Las declaraciones de Rodrigo Londoño, antes conocido con el alias de “Timochenko”, durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2019, siguen generando reacciones entre las víctimas del secuestro. El general retirado Luis Mendieta, quien permaneció 12 años secuestrado por las Farc, aseguró que las afirmaciones conocidas en las últimas horas representan una nueva revictimización.Mendieta cuestionó particularmente la forma en la que, según él, Londoño se refirió a las condiciones en las que permanecían los secuestrados y sostuvo que las víctimas recuerdan los tratos crueles e inhumanos que sufrieron durante el cautiverio. “Es una revictimización. Las declaraciones no dejan de asombrarnos, y especialmente pensaría que para todas las víctimas que ellos ocasionaron viene una revictimización, porque, pues, lo hace con sonrisas, con burlas, con sornas, con unos calificativos de lo que ellos nunca tuvieron, es decir, esa compasión que se debe tener con quien está allí en esas jaulas de concentración, en esos tratos crueles, inhumanos, debrantes, sometidos a esos vejámenes, a esas torturas, y también lo que ellos nunca reconocieron al delito de esclavitud, causa asombro”, afirmó el general.La polémica se originó por la publicación de partes de una audiencia reservada, en la que Londoño habló de las instrucciones que tenían las antiguas Farc para garantizar alimentación y lo que denominó un “buen trato” a los cautivos. La JEP posteriormente aclaró que la existencia de una directriz interna no significaba que las condiciones de cautiverio hubieran sido adecuadas y señaló que en el Caso 01 estableció graves vulneraciones a los derechos de las víctimas.Mendieta cuestionó el trato a las víctimasEn diálogo con Blu Radio, el general retirado aseguró que las víctimas han reclamado desde hace años un trato diferente dentro de la justicia transicional.Mendieta sostuvo que, desde su experiencia como víctima del secuestro, tuvo que acudir incluso a acciones de tutela para poder participar en algunas diligencias de la JEP. En contraste, afirmó que los antiguos integrantes de las Farc han contado con mayores posibilidades de participación.“Lo que ha sido la participación de ellos, pues, con todas las ventajas y todos los presupuestos disponibles para que ellos allí puedan estar a sus anchas, lo que no pasó con las víctimas”, agregó.También cuestionó los recursos destinados a las sanciones propias que cumplen los antiguos integrantes del Secretariado de las Farc. Actualmente, Rodrigo Londoño y otros seis exmiembros del Secretariado cumplen sanciones restaurativas por su responsabilidad en los secuestros y graves privaciones de la libertad investigados en el Caso 01.Sobre este punto, Mendieta reclamó que los programas de reparación y las decisiones presupuestales tengan también en cuenta a las víctimas.“Para ellos sí hay presupuesto para todas esas actividades. Ahora, si vamos a lo de memoria histórica, también se les destinó presupuesto para que ellos puedan contar esa memoria histórica, y allí se dejaron de lado totalmente a todas las víctimas que ellos ocasionaron”, dijo el general retirado. Por otro lado, el general Mendieta se refirió a la reforma que actualmente genera debate en el Congreso y que plantea una revisión de las decisiones de la JEP relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública.El general manifestó que, desde su perspectiva, los integrantes de la Fuerza Pública deberían ser juzgados por la jurisdicción militar.“Si la JEP es el juez natural de las Farc, ¿por qué van a ser los jueces naturales de los integrantes de la Fuerza Pública?. En este caso, pensaría que son los tribunales militares, los jueces militares, quienes son los jueces naturales de los integrantes de la fuerza pública y, por lo tanto, no deben de estar allí siendo procesados por la JEP”, agregó.En medio de esta nueva polémica que rodea a la Jurisdicción, el general Mendieta pidió que las víctimas tengan una mayor participación en las decisiones relacionadas con el proceso de paz y con las medidas de reparación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó las pruebas que serán practicadas e incorporadas durante el juicio adversarial transicional contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, en el que se investigan presuntas alianzas políticas con las extintas Farc en el departamento del Caquetá.Se trata del primer juicio ante la JEP por el caso conocido como Farcpolítica, relacionado con las presuntas alianzas entre dirigentes políticos y la antigua guerrilla en el marco del conflicto armado. La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, después de surtirse la audiencia preparatoria.Entre las pruebas decretadas se encuentran 17 testimonios solicitados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. En esta lista aparecen Rodrigo Londoño Echeverri, Milton de Jesús Toncel Redondo, Fabián Ramírez Cabrera y otros antiguos integrantes de las Farc. También fue llamado como testigo Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote.La Sección también ordenó que la UIA ponga a disposición del tribunal que adelantará el juicio a las personas que