Nicaragua otorga asilo político a Carlos Ramón González tras negar su extradición

El Gobierno de Nicaragua notificó oficialmente a Colombia que concedió asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se conoció luego de que el país centroamericano negara la solicitud de extradición presentada por Colombia.Carta oficial de Nicaragua enviada a la Cancillería colombianaEn un documento dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, Nicaragua explicó que la decisión se tomó mediante la Resolución Ministerial No. 001-2025, bajo el argumento de que “toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”.La misiva, que cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también señala que ningún extranjero puede ser devuelto a un país donde su vida o libertad esté en riesgo debido a sus opiniones políticas o condición social.“Asimismo, es aplicable la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala en su Artículo 20, numeral 7: ‘Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales’”, se lee en la carta que Nicaragua le envió a Colombia.Gobierno responde a decisión de NicaraguaEl ministro del Interior, Armando Benedetti, fue uno de los primeros funcionarios del Gobierno en pronunciarse sobre la decisión de Nicaragua. Aseguró que el gesto de no extraditar y otorgar asilo a González es "inamistoso y agresivo“."Si el presidente pide en extradición a alguien a cualquier país el cual existen los tratados, y ese país no corresponde a esa extradición, es algo inamistoso y agresivo que no debe pasar”, señaló.Carlos Ramón González se encuentra prófugo de la justicia colombiana desde noviembre de 2024. El 3 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos en medio del proceso por corrupción de la UNGRD.