El Cacique y el Colegio Santa Teresita, ubicado en el barrio El Rocío.El apoyo está dirigido a los jefes de hogar que aparecen incluidos en el Registro Único de Damnificados, cuya vivienda haya sido identificada como destruida o no habitable y que hayan cumplido con el proceso de verificación de la UNGRD.Por tratarse de una ayuda temporal, estos recursos buscan contribuir a los gastos de las familias mientras continúa el proceso de recuperación y atención de las zonas afectadas por el terremoto. Las autoridades recomiendan a los damnificados verificar previamente su habilitación y esperar las comunicaciones oficiales antes de desplazarse a los puntos de pago.
Este sábado habrá una reunión clave entre el Grupo EPM y el Gobierno nacional para tomar decisiones de fondo sobre el futuro de Afinia. La filial, que presta el servicio de energía en el Caribe colombiano, generó el año pérdidas superiores al billón de pesosDebido a que la situación financiera de esta filial del Grupo EPM, es insostenible, según el propio relato del alcalde y presidente de la Junta de las empresas Públicas de Medellín, Federico Gutiérrez, que ha insistido que este ha sido el peor negocio que ha hecho la empresa antioqueña.El mandatario local, aseguró que esta empresa que atiende a 1.5 millones de usuarios en Bolívar, Córdoba y Sucre, además de 11 municipios del departamento de Magdalena, genera 1.5 billones de pesos de pérdidas al año al Grupo empresarial.Ante este panorama, este sábado a las 10 de la mañana en Barranquilla, el propio presidente Abelardo De La Espriella, junto a sus ministros de Minas y Energía María Nohemí Arboleda y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, encabezará una reunión con el alcalde Federico Gutiérrez y el gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, para tomar una o más decisiones de fondo."Lo hablé con el presidente, él lo conoce, sabe cuál es esta situación. Hay que encontrar una situación de fondo entre todos, como ciudad, como EPM, como Gobierno nacional y las regiones, y encontrar una solución estructural, no del día a día", señaló el alcalde Gutiérrez.El presidente de la Junta de EPM, aseveró que se debe tomar decisiones inmediatas, porque según él es el “chicharrón” más grande que le dejó la administración del ex alcalde Daniel Quintero y sus presuntas irregularidades, donde recordemos ha salido a flote por parte de Federico Gutiérrez y en la audiencia contra Miguel Quintero, la supuesta venta de la gerencia de esta filial en 8 millones de dólares.El alcalde Federico Gutiérrez viajará desde este viernes, debido a que será uno de los invitados al acto de posesión de Joaquín Gutiérrez Caballero, quien fue elegido por unanimidad por la Junta Directiva como presidente de Ecopetrol.
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:Jhon Arias heredará la camiseta número 10 de la Selección Colombia en el próximo amistoso, mientras Davinson Sánchez será el nuevo capitán del equipo en este comienzo de ciclo después de la salida de varios referentes. La tricolor se medirá este sábado ante México en Baltimore.Néstor Lorenzo aseguró que Colombia mantendrá su idea de juego durante la renovación. El técnico explicó que pueden cambiar el sistema o el plan para determinados partidos, pero quiere conservar una selección protagonista, con posesión y vocación ofensiva. También pidió paciencia con los nuevos convocados y aseguró que deben ganarse su lugar cuando regresen los habituales titulares.Alberto Gamero explicó cómo Millonarios consiguió el empate frente a Atlético Nacional en Medellín. El entrenador detalló los ajustes realizados para cerrar la salida del verde, defendió que su equipo buscó el partido y respondió a la afirmación de Lucas González de que Millonarios había conseguido el punto “con muy poco”.Juan Guillermo Cuadrado todavía no tiene asegurado su debut con Millonarios. Gamero explicó que el jugador no presenta una lesión, sino molestias propias del reacondicionamiento después de un periodo prolongado sin competencia, y dejó abierta la posibilidad de utilizarlo frente a Medellín si evoluciona bien.México comenzará ante Colombia la era de Rafa Márquez como seleccionador. El periodista mexicano Gustavo Mendoza explicó que el equipo azteca afronta el partido con varias ausencias y que el nuevo entrenador todavía debe construir su idea, aunque contará con jóvenes como Gilberto Mora y recuperará a Hirving ‘Chucky’ Lozano.Colombia femenina Sub-20 buscará este sábado el tercer puesto del Mundial, mientras Deportivo Cali recibirá a Santa Fe en la vuelta de la final de la liga femenina después de ganar 3-2 el primer encuentro. La programación del fútbol colombiano también generó cuestionamientos porque Junior-Medellín coincidirá parcialmente con el partido de la selección de mayores. Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y procesado por hechos de corrupción en la entidad, fue trasladado de urgencia a la clínica Shaio, en el norte de Bogotá. Según las primeras versiones, el exfuncionario presentó quebrantos de salud asociados a un presunto infarto mientras permanecía privado de la libertad.López se encontraba recluido en una guarnición militar cuando manifestó el malestar físico que motivó su remisión inmediata al centro asistencial. Fuentes en el lugar confirmaron que el exdirector está recibiendo atención médica especializada, a la espera de un reporte oficial por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el parte médico de la clínica.Este quebranto de salud ocurre en momentos en que el exfuncionario funge como testigo clave de la Fiscalía General de la Nación dentro del entramado de corrupción de la UNGRD, proceso en el cual se declaró culpable en mayo pasado tras aceptar los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.¿Cuál es el estado del proceso judicial de Olmedo López?Actualmente, el expediente contra el exdirector de la UNGRD se encuentra en la etapa final de individualización de la pena ante el Juzgado Cuarto Penal Especializado, luego de que se negaran dos preacuerdos y el procesado decidiera someterse a sentencia anticipada.Fecha de la condena: La lectura de la sentencia definitiva quedó programada para el próximo 14 de diciembre.Devolución de dinero: Su defensa, encabezada por el abogado José Luis Moreno, argumentó que López realizó el reintegro de $724 millones mediante consignaciones hechas entre enero y abril de 2025. Petición de rebaja: La representación legal solicitó un beneficio de reducción del 50 % de la pena debido a la aceptación unilateral de cargos y a la colaboración entregada a la justicia.¿Qué denuncias existen sobre la seguridad de Olmedo López?Durante las recientes audiencias, la defensa del exdirector solicitó formalmente que la pena impuesta sea cumplida en el centro penitenciario del Batallón 13 de Caldas por motivos de seguridad.El abogado Moreno reveló que han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras señalar supuestas presiones e interferencias del Gobierno. De igual forma, advirtió que recientemente se pusieron en conocimiento de la Fiscalía graves amenazas de muerte emitidas por grupos al margen de la ley contra la vida de Olmedo López.
Daniel Felipe Duque Duque fue judicializado y enviado a la cárcel, señalado por la Fiscalía de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. Los casos llegaron inicialmente al Concejo de Medellín y posteriormente fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, que recopiló las denuncias y otros elementos materiales probatorios dentro de la investigación.Una de las denunciantes relató que desconocía el motivo por el que Duque la hostigaba y señaló que recibió amenazas relacionadas con su imagen y con la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para manipular fotografías.En su denuncia quedó registrado:“Desconozco el motivo por el cual este señor me hostiga". Es de destacar que entre sus mensajes dice: "Te voy a pegar una difamación que te vas a querer suicidar. Si no le gusta mi amor, mire a ver cómo arreglamos, pero la imagen suya se la acabo porque se la acabo". "A un amigo le escribe que yo estaba buena para meterme un cuchillo y amenazó con manipular mis fotos con IA y quedar desnuda para luego publicarlas”.Otra de las denuncias describe un presunto acoso a través de Instagram. La mujer aseguró que, después de una publicación en la que fue etiquetada, comenzaron los contactos y amenazas desde diferentes cuentas.“Sube una foto vía Instagram etiquetando mi usuario, al subir la foto empiezan los acosos de Daniel Duque también por la misma vía, creando hasta 10 cuentas diferentes haciendo amenazas”, señaló. Según su relato, los mensajes incluían amenazas de muerte y afirmaciones de que ella y sus amigos tendrían que pagar por lo que el señalado habría sufrido.La denunciante también aseguró que el acoso se prolongó durante seis años y que el hombre habría contactado a personas cercanas para preguntar por ella y continuar con las amenazas.En otro caso, una mujer denunció que Duque habría creado perfiles falsos para seguirla y contactarla, además de utilizar fotografías suyas y compartir su número telefónico en espacios de contenido sexual.“Ha creado perfiles falsos para seguirme y contactarme en Instagram, ha robado mis fotografías y las ha publicado en grupos y espacios de contenido sexual, ha compartido mi número de teléfono en ese tipo de sitios, ha utilizado mi imagen sin mi consentimiento, me ha insultado y, en repetidas ocasiones, me ha enviado amenazas de muerte”, afirmó.La mujer también señaló que los contactos se habrían extendido a Facebook, TikTok y WhatsApp, incluido el número de su empresa, situación que, según su denuncia, afectó su actividad profesional como psicóloga.El concejal de Medellín Andrés Tobón Villada destacó la actuación de la Fiscalía después de que su equipo jurídico recibiera y acompañara las denuncias de varias personas que reportaron presuntos episodios de persecución, acoso y hostigamiento.“Recibimos una denuncia por parte de una joven en Sabaneta que venía siendo acosada de manera sistemática por parte de un sujeto que la llamaba al celular, que le escribía por redes sociales, que se inventaba cuentas ficticias solamente con la intención de acosarla permanentemente”, afirmó Tobón.El concejal agregó que la denunciante encontró que había aproximadamente otras 20 mujeres que también habían reportado situaciones de acoso y que, a partir de ese acompañamiento, el equipo jurídico pudo establecer contacto con la Fiscalía.