La recientemente aprobada tasa de seguridad en Santander ya fue objeto de una demanda ante el Tribunal Administrativo del departamento. La acción legal fue interpuesta por el representante a la Cámara Cristian Avendaño, el concejal de Bucaramanga Carlos Parra y el diputado Danovis Lozano, quienes aseguran que la ordenanza firmada por el gobernador Juvenal Díaz vulnera principios constitucionales y legales.
Según los demandantes, esta contribución, que empezará a cobrarse a partir del 1 de septiembre en el recibo de energía, carece de sustento técnico y fiscal. Aseguran que no cuenta con un análisis de impacto económico, como lo exige la ley 819 de 2003 y la reciente sentencia C-340 de 2024 de la Corte Constitucional, que obliga a los entes territoriales a respaldar nuevos tributos con estudios financieros y técnicos rigurosos.
“Este cobro no solo es injustificado, sino inconveniente en un entorno económico, donde Santander apenas crece al 2,2 % y Bucaramanga enfrenta una inflación del 7%. Esta medida afectaría directamente a las familias más vulnerables”, aseguró Avendaño.
Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz defendió la medida y explicó que la tasa permitirá fortalecer la seguridad mediante inversión en tecnología, drones con inteligencia artificial, movilidad policial y CAI móviles. Aclaró que los estratos 1, 2 y 3 no pagarán este cobro y que se iniciará una campaña informativa para evitar desinformaciones.
“Vamos a usar drones que permiten mayor cobertura de imágenes para identificar a delincuentes. Ya estamos estructurando proyectos con alcaldías como la de Floridablanca, Girón, Lebrija, y esperamos replicarlo en Barrancabermeja, donde han ocurrido casos de violencia como el asesinato reciente de una docente”, explicó el mandatario.
Los demandantes también advierten que el texto de la ordenanza fue modificado en su trámite sin pasar nuevamente por el Consejo de Política Fiscal ni validarse su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
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Con la demanda, buscan frenar el primer cobro de la tasa, argumentando que su implementación sería una carga injustificada para los santandereanos.
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