A pocas horas de la segunda vuelta presidencial 'estalló' un nuevo escándalo judicial que salpica al candidato presidencial Rodolfo Hernández, tras conocerse un audio donde su abogado, Eduardo Pilonieta, habría presionado al Juez Segundo Laboral de Bucaramanga, Rubén Morales, para que aplazara una audiencia judicial para después de las elecciones del domingo 19 de junio. "El ingeniero no tiene cabeza para nada distinto que su elección del 19, aplácela para el 21, 22 (junio). Ayúdeme con eso, sea que nos convenga o no, sea que gane o sea que pierda, ahórreme el escándalo, él (Rodolfo) no viene a la audiencia, póngamele un poquito de sensatez Rubén", afirmó el abogado Pilonieta en una llamada hecha al juez Morales. “Por la precaria condición de salud del demandante tenía que resolver su situación este año, el señor está que se muere, el pensionado está en premortem, está muriéndose el viejito”, le respondió el juez al abogado Pilonieta. El juez laboral Rubén Morales, condenó a Rodolfo Hernández el pasado 9 de junio de 2022 a cancelar $76'836.481 por concepto de pagos de aportes de pensión que no hizo a favor Celestino Flórez León (entre 1986 y 1991) cuando era vigilante de la urbanización San Cristóbal que construyó la empresa del hoy candidato presidencial. El fallo también obliga a Hernández Suárez a pagar una indemnización de $100 millones por daños morales y perjuicios al trabajador, hoy de 81 años.La demanda laboral contra Rodolfo Hernández fue instaurada por Celestino Flórez el 13 de septiembre de 2017 en el sistema judicial de Bucaramanga. El juez Rubén Morales, afirmó que después de fijar para el 9 de junio la audiencia judicial contra Rodolfo Hernández comenzaron las intimidaciones en su contra."Se vino todo el mundo encima por fijar la audiencia, esos amigos alcahuetas ahí vienen a decir que voy a tener problemas con Procuraduría, con la Fiscalía, que no me costaba nada aplazar la diligencia, pero yo tenía que fijar la audiencia por la salud de un ser humano. Por eso el ambiente se enturbió y todo el mundo molestándome", manifestó el juez. El candidato Rodolfo Hernández no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo que salpica su campaña presidencial. Como se recordará, el exalcalde de Bucaramanga ha señalado en diferentes entrevista que tiene más de 200 procesos judiciales en su contra. Los apoderados de Colpensiones y Rodolfo Hernández Suárez, apelaron la decisión del juez ante el Tribunal Administrativo de Santander. Este es el proceso judicial laboral contra Rodolfo Hernández:
Diez días tiene el Tribunal Administrativo de Santander para tomar una nueva decisión de una acción popular interpuesta por el Comité de Defensa del Agua y el páramo de Santurbán en el año 2020, la cual fue rechazada por esa autoridad judicial y con la que ambientalistas buscan frenar la megaminería en ese ecosistema.La orden la dio el Consejo de Estado en un fallo de tutela explicó, Hernán Morantes, integrante del Comité de Defensa del páramo de Santurbán. “Nosotros instauramos una acción popular en el Tribunal Administrativo de Santander, sin embargo, fue rechazada esa demanda por lo que interpusimos una acción de tutela en contra de esa decisión. Ahora el Consejo de Estado ordena al tribunal que se estudie de fondo la demanda”, dijo Morantes.Las pretensiones del comité es que en zona de páramo no se permita la intervención de proyectos mineros.“Esta demanda es sumamente importante porque es la posibilidad de cerrarle la puerta definitivamente al proyecto de Minesa y a cualquier proyecto y que se protejan integralmente las fuentes hídricas que nos abastecen de agua en el área metropolitana de Bucaramanga y a 2.5 millones de personas, esa es la gran importancia de esa decisión del Consejo de Estado porque permite que se dé el debate judicial”, manifestó Morantes.La acción de tutela fue respaldada por 1.690 personas entre organizaciones ambientales, sociales y entidades como el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la Alcaldía de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga.Escuche las noticias del día aquí:
Ecopetrol ganó el pulso por los pilotos de fracking (Kalé y Platero). El Tribunal de Santander le dio vía libre a la petrolera para continuar con ambos proyectos sin la necesidad de realizar una consulta previa con Afrowilches.Recordemos que Afrowilches había ganado la tutela en primera instancia bajo el argumento de que no había sido consultada la comunidad afro de Puerto Wilches al momento de desarrollar los pilotos y por eso estaban en pausa.Sin embargo, eso ya no será necesario, entre otras cosas porque Ecopetrol demostró que ya la dirección nacional de consulta previa del Ministerio del Interior había dicho en dos resoluciones que no hacía falta una consulta y ambas están en firme.Otro de los argumentos es que los pilotos no causan un daño irreversible a la comunidad afro.“No se puede establecerse la afectación clara y directa que el proyecto piloto de investigación pudiera llegar a causar, que bajo la naturaleza de perjuicio irremediable imponga analizar y definir si debió surtirse el trámite de la consulta previa, siendo pertinente destacar que el fin de los PPII es precisamente establecer los reales riesgos de la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales conocido como “fracking”, lo cual es requerido para continuar con el proceso de simple nulidad que ordenó la suspensión de los actos que establecieron los criterios y procedimientos para ello”, señaló el tribunal.El paso siguiente es la reactivación de las obras civiles previas a la perforación de los pozos, en el caso de Kalé, que ya cuenta con licencia ambiental. Entre tanto, la Anla podrá continuar el trámite de la licencia para el segundo proyecto (Platero).La gran incógnita es si se alcanza a hacer la perforación antes de que termine el periodo de Gobierno, teniendo en cuenta que tanto Rodolfo Hernández como Gustavo Petro están diciendo hoy que no apoyarán el desarrollo del fracking en el país.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
El abogado Julián Fernando Duarte interpuso 800 hábeas corpus en los juzgados del área metropolitana de Bucaramanga para buscar la libertad de personas capturadas por diferentes delitos y que llevan meses detenidos en las estaciones de Policía.Actualmente el hacinamiento en las estaciones de Policía de la capital santandereana es superior al 1000%, según la Defensoría del Pueblo. "Los detenidos en las estaciones están sufriendo por la violación de sus derechos. La situación es inhumana y las autoridades no hacen nada para buscar una solución. Las acciones judiciales que interpuse con mi equipo de trabajo es para las los alcaldes, personeros y el gobernador se han hecho de la vista gorda con las personas privadas de la libertad. Ellas son victimarios en la calle, pero en las estaciones son víctimas de un Estado inhumano", aseguró el abogado Duarte a BLU Radio. Señaló que lamentablemente la Policía no puede tener más patrulleros en las calles porque tienen que estar cuidando y vigilando a los detenidos en las estaciones. El Consejo Superior de la Judicatura de Santander ordenó un 'acuartelamiento' al personal judicial para responder los hábeas corpus interpuestos por el abogado Duarte. El secretario Administrativo de la Alcaldía de Bucaramanga, César Castellanos, criticó la forma en que Julián Fernando Duarte interpuso las acciones judiciales para buscar la libertad de 800 detenidos. Incluso pidió que el abogado sea investigado por la Comisión de Disciplina Judicial Seccional de Santander. Un juzgado de Bucaramanga negó el primer hábeas corpus presentado por el abogado Duarte que buscaba la libertad de un capturado."Vamos a tener que apelar las decisiones de los jueces ya que a los detenidos se les sigue violando sus derechos", señaló el abogado demandante.