elaboraron, coordinaron o tienen conocimiento directo de los diferentes tomos del denominado ‘Informe Génesis’ de la Fiscalía, para que expliquen su metodología y resultados.La acusación de la UIA comprende 30 hechos relacionados con homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad. Entre ellos están el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, ocurrido el 20 de junio de 1996, y la masacre de la familia Turbay Cote, registrada en diciembre de 2000.Según la acusación, la UIA plantea como hipótesis que Almario Rojas habría participado en el diseño, coordinación y ejecución de un supuesto plan de persecución contra el denominado ‘turbayismo’ en Caquetá. Estas afirmaciones corresponden a la teoría del caso de la acusación y deberán ser debatidas durante el juicio.El proceso llegó a la JEP después de que la Corte Suprema de Justicia remitiera el expediente relacionado con el secuestro y muerte de Rodrigo Turbay Cote y los asesinatos de Diego Turbay Cote, Inés Cote de Turbay y otras personas.La JEP aceptó el sometimiento de Almario Rojas en el año 2020. Al mantener su posición de no aceptar responsabilidad, el caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación para su investigación y eventual acusación.Por ahora, la JEP asegura que la decisión no determina la responsabilidad del excongresista, sino que definió cuáles pruebas podrán ser presentadas y debatidas durante el juicio, en el que deberán garantizarse el debido proceso, la contradicción y la presunción de inocencia del acusado.
Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) activará las sanciones para siete exintegrantes del secretariado de las Far, desde el lunes 21 de septiembre y hasta el 30 de agosto Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel cumplirán dicha sentencia con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito Huila.“Como comparecientes del Caso 01, iniciamos el cumplimiento de la sanción que nos ha sido impuesta a los miembros del último secretariado de las Farc, pero también con la presencia de comparecientes del antiguo Bloque Sur. No lo hacemos como quien salda una obligación”, dijeron en un comunicado los integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP.Desde el secretariado señalaron que dicha acción no es solo un trámite y que durante sus encuentros con las víctimas han aprendido que las palabras no son lo único que funciona para reparar los daños causados por la antigua guerrilla.“No venimos a decir que estas acciones cierran las heridas, venimos a decir que estamos abriendo un camino, con hechos, hacia una reparación que las víctimas y las comunidades merecen y que Colombia necesita”, añadieron.Asimismo, señalaron que cumplirán con las tareas establecidas por la JEP en el marco de este programa de justicia restaurativa con responsabilidad y respeto de cada una de las comunidades.“En un escenario complejo, como el que vive el país, tenemos el deber de demostrar que Colombia puede transformar su historia mediante la verdad, la justicia y la reparación. Es por ello que hoy trabajamos codo a codo, con los comparecientes de la fuerza pública y algunos comparecientes del bloque sur”, señaló Rodrigo Londoño, antes conocido como 'Timochenko' y antiguo comandante de las Farc.Desde el último secretariado defendieron además el proceso de paz y señalaron que continuarán cumpliendo cada una de las partes de este proceso.“A ellas, las víctimas, le reafirmamos que cumplir esta sanción no es un trámite, sino un ejercicio de responsabilidad y compromiso revolucionario de escucha y de reparación frente a lo que nos corresponde”, dijo Londoño.
Desde la Presidencia de la República aclararon que el padre Rodolfo Londoño De La Espriella no tiene ningún parentesco ni vínculo familiar con el jefe de Estado.El pronunciamiento se da después de que el padre Londoño fuera designado como representante del Gobierno en cinco Consejos Superiores Universitarios.“La coincidencia en uno de sus apellidos no constituye relación de consanguinidad, afinidad o parentesco alguno. Por lo tanto, son falsas las versiones que han pretendido presentar esta designación como un nombramiento de un familiar del jefe de Estado”, señalan desde la Presidencia.Es importante recordar que, desde el Pacto Histórico, habían anunciado que demandarían este nombramiento, pues, según ese sector político, viola el régimen de inhabilidades por conflicto de intereses.“Esta designación no constituye un cargo remunerado. El padre Rodolfo Londoño de la Espriella no recibe salario, honorarios ni remuneración alguna por ejercer esta representación presidencial ante los Consejos Superiores Universitarios para los cuales fue designado”, explican desde el Gobierno.Por último, desde la Presidencia aseguran que este nombramiento responde exclusivamente a criterios de idoneidad y servicio.“La representación del Presidente de la República en estas instancias busca contribuir al fortalecimiento de la educación superior, promover el diálogo institucional y garantizar una interlocución responsable entre el Gobierno nacional y las comunidades universitarias”, señala el comunicado de la Presidencia.
