Tribunal Administrativo de Santander suspende tasa de seguridad de la Gobernación

El Tribunal Administrativo de Santander ordenó la suspensión provisional de la implementación de la tasa para la seguridad y la convivencia ciudadana, que había sido aprobada mediante ordenanza departamental y cuya entrada en vigencia estaba prevista para el mes de septiembre de este año.La medida judicial responde a una acción de nulidad interpuesta por ciudadanos y líderes políticos, quienes argumentaron que la norma carecía de estudios técnicos y financieros suficientes, y podría vulnerar derechos constitucionales al imponer una carga económica sin un análisis riguroso de su impacto fiscal y social.El Tribunal argumentó que existen serios cuestionamientos jurídicos sobre el proceso de aprobación y viabilidad financiera de la tasa. Entre los puntos destacados por los demandantes se encuentra la posible violación de lo dispuesto en la Ley 819 de 2003, que exige estudios fiscales previos para cualquier creación de cargas tributarias, y de la sentencia C-340 de 2024, que regula el principio de legalidad tributaria y el respeto al derecho a la igualdad en la imposición de contribuciones.La tasa, avalada por la Gobernación de Santander, estaba destinada a financiar programas de seguridad ciudadana, como la adquisición de drones, instalación de cámaras de vigilancia, patrullas, centros de atención inmediata (CAI móviles) y fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía. Se tenía previsto incluir el cobro en las facturas del servicio de energía, aunque con exenciones para los estratos 1, 2 y 3.En su decisión, el alto tribunal señaló que la suspensión no implica una decisión definitiva, pero sí busca evitar afectaciones a los contribuyentes mientras se analiza el fondo del asunto. La demanda de nulidad fue interpuesta por el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño; por el diputado Danovis Lozano y por los concejales Carlos parra y Camilo Machado del partido Alianza VerdeDiversos sectores de la ciudadanía y la clase política han celebrado la medida, señalando que el cobro de la tasa generaba preocupaciones en un contexto económico complejo, con inflación elevada y desaceleración del crecimiento económico."Es un triunfo de toda la sociedad, porque pretendían cobrar una tasa de seguridad sin tener un regla fiscal clara. Logramos suspender el cobro del impuesto en el recibo de la luz. La justicia nos dio la razón", dijo el diputado Danovis lozano. Por su parte, voceros de la Gobernación de Santander han manifestado respeto por la decisión judicial, aunque recalcaron que la tasa tenía un enfoque técnico y social, pensado para mejorar la seguridad en los municipios con mayores índices de violencia y criminalidad.