Consejo de Estado definirá futuro de Giovanni Leal, cuñado de Carlos Ramón González
El Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección del diputado Giovanni Heraldo Leal por presunta inhabilidad para ser elegido en 2023.
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El Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección del diputado Giovanni Heraldo Leal Ruiz, del partido Alianza Verde, al determinar que se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo debido a vínculos familiares con una funcionaria del Sena que ostentó autoridad administrativa en el departamento en el período previo a las elecciones. Esta decisión judicial fue apelada y este jueves el Consejo de Estado definirá el futuro político del cuñado del prófugo de la justicia Carlos Ramón González.
La decisión judicial en primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander fue adoptada tras la demanda interpuesta por Mauricio Gómez Niño y Tania Lizeth Bautista Peñaloza, quienes señalaron que Giovanni Leal Ruiz incurrió en una causal de inhabilidad contemplada en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 2200 de 2022.
Según el fallo, la hermana del diputado, Luz Dana Leal Ruiz, ejerció el cargo de directora de Empleo y Trabajo del Sena, con funciones de dirección y contratación que la jurisprudencia reconoce como ejercicio de autoridad administrativa. Esta situación, de acuerdo con la normativa, impedía que Giovanni Leal se postulara a cargos de elección popular en el mismo territorio mientras transcurría el año anterior a los comicios.
El Tribunal concluyó que la elección debía ser anulada y ordenó la cancelación de la credencial de Leal Ruiz como diputado del período 2024-2027. No obstante, el dirigente político, quien además es cuñado de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), hoy prófugo de la justicia por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
Con este escenario, este jueves el Consejo de Estado definirá el futuro político de Giovanni Leal y el rumbo de la curul que ocupaba dentro de la Asamblea de Santander, en medio de un debate que reabre la discusión sobre los alcances de las inhabilidades y la transparencia en los procesos electorales del país.