Recientemente, la JEP imputó a 39 militares que hicieron parte de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, por más de 400 casos de falsos positivos.Al anunciar la imputación, la magistrada Catalina Díaz explicó que en el texto de la seguridad democrática del Gobierno Uribe, no decía que el éxito militar se medía en bajas en combate."Lo otro que arroja esta decisión que expedimos hoy es que el texto de la política de seguridad democrática no tenía y no consignaba la política de conteo de cuerpos, la política de seguridad democrática hablaba de la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medía en bajas, al contrario, decía que son indicadores las bajas, las capturas, las desmovilizaciones y la recuperación del material de guerra", aseguró Díaz.Tras este pronunciamiento, Rodrigo Londoño, quien era conocido como 'Timochenko' y quien fue el último comandante de las Farc, aseguró que la JEP está tratando de falsear la historia.“Es lamentable que la JEP quiera tratar de falsear la historia y construir una narrativa para absolver de responsabilidad a Uribe y su política de seguridad democrática por la comisión de delitos de lesa humanidad concurrentes en los falsos positivos. La verdad vencerá”, aseguró Londoño.Por su parte el senador del partido Comunes, Julián Gallo, aseguró que la JEP dejó de ser una justicia para la paz.“Esa magistrada fue integrante de la delegación del gobierno en las negociaciones de paz. Es decir es juez y parte. Su papel es lavarle la cara a Uribe por sus crímenes. La JEP dejó de ser una justicia para La Paz hace mucho rato. Ya no respeta ni los derechos de las víctimas”, aseguró Gallo.
El presidente del Partido Comunes y quien fue el último comandante de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, se pronunció sobre la situación de orden público en el Catatumbo y aseguró que la paz pasa por momentos difíciles."La política gubernamental de la paz total fue una oferta generosa y bien intencionada. Sin embargo, no hay política de paz del gobierno que pueda ser exitosa si no hay voluntad real de la contraparte por desmontar su aparato de guerra. Desafortunadamente lo que sucede en el Catatumbo es reflejo de la violencia que persiste en varias regiones del país. Los grupos armados, desprovistos de cualquier ideario político, han hecho de su codicia económica el motor de su actividad militar", señaló Londoño.Es importante recordar que al menos 102 firmantes del acuerdo han sido desplazados en el Catatumbo en los últimos días y Londoño asegura que 8 más han sido asesinados.Sin embargo, el presidente del Partido Comunes también se refirió a la decisión de la JEP en la que niegan la posibilidad de emitir una única resolución de conclusiones para los excomandantes de la extinta guerrilla.“El incumplimiento del Estado agudiza la inseguridad física y jurídica de los firmantes. Más de 450 vidas de firmantes fueron arrebatas, al menos 8 en el Catatumbo. Al tiempo la JEP anuncia que incumplirá el Acuerdo negándose a emitir una única resolución de conclusiones. En esta coyuntura, se hacen especialmente graves los rezagos del Estado colombiano en el proceso de implementación del acuerdo de paz. El informe del Representante Especial del secretario general de la ONU lo ha señalado y debe ser atendido rigurosamente por el Gobierno”, señaló Londoño.
El presidente Gustavo Petro reafirmó su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016, asegurando que no se recortará un solo peso destinado a su financiación. Según el mandatario, las partidas para los excombatientes y las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) serán garantizadas a través de traslados presupuestales gestionados por el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, una vez se firme el decreto de liquidación este 31 de diciembre.La declaración surge como respuesta a las críticas de Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes y exjefe de las Farc, quien cuestionó al Gobierno en un hilo publicado en la red social X. Londoño señaló fallos en la implementación de la renta básica para excombatientes y denunció el asesinato de antiguos integrantes del grupo armado, pidiendo al jefe de Estado acciones urgentes para garantizar la paz en Colombia."Presidente Gustavo Petro, la paz de Colombia pasa por horas difíciles y es necesario que usted tome correctivos urgentes. Usted es el jefe del Estado. Le corresponde actuar en favor de la paz de Colombia", afirmó Londoño, quien también criticó los primeros borradores de sanciones propuestos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), advirtiendo sobre inconsistencias en las reparaciones exigidas a los comparecientes.El pronunciamiento del presidente Petro busca despejar dudas sobre el compromiso de su Gobierno con el acuerdo, en medio de los retos que enfrenta la implementación del pacto de paz.
Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, publicó este domingo 29 de diciembre, un hilo en la red social X, en la que crítico al presidente de la República, Gustavo Petro, por fallos en la renta básica y los asesinatos de excombatientes.Londoño, conocido por su pasado en las FARC como 'Timochenko', le pidió al jefe de Estado que honre el Acuerdo de Paz y el mandato popular que lo eligió."Presidente Gustavo Petro, la paz de Colombia pasa por horas difíciles y es necesario que usted tome correctivos urgentes. Usted es el jefe del Estado. Le corresponde actuar en favor de la paz de Colombia", dijo Londoño.Además, exjefe del secretario del grupo armado ilegal criticó al Gobierno por el primer borrador con las sanciones que podrá imponer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que se definirá cuáles serán las reparaciones que tendrán que hacer los comparecientes en esta corte."De igual forma, presidente, sorprendió la propuesta emitida por su ministra de justicia acerca del modelo de sanciones propias de la JEP, en la cual se emulan colonias penales", expresó.Por otro lado, en su publicación, Londoño hizo un enérgico llamado al mandatario por los asesinatos de cuatro firmantes del acuerdo de paz en diciembre, y aseguró que la cifra de desmovilizados asciende a 443, desde que se puso punto final al proceso. "Necesitamos garantías para los firmantes de paz", indicó.Incluso, 'Timochenko' habló de la renta básica de los firmantes del proceso de reincorporación, exigiéndole al presidente el desembolso de este concepto.
En medio de las polémicas y tensiones que se han generado entre los excomandantes de las antiguas Farc y la JEP, esta jurisdicción anunció una amnistía por rebelión para Rodrigo Granda, quien era conocido como el canciller de las Farc, en 5 procesos en los cuales Granda era investigado.“La Sala determinó que los elementos probatorios contra el compareciente en estas investigaciones estaban relacionados con los mandos que ocupó al interior de las Farc- EP, y no específicamente con la comisión de los delitos u órdenes para cometerlos. En este sentido, la Sala consideró las conductas como delitos de rebelión, relacionados con su pertenencia al extinto grupo armado. Pese a que el señor Granda Escobar no tuvo parte en estos hechos específicos, lo cierto es que estos son competencia en los macrocasos a los cuales fueron comunicados y continuarán siendo estudiados en las diferentes investigaciones macrocriminales”, señaló la JEP.De esta manera la JEP ya resolvió 38 de los 42 expedientes en los que Granda fue vinculado. Es importante recordar que uno de los puntos de la polémica entre los antiguos comandantes de las Farc y la JEP ha sido el de las garantías judiciales para los comparecientes.“De los 42 expedientes en la justicia ordinaria en los que fue vinculado Rodrigo Granda, 38 ya fueron resueltos por la Sala de Amnistía o Indulto. Cuatro de ellos continúan en trámite en la SAI. En esta decisión fueron decididos 10 procesos penales que investigaron 275 hechos victimizantes”, agregó la JEP.
Recientemente se conoció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le había solicitado al Gobierno de Estados Unidos un indulto para Simón Trinidad, el excomandante del Bloque Caribe de las extintas Farc.Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' y quien fue el último comandante de las Farc se refirió al tema, asegurando que esa solicitud del Gobierno Petro es un gesto humanitario.“Solicitar el indulto, repatriación y reincorporación a la vida civil de Simón Trinidad es un deber del Estado colombiano en cumplimiento del acuerdo de Paz. Saludo la voluntad del Gobierno colombiano por materializar lo acordado, a pesar de las dificultades y los grandes retos”, señaló Londoño.Simón Trinidad fue capturado en Ecuador y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 60 años de prisión por el secuestro de 3 ciudadanos norteamericanos.“El señor presidente Joe Biden y el expresidente Barack Obama conocen en detalle el proceso de paz entre las extintas Farc-EP y el Estado colombiano. También conocen nuestra voluntad de paz y el apoyo que requiere de la comunidad internacional para el éxito de su implementación”, agregó Londoño.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneider Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista:
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.
