Tribunal de Santander reconoce a páramo de Santurbán como sujeto de derechos para protegerlo
El Tribunal advirtió que persisten amenazas, debido a la inacción del Estado frente al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional de 2017.
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El Tribunal Administrativo de Santander emitió una histórica sentencia que reconoce al páramo de Santurbán como sujeto de derechos, figura jurídica que impone al Estado una obligación directa e incondicional de proteger, conservar y restaurar este ecosistema estratégico, clave para el suministro de agua de más de dos millones de personas en el nororiente colombiano.
La decisión fue adoptada como respuesta a dos acciones populares interpuestas, una por la Alcaldía de Bucaramanga y otra por el ciudadano Antonio José Serrano, quienes alertaron sobre los riesgos ambientales que representan los proyectos de extracción subterránea de oro, particularmente los promovidos por la Sociedad Minera de Santander, Minesa.
Aunque el proyecto de Minesa fue archivado en 2021, el Tribunal advirtió que persisten amenazas debido a la inacción del Estado frente al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional de 2017, que ordenaba delimitar el páramo con participación ciudadana. La falta de una definición clara del área protegida ha facilitado la expansión de actividades mineras ilegales y ha prolongado el riesgo ecológico sobre este territorio de alta montaña.
Entre las disposiciones más relevantes del fallo, se encuentra la suspensión inmediata de cualquier trámite de licenciamiento ambiental que pueda afectar al páramo, mientras no se concluya el proceso de delimitación participativa.
Asimismo, se instruye a las autoridades ambientales como la Cdmb y Corponor, y a los municipios de Vetas, California y Suratá, para que ajusten sus Esquemas de Ordenamiento Territorial a las nuevas determinantes que surjan de dicha delimitación.
El Ministerio de Ambiente también fue requerido para que agilice ese proceso pendiente de delimitación, sin nuevas dilaciones y con plena inclusión de las comunidades. El fallo enfatiza que la protección de Santurbán no puede seguir siendo vista como una mera decisión administrativa, sino como un deber legal y ético.