LaProcuraduría General de la Naciónabrió investigación contra varios funcionarios del Fondo de Reparación de víctimas por presuntas irregularidades en el manejo de una mansión, ubicada en El Poblado de Medellín, que pertenecía a los hermanos Castaño y que actualmente está administrada por la Unidad Para la Atención y Reparación de las Víctimas.
El organismo de control asegura que el inmueble, que se encuentra incautado desde el 16 de julio de 2013, está deteriorado y además estaría siendo utilizado para actividades comerciales no autorizadas.
Los funcionarios involucrados son: "Luz Carime Cepeda Díaz, periodo del 8 de agosto de 2018 al 31 de enero de 2019; Katherine Lorena Mesa Mayorga, del 1 de febrero de 2019 al 2 de abril de 2019; Miguel Avendaño Hernández, del 3 de abril de 2019 al 14 de junio de 2021; Enrique Ardila, del 15 de junio de 2021 al 24 de agosto de 2022; Katherin Andrea Fuquen Ayure, del 25 de agosto de 2022 al 20 de septiembre de 2022 y Olga Giovanna González Quintero, para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2022 a la fecha", se leyó en un documento del organismo.
Sobre este tema se había pronunciado anteriormente la Contraloría en un informe de auditoría de cumplimiento de la unidad para las víctimas en el que aseguraban que la vivienda estaría siendo utilizada como una tienda de venda de vasijas de barro, un negocio de inflables y hasta un vivero. Además, allí, al parecer, vivían seis personas de forma irregular y pagando un arriendo.
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