Gobernación de Santander insiste en cobro de tasa de seguridad

Luego de la controversia por la decisión del Consejo de Estado que frenó el cobro de la tasa de seguridad en el Valle del Cauca, la Gobernación de Santander, mediante un comunicado, aseguró que ese cobro en el departamento está ajustado a la ley, pero no dice que la tasa de seguridad impulsada por el gobernador Juvenal Díaz está suspendida provisionalmente por una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Santander.En el comunicado, la Gobernación de Santander insiste en que la tasa cuenta con sustento legal y constitucional plenamente vigente: "el tributo fue diseñado con base en la Ley 2272 de 2022, expedida tras la Sentencia C-101 de 2022 de la Corte Constitucional, que habilita a los entes territoriales para crear mecanismos fiscales con destino exclusivo a la seguridad. Posteriormente, la Sentencia C-363 de 2023 reafirmó la validez de este tributo, al declarar que no vulnera ni el principio de legalidad ni el principio de irretroactividad".No obstante, es importante aclarar que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó frenar de manera provisional el cobro del tributo, tras aceptar una demanda de nulidad presentada por varios líderes políticos y ciudadanos.Los demandantes son el representante a la Cámara Cristian Avendaño, el diputado Danovis Lozano y los concejales Carlos Parra y Camilo Machado, del partido Alianza Verde. Ellos argumentan que el tributo carece de los estudios técnicos y financieros exigidos por la ley, y que podría vulnerar principios constitucionales al imponer una carga económica sin el debido análisis fiscal y social.La tasa, que fue adoptada mediante la Ordenanza 015 del 29 de abril de 2025 y que estaba prevista para cobrarse a partir de septiembre a través del recibo de energía, queda por ahora congelada mientras se analiza de fondo su validez legal y constitucional.El tribunal, por su parte, aclaró que la suspensión es provisional y no constituye un fallo definitivo. La medida busca prevenir posibles afectaciones a los contribuyentes mientras se analiza de fondo la legalidad del tributo.Por ahora, los usuarios no verán reflejado este cobro en sus facturas de energía. Sin embargo, el debate jurídico continúa, y será el fallo definitivo el que determine si la tasa podrá implementarse o deberá ser archivada definitivamente.