La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó las pruebas que serán practicadas e incorporadas durante el juicio adversarial transicional contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, en el que se investigan presuntas alianzas políticas con las extintas Farc en el departamento del Caquetá.
Se trata del primer juicio ante la JEP por el caso conocido como Farcpolítica, relacionado con las presuntas alianzas entre dirigentes políticos y la antigua guerrilla en el marco del conflicto armado. La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, después de surtirse la audiencia preparatoria.
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Entre las pruebas decretadas se encuentran 17 testimonios solicitados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. En esta lista aparecen Rodrigo Londoño Echeverri, Milton de Jesús Toncel Redondo, Fabián Ramírez Cabrera y otros antiguos integrantes de las Farc. También fue llamado como testigo Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote.
La Sección también ordenó que la UIA ponga a disposición del tribunal que adelantará el juicio a las personas que elaboraron, coordinaron o tienen conocimiento directo de los diferentes tomos del denominado ‘Informe Génesis’ de la Fiscalía, para que expliquen su metodología y resultados.
La acusación de la UIA comprende 30 hechos relacionados con homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad. Entre ellos están el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, ocurrido el 20 de junio de 1996, y la masacre de la familia Turbay Cote, registrada en diciembre de 2000.
Según la acusación, la UIA plantea como hipótesis que Almario Rojas habría participado en el diseño, coordinación y ejecución de un supuesto plan de persecución contra el denominado ‘turbayismo’ en Caquetá. Estas afirmaciones corresponden a la teoría del caso de la acusación y deberán ser debatidas durante el juicio.
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El proceso llegó a la JEP después de que la Corte Suprema de Justicia remitiera el expediente relacionado con el secuestro y muerte de Rodrigo Turbay Cote y los asesinatos de Diego Turbay Cote, Inés Cote de Turbay y otras personas.
La JEP aceptó el sometimiento de Almario Rojas en el año 2020. Al mantener su posición de no aceptar responsabilidad, el caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación para su investigación y eventual acusación.
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Por ahora, la JEP asegura que la decisión no determina la responsabilidad del excongresista, sino que definió cuáles pruebas podrán ser presentadas y debatidas durante el juicio, en el que deberán garantizarse el debido proceso, la contradicción y la presunción de inocencia del acusado.