La Gobernación de Santander anunció este lunes la derogatoria de la polémica tasa de seguridad, medida que había sido aprobada por la Asamblea Departamental y que estaba prevista para comenzar a cobrarse este mes a través de la factura de energía en los estratos 4, 5 y 6.
El gobernador Juvenal Díaz Mateus explicó que la decisión obedece al nuevo contexto fiscal que atraviesa el país, luego de que el Gobierno Nacional radicara una ambiciosa reforma tributaria por 26 billones de pesos.
“En Santander, entendemos que este contexto económica exige prudencia y responsabilidad, y sobre todo empatía con quienes todos los días generan empleo producen y contribuyen al desarrollo de nuestro departamento, nuestro compromiso es cuidar la economía de nuestras empresas comerciantes y familias, la seguridad y la infraestructura seguirán siendo nuestras prioridades, pero en este momento entendemos la necesidad de aliviar las cargas tributarias de los santandereanos”, dijo el mandatario.
Aunque el cobro debía iniciar el 1 de septiembre, la aplicación de la ordenanza estaba suspendida por decisión del Tribunal Administrativo de Santander.
El magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra admitió la demanda presentada por el congresista Cristian Avendaño, el diputado Danovis Lozano y los concejales de Bucaramanga Carlos Parra y Camilo Machado, quienes denunciaron irregularidades en el trámite de aprobación de la iniciativa, impulsada por la misma administración departamental.
Los demandantes argumentaron que hubo vicios en el procedimiento legislativo de la Asamblea, razón por la cual pidieron su nulidad.
El gobernador Díaz aseguró que, pese a la derogatoria, la administración seguirá trabajando en proyectos de seguridad e infraestructura a través de aportes voluntarios que se canalizarán mediante un fondo cuenta.
“Cada peso se destinará de manera exclusiva y transparente a iniciativas de seguridad y tecnología para el departamento. Santander necesita unidad para seguir siendo ejemplo de progreso y desarrollo en el país”, concluyó.