Bertilda Correa de Jaimes, una extrabajadora de la salud, instauró una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander que buscaba acreditar que la mesada que le adjudicó su propio empleador, E.S.E. hospital de Málaga (Santander), desde 1999 se redujo a más de la mitad, luego de haber ingresado a la nómina de Colpensiones en el 2014.Por lo que el Consejo de Estado sostuvo que cuando existe compartibilidad de pensiones, es decir, que tanto el fondo de pensiones como el empleador comparten la obligación, y la mesada reconocida por el fondo de pensiones, en este caso, Colpensiones es menor a la otorgada inicialmente por el empleador, en casos en los que se haya adquirido la pensión antes de la Ley 100, la empresa contratista debe costear la diferencia.Como el Tribunal de Santander había decidido que el departamento, exactamente el hospital de Málaga, no debía asumir los costos de la pensión de la extrabajadora de la salud, el Consejo de Estado le ordenó también emitir una nueva sentencia, teniendo en cuenta las obligaciones que tiene el empleador cuando la pensión que ya concedió termina siendo más alta a la reconocida posteriormente por Colpensiones.Esto se debe a que cuando entró la Ley 100 en el sistema general de pensiones había muchas empresas que en el pacto colectivo tenía determinadas condiciones para que la gente se pensionara, entonces cuando llegó la ley 100 tuvo que haber una transición, el empleador seguía haciendo aportes al fondo de pensiones, hasta cumplir edad y plazo, pero habían casos que cuando tenían la edad de pensión, les quedaba la pensión más bajita que la promesa del empleador, por lo que el Consejo de Estado señaló que el empleador debe asumir esta diferencia, tanto el fondo de pensiones, como el empleador comparten la obligación.“Transcribió algunos apartes del fallo controvertido y luego concluyó que la señora Bertilda Correa “no cumplió los requisitos pensionales contemplados en la convención colectiva que aduce era beneficiaria, antes de tener derecho a la pensión del Seguro Social (hoy Colpensiones), porque consolidó su derecho a la pensión de jubilación con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993”, precisa la sentencia del Consejo de Estado.Siga y escuche el podcast de El Consultorio:
El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, convocó a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal por una 'avalancha' de quejas y denuncias de contribuyentes por el descomunal aumento en el pago del impuesto predial por la aplicación del 'polémico' avaluó catastral contratado en el gobierno de Rodolfo Hernández. "Antes pagaba unos $600 mil por el predial ahora me llegó por el doble, eso es injusto", señaló un habitantes de Bucaramanga a BLU Radio.Por estos reclamos de la ciudadanía el proyecto de acuerdo presentado a los 19 concejales contempla ampliar hasta el 31 de marzo el pago del impuesto predial con un 10% de descuento."También vamos analizar la posibilidad de que los contribuyentes puedan cancelar el predial de este año con cuotas mensuales como se realizó durante el 2021 por la pandemia del COVID-19", afirmó el concejal Cristian Reyes a BLU Radio.Reyes aclaró que "el Concejo en ningún momento aprobó el incremento del impuesto predial". Pedro Nilson Amaya, exconcejal de Bucaramanga y candidato al Congreso de la República, demando ante el Tribunal Administrativo de Santander la forma en que liquido el impuesto predial la Alcaldía con base al 'cuestionado' avaluó catastral.
El abogado y exconcejal de Bucaramanga, Pedro Nilson Amaya, confirmó a BLU Radio que interpuso acciones de cumplimiento y nulidad en el Tribunal Administrativo de Santander contra la Alcaldía por el aumento "desproporcionado" en el cobro del impuesto predial. Con recibos en mano los habitantes de Bucaramanga se han presentado en la Alcaldía para buscar una explicación por los exagerados cobros del impuesto predial hasta de un 86% en algunos sectores de la ciudad. "Estas acciones judiciales interpuestas es para cuidar el bolsillo a los contribuyentes. La Alcaldía aplicó este año para los predios de los sectores 1,3,6,7,8, 9 y 10 el avaluó catastral generado un desequilibrio económico tributario", afirmó el exconcejal Pedro Nilson Amaya.Denunció además que el alcalde Juan Carlos Cárdenas y su equipo económico están cometiendo "irregularidades" en el cobro del impuesto predial porque en los concejales en diciembre de 2020 aprobaron un proyecto "donde prometieron no aplicar actualización catastral hasta que procesos judiciales no tuvieran sentencia en firme, sin embargo, este año hicieron lo contrario".“Yo pague el año pasado $1.000.000 y me llegó ahora el recibo por más de $1.700.000, es una cifra exagerada”, aseguró uno de los contribuyentes afectados por el aumento del valor en el impuesto predial en Bucaramanga.La Alcaldía de Bucaramanga informó que por pronto pago del impuesto predial está aprobado un descuento del 10% si se paga hasta el 31 de enero y del 5% si paga hasta el 28 de febrero de 2022.
