JEP ordena dos días de arresto a alcalde de Cúcuta por desacato

La JEP había ordenado al alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, tomar medidas para proteger cuerpos de personas no identificadas y de personas identificadas no reclamadas, inhumados en el Cementerio Central de Cúcuta, lo anterior debido a posibles irregularidades en exhumaciones y traslados de dichos cuerpos. En este proceso de protección se vinculó a la Alcaldía de esa ciudad por ser la propietaria del cementerio, por lo que se les ordenó un plan de adecuación donde haya bóvedas individuales y un centro de almacenamiento para la conservación de los cuerpos.

Tiempo después, se vinculó a José Vicente Leal Dávila, administrador del cementerio, quien aseguró que se tuvo que dar sepultura a algunos cuerpos por la congestión generada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, tanto la Alcaldía como el administrador aseguraron que se iba a trabajar en las adecuaciones ordenadas por la JEP.

Además, también fue vinculada la Gobernación de Norte de Santander, que pidió ser apartada del trámite asegurando que estas labores no eran de su competencia.

Para la JEP hay una situación de gravedad y urgencia, pues si no se realizan las adecuaciones se podrían ver afectados los derechos de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, cuyos cuerpos podrían estar en el cementerio de Cúcuta, pero la información que han enviado, tanto el alcalde como el administrador, ha sido incompleta, teniendo en cuenta además que en algunas ocasiones no respondieron a los requerimientos de la justicia transicional.

"Entre otras cosas, no se especifica cómo se obtendrán los recursos para su ejecución, ni cuál es el presupuesto para las posibles obras a ejecutar y cuáles de ellas se están desarrollando o se piensan efectuar. Tampoco es posible identificar información sobre un cronograma para su desarrollo. Siendo estos elementos parte importante de las exigencias de la sección en la orden relativa a la elaboración del plan de adecuación del cementerio", se lee en la decisión de la JEP.

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Además, la JEP había dado un tiempo de dos meses para realizar las obras que había solicitado, algo que tampoco se cumplió, por lo que primero se les abrió un incidente de desacato tanto al alcalde como al administrador por no haber cumplido, lo cual terminó en el arresto del alcalde por dos días.

"La sección no puede más que concluir que no existen argumentos suficientes dentro de las comunicaciones emitidas por el alcalde de San José de Cúcuta y sus dependencias, por medio de los cuales sea posible eximir a dicho funcionario de su responsabilidad de dar cumplimiento de la orden contenida, pues se insiste, las razones expuestas no ponen en evidencia situaciones graves, motivos de fuerza mayor o justificaciones válidas que impidieran cumplir integralmente la medida cautelar impuesta por esta sección", dice la JEP.

Asimismo, le hace un llamado de atención a Yáñez asegurando que su comportamiento fue negligente, descuidado y en el mismo sentido explican que el administrador no expone en sus comunicaciones alguna dificultad grave que haya impedido llevar a cabo lo ordenado.

Sin embargo, sobre el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, al no tener responsabilidad directa, no se consideró que había incumplido la orden, pues su función era la de garante y lo exhortaron a que atienda de manera diligente su función.

Ante esto, Yáñez fue sancionado con una multa de cinco salarios mínimos mensuales y dos días de arresto; y Leal deberá pagar una multa de un salario mínimo mensual y un día de arresto.

"El arresto será inconmutable y lo deberán cumplir en las instalaciones de del Comando de la Policía Metropolitana del municipio de San José de Cúcuta. La sección destaca que la sanción se impone con la intención de hacer cumplir la medida cautelar, la cual tiene como propósito conjurar situaciones irregulares en el cementerio", puntualizan en la JEP.

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