A partir de enero de 2022 los propietarios de vehículos que tienen matriculados sus carros en Bucaramanga ya no tendrán que pagar el impuesto de placa.Un fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander le dio la razón a Rodrigo Hernández quien demandó el Acuerdo No.1 del 13 de enero de 2017 de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga con el cual se fijaron las tarifas del impuesto de Derecho Anual de Placa.“Ellos simularon una tasa que no es una tasa, un impuesto que no es impuesto y una contribución que no es, ellos crearon una figura jurídica y comenzaron a cobrarles a los propietarios, más de 145.000 vehículos afectados. De ahí nace la investigación y la demanda de nulidad del acuerdo”, explicó Hernández.Según el fallo, la entidad de tránsito creo el impuesto sin la autorización del Concejo de Bucaramanga."El acto administrativo acusado se encuentra viciado de nulidad por haberse proferido con infracción de las normas en que deberían fundarse, toda vez que la tasa denominada Derecho Anual de Placa, no ha sido creada mediante acuerdo municipal de Bucaramanga, ni cuenta con autorización expresa por parte del Concejo de Bucaramanga a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para que pueda fijar su tarifa", indica la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander.Anualmente la Dirección de Tránsito de Bucaramanga recaudaba un promedio de más de $3.000 millones de pesos por impuesto de Derecho Anual a Placa.
El Tribunal Administrativo de Santander aceptó la tutela interpuesta por Marylú Vásquez Gualdrón, víctima de la violencia, porque al departamento el Gobierno Nacional no le asignó una de las 16 curules de la paz aprobadas después de los acuerdos con las Farc. "El tribunal judicial remitió la tutela para su estudio al Consejo de Estado porque va dirigida contra el presidente Iván Duque", señaló Vázquez Gualdrón. Marylú Vásquez, señaló que "no se entiende como un departamento que vivió la violencia cometida por grupos armados ilegales durante varias décadas quede por fuera de las circunscripciones especiales por la paz".Con esta tutela se busca que sea modificado el acto legislativo que las creó, para que el departamento de Santander sea incluido entre las 16 curules para la paz.En Santander viven más de 300.000 víctimas de la violencia. Esta es la tutela aceptada por el Tribunal Administrativo de Santander.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en el proceso para la elección del contralor de Santander tras denuncias del congresista Fabián Díaz. "En todo este proceso se presentaron diferentes irregularidades desde la designación de la Universidad Distrital de Bogotá. La Procuraduría encontró elementos suficientes en torno a una actuación disciplinaria con respecto a Fredy Anaya como contralor departamental", señaló a BLU Radio el congresista.El Representante a la Cámara afirmó que en próximos días presentará una demanda electoral en el Tribunal Administrativo de Santander por la elección de Fredy Anaya Martínez como contralor.Este es el documento de la Procuraduría sobre el caso de elección del contralor de Santander.
El cantante y símbolo de la salsa Héctor Lavoe (1946-1993) puede contar con una calle a su nombre en Nueva York si prospera la iniciativa lanzada por el promotor Jesse Ramírez, que cuenta con el apoyo de la hija y la hermana del llamado "cantante de los cantantes".Ramírez, conocido promotor y presentador en el mundo de la música latina, dijo a Efe que "otros artistas ya tienen calles con sus nombres en la Gran Manzana, por lo que ya es hora de que Lavoe también tenga la suya" en la ciudad donde desarrolló su carrera y se dio a conocer como integrante de la mítica Fania All Stars."Es un verdadero ícono de la música latina en Nueva York y el mundo" afirmó, e indicó además que inició una campaña entre los políticos para conseguir su objetivo.“El talento, el carisma de Lavoe, su amor por su música, por su gente, siempre estaban y estarán presentes en los corazones de sus seguidores, que suman millones en todo el mundo”, afirmó Ramírez, que tuvo una estrecha relación con el artista.Héctor Juan Pérez Martínez, conocido como Héctor Lavoe, emigró a Nueva York desde su natal Puerto Rico a los 16 años, y en colaboración con su paisano Willie Colón cosechó grandes éxitos como "Aguanilé", "Che che colé", "La murga", "Calle Luna, calle Sol" y "Juana Peña", entre muchos otros que se convirtieron en preferidos del público salsero.Tras separarse de Colón, el "rey de la puntualidad" lanzó en 1974 su carrera en solitario y entre sus éxitos en solitario figuran "El cantante", "Rompe Saragüey" y "Periódico de ayer".“Nadie más que Lavoe merece ese reconocimiento”, insistió Ramírez.Por su parte, el pianista Willie Rodríguez, uno de los promotores del museo de la salsa, cuya construcción es una promesa siempre postergada, consideró que sería "fantástico" porque Lavoe "se lo merece".Además, indicó a Efe que el museo de la salsa hizo una propuesta parecida al Concejo de la ciudad para bautizar una calle de El Bronx con el nombre del músico dominicano Johnny Pacheco (1935-2021), cofundador de las Fania All Stars y que vivió en ese condado, y están a la espera de que voten sobre ese proyecto.Lavoe ya fue reconocido con dos monumentos, uno en su natal Ponce (Puerto Rico) y el otro en el Callao, en Perú, donde también figuran los de los cantantes Ismael Rivera y Celia Cruz y el percusionista Ray Barretto.Le puede interesar: Al pelo con Tata
¡Queremos almuerzos! Fue la frase que corearon estudiantes de la Institución técnica Juan XXIII del municipio de Malambo, Atlántico, en medio de una jornada de protesta realizada este martes.Los alumnos, en especial los de los grados décimo y once, exigieron que les entreguen almuerzos pues deben permanecer en jornadas académicas que inician a las 6:30 de la mañana y culminan a las 5 de la tarde.El profesor Robinson Díaz indicó que por el momento los niños solo reciben una merienda que no es suficiente para suplir sus requerimientos alimenticios.“Acá no se está haciendo sino entrega de una merienda desde el año pasado. Una bolsita de leche y una galleta es lo que les entregan y un pedacito de bocadillo. Este es un colegio técnico en el que los menores salen a las 5 de la tarde y necesitan su almuerzo, por eso salieron a protestar”, dijo el maestro.Yuris Sierra, personera del colegio, señala que entre las razones para no entregarles los almuerzos está que las cocinas no se encuentran aptas, la infraestructura del comedor escolar no es la mejor y mientras tanto la responsabilidad se la transfieren entre las instituciones.La manifestación de estos estudiantes se da en medio del anuncio de la Alcaldía de Malambo en la que anuncian que el PAE continúa con su normal funcionamiento. Enfatizan que, de 9.817 estudiantes de los 13 colegios públicos y sus sedes, 4.652 reciben ración preparada en sitio y 5.165 ración industrializada.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Se trata de un McLaren 720s, 2022 0kms negro y que ahora hace parte de su lujosa colección. “Mi auto regalo de cumpleaños. Uno más para la colección”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación que hizo en su cuenta de Instagram Yeferson Cossio y que rápidamente llegó a más de 600.000 likes.El creador de contenido, además, dedicó unas líneas de su publicación a sus seguidores, en las que les agradeció por el apoyo a través de la reproducciones de sus videos, “Obviamente fue por el apoyo de ustedes, estoy muy agradecido, gracias por ver mis videos y por estar ahí para mi. Gracias”.En el video se puede ver desde el momento en que el paisa recibe su regalo y hasta lo conduce a gran velocidad.Escuche el podcast Historias detrás de la historia:
La Contraloría General confirmó un detrimento patrimonial de 9.550 millones de pesos en el contrato de concesión de peajes internos de la ciudad de Cartagena. En un fallo de responsabilidad fiscal, la Contraloría llamó a responder por estos hechos a tres exdirectores de Valorización Distrital: Dionisio Arango Cantillo, Ciro Castillo Cabarcas y Antonio Flórez Garizabal; cuatro exgerentes de la empresa de desarrollo Urbano Edurbe: Pedro Rafael Tono Lemaitre, Diego Antonio Otoya, Augusto Enrique Mainero Román y Amira Isabel del Rosario Salvador; y al concesionario vial Convial S.A.Según el órgano de control, se trata de los recursos recibidos en exceso por el concesionario en el año 22 del contrato, a partir del cumplimiento de las condiciones de rentabilidad (TIR), tanto del alcance físico básico del proyecto, como de las adiciones de obras complementarias y su interventoría.“Toda vez que su retribución fue pactada a la Tasa Interna de Retorno -TIR- del 17.22% dispuesta para el alcance físico básico del proyecto, desplazando el cumplimiento de la TIR del proyecto en el tiempo, sin ningún ajuste ni evaluación de tasas que reflejaran el efecto del costo de financiación bancaria vigente al momento de aprobación de las obras, como la expectativa de rentabilidad del concesionario plasmada en su propuesta económica”, indicó la Contraloría.También señalan que estas adiciones se hicieron “sin contar con estudios económicos y financieros” según la realidad económica del entorno crediticio vigente al momento de cada adición de obras complementarias y su interventoría, para el momento en que se incorporaron al modelo financiero inicial del contrato de concesión.En medio del proceso, la Contraloría archivó la acción fiscal que adelantaba en contra Luz Marina Figueroa Salgado, como directora del Departamento Administrativo de Valorización.Los responsables fiscales tendrán cinco días para presentar sus respectivos recursos de reposición y apelación.Escuche el podcast Sin Tabú:
En su primer evento público después de la posesión, en diálogo de alto nivel, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Gustavo Petro se refirió a su llega al Palacio de Nariño y dijo que el poder es un vicio que ha llevado a muchos a cometer crímenes y que él no puede caer en esa droga.“El poder es una droga, el poder puede destruir un ser humano, puede llevar a los peores crímenes, es una droga con adicción, la gente con poder quiere seguir teniéndolo, el poder te deforma la realidad, eso no es sino meterse al Palacio de Nariño y ya verán ustedes como se experimenta esa droga”, sostuvo el presidente Petro.Y agregó: “Ves lo gobelinos y las sillas doradas y crees que eres un rey; es una trampa porque cuando entra el presidente y cree que es un rey, que entonces su mundo es eso de sentarse en esas sillas doradas, es porque lo están engañando, porque el poder real está es fuera del Palacio”.Dijo Petro que por eso muchos salen llorando cuando les toca abandonar el Palacio de Nariño. “Es horrible, nosotros no podemos caer en esa droga, ahí sí nos fregamos, nos toca asumir un poder real que no está en el Palacio”, señalo.Le puede interesar:El presidente Gustavo Petro se refirió también a la conflictividad social que se vive en el Cauca y a la acción de los indígenas que han ocupado varios terrenos de ingenios y empresarios del sector azucarero.Como presidente electo hace un par de semanas había pedido diálogo social y hoy como mandatario en ejercicio volvió a hacer el llamado urgente a ese proceso, pero reconoció que es un conflicto muy complejo porque no solo es entre indígenas y empresarios, también afecta a otras comunidades.“Los azucareros se han adaptado a otro tipo de realidad que es dejar la propiedad en manos de la población negra, de la tierra, y usarla y ahí estalla el conflicto. Entonces, el pueblo indígena tras la propiedad cree que lucha contra el capital y resulta que se estrella contra otro elemento de la propiedad que es el pueblo afro”, señaló el primer mandatario.
